El analista político Carlos Mateo Balmelli, se refirió a las intervenciones de las dos ciudades más grandes, electoralmente, del país, Asunción y Cuidad del Este. El mismo afirmó que la fiscalización para ambas administraciones locales representa una “gravitación política” importante, al tratarse justamente de dos ciudades líderes.

“Son dos ciudades simbólicas, son dos ciudades aparte del caudal electoral, yo creo que Asunción es la primera ciudad con caudal electoral con inscriptos para votar y Ciudad del Este la segunda. Estamos hablando, yo creo, de dos ciudades líderes, espejos, muchas ciudades del interior, el electorado del interior se espeja, ven qué pasa en Asunción o qué puede pasar en Ciudad del Este”, refirió en entrevista a la 1020 AM.

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Agregó que tanto la capital como la ciudad esteña ejercen una influencia importante en el resto de los municipios. “En cualquier lugar del mundo, que las dos ciudades más grandes se esté solicitando su intervención, creo que es un tema de una gravitación política importante”, apuntó.

Por otra parte, el experto se refirió al trabajo realizado por la Contraloría General de la República (CGR), cuyo informe derivó en el pedido de intervención de los dos municipios por parte del Poder Ejecutivo, y aprobado por la Cámara de Diputados.

“Mentiría si dijera que yo estuve estudiando el expediente de intervención, pero en primer lugar hay una cosa que hay que reconocer, la Contraloría estuvo convencida del punto de vista doctrinario, la Contraloría tiene autoridad para hacer lo que hizo, para que no esté en tela de juicio sino estaríamos quebrantando el Estado de derecho”, mencionó.

En segundo lugar, sostuvo que ahora comienza el periodo de intervención, y los interventores, Carlos Pereira en Asunción y Ramón Ramírez para Ciudad del Este, deben realizar un trabajo minucioso y asesorarse de que las denuncias realizadas por la Contraloría son correctas.

“Yo personalmente creo que la intervención a una municipalidad hay que hacerlo con mucho cuidado, porque por un lado está el principio de la transparencia y la honestidad, que la Contraloría tiene que controlar, pero por otro lado también está la soberanía popular”, puntualizó.

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El Ministerio Público realizó el pedido de desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes, luego de no encontrar méritos a la denuncia formulada por Arnaldo Giuzzio y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Sobre esto, el abogado Pedro Ovelar realizó un recuento de cómo se dio esta trama que tenía como fin acabar con la figura política del expresidente y para esto, utilizaron a las instituciones del Estado, a la Justicia e incluso a entidades extranjeras.

“La hipótesis de Giuzzio es totalmente derribada por la Fiscalía porque realiza diligencias para aclarar los hechos”, afirmó Ovelar durante el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN/Nación Media, donde expuso que la Fiscalía echó por tierra todas las acusaciones en contra de Cartes y sin que haya elementos para procesarlo por ningún hecho punible.

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El abogado señaló que esta causa tuvo como único objetivo “afectar al movimiento Honor Colorado, dañar la imagen de Cartes y entorpecer la candidatura de Santiago Peña”. Según Ovelar, todo comenzó en diciembre de 2021, tras las elecciones municipales, cuando se iniciaron reuniones secretas en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En estos encuentros participaron Giuzzio, Daniel Farías, Verioska Velasco, la encargada de comunicación de Abdo, cuyas funciones nunca fueron muy claras. El resultado de esos encuentros, según su relato, fue la elaboración de un informe “sin relevancia penal”, filtrado luego a medios de comunicación para generar impacto político y mediático.

“El informe fue enviado de forma espontánea por Seprelad a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. en abril de 2022, pidiendo que la jurisdicción norteamericana interviniera sobre Horacio Cartes y mintiendo sobre supuestas operaciones en paraísos fiscales”, denunció Ovelar.

Aseguró que este informe sirvió como base para posteriores publicaciones en medios de comunicación aliados al abdismo, que fue utilizado por referentes como Mario Abdo, Mauricio Espínola y Desirée Masi antes de su difusión oficial.

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El abogado enfatizó que la Fiscalía, tras varios años de diligencias, concluyó que no existen hechos punibles ni participación de Cartes en actividades criminales, por lo que solicitó al juez el archivo definitivo del caso. Indicó que esta resolución “desmonta por completo la hipótesis de Giuzzio”, quien había acusado al expresidente de enriquecimiento ilícito, contrabando, evasión y actividades financieras irregulares.

“La Contraloría verificó que el crecimiento patrimonial de Cartes es lícito y justificado, que genere una actividad industrial que produzca algo, no le hace responsable de lo que hacen terceras o cuartos compradores. Tampoco se configura intermediación financiera ilegal por préstamos entre empresas propias o por percibir dividendos no retirados”, explicó.

Ovelar también responsabilizó al exembajador de EE.UU., Marc Ostfield, de haber sido el “ejecutor extranjero” del esquema que derivó en la sanción de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) contra Cartes. Relató que el caso del avión iraní, fue manipulado para alimentar la narrativa de presuntos vínculos con el terrorismo.

Finalmente, el abogado aseguró que el expresidente fue “condenado mediáticamente” y sancionado por organismos extranjeros, sin derecho a la defensa, a diferencia de los hoy denunciados por Cartes, quienes “tienen todas las garantías procesales para probar su inocencia”. A su vez, criticó los recursos y recusaciones presentados por la defensa de los denunciados, que a su criterio demuestran que “no quieren discutir el fondo de la cuestión”.

“La persecución no terminó con el gobierno anterior. Los daños siguen vigentes, afectando no solo a Horacio Cartes, sino también a miles de trabajadores paraguayos que dependen de su grupo empresarial”, sostuvo. Queda en manos del Poder Judicial resolver si se desestima o no la causa, y en este sentido, Ovelar pidió paciencia ya que el caso contiene muchas complejidades.

Atendiendo la gran afluencia de personas durante este fin de semana en el centro de Asunción y zonas cercanas, la Policía Nacional lanzó un operativo de control y patrullaje denominado Sanjunazo. Durante el mismo se realizaron varios procedimientos coordinados con el fin de garantizar la seguridad en los diferentes eventos.

Una de las comisarías que participó de este operativo fue la 5ta de Asunción, la cual realizó varias incursiones en zonas consideradas más inseguras, esto con el apoyo de efectivos del grupo táctico Lince y equipos de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope).

Durante una de las incursiones realizadas quedaron detenidas 4 personas que portaban armas de fuego y armas blancas; tres de estas cuentan con antecedentes y una de ellas es de sexo femenino.

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“El grupo de prevención incursionó en las calles del barrio Ricardo Brugada. Fue en ese momento en que divisamos un vehículo y cuando nos acercábamos a él, el mismo emprendió una huida intentando perdernos. Tras esto lo seguimos y tras la inspección nos percatamos de que a bordo iban ocho personas, tres de las cuales eran mujeres y dos de ellas menores de edad”, comentó el comisario Víctor Presentado, en conversación con Telefuturo.

Según el informe, estas personas fueron identificadas como Thiago Alexander Pedrozo Grance, de 19 años, con antecedentes por robo agravado; el mismo portaba una pistola calibre 9 milímetros además de un cuchillo. Nelson Nahuel Núñez Resquín, de 18 años, quien también cuenta con antecedentes por robo agravado, tenía en su poder un revólver calibre 38.

Junto con ellos fueron detenidos Juan Demetrio Cáceres González, quien portaba un revólver calibre 38, y una joven identificada como Jésica Vera de 18 años, con antecedentes por tenencia y consumo de estupefacientes. Por orden fiscal, estas personas quedaron bajo custodia y a disposición del Ministerio Público.

El comisario destacó que gracias a estas acciones de control no se registraron inconvenientes durante la realización de las diferentes festividades de San Juan que se desarrollaron en diferentes puntos de la capital.

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En la noche de este sábado se confirmó la muerte de una menor de 10 años a raíz de graves lesiones sufridas durante un accidente de tránsito que se registró en la Costanera de Asunción, en la zona de los astilleros.

La menor fallecida era acompañante de su hermano, otro menor de 17 años, quien iba al mando del vehículo. Según los datos de los intervinientes, el adolescente habría perdido el control del rodado en una de las curvas y terminó impactando contra el paseo central, lo que provocó el vuelco del vehículo.

“Cuando llegamos al lugar ya no encontramos a los menores; los testigos nos indicaron que el joven que conduce habría sido auxiliado por un motociclista junto con la niña. En el interior del vehículo encontramos un número de teléfono y contactamos con el padre que era propietario del automóvil y confirmamos los datos de los menores y que estarían en el hospital”, explicó la comisaria Evangelina Escalante en conversación con Telefuturo.

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La misma confirmó que los médicos informaron del fallecimiento de la menor horas después del siniestro. Aparentemente, la niña habría sufrido heridas y traumatismos de consideración durante el vuelco y, a pesar de ser asistida rápidamente, no resistió.

Ante esto, la fiscal encargada del caso, Clyde Acosta, determinó el traslado del vehículo y la detención del adolescente de 17 años mientras continúan las indagatorias y el procedimiento correspondiente, atendiendo que involucra a un menor de edad.

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