Familia Denis repudia al Gobierno por “romantizar al terrorismo”
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La familia del exvicepresidente Óscar Denis emitió un comunicado en el que repudia al Gobierno tras el ingreso del féretro de Osvaldo Villalba a la cárcel de mujeres del Buen Pastor, pues consideran que con ello se “romantiza al terrorismo” e insulta la memoria de las víctimas del EPP.
Luego de producirse el ingreso del ataúd del líder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) al penal de mujeres del Buen Pastor, lugar donde guarda reclusión su hermana Carmen Villalba, la familia Denis sentó postura y expresó su molestia por el hecho.
“El líder de un grupo criminal fue abatido por nuestras fuerzas de seguridad, mientras estaba haciendo gala de la brutalidad inhumana que caracteriza a estos terroristas”, reza la primera parte del comunicado firmado por las hijas del secuestrado Óscar Denis.
Las mismas afirman creer profundamente “en la dignidad de la vida humana” y sostienen que “no les alegra ni alivia la muerte”, ni siquiera la de quienes torturaban y asesinaban a Alcides Romero y a Rodrigo Gómez, miembros de una comunidad indígena asesinados minutos antes de producirse el enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Cerro Guazú, Amambay, “ni siquiera aunque estos sean quienes nos robaron a nuestro papá, Óscar Denis”.
“Parecía, en estos días, que el Estado por fin decidió acabar con el flagelo del EPP. No podemos comprender por qué el gobierno de Mario Abdo Benítez ha decidido romantizar la muerte del brutal verdugo de inocentes paraguayos, permitiendo el acceso de su ataúd a una institución pública como la cárcel del Buen Pastor, donde la hermana cumple condena por el secuestro de María Edith de Debernardi, intento de asesinato, y crímenes como parte del EPP”, menciona otra parte del texto.
Las hermanas Denis manifiestan que “empoderar al terrorismo, darle plataforma a quienes ponen precio a la vida y desprecian los derechos más básicos de los paraguayos, secuestrando, torturando y asesinando a personas inocentes no debería ser un acto de Gobierno”, repudiando con ello la autorización brindada por el ahora destituido ministro de Justicia, Édgar Taboada.
“Romantizar la memoria de un torturador y asesino (Osvaldo Villalba) y su grupo terrorista (EPP) no es un acto de justicia ni es un acto humanitario. Es una muestra de profundo desdén del Gobierno hacia los tres paraguayos que siguen con paradero desconocido luego de haber sido secuestrados”, indican, haciendo alusión tanto a su padre como también al suboficial Edelio Morínigo y al ganadero Félix Urbieta.
La familia Denis también acusó al ahora exministro de Justicia de haber insultado la memoria de miembros de las fuerzas públicas, de la sociedad civil, y de miembros de las comunidades indígenas asesinados por estos terroristas que integran el grupo criminal del Norte, al tiempo de señalar que “nuestro presidente, Mario Abdo, al avalar a su ministro, hace lo mismo”.
Pocas horas después de haberse producido el ingreso del féretro de Osvaldo Villalba a la cárcel del Buen Pastor para que su hermana, Carmen Villalba, pueda darle el último adiós, se produjo la destitución de Édgar Taboada, quien duró apenas 8 horas en el cargo de titular de la cartera de Justicia.
El objetivo en primera instancia será la construcción de 100 centros que atenderán de manera anual a 189.000 niños y niñas, desde la gestación hasta los 3 años 11 meses. Foto: Gentileza
Gobierno desarrollará centros de referencia para la atención integral de primera infancia
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El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, anunció este martes en conferencia de prensa la presentación del proyecto de generación de Centros de Referencia de Atención Integral para la Primera Infancia. El objetivo en primera instancia será la construcción de 100 centros que atenderán de manera anual a 189.000 niños y niñas, desde la gestación hasta los 3 años 11 meses.
“La primera infancia es el ciclo de vida más importante del ser humano, principalmente cuando hablamos de los mil primeros días y en nuestro caso enfocados incluso en el trabajo con los niños y niñas desde el vientre materno”, expresó el ministro. Estos centros de atención consistirán en un paquete de servicios que no solamente atenderá na los niños y niñas de la primera infancia, sino también a las madres en gestación y sus familiares.
Contarán con salas de cuatro meses a un año, de un año a dos años, dos años a 3 años y once meses, en lo que tiene que ver con el cuidado, se tendrán espacios para estimulación, detección de situaciones de complejidad, rezago para vinculación con otros servicios, seguridad alimentaria, servicios para que el niño pueda acceder al derecho a la identidad, a salud.
Igualmente, se contará con un espacio con diferentes instituciones del Estado, como el Ministerio de Trabajo y el Sinafocal, para trabajar en la capacitación de los padres, educación financiera y también un modelo de visitas domiciliarias para el cuidado.
El ministro detalló que se contará con un programa nacional de atención integral a la primera infancia y como uno de sus principales ejes que va tocar tierra la política pública será a través de estos centros de referencia de atención integral a la primera infancia.
“Queremos un nuevo modelo de gestión para lo que guarda relación a la respuesta de los servicios del Estado en la primera infancia, un servicio más articulado, un servicio con mayor presencia territorial, hablamos como objetivo inicial alrededor de 100, eso habla de la escalabilidad que pretendemos que tengan los servicios y estos centros puntualmente”, expresó en la conferencia de prensa.
Los 100 nuevos centros serán construidos en los próximos tres años y serán financiados con los recursos garantizados en el marco del acuerdo por la tarifa de Itaipú hasta el 2026. Este año serán habilitados 20 centros y luego 40 por año para llegar a la meta, de acuerdo a la información brindada, con una inversión estimada de unos USD 50 millones, financiados por los gastos socioambientales de Itaipú.
Un arma y cartuchos de varios calibres fueron incautados anoche de una furgoneta tras un enfrentamiento entre agentes y delincuentes, que terminó con dos detenidos. Ocurrió en un control preventivo. Foto: Gentileza
Tras enfrentamiento, policías detuvieron a dos delincuentes e incautaron arma y cartuchos
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
En un control preventivo regular se produjo un enfrentamiento de policías con delincuentes, persecución y la detención de dos hombres, además de un arma y cartuchos de varios calibres. Otros cuatro se fugaron.
Unos seis hombres a bordo de dos vehículos son los que se enfrentaron a los agentes. Policías no descartan que se haya abortado un atraco previsto anoche a alguna transportadora, según informó el personal de la Unidad Táctica Motorizada (Grupo Lince) de Alto Paraná.
El hecho ocurrió a las 22:45 en el barrio Fátima de Ciudad del Este. Agentes policiales realizaban patrulla preventiva e inspecciones colectivas de personas y vehículos en la vía pública. Se disponían a verificar una furgoneta cuando otra camioneta que se encontraba detrás aceleró la marcha como para adelantarse y sus ocupantes empezaron a efectuar disparos contra el personal policial y se produjo el intercambio de disparos.
Fueron detenidos el conductor de la furgoneta y uno de los ocupantes de la camioneta que se había bajado, aparentemente con la intención de tomar control de la furgoneta, pero fue reducido. Los otros integrantes del grupo, al percatarse que llegaban más refuerzo policial, se dieron a la fuga hacia el barrio Remansito, realizando disparos de armas de fuego, presumiblemente de grueso calibre. El personal hizo la persecución que terminó al producirse un apagón de energía en el citado barrio, para evitar daño mayor, según el reporte policial.
Uno de los aprehendidos es César Rodríguez (44), conductor de la furgoneta, que en su poder fue incautado un revólver, marca Taurus, calibre 357 Mágnum, procedencia brasileña, cuyo número de serie tiene vestigios de adulteración, que contenía en sus alvéolos seis cartuchos vivos. También 7 cartuchos vivos de escopeta, calibre 12 mm; 3 cartuchos vivos, calibre 5.56; 5 cartuchos vivos, calibre 32 mm; 2 pasamontañas de color negro y un aparato celular.
Fue incautada la furgoneta Toyota, modelo Voxy, color burdeo, chapa AACJ 699 Py., que está inscripta en el Registro Único del Automotor a nombre de Juan Ramón Ojeda Aranda. El segundo detenido es Milner Amair Brítez Galeano (29), de cuyo poder se incautó un aparato celular.
La camioneta en la que se fugaron los otros integrantes del grupo es de la marca Brillance, color blanco, chapa AAGT 716 Py., inscripta en el Registro Único del Automotor a nombre de Sandra Inés Irigoyen Duarte y estaba conducida por Hugo Martín Ríos, quien tenía como acompañante a un tal Lucas, según el informe de Lince. El caso fue informado a la fiscal Julia González.
De acuerdo a lo explicado por el director de policía de Alto Paraná, comisario Feliciano Martínez, el grupo con el que se enfrentó anoche el personal policial habría sido parte de un posible plan de atraco a una transportadora de mercaderías, porque la furgoneta incautada tenía su interior preparado como para la carga de cajas. Una posibilidad es que haya estado preparada para realizar el traslado de las mercaderías robadas, dijo el comisario Martínez.
Tío Rico y Marset, de un lado, Giuzzio y Abdo, del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país aún no dimensionamos, pero que inexorablemente será muy alto. Foto: Archivo
El mayor escándalo en la era democrática: Insfrán - Giuzzio, nexo narco que complica al gobierno de Abdo
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El esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad, revelado en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, constituye posiblemente el hecho de corrupción institucional más grave conocido durante la era democrática, por implicar la participación directa de un organismo del Estado en esquemas criminales.
Lo que hasta entonces era un secreto a voces pasó a ser un hecho comprobado: el nexo que establecieron el narcotráfico y el poder político durante el gobierno de Mario Abdo. En ese período, el organismo antidroga fue puesto al servicio del “clan Insfrán”, asociado a la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marset, y el resultado fue el aumento exponencial de la actividad criminal, a escalas nunca vistas en nuestra historia.
Tío Rico y Marset, de un lado, Giuzzio y Abdo, del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país aún no dimensionamos, pero que inexorablemente será muy alto.
Las “filtraciones” transcriptas en la acusación de Pak a Miguel Ángel Insfrán no son solamente indicios aislados, ni versan sobre un hecho ilícito cualquiera, así como está claro que tampoco pueden ser considerados como hechos ocurridos con participación de solamente dos personas, a saber, el funcionario desleal y un líder criminal. Por el contrario, son pruebas directas del control e influencias decisivas que ejercía la organización narco-criminal en la institución que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba contundente de que ese control no pudo haber sido consecuencia de una simple relación bilateral entre dos personas, el topo y el líder narco, sino que necesariamente debió tratarse de un esquema multilateral, que involucró a las más altas esferas del poder político de la época.
Pensar lo contrario no resiste al más mínimo análisis lógico; no es posible que un solo funcionario, sin el consentimiento y ayuda de sus superiores, haya podido ser capaz de sostener toda esta estructura en un organismo como la Senad. Si hubiese sido obra de una sola persona hubiese sido descubierto y, por supuesto, castigado. Esta paradoja fue, de hecho, convenientemente “aclarada” por Zully Rolón, eterna mano derecha de Giuzzio y quien luego de aquel fungió ella misma como ministra secretaria de la Senad, cuando dijo a la prensa (Abc Cardinal) que ellos, es decir las autoridades de la Senad, estaban en conocimiento de las filtraciones, pero que no hizo “cambios sustanciales” porque “se estaban desarrollando operativos muy importantes que llevaba esa dirección…”.
En esa entrevista, realizada el 23 de mayo del corriente, la exministra dijo que “cuando Europol envía estos mensajes, “nosotros ya estábamos en conocimiento y es así que enviamos al Ministerio Público para su investigación, ya en abril de 2022, cuando se operativizó A Ultranza…”; sin embargo, según reporta el mismo medio periodístico, que entrevistó a la exministra antes de ingresar a la sede del Ministerio Público para prestar declaración el pasado 31 de mayo, en esa ocasión dijo que “esas filtraciones de información fueron en 2020 y tomamos conocimiento en el mes de octubre de 2021, cuando recibimos los mensajes encriptados de Europol”.
La contradicción es notoria en lo relativo a si sabían de las filtraciones antes del reporte de Europol o solamente a partir del reporte de Europol, y parece indicar que la realidad es que siempre supieron de las filtraciones, como dijo en la primera entrevista, y que el citado reporte solamente los evidenció y los obligó a comunicar al Ministerio Público.
Zully Rolón, eterna aliada de Arnaldo Giuzzio. Foto: Archivo
Ni bien asumió el presidente Mario Abdo Benítez, en agosto del 2018, uno de sus primeros nombramientos fue el de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, a quien respaldó públicamente. Como una de sus medidas más relevantes, Giuzzio retiró a los agentes de la Senad que ejercían labores de control en los puertos y aeropuertos. Es ilógico suponer que esta medida haya podido ser tomada y, sobre todo, ejecutada, sin el conocimiento de la Dinac, ni del consentimiento de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, es decir, Mario Abdo Benítez.
En cuanto a los efectos concretos de dicha medida, es claro que no es coincidencia que a partir de entonces comenzaron a caer en puertos europeos grandes cargamentos de cocaína despachados desde el Paraguay. Los volúmenes son escalofriantes. 1,13 toneladas camuflados en sacos de harina, en Amberes (Bélgica); otras 10,9 toneladas entre cargamentos de cuero azul, en el mismo puerto; 4,1 toneladas en sacos de harina, en Róterdam; otros tantos en el puerto de Hamburgo (Alemania).
En total, durante el gobierno anterior, fueron decomisadas más de 40 toneladas de “cocaína paraguaya” en el “viejo continente”. Y estas son las cifras de lo que fue incautado, que serían entre 5 a 10 % de la suma total que fue enviada en ese periodo, es decir, entre 200 y 400 toneladas, que equivalen a 6.000 y más de 12.000 millones de dólares, respectivamente.
Con estos números astronómicos, cualquiera puede ver que resultó buen negocio para el esquema criminal, incluso en el marco de la débil tesis sostenida por Zully Rolón, de que dejaron fluir a sabiendas las filtraciones porque había “operativos” en marcha. Es decir, ese 10 % perdido se amortiza en el 90 % traficado exitosamente.
Esos cientos de toneladas de droga que ingresaron al país provenientes principalmente de Colombia y Bolivia supusieron un mínimo de 500 vuelos, o hasta el doble, que supuestamente nunca fueron detectados por las autoridades de ese entonces. En cinco años se montó una gigantesca logística que convirtió a Paraguay en un “hub” de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la complacencia de las autoridades.
En cinco años se montó una gigantesca logística que convirtió a Paraguay en un “hub” de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la complacencia de las autoridades. Foto: La Nación
Arnaldo Giuzzio, “hombre fuerte de Mario Abdo”, era (o sigue siendo) la pieza clave para el eficaz funcionamiento del esquema. La entonces institución a su cargo, Senad, que siguió manejando luego desde el Ministerio del Interior, se encargaba de pasar “información sensible” a Insfrán y coordinar necesariamente con otras autoridades del Ejecutivo la liberación del terreno para operar con total impunidad, desde que aterrizaban sus avionetas, hasta que partían las barcazas repletas de droga rumbo a Europa.
Su salida del ministerio, el 22 de febrero del 2022, no debe interpretarse como un castigo por algo de lo expuesto con antelación. De hecho, siguió “asesorando” a Mario Abdo en Palacio de Gobierno hasta el término de su mandato y manejó los hilos de instituciones fundamentales para los narcos, empezando por la Senad, siguiendo por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), así como otros entes del Ejecutivo, de participación necesaria.
Giuzzio dejó la cartera del Interior porque su amigo presidente ya no tenía ninguna posibilidad de mantenerlo en el cargo. Días antes se había hecho pública su fluida relación con otro “capo mafioso”, Marcus Vinicus Espíndola, alias Marques de Padua, de los más buscados en Brasil.
Giuzzio había utilizado el vehículo particular de aquel para ir de vacaciones a las playas de Florianópolis, y admitió que el personaje en cuestión se preparaba para participar de una licitación convocada por dicho ministerio “sobre instrumentos de seguridad”, pero además se supo que el día antes del Operativo Turf, impulsado por la Federal del vecino país para capturar a “su conocido”, él lo llamó a altas horas de la noche. Conclusión, cuando fueron a buscarlo a su mansión del Paraná Country Club (Hernandarias), el hombre ya había desaparecido y recién pudo ser detenido en Foz de Yguazú.
Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior y de la Senad, junto al narco Marcus Vinicius. Foto: Archivo
Paradójicamente, Giuzzio enfrenta un proceso “solo” por cohecho pasivo agravado, presunta coima recibida de Marcus Vinicius, mientras que de Abdo poco o nada se dice en todo este entramado tenebroso, a pesar de que es claro que este esquema no pudo haber sido obra de un organismo como la Senad en forma aislada, sino que necesariamente debió haber sido un equipo que operó en conjunto durante los 5 años de gobierno y, desde esa posición brindó todo tipo de cobertura a la mafia del narcotráfico, particularmente a la liderada por Tío Rico y Marset.
Por eso cobran relevancia las transcripciones contenidas en la acusación del fiscal Pak. Son la confirmación, documentada, de ese nexo político entre el “clan Insfrán-Marset” y el poder político, que convirtió a nuestro país en centro de acopio y distribución mundial de droga.
El daño que ya ocasionó todo esto al Paraguay es todavía difícil de dimensionar, pero con certeza es elevado. Por consiguiente, hacer frente al flagelo y evitar que nos deslicemos hacia circunstancias tan dramáticas como las que viven Colombia, México, Ecuador y otros países de América Latina, es uno de los mayores desafíos de los tres poderes del Estado. El Ministerio Público tiene la palabra.
Arnaldo Giuzzio fue destituido del Ministerio del Interior por su vínculos con el supuesto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola, procesado en el Brasil. Foto: Archivo
Gobierno acelera gestiones para industrializar el país
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El acuerdo de Itaipú Binacional abrió al país la oportunidad de recibir recursos a partir de la tarifa establecida en USD 19,28 kW/mes y al mismo tiempo inició un cronómetro de tres años para aprovechar el excedente energético y así alcanzar el anhelado desarrollo industrial. Desde el Gobierno manifestaron que el deseo es pasar del modelo rentista al desarrollista.
“Por eso fue que el entendimiento y la estrategia del Gobierno, porque el Brasil utiliza el 80 % de la energía, nos conviene una tarifa cara, hoy está generando USD 650 millones por año por los próximos tres años”, explicó Javier Giménez, titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
Agregó que dentro de estos tres años se tiene que desarrollar el país con industria, por eso los constantes viajes. “Estamos trayendo los data center, porque son grandes usuarios de energía”, precisó.
El entendimiento firmado entre Paraguay y Brasil establece que después del ejercicio de 2026, las altas partes se comprometen a establecer una tarifa que refleje únicamente el costo de operación de la entidad binacional previsto en el Anexo C del Tratado de Itaipú, sin incluir costos discrecionales, lo que representaría una disminución de la tarifa.