El 21 de febrero pasado, La Nación publicaba que padres de alumnos de un colegio de Ypacaraí exigían el traslado de Raúl del Castillo, un sacerdote denunciado por supuesto abuso sexual en Argentina y que recientemente había asumido un cargo administrativo.

Tras ello y la protesta de toda la comunidad educativa, este miércoles 23 se informó que el religioso finalmente fue apartado y será trasladado de la institución educativa.

El caso también tuvo repercusión en el vecino país y el abogado Carlos Lombardi, quien llevó la causa como representante legal del denunciante en el caso de abuso registrado en Mendoza, confirmó a La Nación que todas las instancias judiciales se ratificaron en la condena a la Congregación Salesiana a la que pertenecía Del Castillo. La misma, en su momento, había apelado la medida.

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Condena a congregación

El 25 de noviembre del 2020, la Congregación Salesiana de Mendoza fue condenada a pagar una indemnización por ocultar información a la víctima que denunció el abuso sexual por parte del sacerdote Raúl del Castillo, quien finalmente terminó en Paraguay, en la misma comunidad.

La denuncia contra la congregación se originó a raíz de que esta entidad ocultó abiertamente información a la víctima en el proceso de “investigación canónica” que se abrió contra el sacerdote.

En el 2008, la víctima presentó una denuncia contra Del Castillo por abuso, ya que supuestamente el sacerdote había abusado de él cuando era un adolescente, siendo alumno de la escuela Don Bosco de Mendoza. A raíz de esta denuncia, la iglesia abrió una “investigación canónica”, procedimiento utilizado para investigar, con sus propios miembros, las denuncias contra los sacerdotes. Finalmente, para la Iglesia, no hubo delito y archivaron la causa.

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Denunció, pero fue excluido

“Esa falta de información a la víctima es lo que le genera el daño, por eso se denunció ante la Justicia ¿Cómo es que no hubo delito? ¿Bajo qué fundamento llegaron a esas conclusiones? ¿qué posibilidad tuvo la víctima de discutir esa decisión, de impugnarla?”, se preguntó Lombardi.

El abogado precisó que esta situación generó el daño en su cliente, “esa irregularidad del proceso canónino, que es totalmente contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Hubo un ocultamiento de información”.

Lombardi asegura que la Iglesia no permitió que la víctima sepa nada del procedimiento de investigación contra Del Castillo, por lo que se recurrió a la justicia ordinaria que, finalmente, dictaminó que efectivamente se ocultó información al denunciante, que ni siquiera pudo saber cómo fue la investigación sobre un abuso que él sufrió y denunció.

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