El abogado José Casañas Levi señaló este martes que está en contra de procesar penalmente a los menores de 14 de años, ya que no hay capacidad de reinserción en el sistema penitenciario con los mayores de edad y con los pequeños sería peor.
“Si no somos capaces de reinsertar a personas adultas y les tenemos como animales en cárceles, imagínense lo que será con niños. En Estados Unidos es a partir de los 12 años, ellos llaman reformatorio, pero finalmente es una prisión de niños”, explicó el profesional del derecho en comunicación con la radio 1080 AM.
Nota relacionada: Constitucionalistas rechazan reducir edad para imputar
Mencionó que todos los países del mundo deciden desde qué edad una persona puede ser sometida a un proceso penal, sin importar si es adulto o menor y en el Código Penal paraguayo se establece que un adolescente puede ser imputado una vez que cumplió los 14 años de edad.
Casañas Levi indicó que si un menor comete un delito o un crimen antes de haber cumplido los 14 años de edad no puede ser procesado penalmente y el caso pasa a cargo del Juzgado de la Niñez, que puede aplicar medidas educativas y correctivas, pero no sanciones.
Lea más: Fiscalía investiga el contenido de la nota encontrada en colegio privado
“Encerrar a un niño significa que el sistema fracasó, por eso ese niño se convirtió en un peligro para la sociedad. La Constitución dice que cualquier persona sometida a una sanción tiene que ser reinsertada y esa es la finalidad. Si bajamos a 12 años la edad para imputar, cuál va a ser el sistema educativo que vamos a implementar”, agregó.
El abogado indicó también que es preocupante que la gente pida cárcel como primera respuesta a los hechos cometidos por los menores de edad porque no es una herramienta que construye sociedad e insistió en que es impensable juzgar a un niño que no tiene la capacidad de comprender lo cometido.
Puede interesarle: Acusan al Ministerio de Hacienda de “ningunear” presupuesto para la Fiscalía
Dejanos tu comentario
Influencer da su versión y rechaza acusación de fraude
La influencer Ana Kim Jang, conocida como Ana Coreana, dio su versión acerca de la imputación por los delitos de apropiación, lesión de confianza, estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Mencionó presuntas irregularidades y apropiación de los ingresos de la empresa por parte de la familia Kao/Wang. En la causa están procesadas otras cuatro personas.
“Rechazo categóricamente cualquier acusación de fraude. Siempre he actuado dentro del marco legal, respetando los procedimientos establecidos”, menciona un comunicado dado a conocer por la mediática en representación de la familia Kim – K & K Shopping´s S. A. tras las acciones jurídicas promovidas por la familia Kao/Wang.
“Desde la constitución de la firma en febrero de 2009, la familia Kim asumió de manera exclusiva la gestión, operación y desarrollo integral del centro comercial. En estos años de operación, la familia Kao/Wang nunca trabajó en la obra, no asistía a los asuntos sociales, no asumía riesgos y desalentaba las inversiones. Tampoco confiaron en que el proyecto Shopping Paris superaría las expectativas; sin embargo, ante el éxito actual, han cambiado de actitud”, dice la primera parte del comunicado.
En otro punto, señala que en cuanto a la distribución de funciones “la familia Kao/Wang se acomodó a esta situación mientras la familia Kim trabajaba incansablemente. Aunque se les invitaba a las reuniones, no asistían alegando viajes o asuntos personales. Así, se consolidó una distribución de funciones donde ellos se limitaban a percibir los beneficios correspondientes”.
Nota relacionada: Revelan conflicto entre accionistas de empresa dueña de shopping de CDE
En otro apartado, el comunicado menciona supuestas “irregularidades detectadas”, donde indica que la controversia actual surge tras detectarse que “la familia Kao/Wang ocupó y alquiló espacios del centro comercial a terceros sin autorización” y que los ingresos generados fueron a las cuentas bancarias de Susana (Wang Hsiao Mua) y Rosana Ming Kao, “sin ingresar a la cuenta de la empresa como corresponde, apropiándose así de los ingresos genuinos de la firma”.
En cuanto al reparto legal de dividendos, detalla que “el conflicto aumentó tras la venta del edificio Bonita Kim. Las utilidades se distribuyeron en estricta proporción a la participación accionaria de cada familia, conforme a la ley. Pese a ello, la familia Kao/Wang rechazó la distribución proporcional e inició reclamos infundados”.
Participación accionaria
Así también, expresa su rechazo a las acusaciones de la familia denunciante. “La modificación de la participación accionaria responde a nuevas inversiones aportadas e integradas exclusivamente por la familia Kim. Este proceso fue aprobado en asamblea extraordinaria y ordinaria, cumpliendo los estatutos, las leyes vigentes, las publicaciones legales y contando con la aprobación de la Abogacía del Tesoro”, menciona.
Además habla de instrumentalización judicial y lamenta que “mediante maniobras cuestionables”, se hayan penalizado asuntos de índole netamente societaria.
El comunicado finaliza diciendo que “la familia Kim reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el trabajo honesto. Exigimos respeto al funcionamiento institucional de K & K Shopping´s S. A. y confiamos en que las instancias correspondientes esclarecerán la verdad".
Te puede interesar: Ministro descarta aumento de impuestos, pero confirma revisión de exenciones
Dejanos tu comentario
Revelan conflicto entre accionistas de empresa dueña de shopping de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, imputó a cinco personas, entre accionistas y ejecutivos de la firma K & K Shopping’s S.A., por supuesta apropiación, lesión de confianza, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y su uso.
La empresa K & K S.A. es la propietaria del Shopping Paris de Ciudad del Este. Los procesados son: Elizabeth Kim Jang, presidenta del directorio, apoderada y representante legal de K & K Shopping´s S.A.; Kim Jang, accionista; Nam Jun Kwon, vicepresidente del directorio; Antonio Ramón Galeano Vega, síndico titular y Alexis Florentín Gauto, secretario de asamblea.
La investigación abarca una serie de actuaciones societarias realizadas entre mayo de 2025 y marzo de 2026, las cuales, según la Fiscalía, perjudicaron a dos accionistas del grupo KAO/WANG, Rosana Ming Kao y Hasiao Hua Wang
La Fiscalía detalla que el capital de la empresa era de G. 103.000 millones y estaba distribuido en partes iguales entre los grupos KIM y KAO/WANG. La situación cambió tras la asamblea del 5 de mayo de 2025, que resolvió reducir a G. 38.850 millones mediante el rescate de acciones y estableció pagos de G. 3.207.500.000 para una de las accionistas y G. 28.867.500.000 para la otra.
En la imputación se indica que, las sumas citadas quedaron a cargo de la sociedad para su entrega a las titulares, pero nunca habrían sido abonadas. Un comprobante emitido por la propia empresa el 26 de mayo de 2025 consignó como pagado el monto de G. 26.558.100.000, tras una retención tributaria de G. 2.309.400.000 sobre la suma mayor.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el dinero jamás ingresó a las afectadas. De hecho, el 15 de enero de 2026, una de ellas fue convocada para firmar los recibos correspondientes, pero se negó con el argumento que los valores continuaban impagos.
Paralelamente, la composición accionaria volvió a tener modificaciones sustanciales, según el escrito fiscal. El 18 de diciembre de 2025, el capital se incrementó de G. 38.850 millones a G. 49.350 millones mediante la emisión de 210 acciones adjudicadas a una sola accionista, cuya participación subió del 50 % al 61 %, reduciendo la del grupo KAO/WANG al 39 %.
Posteriormente, el 13 de marzo de 2026, se ejecutó un nuevo aumento hasta alcanzar los G. 103.350 millones con 1.080 nuevas acciones. De estas, 560 respondían a un supuesto aporte de G. 28.000 millones y fueron adjudicadas nuevamente a la misma persona, quien pasó a controlar el 71 % de la firma, dejando a las dos afectadas con un 29 % conjunto.
La investigación señala que estos aportes —por un total de G. 38.500 millones— no habrían sido efectivamente integrados, emitiéndose acciones sin que la sociedad recibiera el capital.
La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la etapa preparatoria debido a la complejidad del caso y al volumen de documentación por analizar, requiriendo la aplicación de medidas alternativas a la prisión para todos los procesados.
Dejanos tu comentario
Violencia familiar: crónica de una brutal agresión que habría sufrido una mujer de su pareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una mujer denunció haber sido golpeada brutalmente por su pareja, persiguiéndola por toda la casa hasta que gritó, el hombre se apartó de ella y pudo correr a pedir a auxilio. La fiscal Viviana Sánchez imputó a un hombre de 42 años por el supuesto hecho de violencia familiar. Asimismo, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del imputado.
El hecho habría ocurrido a las 22:00 del viernes 28 de agosto, en una vivienda del barrio Santo Domingo de Presidente Franco. Según el escrito fiscal, el ahora imputado llegó a su domicilio presuntamente bajo los efectos del alcohol y, ante la negativa de su pareja de abrirle la puerta, habría forzado el acceso a la vivienda.
Una vez dentro, habría insultado a la mujer, la despojó de su teléfono y arrojado al piso, después de que ella hubiera intentado comunicarse con el sistema de emergencias 911 de la Policía Nacional. Posteriormente, la siguió hasta la habitación, donde la empujó contra la pared y la golpeó en la cabeza, ocasionándole lesiones.
Sin embargo, la víctima pudo liberarse y se dirigió hasta la sala, pero el hombre la persiguió y volvió a agredirla, golpeándola en la espalda y el brazo. En un momento dado, la mujer cayó al suelo, pero el hombre siguió propinándole golpes, de acuerdo a lo expuesto en la imputación.
Puede interesarle: Contraloría apunta a Vicente Bataglia por pagos a jubilados fallecidos en IPS
En ese momento la víctima comenzó a gritar para pedir que parase con la agresión, momento en que el hombre la habría dejado y ella pudo salir de la casa para pedir auxilio y acudir a la comisaría de la zona y presentar la denuncia correspondiente.
En el marco de la investigación del hecho, la fiscal dispuso que una médica forense del Ministerio Público inspeccionara a la víctima. La profesional pudo determinar que la mujer presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Como elementos incriminatorios, la Fiscalía cuenta con el informe policial, las actas de denuncia y procedimiento, la declaración de la víctima y el informe médico forense. Finalmente, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco la aplicación de prisión preventiva. El procesado permanece recluido de manera provisoria en sede policial, a disposición del Juzgado.
Puede interesarle: CDE: joven quedó atrapado en un ascensor en el 12° piso
Dejanos tu comentario
Instalan mesa de trabajo para analizar proyecto que eleva penas por exposición al peligro terrestre
La Cámara de Senadores convocó a una reunión de trabajo este viernes con representantes de varias instituciones vinculadas a la seguridad vial, para analizar el proyecto de ley que plantea elevar penas por homicidio culposo y exposición al peligro del tránsito terrestre. Se trata del proyecto de Ley “Que modifica los artículos 107 y 217 de la Ley Nº 1160/97, Código Penal”.
La propuesta plantea elevar las penas para los casos especialmente graves de homicidio culposo y fortalecer las sanciones aplicables a quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, particularmente cuando conduzcan bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
Te puede interesar: Camilo Pérez oficializa sus propuestas para transformar Asunción
Durante la reunión, el senador Eduardo Nakayama explicó que la iniciativa surge ante los graves hechos de tránsito registrados en el país y, particularmente, a raíz del accidente ocurrido en la ruta Luque-San Bernardino, que causó la muerte de cuatro integrantes de una misma familia, entre ellos dos niños.
El parlamentario señaló que existe preocupación ciudadana respecto de la respuesta penal prevista actualmente para determinados hechos de tránsito con consecuencias fatales. En ese sentido, sostuvo que se busca establecer una política criminal acorde con la gravedad de estos hechos y que, al mismo tiempo, produzca un efecto disuasorio.
El proyecto plantea elevar hasta 10 años de privación de libertad la pena aplicable a los casos especialmente graves de homicidio culposo, considerando factores como las circunstancias del hecho, el número de víctimas y el grado de imprudencia del responsable.
Asimismo, propone establecer una pena privativa de libertad de hasta cinco años para quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, además de una inhabilitación para conducir por un periodo mínimo de 18 meses y la posibilidad de revocar definitivamente la licencia en casos de reincidencia.
Leé también: Presentan ajustes al proyecto original para reformar la gobernanza del IPS