La organización del WRC Ueno Rally del Paraguay 2026 avanza con una estrategia que trasciende el plano deportivo. Con el foco puesto en maximizar el impacto económico del evento, autoridades paraguayas y argentinas comenzaron a coordinar acciones para fortalecer la integración con la provincia de Misiones, una alianza que apunta a dinamizar el turismo, el comercio y la logística fronteriza durante una de las competencias automovilísticas más importantes del mundo.

La sede de la Confederación Económica de Misiones (CEM), en Posadas, fue escenario de una jornada de trabajo que reunió a representantes de ambos países, encabezados por la cónsul de Paraguay en Posadas, Lourdes Rivas Cerini, y el director ejecutivo del Comité Organizador Nacional del WRC Rally del Paraguay, César Marsal.

Durante el encuentro se presentaron las principales novedades de la edición 2026, que volverá a tener como epicentro al departamento de Itapúa y buscará capitalizar el prestigio alcanzado por la primera edición, distinguida por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) como el Mejor Rally del Mundo.

“El Rally del Paraguay, calificado como el mejor Rally del 2025 por la FIA, será además el más largo del mundo. Venimos a invitarlos a seguir haciendo historia durante esta nueva edición”, afirmó Marsal.

Más allá de la competencia, las autoridades coincidieron en que el Mundial de Rally representa una plataforma para atraer inversiones, incrementar el flujo turístico y fortalecer la economía de frontera.

Uno de los principales objetivos es facilitar el desplazamiento de miles de aficionados, equipos técnicos, patrocinadores, autoridades y medios internacionales que se movilizarán entre Paraguay y Argentina durante los días de competencia.

Para ello, ambos países comenzaron a diseñar una agenda conjunta orientada a optimizar los procesos migratorios, aduaneros y logísticos, tomando como base la experiencia adquirida durante la edición 2025.

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El ministro de Turismo, Jacinto Santa María, sostuvo que el Rally constituye una vitrina internacional para mostrar el potencial turístico de Paraguay.

Destacó que la competencia permitirá proyectar al mundo los atractivos de Itapúa y del país, al tiempo de consolidar una región preparada para recibir visitantes y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

La coordinación binacional, agregó, será clave para convertir el evento en un motor de crecimiento para ambos lados de la frontera.

El director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, ratificó el compromiso de fortalecer los controles migratorios integrados para agilizar el ingreso de los miles de visitantes previstos durante el campeonato.

El objetivo es reducir tiempos de espera y facilitar un tránsito seguro y eficiente entre Paraguay y Argentina, aspecto considerado estratégico para el éxito organizativo del evento.

Por su parte, el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando De Barros Barreto, destacó que el Mundial de Rally también representa una oportunidad para fortalecer la integración regional y consolidar a Paraguay como sede de una competencia de nivel internacional.

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La jornada contó además con la participación de representantes del Gobierno de Misiones, autoridades municipales, organismos provinciales y nacionales, instituciones vinculadas a los pasos fronterizos y referentes del sector privado.

La presencia de la Confederación Económica de Misiones reflejó el interés empresarial por el movimiento económico que genera el Rally, especialmente en sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios.

Con esta hoja de ruta conjunta, Paraguay y Argentina buscan que la edición 2026 del WRC no solo vuelva a captar la atención de millones de espectadores en todo el mundo, sino que también deje un legado económico para la región, fortaleciendo la conectividad, la cooperación institucional y el desarrollo de los territorios fronterizos.

En sesión conjunta, las comisiones de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar; de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, encabezada por el senador Dionisio Amarilla; y de Obras Públicas, presidida por el senador Natalicio Chase, dictaminaron a favor de la aprobación del contrato de préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

El financiamiento permitirá la construcción del Corredor de Integración y Desarrollo Socioeconómico de la Región Sur-Oeste, una obra considerada estratégica para impulsar el desarrollo económico y la conectividad del país.

Para el efecto, invitaron a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien brindó los detalles del alcance del proyecto de Ley que aprueba el Contrato de Préstamo Nº PG-P20, suscrito entre la República del Paraguay y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). El monto de la operación es de hasta 36.380 millones de yenes japoneses (unos USD 286 millones).

Estos recursos serán destinados al financiamiento del Proyecto de Mejoramiento del Corredor de Integración y Desarrollo Socioeconómico de la Región Sur-Oeste, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

La propuesta contempla además la ampliación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado por la Ley Nº 7609, remitido por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

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Durante su exposición, la titular del MOPC Claudia Centurión, explicó que el financiamiento asciende aproximadamente a 286 millones de dólares y será destinado a la construcción del Corredor Bioceánico del Sur-Oeste, una obra de casi 200 kilómetros considerada estratégica para el crecimiento económico y social del país, especialmente para los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

Asimismo, destacó que el proyecto fortalecerá la conectividad, impulsará el desarrollo turístico y generará nuevas oportunidades para las comunidades de la zona.

En ese contexto, señaló que Ñeembucú presenta una de las menores tasas de pavimentación del país, por lo que esta infraestructura permitirá mejorar el acceso a oportunidades de desarrollo, integración y crecimiento.

Por su parte, la senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión Parlamentaria de Amistad Paraguayo-Japonesa, resaltó que la iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno para ejecutar obras contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, orientadas a la reducción de la pobreza, el desarrollo social, el crecimiento económico inclusivo y una mayor proyección internacional del país.

Durante el debate, la senadora Celeste Amarilla enfatizó la necesidad de que la obra se ejecute con materiales de calidad, conforme a las especificaciones técnicas y bajo una adecuada fiscalización.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla destacó la importancia de concretar el proyecto en las condiciones previstas, considerando el impacto que tendrá en el desarrollo de la región.

El senador Pedro Díaz Verón, por su parte, resaltó la importancia de verificar la solvencia técnica y financiera de las empresas adjudicatarias para garantizar la ejecución y culminación del proyecto en tiempo y forma.

Finalmente, el senador Éver Villalba recordó que Ñeembucú es el departamento con menor cantidad de kilómetros de rutas asfaltadas del país. Además, destacó que las características geográficas de la zona, compuesta principalmente por humedales, requieren técnicas constructivas específicas, por lo que este tipo de obras no puede compararse con las ejecutadas sobre suelo firme.

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Los fiscales Silvia González y Christian Benítez solicitaron una condena de 3 años de cárcel para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, acusada del supuesto hecho punible de prevaricato. Se la señala por entregar 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la franja de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, a presuntas empresas de maletín. Por su parte, la querella adhesiva, representada por el abogado Francisco de Vargas, solicitó una pena de 6 años de prisión.

En los alegatos finales, el Ministerio Público sostuvo que la exmagistrada utilizó su cargo para dictar una resolución arbitraria y contraria a derecho. Esto tuvo el objetivo de beneficiar a una de las partes en perjuicio de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Los fiscales afirmaron que Irún dictó la sentencia sin contar con los documentos indispensables para resolver el caso.

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Asimismo, el fiscal Christian Benítez manifestó que la actuación de la acusada no puede considerarse un simple error de interpretación. Recordó que, en un fallo de 2015, la propia exjueza reconoció que no disponía de toda la información necesaria sobre las empresas beneficiadas. Indicó además que, durante el proceso, fue advertida sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Fronteriza y que contaba con informes que acreditaban que las tierras estaban en dicha zona restringida.

El representante del Ministerio Público también cuestionó la decisión de Tania Irún de interrumpir su reposo por maternidad para dictar la sentencia. Sostuvo que, durante el juicio oral, se comprobó que los estatutos de las empresas permitían transferir acciones por simple endoso, situación que vulneraba abiertamente la normativa vigente. Finalmente, afirmó que la resolución judicial favoreció indebidamente a una de las partes y provocó el despojo de 310.000 hectáreas de tierras soberanas.

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Una ola de violencia dejó nueve personas asesinadas en los últimos cinco días en la región de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, que el gobierno atribuyó ayer lunes a una guerra entre mafias brasileñas por el control de una ruta para traficar cocaína. La policía registró la matanza de cuatro personas en una hacienda, el descubrimiento de dos cuerpos decapitados en las cercanías de una carretera y otros tres homicidios, incluido el de un policía.

Los crímenes fueron cometidos por sicarios vinculados a los grupos armados enfrentados de Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho, que se expanden en el país andino, según el Ministerio de Gobierno. “Están peleando (por) un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga hacia el exterior”, dijo a la prensa Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior).

El alto funcionario informó que desde el inicio del gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, en noviembre, capturaron y expulsaron del país a 17 “capos” de organizaciones criminales internacionales. Entre ellos se cuenta al narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo y entregado a Estados Unidos, además de varios líderes de bandas brasileñas.

También se incautaron 58 avionetas, más de 360 inmuebles, casi 300 toneladas de cocaína y marihuana y se destruyeron 190 pistas de aterrizaje clandestinas, informó el Ministerio de Gobierno a la AFP.

Oviedo anunció que la policía de Brasil instalará oficinas en su país para cooperar en el combate contra estos grupos criminales.

“Exigimos al gobierno nacional la adopción urgente de medidas preventivas”, declaró María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa regional de Santa Cruz.

Unos 250 efectivos policiales se desplazaron ayer lunes a la población fronteriza de San Matías, de unos 15.000 habitantes, en cuyas cercanías ocurrió la mayoría de los asesinatos, según medios locales. Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, según la ONU, después de Colombia y Perú.

Fuente: AFP