Un punto de distribución de droga ubicado en una vivienda, en el barrio Villa Jardín de la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción, fue intervenido por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), logrando la detención de una pareja.

Estas dos personas, identificadas como Ismael Ayala Méndez, de 33 años, y Emilia Beatriz Franco Giménez, de 32 años, serían pareja y se dedicarían a la venta de drogas a microtraficantes de la zona, los cuales a su vez comercializarían estas sustancias a barrios y comunidades cercanas.

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Como resultado de la intervención, se incautaron un total de 66 gramos de cocaína tipo pasta base, equivalentes a aproximadamente 300 dosis listas para la venta distribuidas en 4 porciones, además de 8 gramos de marihuana.

Así también, se levantaron del lugar dos teléfonos celulares utilizados para la coordinación de las transacciones y 6.358.000 guaraníes en efectivo, presumiblemente producto de la venta de drogas.

Todas las evidencias serán procesadas, y los teléfonos celulares serán peritados para extraer más información que ayude a identificar a los integrantes de esta red de microtráfico. Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Los intervinientes destacaron que este operativo representa un paso más en el combate al microtráfico en localidades del interior del país, modalidad criminal que afecta directamente a la seguridad de las comunidades, especialmente a sectores juveniles, reforzando a su vez la presencia de la Senad en las diversas zonas del territorio nacional.

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Representantes del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, con el respaldo de una comitiva fiscal, llegaron en la madrugada de este viernes a la zona de la Estación de Buses de Asunción para activar un operativo de rescate de menores que permanecían en un inquilinato.

En total, fueron rescatados del sitio 40 menores de edad, entre los que están niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas. La principal sospecha es que los mismos eran explotados sexual y laboralmente por terceros.

Este inquilinato ubicado sobre la avenida Fernando de la Mora ya habría sido intervenido en ocasiones anteriores por hechos similares. Los menores que se encontraban en el sitio estaban expuestos a condiciones de suma vulnerabilidad.

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“Habíamos hecho varias denuncias ya por este lugar que está clausurado formalmente por la municipalidad de Asunción; sin embargo, está operando. Muchos de los niños que están viendo de manera permanente por las calles estaban en este lugar hace tiempo; también hay denuncias de vecinos de que podrían existir casos de explotación sexual y otros”, indicó el ministro Walter Gutierrez en conversación con Telefuturo.

Los menores rescatados dormían en el lugar sobre colchones tendidos en el piso, sin mantas y completamente hacinados; muchos de los pequeños incluso estaban descalzos y con ropas poco abrigadas.

“Estamos en la zona de la terminal de buses donde pasan muchas personas y que estos niños permanezcan en este lugar en este estado de vulnerabilidad es un riesgo total. Estuvimos escuchando que las personas a que me reciben la suma de 20.000 guaraníes por adulto y 10.000 guaraníes por niño, pero las condiciones son infrahumanas”, remarcó el ministro de la Niñez y Adolescencia.

Se maneja que en el lugar también se encontraban niños que no estaban con sus familiares y que estarían siendo alquilados para los trabajos callejeros. Los menores, tras los procedimientos de rigor, serían derivados a los centros de protección mientras sigue el estudio de cada caso. El ministro Gutiérrez remarcó que, debido a que son menores y al estado en el que fueron encontrados, tratan de manejar la información con la mayor cautela posible.

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• Pedro Juan Caballero. Emerson Dutra, corresponsal.

El grupo criminal autodenominado “Justicieros de la Frontera” amenaza con matar a toda aquella persona que entregue a la Policía grabaciones de cámaras de circuito cerrado de sus negocios que, se presume, logren captar imágenes que puedan ayudar a esclarecer sangrientos homicidios que últimamente vienen registrándose en la terraza del país.

La grave advertencia fue realizada mediante panfletos que aparecieron por la mañana de este jueves en diferentes casas comerciales de la ciudad. “A la ciudadanía de Pedro Juan Caballero. No dar cámaras a agente policiales. Aquellos que dan pagarán ‘con su vida’. Vamos a brindar paz a la ciudad de PJC. Att. Justiciero de la Frontera (sic)”, dice el escrito.

Los panfletos aparecieron en varias casas comerciales ubicadas en el barrio Obrero de la capital departamental, situación que causó preocupación a la ciudadanía. Esos escritos ya fueron entregados a la Policía Nacional, que abrió una investigación del caso.

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Estos “Justicieros de Frontera” se atribuyeron la ejecución de varios presuntos delincuentes en la capital de Amambay. Su última aparición se registró el pasado miércoles 6 de agosto, cuando Rafael González Bermejo, de 31 años de edad, fue asesinado en el barrio San Gerardo por hombres armados con fusiles de guerra.

La víctima recibió 62 impactos de bala de parte de sus verdugos que, para cometer el asesinato, utilizaron fusiles calibre 5,56 milímetros de uso militar. Durante el atentado, Lucas Irala Salinas, de 20 años, recibió impactos de bala, pero, milagrosamente, logró sobrevivir.

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El hombre conducía una motocicleta que llevaba a Rafael González Bermejo como acompañante. “Al caer malherido, los desconocidos se acercaron a Rafael y lo acribillaron. Prácticamente lo destrozaron el rostro”, refirieron agentes policiales.

Minutos después de haberse registrado ese crimen, en redes sociales circuló un mensaje atribuido al grupo criminal, que decía: “Estamos cansados de ladrones en la frontera estamos finalizando un par de ellos hoy ya estamos iniciando los trabajos no podemos más permitir a estos gusanos robando a trabajadores en la frontera avisamos muchas veces, pero ahora parar hasta agarrar a todos que figuran en la lista queden tranquilos población de la frontera hoy es solo el comienzo de todo buenas noches (sic)”.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer miércoles una ley que amplía las obligaciones de las plataformas digitales para proteger a los menores en redes sociales, en medio de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por un conocido influenciador. El texto obliga a las empresas a hacer verificaciones de edad más estrictas y a vincular las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres, entre otras disposiciones.

La regulación de las redes sociales es un asunto especialmente espinoso en Brasil. El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva dijo esta semana que la “sociedad estará bajo constante amenaza sin la regulación de las Big Techs”. En tanto, la oposición de derecha acusa al gobierno y a la justicia de querer “censurar” las plataformas.

El texto fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara baja semanas después de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por parte de Hytalo Santos, un influenciador que divulgaba en Instagram contenidos con menores semidesnudos en danzas sensuales. En adelante, las redes “deben comunicar los contenidos de aparente explotación, abuso sexual” a las autoridades brasileñas.

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También deberán vincular las cuentas de niños y adolescentes a las de sus padres, quienes podrán controlar quiénes se comunican con sus hijos y cuánto tiempo los menores usan las plataformas. Las redes tendrán que “monitorear y restringir, dentro del límite de sus capacidades técnicas, la exhibición de contenidos que tengan como objetivo evidente atraer a los niños”, agrega el texto.

Atendiendo pedidos de expertos, el parlamento vetó la autodeclaración de edad como mecanismo de control para entrar a sitios web que ofrezcan contenido para adultos. También exige a las redes sociales “mejorar continuamente sus mecanismos de verificación de edad para identificar cuentas gestionadas por niños”.

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Las plataformas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas con multas que pueden llegar a 50 millones de reales (unos 9 millones de dólares), suspensiones o, en casos de reincidencia, “prohibición”. La ley entrará en vigor un año después de que el presidente la sancione. Por ahora, debe volver al Senado para su definitiva aprobación.

Brasil, con 212 millones de habitantes ultraconectados, ha sido uno de los países más activos en la regulación de las redes sociales. El año pasado, la justicia suspendió durante 40 días la red social X por ignorar una serie de decisiones relacionadas con la lucha contra desinformación. En junio la corte suprema votó para que haya mayor responsabilidad de parte de las empresas tecnológicas sobre los contenidos publicados por los usuarios. Desde entonces las plataformas tienen el deber de retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial.

El lunes el gobierno le pidió a Meta- casa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras- que elimine de sus plataformas a chatbots que aparentan ser niños, pero son capaces de hacer insinuaciones sexuales, luego de detectar una “proliferación” de estos robots.

La iniciativa para endurecer los controles fue aprobada en un momento de crisis diplomática y comercial con Estados Unidos, en la que la regulación de redes sociales también entró en conflicto. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusa a Brasil de “ataques” a “las empresas estadounidenses de redes sociales”.

En una decisión similar a la que tomó contra X, a principios de 2025 el supremo ordenó suspender la plataforma de videos Rumble porque se negaba a bloquear la cuenta de un brasileño residente en Estados Unidos. Trump le impuso aranceles del 50% a la mayor economía latinoamericana, en parte, por estas sanciones y por el juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de golpismo.

Fuente: AFP.