Ante las bajas temperaturas que se están registrando en los últimos días y la humedad en el ambiente, los más afectados son los niños. En este sentido, desde el comedor de niños “Mitã Renda” apelan a la solidaridad de la ciudadanía para la donación de abrigos y calzados de invierno para los niños de 0 a 10 años.
“Una vez más se recurre a la ciudadanía, necesitamos urgente abrigos y calzados para mis niños, vienen al comedor desprotegidos del frío en estos días de bajas temperaturas y se pueden enfermar y eso va ser peor para todos. Necesitamos abrigos, medias, zapatos de invierno, apelamos al buen corazón de las personas”, indicó doña Cirila Beatriz Cabrera, encargada del comedor, en comunicación con La Nación.
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El comedor se encuentra en la ciudad de Mariano Roque Alonso, los interesados en dar una mano a doña Cirila y a sus casi 150 niños que diariamente se acercan a almorzar y merendar en este este establecimiento social, pueden comunicarse con ella al (0981)886-866.
“Estamos en invierno y vemos que nuestros niños están tan desprotegidos, algunos pequeñitos vienen con zapatillas cuando se registran entre 8 y 10 grados de temperatura, y eso nos llena de dolor, pero tampoco tenemos para proveerles. Necesitamos principalmente para los niños y también para nuestros adultos mayores”, refirió.
Unos 150 niños y adultos en situación de vulnerabilidad reciben el almuerzo y la merienda diariamente en el comedor Mitã Renda de Mariano Roque Alonso, este comedor comunitario funciona a pulmón con el apoyo de la comunidad y padrinos benefactores que colaboran con productos cárnicos y verduras para la cocción de los alimentos.
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Buen resultado: asisten a pequeños productores de Minga Guazú
- Ciudad del Este. Agencia.
El Departamento de Ganadería Sostenible y Cambio Climático del Viceministerio de Ganadería asiste a pequeños productores de Minga Guazú para mejorar la producción. Como parte de ese trabajo, técnicos de la citada unidad estuvieron entregando semillas de avena y verificando fincas con los comités con los que vienen trabajando, tanto en la compañía Pengo como en Ko’ê Pyahu, en el distrito de Minga Guazú. El resultado está siendo excelente, los productores están muy contentos porque están consiguiendo una nueva pastura con la cual garantizan lo que están esperando, según explicó la ingeniera Claudia González Medina, jefa del Departamento de Ganadería Sostenible del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a La Nación/Nación Media. La misma estuvo acompañada de la ingeniera agrónoma Dalma Domínguez, de la misma unidad, y del ingeniero Bienvenido Marecos, del Centro de Desarrollo Agropecuario de Minga Guazú.
“Como Departamento de Ganadería Sostenible y Cambio Climático, queremos que los productores tengan fincas sostenibles. Para que sus animales ganen peso, tienen que empezar por la alimentación. Entonces, entregamos semillas de avena que se usan para airear y mejorar el suelo, para luego dar las semillas de pastura”, dijo la profesional. Agregó que en época de invierno, cuando hay poca cantidad de pastura, la avena es muy útil para ser utilizada en el pastoreo, principalmente porque es la época de producción. “Además, se utiliza como abono verde de invierno, ayudando a recuperar la fertilidad del suelo y manteniendo la parcela libre de malezas”, explicó González.
Además de iniciar el trabajo con un grupo, entregando semillas de avena, el equipo técnico estuvo visitando a quienes habían iniciado el plan el año pasado, para ver el resultado, según la ingeniera González. Informó que se trata de productores que tienen fincas de entre 2 y 7 hectáreas como promedio y las aprovechan para varios rubros de renta que llevan a las ferias de hortigranjeros. Ellos producen ganado para obtener leche y hacer queso que venden en la feria, pero también es para engorde y venta de ganado, o para producción de carne, según refirieron los técnicos del Viceministerio de Ganadería. Ante un buen tratamiento de suelo, tienen buena pastura y una producción sostenible, según González Medina.
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Políticas definidas, claves para pequeños productores
Según la teoría del bienestar, la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. En un sistema con leyes y normas e incentivos se busca ofrecer calidad de vida y prosperidad a todas las personas. Un estado que está interesado en el crecimiento de sus habitantes centraliza las necesidades básicas y busca solucionarlas.
Bajo ese concepto, el economista Cayo Cáceres explicó a La Nación/Nación Media cuál es la relevancia y transversalidad de que las políticas públicas económicas de un país estén definidas concretamente para que sean ejecutadas y que el efecto derrame pueda llegar a todos los niveles inferiores de la economía, a través de una macro sostenible y fuerte. “Tenemos a las grandes, a las medianas y las pequeñas empresas, tanto en la parte industrial, primaria y de servicios. Esas son tres realidades totalmente diferentes. Lo que la teoría del bienestar nos dice es que cuando crece la economía en su totalidad, en su conjunto, desde el punto de vista de los grandes agregados macroeconómicos, se puede generar un derrame hacia los niveles inferiores”, indicó a LN.
MOTOR DE LA ECONOMÍA
Seguido, ejemplificó este hecho con lo que sucede en el sector agrícola, donde el motor de la economía local encuentra su mayor concentración, pero que requiere de un empuje estatal para que las bases se potencien. Señaló que el derrame de los efectos del agronegocio prácticamente no existe hacia los pequeños productores y que es una deuda del Gobierno comenzar a proyectar mayor acompañamiento a este segmento productivo.
“En el interior del país existen 250.000 fincas que no tienen la posibilidad de acceder a una asistencia técnica permanente, porque no existen políticas que califiquen para ellos desde el Ministerio de Agricultura. Ese es el gran desafío que tenemos. Definir las medidas de las políticas económicas de acuerdo a los sectores que queremos impactar”, afirmó. Resaltó que una medida pública no puede ser la misma para el desarrollo agrícola a gran escala que para pequeños productores.
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Articulan proyectos claves para pequeños productores
El Consejo de Gobernadores mantiene constantes reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo, con el objetivo de articular una serie de proyectos para diversos estamentos en el territorio nacional. Entre ellos, se acordó una colaboración colectiva para los pequeños productores del territorio nacional, para lo cual se desarrollará un trabajo interinstitucional clave con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Para los ejecutivos departamentales, este tipo de trabajo interinstitucional resulta clave para ampliar el eje de aplicación de proyectos a nivel nacional, respondiendo a las necesidades ciudadanas de una manera más integral.
“Siguiendo nuestra jornada en sesión del Consejo de Gobernadores, recibimos al ministro del MAG, Carlos Giménez; al viceministro de Economía, Óscar Lovera, y a los miembros del Consejo Nacional de la Juventud, con quienes abordamos diversos temas relevantes a ser desarrollados en forma conjunta en las distintas regiones”, explicó la titular del Consejo, Norma Zárate, a través de sus redes sociales.
Los gobernadores resaltaron que a través de las coincidencias con el secretario de Estado y su equipo de trabajo, se podrán materializar coordinaciones y acciones estratégicas para la implementación de los diferentes programas del MAG, que favorezcan a los pequeños productores en los diferentes municipios de territorios que hace años no contaban con inversiones precisas para el desarrollo del sector de la producción.
Aparte de los encuentros con representantes del MAG y el Ministerio de Economía, también se mantuvo reuniones con el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, con quien se abordaron las estrategias para la optimización de los procesos licitatorios. Esto recordando la responsabilidad de los diferentes jefes departamentales para dar continuidad y garantías a la cobertura de la alimentación escolar, hasta tanto sea tratado el proyecto “Hambre cero en las escuelas”.
Trabajarán en la titulación masiva
Gobernadores e Indert unirán esfuerzo para que la gente del campo logre el ansiado título de propiedad.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) junto con el Consejo de Gobernadores acordaron trabajar en la titulación masiva en el campo. Ante los buenos resultados en la aplicación del modelo de titulación de tierras en el departamento de Guairá mediante la implementación del método de Barrido Predial Masivo (BPM).
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, la presidenta del Consejo de Gobernadores, y jefa departamental de Paraguarí, Norma Zárate explicó que harán la titulación masiva de inmuebles del campo que reúna las condiciones, siempre dentro del marco de la Ley. Señaló que en la última reunión del Consejo invitaron al presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, con quien estuvieron charlando sobre las diversas alternativas de soluciones.
“Tanto en Paraguarí, como en el resto del país, existen muchas comunidades con problemas de titulación, por eso acordamos hacer un relevamiento de los inmuebles que están con problemas de documentaciones, ir trabajando con los diferentes intendentes y acercar la información al Indert, sobre los problemas y planteando soluciones”, explicó.
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Advierten sobre amenaza a pequeños productores
El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, afirmó que las condiciones a ser establecidas para las exportaciones paraguayas por parte de la Unión Europea (UE) representan un peligro para el desarrollo del país, especialmente para los pequeños productores.
Cristaldo sostuvo que esto apunta directamente a frenar el desarrollo productivo nacional y la cadena de valor que existe detrás. “Estamos preocupados porque todo lo que apunta a frenar el desarrollo del Paraguay, lo consideramos como una amenaza para el país. Sobre todo para los pequeños productores que con mucho esfuerzo están saliendo de la pobreza, al incorporarse a la cadena de valor”, dijo a la 780 AM.
El mismo precisó que unos 264.000 pequeños productores que trabajan en menos de 50 hectáreas serán excluidos del mercado por no poder estar a la altura de las exigencias europeas. También mencionó que el Mercosur se encuentra negociando desde hace 20 años el acuerdo con la UE y que hasta hoy no se formaliza y que para ejecutarlo podrían introducir una adenda que obligue a los países a cumplir con esta disposición.
“Es una adenda que quieren introducir por la ventana, dentro del acuerdo; el reglamento 1115, que es una ley europea. Entonces la ley europea va a entrar a regir en Mercosur, más que nuestras propias leyes”, cuestionó.
También detalló que las exportaciones paraguayas a Europa en los últimos tres años no pasan los USD 400 millones, en promedio, y que Paraguay exportó al mundo USD 11.890 millones, aproximadamente, en 2023. “Esto quiere decir que no es el mercado más importante y vamos a poner en riesgo a nuestro país por entrar en este juego. Esto es peligroso, creemos que Paraguay tiene mucho por crecer. Estamos en un proceso de desarrollo sostenible y no lo podemos frustrar ahora”, aseveró.
La UGP considera que el rechazo al esquema de trazabilidad es operativamente inviable, puesto que generaría demoras y sobrecostos innecesarios a los productores y exportadores agrícolas, e insisten en que el diálogo es el camino para el trabajo conjunto.
EXIGENCIAS DE UE DEBERÍAN SER GRADUAL
El vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, explicó que las pretensiones de la Unión Europea “son muy difíciles” y que no se observa una apertura para entender las realidades de cada país. Se prevé que la reglamentación entre en vigencia el 1 de enero de 2025, pero debería tener un tipo de gradualidad. “Las formas en que la UE pretende que se le entregue informaciones requieren tiempo, se tienen que desarrollar sistemas.
Hemos presentado un cuestionario que fue respondido en parte y muchas de las preguntas ni ellos consiguen responder”, comentó Pastore en comunicación con La Nación/Nación Media.Aseveró que es una medida que se podría llegar a desarrollar, pero se necesita tiempo para ir cumpliendo parcialmente en un periodo determinado o plazo de varios años. “Ellos van a hacer una evaluación si los países son de riesgo alto, medio o bajo. Se presentó un documento país sobre lo que venimos haciendo y una cuestión no menor es que el Chaco está con el 60 % de su territorio con estrictas medidas de cambio de uso de suelo”, apuntó.