La Patrulla Caminera demoró 580 vehículos cuyos conductores incumplieron la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 5016/2.014. En total fueron realizados 7.315 alcotest a nivel país, de los cuales 297 dieron positivo durante la semana comprendida entre el 1 y el 7 de mayo.
Desde la institución se precisa que por carecer de chapa del rodado fueron sancionados 12 conductores, 21 por adelantamiento indebido y 37 por exceso de velocidad. En zonas de competencia de la Patrulla Caminera se registraron 39 siniestros viales, de los cuales en 19 solo se reportan daños materiales, 15 con saldo de heridos y 5 accidentes fatales. Entre las víctimas se contabilizan 23 heridos y 6 fallecidos.
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La Caminera insta a manejar con estricta atención a las normativas, además de protocolos de conducción segura, y pide fortalecer las buenas prácticas de conducción con énfasis en el estricto cumplimiento de alcohol cero al volante. Además, recuerda que la conducción debe ser con el cinturón de seguridad puesto.
Entre las principales infracciones resalta la falta de la licencia de conducir, que equivale a una sanción económica de G. 880.550, mientras que carecer de habilitación tiene una multa de G. 440.255. Igualmente, por adelantamiento indebido la multa alcanza los G. 1.056.361 y por exceso de velocidad equivale a G. 880.510.
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Sancionan a policías en el norte de Argentina tras protesta por aumento salarial
Una veintena de policías de la provincia de Santa Fe, en el norte de Argentina, fueron sancionados este martes tras realizar una protesta para reclamar mejores salarios y mayor atención de la salud mental, en uno de los distritos con mayor incidencia de crímenes en el país.
Decenas de policías acompañados por sus familiares se manifestaron frente a la sede de la jefatura de la fuerza en la ciudad de Rosario entre la noche del lunes y la madrugada del martes.
La protesta siguió durante la mañana del martes con un ‘sirenazo’ de decenas de patrulleros frente a la casa de gobierno, en la capital provincial.
“Estamos investigando posibles ilícitos penales de grupos marginales y desplazados de la Policía, que no se resignan a que han perdido la posición de poder y privilegio que ostentaban en otro momento”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en conferencia de prensa.
Cococcioni anunció la suspensión y el retiro del arma a 20 policías.
El abogado Gabriel Sarla, expolicía de Santa Fe y uno de los participantes de la protesta, explicó al canal LN+ que “el reclamo principal es por el sueldo, pero también para tener una atención psicológica integral y por traslados de personas que viven hasta a 600 kilómetros del lugar asignado de trabajo”.
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Carmen, una policía en actividad con seis años de antigüedad que prefirió mantener en reserva su apellido, contó a Radio Con Vos que gana un salario mensual de 900.000 pesos (unos 620 dólares al cambio oficial), lo que la empuja “hacer adicionales con jornadas de más de 16 horas de trabajo y sin descanso ningún día de la semana”.
Aseguró además que la protesta se extiende a varios destacamentos provinciales.
El ministro Cococcioni, aunque consideró “legítimo y atendible el reclamo” salarial, advirtió que “se fueron montando grupos con acciones violentas, antijurídicas, y empezaron a instigar al personal policial (...) tratando de desestabilizar” el accionar de prevención mediante el “abandono de servicio”.
“Utilizar a la institución policial para minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó poner en orden en Santa Fe es cruzar una línea que no vamos a permitir”, dijo.
Situada junto al río Paraná, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, Rosario es la tercera ciudad del país y en sus márgenes se ubica uno de los mayores puertos agroexportadores del mundo.
Sin embargo, se ha dado a conocer por la violencia del narco y ha ocupado titulares en la prensa por las amenazas que recibieron futbolistas como Ángel Di María, Lio Messi o sus familiares.
Con una tasa de homicidios de 5,7 cada 100.000 habitantes, Santa Fe lidera las estadísticas a nivel nacional, aunque finalizó 2025 con el segundo registro más bajo desde 2014, según el Observatorio de Seguridad Pública provincial.
- Fuente: AFP
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Nómina Salarial 2025: DNIT aplicará multas automáticas por presentaciones fuera de plazo
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) recuerda que durante febrero vencen los plazos para la presentación de la Nómina Salarial correspondiente al ejercicio fiscal 2025, trámite que debe realizarse de forma obligatoria a través del sistema Marangatu, conforme al calendario de declaraciones informativas.
El vencimiento depende del último número del Registro Único de Contribuyentes (RUC), sin considerar el dígito verificador, con fechas que van del 8 al 26 de febrero. Desde la administración tributaria instaron a los contribuyentes a cumplir en tiempo y forma para evitar sanciones automáticas y contribuir al orden y la transparencia del sistema tributario.
¿Quiénes están obligados?
De acuerdo con lo explicado por Elizabeth Martínez, jefa interina del Departamento de Orientación al Contribuyente de la DNIT, están obligados a presentar la nómina salarial, los organismos de la Administración Central, entidades descentralizadas, empresas públicas y de economía mixta, municipalidades, gobernaciones y demás entidades del sector público.
También contribuyentes clasificados como grandes y medianos, sin embargo, quedan exceptuados los pequeños contribuyentes y las personas físicas que no estén comprendidas en las categorías mencionadas.
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Multas y presentación fuera de plazo
La DNIT advirtió que la presentación fuera del plazo establecido constituye una contravención, sancionada con una multa de G. 100.000, conforme a lo dispuesto en el Anexo de la Resolución General N.º 13/2019.
Martínez aclaró que, en este caso, la multa es automática, es decir, se aplica por la sola presentación tardía, sin necesidad de una fiscalización posterior.
Rectificaciones y cruce de información
En cuanto a errores o inconsistencias, la jefa interina del Departamento de Orientación al Contribuyente señaló que el sistema Marangatu permite rectificar la información sin sanciones, siempre que el contribuyente detecte el error con posterioridad a la presentación.
Asimismo, la DNIT realiza el cruce de la nómina salarial con datos de otras instituciones, mediante herramientas tecnológicas de verificación, a fin de comprobar la consistencia de los salarios y beneficios declarados.
Impacto en formalización e IRP
Desde la administración tributaria destacaron que la nómina salarial es un instrumento clave para la formalización del empleo, ya que obliga a las empresas a registrar salarios y beneficios, refuerza la transparencia y contribuye a reducir la informalidad laboral.
Además, se trata de un reporte fundamental para identificar a las personas alcanzadas por el Impuesto a la Renta Personal (IRP), en la categoría Renta de Servicios Personales. Los datos recibidos permiten verificar los ingresos declarados y, en caso de detectar personas no inscriptas que estén alcanzadas por el impuesto, la DNIT puede proceder a su inscripción de oficio.
Finalmente, la DNIT recomienda a los contribuyentes no dejar el trámite para último momento, verificar que los montos declarados sean correctos y mantener capacitado al personal responsable de la carga de datos en el sistema, a fin de evitar inconvenientes y sanciones.
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Secretaría de Cultura inicia acciones por demolición no autorizada de casona histórica
La Secretaría Nacional de Cultura anunció acciones tras la demolición no autorizada de una antigua casona de valor histórico, ubicada sobre las calles Azara y Antequera de Asunción.
Atendiendo a que la demolición se realizó sin las autorizaciones, sin los permisos del municipio capitalino y de la Secretaría Nacional de Cultura, iniciarán sumarios administrativos, confirmó Natalia Antola Guggiari, directora de Patrimonio.
“La Ley 5621 establece dos tipos de sanciones, la administrativa, que sería con una multa, o la pena privativa de libertad, dependiendo del proceso y el alcance del hecho”, precisó en declaraciones al programa Así son las cosas de GEN/Universo 970 AM.
Mencionó que entre las sanciones “se estipula una multa de hasta 2.000 jornales mínimo”. Es decir, alrededor de 223 millones de guaraníes.
Refirió además que no es la primera vez que se da este tipo de situación. “Lastimosamente, esto es una práctica que se ha vuelto bastante frecuente, y se está luchando con eso, con numerosas iniciativas para recuperar el centro histórico de Asunción”, manifestó.
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Con manera a proteger estos inmuebles de carácter histórico, indicó que se debe concientizar a la ciudadanía de la importancia de los mismos, sumado al conjunto de acciones a través del municipio y de la Secretaría Nacional de Cultura. Pero remarcó que hace falta mayor control.
1.800 casas declaradas patrimonio
La Municipalidad de Asunción tiene un catálogo, homologado por la Secretaría de Cultura, con más de 1.800 casas que son declaradas patrimonio, puntualizó la secretaria de Cultura.
“El centro histórico está delimitado por ley. Hay reglas claras de cómo intervenir las edificaciones patrimoniales; no es que no se pueden intervenir, es cómo lo hacen. Tiene que ver con preservar la imagen de la ciudad”, apuntó.
En ese sentido, aclaró que hay edificios que merecen ser preservados íntegramente, como el Palacio de López, la Casa de la Independencia, el Panteón Nacional de los Héroes, porque “son edificios que son un registro de nuestra historia”, subrayó.
Pero otras edificaciones de carácter más bien ambiental o de paisaje pueden ser modificadas. “Cada propietario debería elaborar un proyecto, un protocolo de las modificaciones a ser introducidas en el inmueble, presentar y eso se aprueba y a partir de ahí avanza con la obra”, explicó.
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Balance legislativo: Diputados encabezó la iniciativa de leyes en el segundo semestre
La Dirección de Estadística de la Cámara de Diputados, dependiente de la Secretaría General Administrativa, presentó su balance del segundo semestre del 2025, período que evidenció una intensa actividad legislativa.
Según el documento, el Congreso Nacional sancionó un total de 118 proyectos de ley en ese lapso. De ese conjunto, 50 se originaron en Diputados, posicionándola como el principal ámbito de iniciativa legislativa.
El informe permite dimensionar el alcance del trabajo parlamentario desarrollado durante la segunda mitad del año y el grado de participación de los distintos poderes del Estado en el proceso de formación de las leyes.
Al respecto, destaca que de los 118 proyectos sancionados, 33 leyes fueron impulsadas desde el Senado y 34 por el Poder Ejecutivo. Mientras que una ley adicional tuvo como origen la Corte Suprema de Justicia, evidenciando su participación puntual en el proceso legislativo.
Los datos, sistematizados por la Dirección de Estadística a partir de información del Sistema de Información Legislativa (Silpy) y de los resultados de sesión, muestran que el 42 % de las leyes sancionadas provino de Diputados, seguido por el Poder Ejecutivo con el 29 %, el Senado con el 28 % y la Corte Suprema de Justicia con el 1 %. Esta distribución evidencia el rol protagónico de la Cámara Baja en la generación de normativa durante el período analizado.
Nueva legislación en mayoría
En cuanto a la naturaleza de las leyes sancionadas, el informe señala que 94 de las 118 normas aprobadas corresponden a leyes nuevas, mientras que 24 implicaron modificaciones parciales de leyes vigentes.
En términos porcentuales, esto equivale a un 80 % de nuevas leyes y un 20 % de reformas, lo que refleja una agenda legislativa orientada mayormente a la creación de nuevos instrumentos legales.
El informe también destaca los Asuntos Entrados, donde se observa con mayor claridad la dinámica cotidiana del trabajo parlamentario. Los diputados nacionales presentaron un total de 2.184 proyectos: 168 proyectos de ley, 1.628 proyectos de resolución y 388 proyectos de declaración.
Según la distribución porcentual, el 74 % de las iniciativas fueron proyectos de resolución, orientados principalmente a disposiciones internas, pedidos de informes y pronunciamientos institucionales.
El 18 % correspondió a proyectos de declaración, vinculados a expresiones de interés o manifestaciones políticas, mientras que el 8 % restante estuvo compuesto por proyectos de ley, destinados a la creación o modificación de normas con fuerza legal.