El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.

El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.

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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.

Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.

A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.

Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económi­cos y Anticorrupción, Nés­tor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la eje­cución del contrato de fidei­comiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la cons­trucción de cuatro hospi­tales.

Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.

Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.

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Escalofriante relato de hechos en el que el sospechoso para cubrir sus abusos amenazaba de muerte a sus sobrinos de 13, 11 y 8 años.

• Ciudad del Este. Agencia regional.

Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños cometido supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos puni­bles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.

Los actos violentos se habrían desarrollado de forma siste­mática desde principios de 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la colonia San Isi­dro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fis­cal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.

En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexual­mente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.

Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicar­las en las redes sociales y le entregó como regalo un apa­rato celular.

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2025, el sos­pechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la pri­mera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.

Cuando la empezó a tocar a la fuerza, la niña reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocu­rrido, hechos que se repitie­ron en varias oportunidades.

El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien pro­metió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo suce­dido. Finalmente, las vícti­mas contaron las agresiones que sufrieron y la familia for­malizó la denuncia.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.

Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.

En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.

Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.

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Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.

Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.

El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.

Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.

Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.

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La directora de la organización Olfateando Huellas, Diana Camarasa Delgado, denunció ser víctima de supuesto acoso y amedrentamiento tras negarse a entregar a la perrita Canela a sus antiguos dueños, como lo dispuso la jueza Carmen Rossana Román.

“Hoy (jueves) estuvieron en mi propiedad la exdueña de Canela junto con su abogado, policías y un ñembo adiestrador canino de nombre Pablo Olmos, a quien en su momento le dimos mucho trabajo por medio de la fundación”, indicó a través de la página oficial de la organización protectora de animales.

Añadió que dichas personas estuvieron sacando fotos y realizando filmaciones de su propiedad con intenciones desconocidas, incluso entraron en el predio vecino, al parecer buscando alguna cosa, precisó Camarasa.

“Me siento acosada, amedrentada y con miedo de que le suceda algo a mis animales. Quiero dejar constancia por este medio y también lo haré de manera formal, por si mi propiedad sea dañada, mis animales sean perjudicados o para lo que hubiere lugar”, expresó la protectora de animales.

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Por otro lado, informó que Canela ya no se encuentra en su propiedad y que la información sobre su destino será manejada por los medios legales que corresponda.

La resolución de la jueza Penal de la Adolescencia de Luque de devolver a sus antiguos dueños a Canela generó un fuerte rechazo ciudadano así como la indignación de grupos proteccionistas y organizaciones de defensa animal.

La Dirección de Defensa y Bienestar Animal rechazó la medida argumentando que el entorno familiar falló en el deber del cuidado y resguardo de la mascota. Sin embargo, la jueza argumentó que la familia no tuvo responsabilidad directa en la agresión al animal, el cual perdió la mandíbula a causa de la explosión de un petardo en la boca.

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