La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de Canindeyú detuvo a un presunto sicario del grupo criminal denominado Primer Comando Capital (PCC) que se habría fugado del penal de Pedro Juan Caballero en el 2020. Esta persona cuenta con dos nacionalidades y antecedentes por homicidios en Paraguay y en Brasil.

Según el reporte de los intervinientes, este hombre fue capturado en la zona boscosa de Brítez Cué, dentro de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú en la jurisdicción del distrito de Yby Pytã.

Esta persona intentó darse a la fuga cuando vio a los militares, pero fue alcanzado y reducido antes de que ingrese entre la vegetación.

El detenido cuenta con dos cédulas, una paraguaya en la que figura con el nombre de Daniel Morel Paredes, y otra brasilera en el que tiene el nombre de Daniel Morel Parde. Este cuenta con órdenes de captura por homicidio, tentativa de homicidio y violación de la ley de armas en territorio nacional, además, en Brasil por homicidio y robo.

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“Esta persona presentó su documento de nacionalidad brasilera y al cotejar los datos se detecta que cuenta con antecedentes en Brasil, luego por el sistema AFIS se constata que también tiene nacionalidad paraguaya y posee tres antecedentes, con orden de captura y es unos de los 76 fugados del penal de Pedro Juan”, detalló el fiscal Juan Benegas, en “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Agregó que esta persona, quien se había fugado de la cárcel de Pedro Juan Caballero (PJC) en enero de 2020, se encontraba recluida en el pabellón donde estaban miembros del Primer Comando Capital (PCC). Según indicó, se espera que vuelva al mismo lugar del que logró escapar hace seis años.

De estos miembros, 32 fueron recapturados y uno fue abatido.

La fuga masiva de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, ocurrida el 19 de enero de 2020, es considerada uno de los mayores colapsos de seguridad pública en la historia de Paraguay. En esa oportunidad, 76 reclusos de alta peligrosidad vinculados al Primer Comando Capital (PCC) ganaron la calle.

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Tras la amenaza de Giuzzio a fiscales, la audiencia oral se desarrollará bajo extrema seguridad.

El juicio oral y público para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por recibir favores del presunto narco­traficante Marcus Vinicius Espíndola, continuará este lunes desde las 7:00 con la presentación de pruebas documentales y testigos.

Tras la amenaza comuni­cada por la fiscala Verónica Valdez al tribunal de senten­cia que preside la magistrada Adriana Planás, la audien­cia oral se desarrollará bajo extrema seguridad. Se dis­pondrá de varios agentes policiales en la sala de juicios y en el pasillo a los efectos de evitar cualquier agresión física por parte del acusado hacia los representantes del Ministerio Público.

El fuerte dispositivo de seguridad dentro y fuera de la sala de juicios orales ya se pudo observar en la sesión anterior. Esta situación solo se dispone cuando los acusa­dos son considerados peli­grosos y tienen vínculos con el crimen organizado, como es el caso de integrantes de las facciones criminales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Ver­melho.

Días atrás, la fiscala Val­dez fue custodiada por varios uniformados desde su ingreso a la sede judicial. Esto se realizó para evi­tar que Giuzzio cumpla su supuesta promesa de ame­naza o, en su defecto, preve­nir cualquier tipo de roces o agresión que pueda sufrir por parte del exfuncionario de Estado, quien es juzgado por su relacionamiento con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, actualmente dete­nido en Brasil.

En la ocasión anterior, la agente puso en conocimiento del Tribunal de Sentencia –integrado por los magistra­dos Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete– la situación de amedrenta­miento protagonizada por Giuzzio al término de la audiencia previa. Según alegó, el acusado “se dirigió hacia nosotros levantando la voz con una actitud desa­fiante y desmedida, como se puede apreciar a través de filmaciones de medios de comunicación que registra­ron la situación”. Además, agregó: “Atendiendo que ya se presentaron situaciones similares, solicitamos al tri­bunal que las audiencias se desarrollen en el marco del respeto y que no se repitan”.

Las cámaras del canal GEN/Nación Media captaron el momento en el que el exmi­nistro del Interior y de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) increpó a ambos agentes del Ministe­rio Público apuntando con el dedo. “Vamos a hablar des­pués”, mencionó de manera prepotente tras ser vincu­lado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Seguridad Interna, Pablo Ríos, y otros testigos clave que se desem­peñaron como funcionarios de la empresa Ombú SA, pro­piedad del capo narco.

El presunto amedrenta­miento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le solicitara concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abran, cha­mígo, una causa, tengan hue­vos. Yo estoy superconcen­trado en mi defensa, ustedes son los que tienen que con­centrarse después”, replicó el acusado al reclamar imputa­ciones contra otras personas ajenas a su causa.

“Este tribunal ha tomado conocimiento y se le ha informado con relación a esta situación que ocurrió fuera de la sala de juicio. En este sentido, hemos tomado como medida mantener la seguridad tanto dentro como fuera de la sala, y ya están previstas todas las acciones para que en adelante contemos con la debida protec­ción. Le recuerdo a todas las partes que debemos comportarnos, mantener el respeto mutuo y no se permitirá ninguna falta de respeto ni actitudes de violencia”, afirmó la jueza Adriana Planás.

Se duplicó seguridad en la sala de juicio oral ante la amenaza del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio a fiscales del caso.

Ante las presuntas amenazas efectua­das por Arnaldo Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, el juicio oral y público contra el exministro del Interior se reanudó ayer bajo una fuerte custodia policial. Acusado por cohecho pasivo agravado, el exfuncionario fue captado durante un cruce contra los agentes de la Unidad Especia­lizada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

El fuerte dispositivo de segu­ridad dentro y fuera de la sala de juicios orales solo se observa cuando los acusados son con­siderados peligrosos y tienen vínculos con el crimen orga­nizado como es el caso de inte­grantes de las facciones cri­minales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho. La fiscala Valdez, desde el ingreso a la sede judi­cial, fue custodiada por varios uniformados para evitar cual­quier tipo de roces o agresión física que pueda sufrir por parte del exfuncionario de Estado que es juzgado por su relacionamiento con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil.

En la ocasión, la agente puso a conocimiento del Tribunal de Sentencia, que integran los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, la situación de amedren­tamiento protagonizada por Giuzzio, al término de la audiencia anterior, ale­gando que “se dirigió hacia nosotros levantando la voz con una actitud desafiante y desmedida como se puede apreciar a través de filma­ciones de medios de comu­nicación que registraron la situación, esto sucedió al culminar la audiencia”.

Agrego “atendiendo que ya se presentaron situaciones similares, solicitamos al tri­bunal que las audiencias se desarrollen en el marco del respeto y que no se repitan”. El juicio a Giuzzio prosiguió con la declaración de un tes­tigo y va a continuar el 7 de setiembre desde las 7:00 a 8:00 de la mañana.

La cámara del canal GEN/Nación Media captó el lunes 24 de agosto el momento en el que el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) increpa a ambos agentes del Ministerio Público, apuntando con el dedo. “Vamos a hablar después”, mencionó de manera prepotente tras ser vin­culado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Defensa Interna, Pablo Ríos, y otros tes­tigos claves que se desempe­ñaron como funcionarios de la empresa Ombú SA del capo narco.

El presunto amedrentamiento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le haya solicitado concentrarse en su defensa como recurso para apaci­guar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Ábranle na chamígo una causa, tengan na huevos (sic). Yo estoy superconcentrado en mi defensa, ustedes lo que tienen que concentrarse des­pués”, dijo el acusado al recla­mar imputaciones contra otras personas ajenas a su causa.

“Este tribunal ha tomado conocimiento, se le ha infor­mado con relación a esta situación que ocurrió fuera de la sala de juicio. En este sentido hemos tomado como medidas mantener la seguri­dad tanto dentro como fuera de la sala y ya están previs­tas todas las situaciones para que en adelante con­temos con la debida seguri­dad. Les recuerdo a todas las partes que debemos compor­tarnos, mantener el respeto entre todos y no se permitirá falta de respeto ni actitudes de violencia”, afirmó la jueza Adriana Planás.

A orillas del fronterizo río Mamoré, decenas de viajantes suben y bajan de lanchas sin detenerse en el control migratorio de Guayaramerín, una de las puertas de entrada de las mafias brasileñas que expanden su violencia por Bolivia. “Nunca nadie revisa” a los pasajeros, dice Donald Somoza, un albañil retirado de 75 años, en las cercanías del pequeño puerto amazónico que vive del comercio con Brasil.

La pequeña ciudad de 40.000 habitantes, con pistas de polvo rojizo que contrasta con el verdor de la selva, parece calma durante el intenso calor del día. Pero los lugareños denuncian una creciente inseguridad. Según el gobierno boliviano, Guayaramerín, como otras localidades fronterizas de Bolivia, se ha convertido en “refugio” del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV), grupos armados brasileños enfrentados por el control de corredores para traficar cocaína hacia el Atlántico.

Una docena de asesinatos atribuida a estas bandas sorprendió en las últimas semanas al país, donde es inusual ver crímenes tan feroces, entre ellos la matanza de una familia, el descubrimiento de cuerpos decapitados o el homicidio de un agente policial. Somoza asegura que fue testigo de un sonado asesinato que estremeció a la población local semanas atrás: la víctima extranjera recibió más de 80 balazos en plena plaza de armas, por un presunto ajuste de cuentas del narcotráfico.

Esto es “un fenómeno bastante nuevo en Bolivia”, un “país muy seguro hasta hace unos cuantos años”, explica a la AFP el investigador Joaquín Chacín, especialista en crimen organizado.

Las bandas de narcotraficantes antes trabajaban con cierta permisividad del Estado, que no los enfrentaba para evitar un brote de violencia, mientras regía entre ellas una “pax mafiosa”, dice. “Y esto se ha roto de alguna forma”.

Ariana Roca, una maestra boliviana de 35 años, regresa con sus bolsas de compras tras cruzar el tranquilo río Mamoré. Llega de la ciudad brasileña de Guajará-Mirim, visible desde el lado boliviano.

Ahora hay delitos más “seguido” y “a veces pasan cosas hasta en las narices de los policías”, dice a la AFP.

Entre enero y septiembre de 2025, se denunciaron 774 homicidios de todo tipo, frente a los 325 del mismo período del año anterior, según datos del Ministerio de Gobierno.

También crece una fuerte sensación de inseguridad por asaltos armados, secuestros y otras agresiones.

El cambista de divisas Ademar Zapata, protegido del sol por una sombrilla, últimamente fue atacado dos veces por asaltantes, la última a inicios de agosto. Uno de ellos era brasileño, según las investigaciones.

El gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), acusa a sus predecesores de permitir la propagación de la criminalidad.

Según el Ministerio de Gobierno, desde el inicio de la gestión de Paz, en noviembre, se capturó a 17 capos de bandas delictivas internacionales.

La semana pasada Paz lanzó en Guayaramerín un plan de seguridad para aumentar la presencia policial en las fronteras, intercambiar información de inteligencia con Brasil y capturar en ambos lados a criminales fugitivos.

Para Chacín, contingentes policiales en las fronteras pueden disuadir la violencia, pero el crimen organizado debe ser atacado en su estructura económica, hay que investigar cómo se lava el dinero y quién se enriquece.

“Hace falta un plan serio, pero no se escucha que se esté trabajando en algo así”, dice.

Paz anunció además que Guayaramerín se construirá un puente que unirá a Brasil con Bolivia, como parte de lo que será un corredor vial que llegue hasta el Pacífico, en Perú.

Muchos lugareños, como el cambista Zapata, están de acuerdo porque dinamizará el comercio, aunque también les genera preocupación.

“Las pandillas, las mafias de robo, pueden cruzar” con más facilidad, teme Yestin Durán, una comerciante de bebidas tropicales de 31 años. El propio jefe policial de la localidad, el coronel Johnny Rivas, lo reconoce. La violencia “va a aumentar”” y “nos va a exigir que aumentemos más efectivos”, dice a la AFP.

Fuente: AFP.