Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel Junghanns y Gustavo Santander Dans, se trasladaron este jueves hasta Pedro Juan Caballero, donde desarrollaron una agenda de trabajo en el Palacio de Justicia local.

La visita de los ministros superintendentes de la Circunscripción Judicial de Amambay se enmarcan en los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2026-2030, orientados a descentralizar y mejorar el servicio de justicia en todo el territorio nacional, explicaron.

Las altas autoridades, en primer lugar se reunieron con el Consejo de Administración local, que informó sobre la gestión administrativa y jurisdiccional, así como sobre las propuestas de fortalecimiento para optimizar la labor institucional.

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A continuación, Diesel y Santander presidieron el acto de juramento de ley de 11 nuevos profesionales del derecho en el salón de Juicios Orales del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero.

Y para finalizar, las autoridades judiciales asistieron a la apertura del diplomado en el área especializada de la Niñez y la Adolescencia, cuya disertación estuvo a cargo de la doctora Bettina Ovando, jueza de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la Capital.

Durante el acto, la magistrada abordó los principios de la jurisdicción especializada de dicho fuero. Participaron de manera presencial magistrados y funcionarios.

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Este lunes, un ciudadano brasileño fue asesinado a tiros en un presunto hecho de sicariato en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. El hombre fue atado por desconocidos en plena vía pública y fue auxiliado por vecinos, pero al llegar al centro asistencial se constató su fallecimiento.

Según el reporte policial el hecho se registró cerca de las 14:00 de hoy en el barrio María Victoria de la citada ciudad, en un ataque donde se vieron involucrados dos vehículos. Una camioneta Fiat Toro blanca con chapa brasileña, en el que iba la víctima fatal y un automóvil de la marca Toyota tipo sedan de color gris.

La víctima fatal fue identificada como João Morel, de 46 años, de nacionalidad brasileña, que es propietario de una local de chapería y pintura. Este aparentemente estaba camino a entregar el rodado a uno de sus clientes cuando fue interceptado por los criminales.

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Testigos indicaron que el hombre iba en la camioneta blanca y fue interceptado por el automóvil de color gris del cual descendieron los presuntos sicarios con armas de gruesos calibres y abrieron fuego en su contra. Luego de cometer el hecho huyeron raudamente del sitio.

Morel fue gravemente herido y rápidamente fue auxiliado por los vecinos de la zona, quienes lo llevaron hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, pero los médicos confirmaron que falleció. Tomó intervención la comisaría 1ª y el Ministerio Público quienes buscan dar con los atacantes.

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Dos hombres identificados como Javier Martínez Ferreira y Guido Martínez Ferreira fueron trasladados a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Los sujetos están sindicados como presuntos sicarios al servicio de la organización criminal liderada por el prófugo Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.

Antes de su traslado, los hermanos Martínez Ferreira permanecían recluidos en la Comisaría 1.ª de Saltos del Guairá, en el departamento de Canindeyú. El traslado al centro penitenciario de Alto Paraná se ejecutó mediante el cumplimiento de una orden judicial, en el marco de una investigación abierta en su contra por la supuesta comisión del hecho punible de homicidio doloso.

En el mismo procedimiento de traslado, los agentes custodiaron la remisión de Ismael Emilio Gauto Barrios, de 35 años. Este tercer recluso enfrenta un proceso judicial independiente en el cual se lo investiga por la supuesta comisión del hecho punible de robo agravado.

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La movilización de los internos requirió un estricto despliegue de las fuerzas de seguridad pública. El operativo civil y penitenciario contó con el apoyo directo de personal de la Dirección de Prevención y Seguridad, junto con fuerzas tácticas de élite pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Con respecto a la estructura criminal afectada, la captura del líder Felipe Acosta sigue figurando como una tarea pendiente para la Policía Nacional. No obstante, fuentes oficiales aseguran que los constantes operativos desplegados en las zonas de influencia de Canindeyú han logrado reducir la capacidad de acción de dicha banda.

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Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informaron autoridades ayer martes. La violencia no cede pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente Daniel Noboa como estados de excepción, toques de queda nocturnos y el despliegue permanente de militares en las calles.

Lady Pachar, de 41 años, fue baleada el lunes por dos sicarios en motocicleta en la ciudad de Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin sus dos guardaespaldas, según la policía. Una fuente policial dijo el martes a la AFP que la jueza, quien había recibido amenazas en 2025, fue asesinada al parecer en represalia por la liberación de miembros de una banda.

Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de El Oro, aseguró que los jueces y fiscales quedan en riesgo cuando el gobierno revela las identidades de aquellos que considera corruptos o indulgentes con los criminales. Que “no sea irresponsable en dejar en evidencia a los jueces y juezas que administran justicia, sino que más bien les de la protección necesaria y suficiente para que puedan actuar con imparcialidad”, añadió.

Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia. Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.

Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023. Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Suramérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime. El Oro, con más de 700.000 habitantes, registró 720 homicidios el año pasado, según Jaramillo.

Fuente: AFP.