Sebastián Marset es investigado en el marco del operativo A Ultranza Py y sindicado como presunto líder de una organización para el tráfico de drogas y lavado de dinero. Foto: Gentileza.
A Ultranza Py: Interpol activa código rojo contra Sebastián Marset
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El jefe de la Interpol Paraguay, Nicolás González, señaló este jueves que se activó el código rojo contra el empresario uruguayo, jugador de fútbol y cantante Sebastián Marset. El mismo es investigado en el marco del operativo A Ultranza Py y sindicado como presunto líder de una organización para el tráfico de drogas y lavado de dinero.
“El protocolo se activó y está siendo buscado a nivel internacional por la notificación roja. Tenemos una estrategia de búsqueda y localización a través de nuestro sistema de inteligencia y con todos los países con presencia de la Interpol”, explicó el comisario en comunicación con la radio 1080 AM.
Sostuvo que la jueza Rosarito Montanía ordenó la captura internacional del empresario y jugador de fútbol y hasta el momento en el sistema de la Interpol el hombre figura con nacionalidad uruguaya, pero que no puede dar muchos detalles sobre la investigación ya que sigue la búsqueda del sindicado como líder de una organización criminal.
González indicó que no hay certeza de que fue detenido en Emiratos Árabes y no hay información certera si está moviéndose por el continente africano con varias identidades falsas, y reiteró que la Interpol no le tiene registrado con otros datos que no sea los de Uruguay, pero que continúa la investigación para dar con el prófugo de la justicia.
“La información oficial para nosotros es que está registrado con nacionalidad uruguaya. Por cuestiones de prudencia no puedo relatar hacia dónde apunta mi búsqueda, pero la búsqueda es internacional y estamos abocados en eso para lograr la detención y posterior extradición”, agregó el jefe de Interpol Paraguay.
El empresario, jugador de fútbol y cantante Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 30 años de edad, sería el jefe de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero. Hasta el momento nada se sabe de su paradero y es investigado por la justicia paraguaya en el marco del operativo A Ultranza Py.
Gianina García Troche, procesada en el marco de la causa A Ultranza Py, prestó declaración por segunda vez ante el fiscal Deny Yoon Pak. Foto: Gentileza
Gianina García Troche declaró ante el fiscal Deny Pak a días de la acusación
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El pasado 12 de mayo, Gianina García Troche, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, declaró ante el agente fiscal Deny Yoon Pak. La declaración de la procesada se realizó en su lugar de reclusión, en el módulo de máxima seguridad del complejo penitenciario de Emboscada.
El Ministerio Público deberá presentar su requerimiento conclusivo el 20 de mayo, fecha en la que tendrá que definir si presenta la acusación y el pedido de juicio oral y público.
La audiencia se llevó a cabo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 350 del Código Procesal Penal y a pedido de los abogados defensores. Para el efecto, el fiscal Pak se trasladó hasta el lugar de reclusión por razones de seguridad.
En su primera declaración, realizada en octubre de 2025, el agente del Ministerio Público se había trasladado hasta la cárcel militar de Viñas Cué, donde entonces estaba recluida la mujer, cuyo perfil es calificado de alta peligrosidad.
Gianina García Troche se encuentra imputada en el marco del operativo A Ultranza Py por lavado de activos, al ser señalada por introducir supuestamente al sistema financiero paraguayo dinero proveniente del narcotráfico.
Corte Suprema rechazó hábeas corpus de Erico Galeano
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La sala penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de hábeas corpus preventivo promovida por el exsenador Erico Galeano Segovia, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y otros. La resolución lleva la firma de Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia.
Con la resolución judicial se encamina para que se realice la audiencia de revisión de medidas solicitada por los fiscales del presente caso quienes solicitaron la prisión del exparlamentario.
En horas de la mañana y a través de un hábeas corpus preventivo, los abogados del exsenador solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que prohíba la modificación de su libertad, ante el pedido de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público.
Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Pak requirieron la prisión del exsenador en la causa en la que fue condenado a 13 años de cárcel por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Además, la defensa presentó un recurso contra la convocatoria realizada por el Tribunal de Sentencia para llevar adelante la audiencia de revisión de medidas.
Los abogados Luis Almada y Rodrigo Estigarribia sostienen que la citación fue realizada con base en un artículo del Código Procesal Penal que solo puede ser utilizado para solicitar una excarcelación y no para analizar una prisión preventiva.
En el hábeas corpus, la defensa argumentó que el pedido de prisión preventiva se basa en sentencias de primera y segunda instancia que aún no están firmes, debido a que fueron recurridas ante la Corte Suprema de Justicia.
Ecuador: sicarios asesinaron a una jueza amenazada en 2025
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Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informaron autoridades ayer martes. La violencia no cede pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente Daniel Noboa como estados de excepción, toques de queda nocturnos y el despliegue permanente de militares en las calles.
Lady Pachar, de 41 años, fue baleada el lunes por dos sicarios en motocicleta en la ciudad de Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin sus dos guardaespaldas, según la policía. Una fuente policial dijo el martes a la AFP que la jueza, quien había recibido amenazas en 2025, fue asesinada al parecer en represalia por la liberación de miembros de una banda.
Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de El Oro, aseguró que los jueces y fiscales quedan en riesgo cuando el gobierno revela las identidades de aquellos que considera corruptos o indulgentes con los criminales. Que “no sea irresponsable en dejar en evidencia a los jueces y juezas que administran justicia, sino que más bien les de la protección necesaria y suficiente para que puedan actuar con imparcialidad”, añadió.
Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia. Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.
Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023. Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Suramérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime. El Oro, con más de 700.000 habitantes, registró 720 homicidios el año pasado, según Jaramillo.
Condenan a 8 años de cárcel por lavado de dinero a Jaime Franco, vinculado al crimen del fiscal Pecci
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El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado, integrado por María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk, condenó a Jaime Franco a la pena de 8 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. En su momento, se sospechó que el hoy condenado habría sido el autor moral del asesinato del agente fiscal Marcelo Pecci.
Franco fue acusado por el Ministerio Público luego de un allanamiento realizado el 22 de octubre de 2020, en un caso que guarda relación con la muerte del fiscal Pecci.
En sus alegatos, el fiscal Luis Piñánez solicitó la pena máxima de 5 años de cárcel para Jaime Franco (quien ya cumple una condena de 18 años por narcotráfico). La causa se deriva de una requisa realizada en octubre de 2020 en la penitenciaría de Tacumbú, ocasión en la que se hallaron importantes sumas de dinero y otros objetos en la celda de Franco.
El representante del Ministerio Público sostuvo que se probó el hecho punible de lavado de dinero y solicitó el comiso de las sumas incautadas, consistentes en G. 188.421.000 y USD 10.050, además del comiso de dos teléfonos celulares.
Asimismo, el agente requirió el comiso por valor sustitutivo hasta alcanzar la suma de USD 20.000, considerando la adquisición de un vehículo a nombre de Alicia Ferreira, quien formaba parte del equipo criminal de Franco. El rodado no pudo ser hallado durante la investigación, motivo por el cual se solicitó dicha medida.
Según la hipótesis fiscal, el dinero proviene de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, así como de transferencias de divisas de ese origen que carecen de sustento legal.