Este miércoles, desde la Policía Nacional informaron que unos 700 camioneros provenientes de Bolivia están varados en zona de San Antonio. Muchos se encuentran dentro de un estacionamiento privado, pero hace unos días los que van llegando estacionan en la calle. A la espera para proveerse de combustible, algunos fueron víctimas de asaltos y otros causan disturbios.

Según el comisario Gustavo Escobar, jefe de la comisaría 63, durante la jornada de hoy llegaron unos 40 vehículos más y el problema principal radica en que ya están estacionados en la vía pública, dificultando el tránsito para los demás choferes. Además, muchos de los conductores ya denunciaron que fueron víctimas de asaltos porque ya llegaron hace 10 a 15 días.

“Son camiones bolivianos que manifiestan que están hace dos semanas, estos están dentro del estacionamiento de Avispón. El problema es que hay unos 40 a 50 que están esperando sobre la avenida Pai Américo, se colocan en una fila. No son los 700 los que están en la calle”, detalló Escobar, en entrevista con el programa “Cuenta Final”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Explicó que estos vienen a proveerse de combustible, pero que están teniendo inconvenientes con la empresa. “Los camioneros manifiestan que la empresa no está liberando el combustible. Algunos de los conductores dicen que es por falta de pago y otros que ellos nomás no quieren liberar, porque no quieren trabajar”, expresó.

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El comisario agregó que ellos están tranquilos, pese a que algunos ya fueron víctimas de asaltos y que con el paso de los días seguirán aumentando los camiones que se estacionan en las calles. “El problema es que se reúnen, comienzan a tomar y después ya se quieren pelear entre ellos, creando disturbios, porque son muchos. Por ahora todo está tranquilo, solo que cierran las entradas de vehículos y provoca disconformidad con los vecinos”, puntualizó.

Sin embargo, el problema radica en que el gobierno de Bolivia no está pagando a la empresa proveedora, por lo que no están cargando los camiones que siguen llegando y están con la esperanza de cargar para volver a su país. “Creo que vamos a tener más camiones en la vía pública, porque van llegando de a dos o tres”, señaló.

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El ministro de Industria y Comercio (MIC) y miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional, Javier Giménez, adelantó que las negociaciones sobre el Anexo C entre Paraguay y Brasil se paralizan hasta tanto se aclare sobre el presunto espionaje informático de la Agencia de Inteligencia Brasileña (Abin) al Gobierno paraguayo, que trascendió ayer en medios brasileños.

“Vamos a tomarnos un tiempo necesario para primero resolver y aclarar en detalle esta situación antes de volver a la mesa de negociación. En este momento, mañana eso puede cambiar, hoy no hay condiciones para hablar del Anexo C para que se aclaren estos puntos”, indicó el ministro, este martes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) desmintió la publicación periodística realizada por el medio de comunicación Abc Color, donde se argumenta que la entidad binacional Itaipú terminó pagando la suma de USD 97 por cada mobiliario escolar a la empresa paraguaya Kamamya S. A., mientras que la documentación verificada confirma el costo de USD 53,14 por unidad.

Mediante una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM, el titular de DNIT, Óscar Orué, detalló este martes que la hidroeléctrica pagó la suma total de USD 53,14 por cada pupitre, el cual se encuentra distribuido de la siguiente forma: el valor de cada set de pupitres (mesa y silla) es de USD 30 (equivalentes a G. 237.072), para el servicio de flete se destinó USD 10,32 (G. 81.552); el seguro, USD 0,30 (G. 2.370), y el tributo, USD 12,52 (G. 98.939).

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) envió los primeros 36.000 kilos de alimentos que serán distribuidos a unas 1.500 familias afectadas por inundaciones en el Chaco. Se trata de un primera etapa que se irá extendiendo a otras comunidades golpeadas.

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, informó que más de 6.000 familias son afectadas por las inundaciones en la zona de Alto Paraguay, Chaco, pero en esta primera etapa asisten a unas 1.500, las más golpeadas por las precipitaciones.

La incautación de dos camiones cisterna evitó que más de 30.000 litros de gasoil que carecían de documentaciones legales ingresen al mercado. Dos operativos realizó ayer la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). El primero, en Coronel Bogado, Itapúa, donde los agentes retuvieron un camión de la empresa Tega Oil.

El conductor del móvil Mercedes Benz, matrícula ARO 762 presentó una nota de remisión que pertenecía a otro vehículo. Además, no entregó la factura. En el segundo procedimiento realizado en Limpio, Piquete Cue, fue incautado un camión Scania del mismo emblema. El chofer tampoco tenía los documentos requeridos para el transporte del producto.

En su visita histórica a Paraguay, el titular del Banco Mundial, Ajay Banga, se reunió con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus ministros en Mburuvicha Róga. Destacó la fortaleza macroeconómica del país, anunciando que destinarán USD 2.000 millones para potenciar el sector de infraestructura del país (caminos, puentes y energía), así como apoyar al sector privado.

Aseguró que la prioridad de la entidad, así como la del Gobierno, es la de crear empleos dignos para los jóvenes, agricultores, pequeñas, medianas y microempresas. Se está promoviendo la posibilidad de que la corporación financiera internacional pueda recaudar fondos de tal manera de apoyar todos los proyectos de inversión de las empresas.

El expresidente Mario Abdo Benítez, quien solicitó la aprobación de su desafuero, tendrá la oportunidad de dar su descargo hoy, antes de que se fije fecha para estudiar el retiro de su inmunidad. Sin embargo, pese a “ofrecer su cabeza”, anunció que no irá.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta tendrá su reunión ordinaria este martes a las 13:00. En el primer punto del orden del día figura la audiencia con el senador vitalicio Mario Abdo Benítez, acompañado con sus representantes legales, en relación a la imputación que pesa en su contra.

Desde tempranas horas de este martes 25 de marzo, organizaciones campesinas y sociales iniciaron diversas movilizaciones, entre las cuales sobresalen las concentraciones departamentales previstas la XXXI Marcha Campesina, Indígena y Popular de la Federación Nacional Campesina (FNC), prevista en Asunción, para este miércoles 26 y jueves 27 de marzo, con el lema “Por tierra, producción y contra todas las injusticias”.

La marcha campesina inició sus primeros despliegues desde Santa Rosa, en el departamento de San Pedro, y que se ampliarán durante la tarde del martes. Además de la FNC, otras organizaciones sociales también iniciaron movilizaciones en el microcentro de Asunción, como la asociación de Adultos Mayores, la Redic, y sindicato de funcionarios de la Municipalidad de Asunción, entre otros que se despliegan desde la Plaza Uruguaya hasta la Plaza de Armas, en inmediaciones del Congreso Nacional.

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En Ciudad del Este (Alto Paraná) también se desarrollaron marchas en la zona primaria, ubicada a 100 metros del Puente de la Amistad, donde se registró una larga fila por la manifestación. También se suman a la movilización funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este encabezado por el intendente Miguel Prieto, quien ordenó el cierre de la sede municipal.

En el transcurso del día, las organizaciones tanto campesinas como sociales se irán sumando a esta marcha anual, donde se estima una participación de alrededor de 6.000 personas, para ello, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado realizaron un plan de contingencia, tanto para la seguridad de los manifestantes como de la sociedad en general en los puntos establecidos para la marcha y movilizaciones. Se previó el despliegue de 12.000 policías para este trabajo de contención y prevención.

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Bolivia decidió recurrir a la venta de su oro en el exterior para generar efectivo y sostener las importaciones de combustibles que se distribuyen a precio subsidiado en el mercado interno, en medio de una profunda crisis económica, informó ayer jueves el Ministerio de Economía y Finanzas.

Marcelo Montenegro, jefe del ministerio, advirtió que durante 2024 el Banco Central de Bolivia (BCB) compró 14,5 toneladas de oro al sector minero para revenderlas, ante la escasez de dólares en el país. Este ingreso ayuda a mantener las subvenciones. Eso “no nos ha posibilitado probablemente, por el momento, incrementar el stock de reservas”, pero sí “que podamos comprar gasolina, comprar diésel”, dijo en entrevista con la prensa extranjera.

El gobierno por años echó mano de sus reservas internacionales para financiar su política de subsidios. Sin embargo, el dinero casi se ha agotado. El Banco Central cerró el 2024 con reservas internacionales por un valor de 1.976 millones de dólares, de las cuales apenas 50 millones eran “reservas líquidas”, es decir, efectivo.

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Las ventas internacionales de gas, que alimentaban estos fondos de divisas, pasaron de representar el 54,4 % de las exportaciones bolivianas en 2013 al 18,8 % en 2023, según datos oficiales. La escasez de dólares ha generado un mercado paralelo, donde el valor de la moneda estadounidense se ha disparado a 11,3 bolivianos, mientras que el tipo de cambio oficial -que ya no es accesible al público- es de 6,97.

El ministro Montenegro aseguró que las toneladas de oro destinadas a comercialización no forman parte de las 22 toneladas que el banco emisor mantiene en su tesoro permanentemente por exigencia de la ley. Si bien “las operaciones” de compra y venta del metal dorado “ayudan” a la importacion de combustiles, las exportaciones de las empresas públicas también lo siguen haciendo, resaltó el ministro.

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Para José Luis Evia, exmiembro del directorio del Banco Central de Bolivia, la medida “no es sostenible” en el tiempo “porque se acaba el oro, no hay disponibilidad”. Una norma obliga a los productores auríferos a vender al Estado boliviano la misma cantidad que exportan.

Pero, según Evia, estos prefieren solo comercializar en el extranjero porque se les paga en dólares, mientras que el Estado les paga en bolivianos al tipo de cambio oficial, algo que los perjudica. “Si uno ve las exportaciones de oro registradas, estas han caído fuertemente. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente muchos (...) están sacando el oro por contrabando y no vendiendo al Banco Central”, dijo a la AFP.

Fuente: AFP.