El fiscal Marcial Machado explicó este lunes que continúa la investigación sobre el feminicidio ocurrido en el Bañado Tacumbú. La víctima fatal deja cuatro hijos, tres de ellos menores y el presunto autor se quitó la vida tras el asesinato.
“La señora deja cuatro hijos, de los cuales tres son menores. Cuatro días antes la señora dejó constancia de que la relación con este señor se terminaba. Ella ya tenía una nueva pareja”, manifestó el fiscal del caso en comunicación con la radio 1020 AM.
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La víctima fatal fue identificada como Marciana Duarte, de 36 años, y el supuesto autor fue identificado como José Miguel Báez, de 37 años, expareja de la mujer, quien tras cometer el hecho se quitó la vida. El hecho ocurrió el pasado sábado en horas de la mañana.
Machado indicó que el presunto autor del hecho no aceptaba que la relación había terminado y amenazaba constantemente a la víctima fatal, quien recibió cuatro disparos de arma de fuego y el deceso se produjo de manera instantánea a causa de las heridas.
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“La mujer recibía muchos mensajes de su expareja, él no aceptaba que la relación terminó. Conforme a la autopsia la mujer recibió cuatro impactos de bala y el señor solo un disparo. El hecho ocurrió en presencia de dos de sus hijos menores”, agregó el agente del Ministerio Público.
El fiscal indicó que los vecinos escucharon los balazos y llamaron a la Policía Nacional, quienes lamentablemente se percataron que todo ocurrió ante la presidencia de dos menores de edad. Los cuerpos ya fueron entregados a los familiares.
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Chase plantea fortalecer presupuesto de organismos de seguridad ante el crimen organizado
El senador y líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, sostuvo que el combate al crimen organizado requiere fortalecer el presupuesto destinado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.
No obstante, advirtió que se trata de una lucha permanente que demanda recursos y un esfuerzo sostenido por parte del Estado.
Respecto a la recuperación de fuerzas del grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), indicó que sigue activo y pidió dejar que concluyan las investigaciones antes de convocar a autoridades del Ejecutivo al Congreso.
En conversación con varios medios de prensa, Chase afirmó que la lucha contra el crimen organizado es un desafío vigente en toda Sudamérica.
En ese contexto, recordó que el mayor gasto destinado a combatir a estas organizaciones en la historia se registró en Colombia, con el respaldo de la principal potencia mundial, en referencia a Estados Unidos.
Pero que, hasta ahora, no está corregido este flagelo en ese país. Remarcó que es una lucha permanente, es una contención permanente y espera que en Paraguay se pueda disminuir la fuerza de estos grupos criminales.
“Claro que se le tiene que dar a las fuerzas de seguridad todos los recursos que sean necesarios, para que nosotros acá estemos tranquilos. El Paraguay es un país en crecimiento y tiene recursos finitos. No podemos nosotros en muy corto tiempo volvernos la primera potencia mundial en fuerza de seguridad. Yo creo que se ha trabajado, se ha mejorado y hay condiciones ya de hacer frente al crimen organizado”, remarcó.
Reactivación del EPP
El senador Chase indicó que aparentemente estos grupos delictivos no tienen otra forma de vivir; teniendo en cuenta que de acuerdo a las informaciones que se manejan, son los parientes de aquellos que en su momento ya han sido abatidos.
“Por lo visto siguen en el mismo camino delincuencial, y bueno, esperemos que la fuerza de seguridad puedan hacer esa conclusión. Hasta que termine la evaluación no tiene sentido convocarle a ninguna autoridad porque vamos a adelantarnos al análisis profesional que están haciendo las instituciones de seguridad”, expresó.
Señaló que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), ni el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), son instituciones omnipresentes. Explicó que cuando se realizan atentados de este tipo en ninguna parte del mundo pueden las instituciones tener una cobertura del 100 %.
“Ahora vendrán las medidas de contención y de acuerdo a lo que dijo el ministro del Interior en su última declaración, esto no va a quedar así y va a tener sus consecuencias y el esfuerzo del Estado para corregir esta situación”, remarcó.
Finalizó señalando que Paraguay es un país que tiene muchas ventajas, muchos privilegios debido a la calidad de la gente misma.
“Por eso, creo que no han crecido estos grupos a niveles extraordinarios; y bueno, que la Fuerza de Seguridad haga su trabajo y contengan este nuevo surgimiento de este grupo delictivo”, acotó.
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Un juez brasileño ordena investigar el financiamiento de una película sobre Bolsonaro
Un juez de la corte suprema brasileña ordenó este jueves investigar el financiamiento de una película sobre el expresidente Jair Bolsonaro por parte de un banquero acusado de un megaescándalo de corrupción, dijo una fuente del tribunal a la AFP.
La película “Dark Horse”, que aún no ha sido estrenado y en el que el actor estadounidense Jim Caviezel encarna a Bolsonaro, se ha convertido en un dolor de cabeza para la campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y candidato de la derecha a las presidenciales de octubre.
El magistrado André Mendonça aceptó un pedido de la Policía Federal para informar sobre giros millonarios del banquero Daniel Vorcaro, preso desde marzo, para financiar la película sobre el expresidente preso por golpismo.
Según el propio senador Bolsonaro, con esos dineros se financió la cinta. El sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes en tono de confianza de Flávio Bolsonaro al financiero a multas de 2025 para pedirle dinero.
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Un día después de la conversación, Vorcaro fue arrestado por uno de los mayores desfalcos financieros de la historia de Brasil.
Tras asegurar en un principio que no tenía ninguna relación con el banquero, Flávio Bolsonaro admitió que le pidió fondos para “Dark Horse”, aunque afirmó que no existía cercanía entre ellos.
Vorcaro había prometido unos 24 millones de dólares para la película, aunque finalmente giró poco menos de la mitad de esa suma, según Intercept.
El banco Master de Vorcaro fue liquidado a multas de 2025 por insolvencia, con una deuda de más de 7.000 millones de dólares ante unos 800.000 inversores.
Luego de conocerse sus vínculos con el banquero, Bolsonaro retrocedió en las encuestas frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca su reelección.
El escándalo por Master también tocó al gobierno. La policía investiga al senador Jaques Wagner, quien dejó el liderazgo oficialista en la Cámara alta por sospechas de presuntos beneficios económicos a cambio de defender los intereses del banco en el Congreso.
La investigación ha revelado hasta ahora vínculos de Vorcaro con jueces y políticos de distintos partidos. El propio Lula reconoció haberse reunido con él en 2024.
- Fuente: AFP
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Pindó solicita profundizar investigación sobre posible nexo entre atentado y grupos armados
La empresa Agroganadera Pindó S.A. emitió un comunicado en el cual realiza un exhorto a las correspondientes autoridades del Estado para investigar si el ataque ocurrido en el puesto policial en Canindeyú guarda relación con estructuras criminales que invadieron su propiedad, hecho que vienen denunciando desde hace más de 10 años.
En su pronunciamiento señalan que el ataque armado contra el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, del distrito Ybyrarobaná, que dejó dos policías y un civil fallecidos, evidencia el fortalecimiento de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Ante esto, solicitaron al Estado paraguayo investigar si existe alguna vinculación entre ese atentado y las estructuras delictivas denunciadas en la causa judicial impulsada por la firma.
Recordaron que la empresa agroganadera desde hace más de diez años viene denunciando ocupaciones ilegales en el establecimiento conocido como Estancia Pindó, así como la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural, deforestación y otras actividades atribuidas al crimen organizado.
“La utilización de la violencia como mecanismo para consolidar el control territorial constituye un elemento de especial preocupación, pues evidencia una forma de actuación destinada no solamente a ocupar ilegalmente un inmueble privado, sino también a impedir mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de sus legítimos propietarios y de las personas que trabajan en el establecimiento. ¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder", menciona parte del documento.
Consolidación de grupos armados
Asimismo, recuerdan que en todos estos años se denunció la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú.
“Hoy, un puesto policial fue atacado con un nivel de organización y violencia que demuestra la capacidad operativa de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, remarca el pronunciamiento.
No obstante, aclaran que este análisis no pretende afirmar que los responsables del ataque al puesto policial sean necesariamente las mismas personas investigadas en la causa Pindó. Teniendo en cuenta que esa determinación corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales.
“Sin embargo, resulta jurídicamente legítimo advertir que ambos escenarios presentan características que justifican una investigación exhaustiva sobre eventuales vínculos, considerando la presencia de organizaciones criminales, el uso de armamento, la ocupación prolongada de territorios y las actividades ilícitas detectadas en la misma región”, acota el comunicado.
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Tras masacre en Naranjito, la ARP exige mayor seguridad para proteger la actividad productiva
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación tras el ataque armado registrado en el puesto policial de Naranjito, departamento de Canindeyú, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional.
A través de un comunicado, el gremio sostuvo que este tipo de hechos no solo afecta a las fuerzas de seguridad, sino que también genera incertidumbre en las comunidades rurales y repercute sobre la actividad productiva.
Calificaron el episodio como un ataque directo contra las instituciones de la República y alertó sobre el impacto que la violencia puede tener en zonas donde se concentra una parte importante de la producción agropecuaria nacional.
Desde la ARP señalaron que la seguridad constituye un factor fundamental para el desarrollo económico del interior del país, considerando que miles de familias dependen de actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y otros sectores productivos que requieren estabilidad para operar e invertir.
El gremio recordó que departamentos como Canindeyú forman parte de los principales polos productivos del Paraguay y que la presencia de hechos delictivos o grupos criminales genera preocupación tanto entre productores como entre inversionistas.
En ese sentido, enfatizó que la previsibilidad y la seguridad son elementos esenciales para sostener la generación de empleo y la actividad económica en las zonas rurales.
Además de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad de Naranjito, la ARP manifestó su respaldo a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instituciones encargadas de la investigación y esclarecimiento del caso.
La organización también destacó la necesidad de fortalecer las acciones de combate contra el crimen organizado en áreas rurales, argumentando que el desarrollo productivo depende en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad a quienes trabajan e invierten en el campo.
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