La Policía Nacional detuvo a dos mujeres por un caso de estafa al dueño de un supermercado ubicado en Filadelfia, Chaco paraguayo, este martes. La víctima denunció que recibió una llamada telefónica de una persona que simuló ser un proveedor; sin embargo, se estima que fue un delincuente recluido en una penitenciaría.
El hombre fue embaucado al realizar una transferencia bancaria de G. 1.100.000, luego le pidieron nuevamente G. 5.000.000, lo que le llamó la atención. Posteriormente ante las sospechas denunció en la comisaría local para ser asesorado debido a un posible caso de estafa, de acuerdo a información policial.
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El hecho fue comunicado al fiscal del caso, luego se buscó a Liz Diana Ávila Ayala, de 27 años, quien tenía el dinero en su poder y en su declaración mencionó que existía otra persona que iba a retirar más dinero, de nombre Liz Eugenia Fariña Barrios, de 52 años. Ambas aseguraron que fueron enviadas por una persona que está recluida en el penal de Tacumbú de nombre Gustavo David Villalba.
“Él fue el que le llamó a nuestra víctima. Él está recluido por un caso de hurto agravado. Uno de sus compañeros le pidió si no tenía una persona para que vaya a retirar dinero de una cooperativa y fue la hermana de Gustavo”, expresó el comisario Darío von Brand, director policial de Boquerón, esta mañana, en contacto con 1020 AM.
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Sistema de emergencias: de las más de 5.400 llamadas solo el 22 % fue de urgencias reales
Este sábado, la Policía Nacional informó que de las más de 5.400 llamadas que ingresaron al sistema de emergencias en un día, apenas el 22 % correspondió a urgencias reales. Los datos revelan que 8 de cada 10 personas que marcan lo hacen de manera irresponsable, saturan las líneas y ponen en peligro a los que realmente necesitan.
Durante la jornada de ayer viernes, recibieron un total de 5.430 llamadas, de las cuales 1.188 fueron intervenidas con éxito representando al 22 % de los pedidos ingresantes y, el resto, 4.242 contactos fueron de personas que no requerían de asistencia, representando a más del 80 %.
El informe también señala que fueron intervenidas más de 1.100 llamadas de emergencias, que fueron: 228 por polución sonora, 170 por violencia familiar, 142 perturbación a la paz pública, 102 accidentes de tránsitos con daño material, 83 pedidos de auxilio y 463 por otros códigos.
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El desglose de las 4.242 llamadas de no emergencia muestra que 3.266 contactos fueron de personas que ingresan al sistema de emergencia y no contestan; de este número, 2.352 llaman y cortan de inmediato; 582 contactan, pero seguidamente quedan en silencio y 332 ingresan al sistema involuntariamente.
En tanto que, 278 fueron ciudadanos en aparente estado de inestabilidad metal, 209 contactos fueron de niños jugando, 202 personas llamaron para pedir información, 111 juzgamiento inadecuado, 109 llamadas equivocadas, 31 operativas, 26 fue por dispositivo automático, insultos/obscenas fueron 9 llamadas y 1 mensajerías.
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Caso tirzepatida: ratifican validez de imputación contra directivos de Indufar
El Tribunal de Apelación de Ciudad del Este, integrado por Lilian Lorena Benítez, Fátima Burro Franco y Marta Acosta Insfrán, ratificó la validez absoluta de la imputación por estafa, lesión de confianza y asociación criminal en una investigación relacionada con la producción y comercialización de medicamentos a base de tirzepatida contra cuatro directivos y ejecutivos de la firma Indufar C.I.S.A.
De esta manera, se rechaza la chicana presentada por los abogados Bettina Legal y Fernando Martín Galeano en representación de los imputados Cynthia Montserrat Ríos Villagra, Darío Alejandro Zanin, José Luis Rodríguez Paredes y Óscar Humberto Simón Palmerola.
Con la presente resolución judicial se destraba el proceso penal, por lo que el Juzgado de Garantías tendrá que convocar a una audiencia de imposición de medidas cautelares. En dicha instancia se definirá si los imputados son beneficiados con medidas alternativas o si se decreta la prisión preventiva de los mismos.
Los camaristas rechazaron el incidente de nulidad del acta de imputación argumentando que “se ha visto que no se encuentran vulnerados derechos y garantías constitucionales de las personas procesadas, en el sentido de que los hechos se encuentran debidamente descritos y a estos se asocian una serie de elementos de sospecha que han dado pie al inicio de la investigación, como también la resolución impugnada se encuentra fundada y ajustada a derecho”, refiere parte de la resolución judicial para confirmar la validez de la imputación fiscal.
Perjuicio económico
El Ministerio Público sostiene que, de forma preliminar, existe un perjuicio de G. 24.084.413.169, equivalente a unos USD 4 millones. Entre los elementos mencionados en la imputación figura un stock de 20.882 cajas de productos que, según la denuncia, habría quedado inmovilizado. La investigación se inició a partir de una denuncia de BEM ESTAR Clínica Estética.
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Corte ratifica condena a farandulero Carlos Viveros quién pagará G. 330 millones a víctima de estafa
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de dos años de cárcel contra el farandulero Carlos Viveros, por haber estafado al empresario Óscar Amarilla, propietario de la firma OMAM SA, en la venta de un vehículo Ford Mustang negro, año 2015.
Con esta resolución de la máxima instancia judicial, se ratifican las decisiones adoptadas por un tribunal de sentencia que, en octubre de 2025, halló culpable a Viveros por el delito de estafa, y la de un tribunal de apelación que, en abril de 2026, confirmó la pena. Los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia declararon inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa del condenado, por lo que la sentencia queda firme.
Asimismo, con la resolución adoptada por la máxima instancia judicial, el condenado Carlos Viveros deberá resarcir —en un plazo de 36 meses— el perjuicio económico sufrido por la víctima, Óscar Amarilla, el cual asciende a aproximadamente G. 330 millones.
Los ministros de la Sala Penal consideraron que el escrito presentado por la defensa del condenado no cumple con los requisitos formales exigidos por la ley para considerarlo debidamente fundamentado. Por lo tanto, corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto y, por ende, confirmar la sentencia condenatoria para Viveros Cabral.
Fallo de segunda instancia
En su momento, los integrantes del tribunal de apelación —integrado por Adriana Giagni, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas— confirmaron la condena de dos años de cárcel contra Carlos Viveros. Los camaristas señalaron que “resultaron sumamente relevantes las declaraciones de Óscar Marcelo Amarilla Montiel, quien describió la forma en que acontecieron los hechos”.
Este testimonio se corroboró con las declaraciones de Horacio Cohelo De Souza, quien conocía la operación de compra del Mustang, y de Emanuel Martínez, comprador del vehículo Mercedes-Benz entregado como parte de pago. Asimismo, los jueces de segunda instancia mencionaron que durante el juicio oral se presentaron pruebas documentales clave, tales como el contrato de compraventa donde se establecieron los términos del acuerdo y otros documentos que acreditan la responsabilidad del hoy condenado.
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Antecedentes
La carpeta fiscal refiere que Viveros vendió un Ford Mustang a la empresa de Óscar Amarilla, quien entregó dinero en efectivo y un Mercedes-Benz como parte de pago. Sin embargo, el Mustang contaba con una orden de embargo previa, lo que derivó en el secuestro del automóvil y dejó al comprador sin el bien y sin el dinero invertido.
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El Sistema 911 colapsó el sábado tras recibir más de 4.100 llamadas de no emergencia
De las más de 5.100 llamadas registradas durante la jornada del sábado 19 de setiembre en el Sistema 911, el 80 % correspondió a bromas, equivocaciones o pedidos de información, lo que indican que de cada 10 comunicaciones, 8 fueron de no emergencia. El 20 % derivó en intervenciones reales por casos como violencia intrafamiliar, accidentes o polución sonora.
Según el reporte dado por la Policía Nacional, durante la jornada de ayer recibieron un total de 5.131 llamadas, de las cuales 4.111 fueron de personas que no requerían de asistencia (80 %) y, el resto, 1.020 fueron intervenidas con éxito (20 %).
El desglose de llamadas muestra que 3.307 contactos fueron de personas que ingresan al sistema de emergencia y no contestan; de este número, 2.400 llaman y cortan de inmediato; 543 contactan, pero seguidamente quedan en silencio y 364 ingresan al sistema involuntariamente.
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En tanto que 265 contactos fueron de niños jugando, 196 personas llamaron para pedir información, 146 llamadas equivocadas, 113 fueron ciudadanos en aparente estado de inestabilidad metal, 50 juzgamiento inadecuado, 15 fue por dispositivo automático, 13 operativas, insultos/obscenas fueron 5 llamadas y 1 mensajerías.
El informe también señala que 1.020 contactos fueron por personas que realmente requirieron asistencia: 222 por polución sonora, 152 por violencia familiar, 121 perturbación a la paz pública, 95 accidentes de tránsitos con daño material y 440 por otros códigos.
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