“¡Los sueños se hacen posibles con disciplina! Felicitaciones, Jazmín Balbuena”, expresó el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, al congratular a la joven proveniente del Chaco, Jazmín Cecilia Balbuena Escobar, de la etnia yshir chamacoco, que se convierte en la primera mujer indígena y la primera paracaidista en formar parte de la Fuerza Aérea Paraguaya.

“Hoy celebramos con orgullo su historia: una joven yshir chamacoco de 21 años, oriunda de la comunidad de Puerto Diana, en Alto Paraguay, que marca un hito al convertirse en la primera mujer indígena en la Fuerza Aérea Paraguaya”, destacó el segundo del Poder Ejecutivo a través de un audiovisual que compartió en redes sociales sobre este logro.

Por su parte, la vicesargento primero técnico Jazmín Balbuena manifiesta en el video compartido: “Desde el principio me recibieron muy bien y cumplí mi sueño porque es un objetivo que siempre quise llevar a mi comunidad, a mi familia. Estoy muy agradecida por la ayuda, a Dios, que nunca me dejó sola. Y estoy muy feliz, estoy contenta por haber llegado al objetivo que siempre soñé”

Igualmente, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) resaltó este mérito de Balbuena en un comunicado de prensa, señalando que “constituye un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y superación personal, reflejando la capacidad, el compromiso y la determinación de los pueblos indígenas para abrirse camino en distintos ámbitos del desarrollo nacional”.

El Indi valoró la historia de Jazmín, quien con sacrificio y dedicación ha sabido enfrentar desafíos personales, sociales y económicos, demostrando que los sueños pueden alcanzarse con disciplina y convicción. Siempre con el acompañamiento de su familia y de su comunidad, la joven salió del norte del país en un colectivo, sorteó exigentes exámenes técnicos y físicos, y trabajó como niñera para poder costear sus estudios.

Tras la llegada de miembros de comunidades nativas hasta Asunción, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) se reunió con los líderes y establecieron un plan de trabajo para poder dar solución a las demandas presentadas. La mesa de trabajo fue favorable para todos y seguirá abierta para poner en marcha las soluciones.

Según Hugo Samaniego, presidente del instituto, se obtuvieron resultados muy alentadores tras la reunión que mantuvieron con los representantes de cada comunidad. Estos presentaron una lista de necesidades por la que están pasando y recibieron posibles soluciones que se desarrollarán de acuerdo a las urgencias.

“Como resultado de la mesa de trabajo, se logró consensuar respuestas y líneas de acción para los distintos puntos abordados, lo que fue valorado positivamente por los representantes indígenas, quienes manifestaron su satisfacción con los acuerdos alcanzados”, apuntó Samaniego.

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La mesa de trabajo fue convocada para que los representantes comunitarios y la totalidad de su plantel de directores puedan exponer diversas situaciones que afectan a sus comunidades, abordándose distintos temas sociales y de desarrollo. Entre las principales preocupaciones se destacó la problemática del acceso al agua.

Todos los planteamientos fueron analizados mediante un espacio de diálogo abierto que permitió evaluar alternativas de solución y coordinar acciones institucionales. El Indi reafirmó su compromiso de acompañar y ejecutar con el objetivo de dar respuestas concretas a las necesidades planteadas por las comunidades.

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Indígenas de Caaguazú llegaron hasta Asunción exigiendo el servicio de agua potable en su comunidad, Guayakikua. “Queremos llevar el tanque de agua porque necesitamos de manera urgente para los escueleros. Ahora tomamos agua de una naciente”, manifestó Aquilino Martítez, uno de los líderes nativos.

Arribaron a la capital a la medianoche, pero fueron retenidos por la Policía en inmediaciones de la Estación de Buses de Asunción (EBA). El presidente del Indi, Hugo Samaniego, habló del tema. “No creo que no se les haya permitido llegar, sino que por una cuestión de ordenar mejor, porque no hay violencia, es conversar, ver y tratar de solucionar”, manifestó ante los distintos medios de prensa.

El contingente estaba integrado por 19 personas, entre mujeres, hombres y niños, quienes deseaban llegar hasta la Plaza Italia, pero no se les permitió avanzar. “A mí, me informaron que llegaron a la terminal de ómnibus y me convocaron para venir y vine lo más rápido posible”, expresó el funcionario público.

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Los manifestantes denunciaron que fueron rodeados por alrededor de 20 patrulleras, lo que consideraron un excesivo operativo de seguridad. “Voy a conversar con el jefe de Policía, voy a hablar con él, yo no creo que haya habido mala intención ni de restringir la libertad de nadie”, aseguró.

Luego del diálogo entre las partes, se acordó que 5 a 7 líderes se reunirían con el titular del Indi, en tanto el resto permanecería en la Plaza Italia. “Vamos a sentarnos a ver la situación de ellos”, mencionó.

En cuanto a los reclamos de los nativos, Samaniego señaló que se hará eco de los pedidos ante la institución correspondiente. “Ya había reclamado el tema de escuela y enviamos nota al MEC sobre su pedido. Y ahora, Senacsa no tiene tanque de agua para dar en estos momentos”, remarcó.

No obstante, tratarían de dar solución al problema, afirmó. El director de Policía, comisario Juan Agüero, también dio su versión de los hechos. “No fue una retención, sino una orientación lo que hicimos”, aseguró en conversación con el canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.

“A la medianoche en la terminal de buses es una zona en la cual siempre hay mucha movilidad, y el trayecto al centro es largo”, agregó. Entonces, sugirió que pernoctaran en la terminal. “Les dije que esperaran hasta el amanecer, y luego, les acompañamos hasta la Plaza Italia”, precisó.

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Un todoterreno blindado recorre a toda velocidad un camino montañoso vigilado por guerrilleros con fusiles. Cada minuto es peligroso para Esneyder Gómez, candidato indígena al Congreso de Colombia en una campaña electoral bajo fuego. Escoltas desarmados lo acompañan en una caravana en esta carretera de su natal departamento del Cauca, región bajo dominio rebelde en el suroeste del país. En un día de campaña en el que lo acompañó la AFP, serpentea por caminos repletos de lodo junto a otros indígenas nasa que portan bastones tradicionales.

En octubre pasado, el automóvil de Gómez fue impactado por una bala mientras retornaba de un acto proselitista por uno de los escaños reservados para las comunidades indígenas en las legislativas 8 de marzo. Aunque no tenía amenazas recientes, guerrilleros lo declararon un objetivo hace una década por su trabajo como defensor de derechos humanos.

Unas semanas antes del ataque había muerto en Bogotá víctima de un atentado el senador de derecha Miguel Uribe, en un hecho de violencia política que no ocurría desde hacía casi tres décadas. Uribe aspiraba a ser candidato en las elecciones del 31 de mayo para suceder al presidente izquierdista Gustavo Petro.

La multiplicación de ataques ha convertido a este proceso electoral en uno de los más violentos después del desarme de la guerrilla FARC, que firmó un acuerdo de paz en 2016.

Los disidentes del pacto y otros grupos dedicados al narcotráfico continúan operando.

El riesgo “está latente”, confiesa Gómez. “El posconflicto está siendo mucho más fuerte que el mismo conflicto”, añade este dirigente de 46 años.

En 2025, cuando arrancaron las campañas, al menos 61 líderes políticos fueron asesinados, según la Misión de Observación Electoral (MOE), que no distingue cuántos eran candidatos.

Para estas elecciones, casi un tercio del territorio del país está bajo amenaza por la violencia, según esa agrupación civil.

Al magnicidio de Uribe le siguieron ataques contra otros políticos, como el secuestro durante algunas horas la semana pasada de la legisladora Aida Quilcué, también indígena del Cauca.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un despliegue de uniformados para garantizar unas elecciones “seguras”. Petro enfrenta críticas por su fallido intento de negociar la paz con los grupos armados, que se fortalecieron durante su gobierno.

La violencia política evoca las peores épocas del conflicto, entre las décadas de 1980 y 1990, cuando cinco candidatos presidenciales fueron asesinados a tiros en medio del terror ejercido por narcotraficantes como Pablo Escobar.

Las montañas cubiertas de neblina en el Alto Naya se pintan de verde con los cultivos de hoja de coca, sustento económico de esta región del Cauca donde hasta hace poco, según Gómez, podían “andar más tranquilos” tras la firma del acuerdo.

Pero hoy disidentes de las FARC, financiados por la producción de cocaína, imponen allí un “control territorial”, agrega. Ha visto “caer muchos, muchos compañeros” a manos de hombres armados. “Da impotencia, da rabia (…) la sangre hierve”, lamenta.

Los disidentes alardean de su dominio en la zona. “61 años de lucha”, dice un afiche con la fotografía de un líder histórico de las FARC. Más adelante, rebeldes armados resguardan un puesto de control donde los transeúntes deben identificarse. Las cámaras no son bienvenidas.

Los escoltas de Gómez, hijo de un policía afrodescendiente y una guerrillera nasa, van desarmados para evitar una confrontación. Priorizan el diálogo. El dirigente “corre riesgo” por ser líder social “y más en este caso como candidato”, dice José Yatacué, que coordina este grupo de guardianes nasa.

Los habitantes del Alto Naya aprecian a Gómez por su trabajo en esta región con poca presencia del Estado.

“Hemos sido un territorio olvidado”, dice Luz Dary Muñoz, líder de un caserío cercano. “Lo que hemos construido (…) ha sido todo comunitario”.

Este será el último periodo legislativo que garantiza escaños para víctimas del conflicto, según quedó estipulado en el acuerdo de paz que buscaba garantizar su representación política.

Pero 130 municipios donde sus habitantes deberán escogerlos están en riesgo ante la violencia, asegura la MOE.

“Estamos preocupados”, dice el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, que considera vital “preservar” estos escaños para “los y las representantes” de las comunidades históricamente vulneradas.

El Cauca es un punto crítico. En el departamento imperan las disidencias de Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia, investigado por la fiscalía por genocidio contra el pueblo Nasa.

El gobierno de Petro impulsa una denuncia contra el líder rebelde ante la Corte Penal Internacional por los asesinatos de líderes y el reclutamiento forzado de niños de esa etnia. “Ha sido sistemático”, asegura Gómez. “Se han ensañado con el pueblo Nasa (…) Eso debe parar”. En este contexto de extrema tensión, la votación en esta región servirá de prueba para saber si Colombia puede tener elecciones libres, equitativas y seguras en todo su territorio.

Fuente: AFP.