Los familiares de la joven Dahiana Espinoza, desaparecida desde noviembre del 2020, iniciarán la búsqueda de los restos de la joven por cuenta propia ante la falta de recursos de las instituciones del Estado. Lamentan también que las autoridades del Gobierno no estén ayudando en el caso.
“Pararon los trabajos porque terminaron los recursos y logística. La Fiscalía tampoco tiene recursos, por eso están parando las obras. Los familiares estamos pensando hacer la búsqueda por nuestra cuenta y entrar a la laguna”, dijo Juan Espinoza, padre de la joven, en comunicación con la radio 1020 AM.
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Sostuvo que los familiares necesitan la ayuda de un ente estatal y en su momento pidieron ayuda a las autoridades del Gobierno, pero no recibieron respuesta alguna y, ante esta situación, iniciarán la búsqueda de los restos de la joven en la laguna de la ciudad de Guarambaré.
Espinoza indicó que hasta el momento no hay resultados de los estudios sobre los restos encontrados en la laguna de Guarambaré, por lo que se desconoce si pertenecen a una persona o a un animal, pero que un testigo del caso asegura que los restos fueron arrojados en dicho cauce hídrico.
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“Hasta ahora todavía no se sabe si lo que encontramos es de humano o restos de un animal. Todavía no sabemos los resultados de lo que llevaron a analizar. Hay un testigo clave que decidió hablar y mediante eso estamos pensando en iniciar la búsqueda. A mi hija la mataron, las evidencias encontradas en el lugar dicen así”, agregó el padre de la desaparecida.
La Fiscalía imputó a Joel Guzmán por el presunto feminicidio, quien era la pareja de la joven Dahiana Espinoza cuando ella desapareció. Entre las pruebas que se tuvieron contra el presunto autor del hecho está la muestra de sangre hallada en el inquilinato donde vivía la víctima, que es compatible en un 99% con el ADN de los padres de la víctima.
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Al menos 17 países envían equipos de rescate a Venezuela tras los terremotos
Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se están movilizando para ayudar a buscar supervivientes de los devastadores terremotos de Venezuela, anunció este viernes la ONU.
Llevar esos equipos de búsqueda y rescate al lugar es la “prioridad absoluta”, declaró la agencia humanitaria de la ONU, OCHA.
“Los terremotos son una de las cosas más devastadoras que pueden ocurrirle a cualquier país”, afirmó el portavoz de la agencia Jens Laerke a los periodistas en Ginebra.
“Es algo realmente aterrador. Pero lo que estamos viendo ahora también es una movilización internacional en su mejor versión. Todo el sistema humanitario se está moviendo muy rápido y a gran escala”, añadió.
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron al menos miles de muertos y un panorama de desolación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en la zona de La Guaira, una población costera vecina a Caracas.
Hasta ahora se han desplegado un total de 25 equipos. 17 de búsqueda y rescate urbano y el resto equipos de respuesta médica de emergencia, con un total de mil efectivos de rescate.
Según el portavoz ya están en Venezuela equipos de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos.
También se están movilizando equipos de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España.
La ONU y otras agencias humanitarias insistieron el viernes en que la comunidad internacional “no debe permitir que esta emergencia se convierta en una tragedia humana aún mayor” en Venezuela.
El Comité Permanente Interinstitucional —un foro integrado por los responsables de organizaciones humanitarias de las Naciones Unidas y ajenas a la ONU— pidió un “acceso humanitario rápido y sin obstáculos” a las personas afectadas.
La Organización Mundial de la Salud señaló que entre las necesidades inmediatas se encuentra la gestión de víctimas en masa y la atención traumatológica, especialmente en zonas con edificios derrumbados.
“La prioridad absoluta es rescatar al mayor número posible de personas, al tiempo que se presta urgentemente asistencia sanitaria vital a los heridos”, afirmó Ciro Ugarte, director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la oficina regional para las Américas de la agencia sanitaria de la ONU.
“Las primeras 72 horas son cruciales para salvar vidas”, señaló desde Washington.
“Los hospitales están atendiendo lesiones como fracturas y traumatismos craneales, pero también estamos observando quemaduras y otras lesiones derivadas del derrumbe de edificios”, añadió.
Ugarte señaló que los terremotos habían afectado a un sistema sanitario frágil, pero que más de 15 ministerios de Sanidad de la región se habían comprometido a prestar apoyo y estaban preparados para desplegar equipos.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo, indicó que las primeras 17 toneladas de ayuda humanitaria están saliendo del centro logístico de la FICR en Panamá.
El envío incluye utensilios de cocina, kits de higiene, mosquiteras, tiendas de campaña y mantas.
La FICR ha destinado dos millones de francos suizos (2,5 millones de dólares) de su Fondo de Emergencia para la Respuesta ante Desastres y ha lanzado un llamamiento para recaudar 50 millones de francos suizos (más de 60 millones de dólares) con el fin de ayudar a la Cruz Roja Venezolana a atender a 300.000 personas.
- Fuente: AFP
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En escándalo de títulos falsos, el MEC interviene tres instituciones y cierra dos facultades
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la intervención de tres instituciones de educación superior y el cierre de dos facultas, por presuntas irregularidades en la emisión de títulos.
El ministro Luis Ramírez confirmó la medida, aunque evitó dar a conocer los nombres de estas instituciones y facultades, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos.
Esta comisión especial pertenece al Senado y fue instalada en junio de 2026 para investigar un esquema de emisión, comercialización y uso de diplomas y certificados universitarios presuntamente irregulares.
Esta dos facultades fueron cerradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debido a una red de falsificación de títulos, considerando que la Fiscalía ya investiga más de 250 diplomas fraudulentos detectados en el sistema educativo.
La causa penal por los títulos falsos del MEC está a cargo de un equipo de fiscales conformado por Teresa Sosa (de la Unidad Penal N° 20) y Juan Leonardi Guerrero (de la Unidad Penal N° 17), bajo la dirección de la fiscala Sosa y la supervisión del fiscal adjunto Augusto Salas.
Tras destaparse el esquema de corrupción incluyen las acciones principales incluyeron allanamientos, cierres y auditorías.
Dentro de estas instituciones de educación superior se encuentra un instituto ubicado en la ciudad de Horqueta (Concepción) vinculado a la verificación de unos 1.800 documentos irregulares.
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De acuerdo a las investigaciones preliminares, las pesquisas apuntan a que los títulos fraudulentos se habrían comercializado por montos que oscilaban entre los G. 6.000.000 y G. 25.000.000, dependiendo de la carrera.
En cuanto a imputaciones, hasta la fecha, más de una docena de docentes y funcionarios públicos han sido imputados por el Ministerio Público por uso de documentos no auténticos y producción de contenido falso.
Modus operandi y casos
El esquema incluía desde diplomas completamente falsificados hasta cartones auténticos de universidades cuyos supuestos egresados jamás cursaron la carrera, según las investigaciones.
Igualmente, los antecedentes muestran firmas irregulares, validación de carreras que no estaban habilitadas al momento del supuesto egreso y la presunta complicidad de funcionarios para inscribir los títulos en el Viceministerio de Educación Superior.
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Ingenieros de la Ande plantean limitar a 700 MW el consumo de industrias electrointensivas
Desde la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) de la Administración Nacional de Electricidad plantean establecer límites al consumo de las industrias electrointensivas con el objetivo de preservar la seguridad energética del país y evitar comprometer recursos estratégicos en el mediano y largo plazo.
Durante una entrevista en “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el ingeniero Manuel Mattel, presidente de la UIA, explicó que la propuesta surge tras un análisis técnico realizado luego de la derogación de los decretos que otorgaban condiciones tarifarias especiales para grandes consumidores de energía.
Según indicó, el gremio considera necesario establecer una hoja de ruta para futuras inversiones vinculadas a industrias de alto consumo eléctrico, entre ellas los centros de datos, proyectos de inteligencia artificial y otras actividades tecnológicas que demandan grandes volúmenes de energía.
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Excedente energético
La principal propuesta consiste en fijar un límite de 700 megavatios para este tipo de emprendimientos, equivalente aproximadamente al 10 % de la capacidad actual de generación disponible para Paraguay.
“Pensamos principalmente en la seguridad energética. Lo que buscamos es limitar el impacto que estas industrias pueden tener sobre la necesidad futura de nuevas fuentes de generación”, explicó.
Desde la perspectiva de los ingenieros, el país enfrenta un escenario en el que el excedente energético disponible comienza a reducirse progresivamente debido al crecimiento de la demanda interna y al desarrollo de nuevas actividades económicas.
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Advirtieron que, de mantenerse el actual ritmo de consumo, Paraguay deberá acelerar inversiones en nuevas fuentes de generación eléctrica en los próximos años, las cuales tendrían costos superiores a la energía hidroeléctrica proveniente de Itaipú y Yacyretá.
El análisis de la Unión de Ingenieros toma como referencia la experiencia reciente de la criptominería, actividad que ya opera en Paraguay desde 2022 y que comparte características similares con los centros de datos y proyectos de inteligencia artificial debido a su elevada demanda energética.
Según Mettel, los beneficios económicos inicialmente proyectados para este tipo de industrias no se materializaron en la magnitud esperada. Sostuvo que no se observó un impacto significativo en términos de industrialización, desarrollo tecnológico ni generación masiva de empleo.
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Agujero de G. 126.000 millones reaviva polémica por millonario fideicomiso IPS-Atlas
El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.
El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.
Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.
Obligaciones pendientes
A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.
Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la construcción de cuatro hospitales.
Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.
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