Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.

Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.

El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.

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La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.

De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.

Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.

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El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”

En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.

La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.

Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.

En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

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La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.

Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.

Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.

También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.

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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, confirmó que la semana pasada fue adjudicada la obra para la construcción del Gran Hospital de Asunción, que estará ubicado en la zona conocida como Bozano, de la Costanera Sur.

En conferencia de prensa, junto con la ministra de Salud, María Teresa Barán, informó que la adjudicación fue entregada a un consorcio de empresas paraguayas que llevará a cabo la obra de casi 50.000 metros cuadrados. La infraestructura será muy similar al recientemente habilitado Gran Hospital del Sur, en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.

“Esta adjudicación se alinea con las grandes obras que está desarrollando el Gobierno del Paraguay, en todo lo que es el proyecto de la Costanera Sur. Esperamos que en los próximos días se pueda concretar la firma del contrato de aproximadamente de 58 millones de dólares. Una gran noticia para Asunción, sobre todo, de cara a la fiesta del 15 de agosto, aniversario de nuestra ciudad”, expresó la ministra Centurión.

Confirmó, además, que se estará recibiendo el próximo jueves 14 de agosto las ofertas de las constructoras para la obra del Gran Hospital de Santaní. Esto representa una gran noticia para toda la zona norte del país, el departamento de San Pedro, y toda el área de influencia. Este hospital del norte será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y un emblema en salud pública para todo el norte del país.

Adicionalmente, mencionó que ya fueron contratados y están en fase de diseño el Hospital de Concepción, que ahora, en agosto, se termina la fase de anteproyecto, así como el Hospital de Curuguaty.

“También una gran noticia para el Chaco, el proceso de construcción del Hospital del Chaco está en proceso de evaluación y en las próximas semanas vamos a tener el resultado del comité evaluador para dar inicio a esa emblemática obra”, precisó.

La ministra Centurión destacó que está trabajando con mucha coordinación con la ministra de Salud Púbilca, María Teresa Barán y todo su equipo, que sumado con la Itaipú Binacional llevan adelante proyectos que se ha convertido en bandera del Gobierno del Paraguay ha sido es el nuevo Gran Hospital Nacional General de Itauguá. Indicó que se encuentra en fase de desarrollo del proyecto para luego pasar al proceso licitatorio.

Resaltó que gran parte de los recursos para llevar adelante toda esta red de nuevos hospitales está proveniendo de la Itaipú Binacional, gracias a la exitosa negociación que logró el gobierno de Santiago Peña respecto a la tarifa energética.

A su turno, la ministra Barán agregó que también se está trabajando en todo el plan arquitectónico de lo que será el gran hospital de Ciudad del Este. Indicó que si bien se proyectan 9 grandes hospitales en total, recordó que ya se habiltió el hospital de Coronel Oviedo, donde ya se está registrando más de 40.000 consultas. Así como más de 6.000 consultas en el recientemente habilitado Hospital del Sur.

“En la conversación no solo nos estamos enfocando en la construcción de nuevos hospitales, sino que a través de dos proyectos que tenían en el ministerio de Salud, con el Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo se está poniendo en condiciones cerca de 15 hospitales distritales ya existentes, distribuidos en el departamento de Concepción, San Pedro, Caazapá, Alto Paraná y también en los hospitales de Capital y Central” acotó.

Remarcó que desde el Gobierno no solo está enfocado en la construcción de nuevos hospitales y el mantenimiento de la infraestructura, sino que hacer que el sistema de salud en un todo pueda funcionar desde las puertas de entradas que son las Unidades de Salud Familiar hasta los hospitales especializados.

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