El ministro de Justicia, Édgar Olmedo, señaló que se extendió la intervención en la cárcel de Tacumbú por 30 días más. La medida fue tomada tras la fuga de peligrosos delincuentes del penal, aparentemente bajo la complicidad de los funcionarios penitenciarios.
“Inicialmente hemos dispuesto la intervención por 15 días, una vez que se cumplió ese plazo hemos ampliado la intervención por 30 días más y se mantiene como interventor René Alvarenga”, explicó el ministro este viernes en comunicación con radio 1000 AM.
Sostuvo que los primeros 15 días de intervención no fueron suficientes para concluir el trabajo realizado en el penal, teniendo en cuenta que aún se espera los resultados de la investigación abierta por el Ministerio Público sobre la fuga de peligroso delincuentes, con aparente complicidad de los funcionarios penitenciarios.
Olmedo indicó que del resultado de la intervención depende la continuidad de los agentes penitenciarios y otros funcionarios, ya que se debe confirmar o descartar la complicidad de los mismos en la fuga de algunos reclusos. A finales de este mes estarían culminando las labores en la penitenciaría de Tacumbú.
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“Los 15 días no fueron suficientes para la investigación, se trabajó en determinar quiénes fueron los funcionarios que se desempeñaban en las diversas secciones el día de la fuga. Todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, algunos ya fueron llamados para declaración indagatoria”, agregó.
La intervención de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se lleva a cabo tras confirmarse la fuga de presos y el ahora exdirector, Manuel Garay, fue apartado del cargo y en su reemplazo asumió de manera interina René Alvarenga, quien está a cargo de llevar la intervención. También fueron apartados de sus cargos otros 20 funcionarios penitenciarios.
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Avanza plan piloto de reinserción de personas privadas de libertad
El Ministerio de Justicia y la Gobernación de Guairá firmaron este lunes 13 de mayo un acuerdo marco de cooperación interinstitucional que apunta a que las personas privadas de libertad (PPL) de la Penitenciaría de Villarrica realicen trabajos comunitarios para beneficio de las comunidades del departamento.
Esto se da como parte de los programas de rehabilitación y reinserción social y laboral que lleva adelante el ministerio. El documento fue suscrito por el ministro de Justicia, Dr. Ángel Ramón Barchini, y el gobernador de Guairá, César Sosa.
Estuvieron presentes el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora; el diputado Alejandro Aguilera; el director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel (R) Rubén Peña; la directora de Bienestar y Reinserción Social, Rosalía González; la jueza de ejecución penal de Caazapá, Maricel Candia.
Al respecto, Barchini explicó que este proyecto tiene como objeto promover la cooperación y la coordinación de acciones conjuntas a fin de aportar un servicio a la comunidad. El acuerdo es un proyecto piloto que se buscará replicar en todas las penitenciarías del país.
“Este proyecto permitirá que personas privadas de libertad puedan salir a trabajar por orden del juez o la jueza, y aquellas que tengan el perfil puedan ir imputando los días que le quedan de sentencia para salir en libertad y a la vez ganar un dinero. Mientras que la gobernación se ahorra en contratos. Es decir, acá todos ganamos, gana la sociedad”, indicó.
El Ministerio de Justicia, por intermedio del Viceministerio de Política Criminal, la Dirección de Bienestar y Reinserción Social y de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios se compromete a coordinar para que las PPL, que voluntariamente deseen contribuir con la comunidad, presten servicios generales necesarios mediante mano de obra para el hermoseamiento de áreas urbanas, plazas y lugares predeterminados por la Gobernación de Guairá, en las fechas festivas y otras ocasiones de importancia.
A su turno, el gobernador Cesarito Sosa destacó que la gobernación está plenamente a disposición de colaborar para que el proyecto, que aun es un plan piloto, sea todo un éxito y que traerá beneficios a todas las comunidades guaireñas. “Queremos arreglar plazas, instituciones educativas, limpieza de arroyos, creo que usar estos medios en beneficio de la gente no tiene precio”, acotó.
El ministerio brindará la seguridad necesaria y coordinará con el auxilio de las Fuerzas Públicas, en caso de necesidad, para la puesta en marcha del proyecto. El Ministerio de Justicia trabaja en varios frentes en el marco de la reforma penitenciaria en marcha. Esos ejes abarcan el seguimiento del control estricto de las penitenciarías, la reforma de leyes, la formación de nuevos agentes penitenciarios, la habilitación de nuevas penitenciarías de alta seguridad y el fortalecimiento de los programas de reinserción social y laboral para evitar la reincidencia en el delito.
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El Ministerio de Justicia se suma a la octava “Plantatón”
La octava edición del “Plantatón” pretende plantar 5.000 árboles nativos en la Costanera Sur de Asunción, el sábado 11 de mayo, desde las 8:00 horas. El Ministerio de Justicia se suma a la campaña con la participación de funcionarios y de personas privadas de libertad de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) y de la Granja Penitenciaria Ko’ê Pyahu.
El ambientalista y exconcejal José Alvarenga Bonzi, actual jefe del área de Medio Ambiente de la Entidad Nacional Yacyretá (EBY), es el impulsor del “Plantatón”, que contabiliza 80.000 árboles plantados en la capital desde 2016. La edición anterior se realizó en julio de 2023 en la Costanera Norte de Asunción.
Con esta actividad, el Ministerio de Justicia pondrá en práctica uno de los proyectos relacionados con la reforma del sistema penitenciario: la participación de PPL en trabajos comunitarios para beneficio de la ciudadanía.
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La institución se encuentra ajustando detalles del proyecto que pretende un trabajo sistemático y permanente entre el Ministerio de Justicia, gobernaciones y municipios en donde la institución cuenta con un establecimiento penitenciario, de manera que personas privadas de libertad colaboren con tareas que beneficien a esas comunidades.
Las tareas para la nueva edición del “Plantatón” son coordinadas de manera conjunta con la Municipalidad de Asunción, mediante su Dirección General de Gestión Ambiental. Con estas acciones se pretende generar espacios de recreación de calidad y promover conciencia ambiental en cada ciudadano.
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Juez amenaza a Trump con mandarlo a la cárcel si desacata sus órdenes
El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente estadounidense con la cárcel en caso que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.
Al término de esta nueva jornada del proceso contra el candidato presidencial republicano en los comicios de noviembre, los fiscales indicaron que todavía prevén alrededor de dos semanas para escuchar el resto de los testimonios. “Pensé que iban a terminar hoy y quieren de dos a tres semanas más”, dijo Trump a periodistas, mientras insistió en que es víctima de “injerencia electoral”. “Yo debería estar haciendo campaña”, agregó.
Más temprano, el juez instructor del caso, Juan Merchan, le impuso una nueva multa de 1.000 dólares, que se suma a otras sanciones por 9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales. El magnate no dudó en criticar la decisión: “Nuestra Constitución es mucho más importante que la cárcel (...). Haré ese sacrificio cuando sea”.
En su decisión, el juez le advirtió a Trump que debido a que esta es la décima vez que el tribunal le halla culpable de desacatar sus órdenes, “parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales”.
“Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré”, advirtió Merchan al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad, una semana, con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.
Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016, que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.
“Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia”, dijo el juez, calificando el desafío de Trump como un “ataque directo al Estado de derecho”. Merchan reconoció que ponerlo tras las rejas por desacato sería una decisión importante y un reto logístico. Como expresidente, Trump recibe protección las 24 horas del Servicio Secreto de Estados Unidos.
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Crisis
En la jornada del lunes, los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la Organización Trump que explicó al jurado sobre los reembolsos a Cohen por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.
Se espera que Daniels, de 45 años, y Cohen, de 57, el exabogado de Trump que se ha convertido en su enemigo jurado, testifiquen en algún momento durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan.
Hope Hicks, exasesora cercana de Trump, habló la semana pasada sobre la “crisis” que afectó la campaña presidencial de 2016 después de que apareciera una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, como tocarles los genitales sin que se inmutaran. Hicks reconoció que estaba “un poco aturdida” por aquella grabación.
“Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis”, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.
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Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels, que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que éste siempre ha negado. El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.
En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una “caza de brujas” y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso a la Casa Blanca.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.
Fuente: AFP
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IPS aguarda ejecución de sentencia para que consorcio hotelero salde millonaria deuda
Este jueves, fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del Trabajo realizaron una intervención de un consorcio hotelero en Asunción, para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del departamento Judicial del IPS, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
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Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló.
Afirmó que hoy jueves, los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso. “Nos llevamos la sorpresa de la acción presentada y que es meramente dilatoria. La deuda total con la previsional asciende a G. 31.900 millones”, puntualizó.
El profesional indicó que han tenido conversaciones con los representantes de la empresa y que tenían las intenciones de poder saldar la deuda, pero no avanzaron. “Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de ingreso al IPS, ni formalmente donde ellas han reconocido que tienen una deuda con el instituto”, refirió.
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