Un hombre denunció este jueves que desconocidos están ofreciendo su vivienda en alquiler sin su autorización. Según manifestó, los responsables incluso promocionan el inmueble a un precio muy inferior al valor real, situación que le genera preocupación y sospechas de una posible estafa.

Desde hace unos meses don Alberto Funes decidió poner en alquiler su vivienda en Asunción mediante una inmobiliaria, pero hace unas semanas vio que la misma propiedad es ofrecida por varias personas que desconoce. Estas comparten fotos y vídeos, pero presume que fueron captadas por personas que se hicieron pasar por clientes.

Además, denunció que retiraron el cartel que fue puesto por la inmobiliaria y que en redes sociales figuran varios números telefónicos, pero que ninguno es de una persona conocida o de la empresa encargada de administrarla. La casa es ofrecida por G. 6 millones al mes en alquiler, sin embargo, los extraños lo están ofreciendo por G. 3 millones.

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“Estas personas muestran todas las dependencias y publicaron fotos de todo tipo, se puede ver que pidieron ingresar a la propiedad para captar las imágenes. Además, comparten una serie de números de teléfonos, intenté hacerme pasar por interesado, pero no tuve retorno”, detalló don Alfonso, en entrevista con canal Trece.

Afirmó que junto a la inmobiliaria ya realizaron la denuncia ante las autoridades correspondientes. “El único requisito que piden estos desconocidos, en las publicaciones que circulan en redes sociales, es que deben abonar los 3 millones de guaraníes y ya la casa estaría disponible para la persona o familia”, indicó.

Confirmó que hasta el momento se desconoce si existen víctimas de estos estafadores e instan a la ciudadanía a realizar la denuncia en la comisaría 15 de Asunción en el caso de que hayan abonado por el falso alquiler para seguir con las investigaciones e intentar dar con los estafadores.

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Meta llegó a un histórico acuerdo con varios estados de Estados Unidos a los que pagará 16.700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusaba de favorecer la adicción de los menores a Instagram y Facebook.

Meta fue acusado de diseñar deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes, de engañar al público sobre los riesgos y de recopilar de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.

El gigante que agrupa a Facebook e Instagram acordó, en el marco de este arreglo, hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según un documento conocido este miércoles que debe ser validado por un juez federal de Oakland (California).

“Meta ayudó a hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

Según Bonta, el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños”.

Los cambios en la forma en que los jóvenes utilizan sus aplicaciones van más allá de cualquier cosa que Meta haya aceptado antes y se producen tras años de críticas de padres y expertos sobre los efectos de las mayores plataformas de redes sociales en los niños.

Meta aumentó así impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumuladas.

La larga lista de nuevas medidas de protección cambiará sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los jóvenes.

El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las 6h00 AM.

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En relación al tiempo máximo de dos horas de uso diario acumulado, que se aplica por defecto, no contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.

Ambas restricciones se soportarán si el resto del sector sigue el mismo camino.

Si plataformas competidoras -como TikTok, YouTube o Snapchat- adoptan compromisos equivalentes, el bloqueo nocturno se ampliaría de 22H00 a 7H00 y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.

El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido conjuntamente por Meta y los estados, y pagado por la empresa.

La indignación por el impacto de Instagram y Facebook -así como de Snapchat y TikTok- ha impulsado la expansión de los límites de edad para acceder a su uso y las prohibiciones de teléfonos en escuelas en todo el mundo.

Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, Meta enfrentaba acusaciones de una coalición de 29 estados que aseguran que violó las leyes federales y estatales.

Si Meta perdía el caso se exponía a sanciones por unos 200.000 millones de dólares.

La demanda se radicó en un tribunal de Oakland, ciudad vecina de San Francisco.

El texto que deberá ser validado por un juez señala que el acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Meta, que ha negado de forma constante las acusaciones en su contra.

El acuerdo llega una semana después de la apertura de este juicio de gran repercusión, que se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya ha sido condenado, en Santa Fe (Nuevo México) y Los Ángeles (California).

Numerosos procedimientos siguen en curso en Estados Unidos, iniciados por jóvenes usuarios que reprochan a Meta haber provocado una adicción a las redes sociales y haber agravado trastornos psicológicos y de conducta.

El calendario de pagos del arreglo contempla 10 cuotas anuales. El acuerdo pone punto final al juicio, que ingresaba en su segunda semana.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, declaró el martes y admitió que impulsó nuevas herramientas de seguridad para adolescentes sin revelar las bajas tasas de adopción detectadas en las primeras pruebas, realizadas hace varios años.

• Fuente: AFP

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Meta sabía que sus herramientas para proteger a los adolescentes en Instagram eran ineficaces, según declararon testigos en el juicio en que 29 estados de Estados Unidos acusan al gigante de las redes sociales de mentir sobre los peligros de la plataforma. Con más de tres mil millones de usuarios en todo el mundo, Meta está defendiendo su posición frente a las acusaciones de la coalición de estados que sostienen que la empresa diseñó deliberadamente sus productos para enganchar a los niños y recopilar sus datos bajo engaños.

El juicio, que se celebra en California, entró en su segunda semana el lunes y se espera que se prolongue hasta finales de septiembre. Documentos internos de Meta que fueron mostrados al jurado indicaban que la función “Take a Break” (Tómate un descanso), que permite a los usuarios configurar recordatorios para dejar de desplazarse por la pantalla, alcanzó una tasa de adopción del 1,8 %.

“Quiet Mode” (Modo silencioso), otra función que silencia las notificaciones nocturnas, llegó al 8,7 %. Durante el interrogatorio de los abogados de los estados el martes, Francesco Fogu, director de diseño de producto en Instagram, plataforma perteneciente a Meta, dijo que no podía confirmar las cifras. Sin embargo, admitió que la empresa “sabía que las tasas de adopción serían más bajas” cuando las herramientas no se activaban por defecto.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, que decidirá el caso tomando el veredicto del jurado como referencia, pareció sorprendida de que Fogu no conociera los datos internos. Los estados piden cerca de 200.000 millones de dólares en multas contra Meta. Una derrota judicial podría forzar cambios fundamentales en el modelo de negocio de la compañía y hacer temblar a toda la industria.

Fogu se mostró ocasionalmente combativo durante el interrogatorio de un abogado de los estados. Cuando se le preguntó si Meta quería evitar que parte de la información se hiciera pública, respondió: “¿Quién es Meta? ¿Yo?”

Otros dos exempleados también declararon que las herramientas no eran efectivas. “En mi experiencia, ‘Take a Break’ es una función diseñada para fallar”, declaró la semana pasada Arturo Bejar, exdirector de ingeniería de Meta.

George Volichenko, un científico de datos que trabajó en funciones de seguridad en Instagram en 2022 y 2023, dijo el lunes que las tasas de adopción de esas funciones eran “muy bajas y decepcionantes” y presentó al liderazgo de Meta como poco interesado en impulsar su uso.

Según Volichenko, la dirección no aprobó activar el modo silencioso de forma predeterminada para adolescentes más jóvenes, lo que frenó su adopción porque la configuración era difícil de encontrar en la aplicación.

Activar por defecto las funciones de seguridad habría provocado un “impacto negativo notable” en la interacción de los usuarios, añadió. El modelo de negocio de Meta gira en torno a la venta de publicidad, y la empresa gana más cuando los usuarios pasan más tiempo en sus aplicaciones.

Fuente: AFP.

El mandatario Santiago Peña firmó el decreto 6.690 que reglamenta la ley 6.634/2020, que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional, comprendidas por la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz” y el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”.

La ley refiere que las disposiciones establecidas serán de cumplimiento obligatorio para los postulantes, así como también para las autoridades, dependencias y el personal policial que intervengan en dichos procesos. Determina que todos los postulantes recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades de participación, sin discriminación alguna, y el ingreso se determinará exclusivamente en función a las aptitudes, competencias y resultados obtenidos por los postulantes en base a los criterios de evaluación establecidos.

También se hace mención a la objetividad en las decisiones que se adoptarán sobre la base de criterios técnicos, verificables y previamente establecidos, libres de arbitrariedad y la transparencia, y que el proceso se desarrollará con publicidad de las actuaciones y de los resultados, garantizando el acceso a la información conforme a la normativa vigente.

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La reglamentación detalla que la Comandancia de la Policía Nacional, en su carácter de máxima autoridad institucional, tendrá el rol de velar por el debido cumplimiento e implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al proceso de selección y admisión.

Mientras que el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), conforme a las competencias que legalmente le correspondan, será responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar el proceso de selección y admisión para las respectivas unidades académicas de formación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

A la vez, se establece la conformación de un Comité Interinstitucional para la transparencia e igualdad en los procesos de admisión en donde el Ministerio del Interior se desempeñará como coordinador. También indica que la Comandancia de la Policía Nacional será responsable de designar e integrar, para cada unidad académica de formación, una Comisión de Admisión, la cual tendrá a su cargo la conducción del proceso de selección y admisión correspondiente, con las atribuciones y competencias contempladas en el presente Reglamento además de las que le sean asignadas por resolución de la máxima autoridad institucional.

Podrán postularse y concursar para ser admitidos en las unidades académicas de la Policía Nacional, quienes reúnan los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya natural, tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 23 años hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz”.

Tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 26 años, hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”, haber concluido la enseñanza media, tener las condiciones físicas y psíquicas para cumplir con la capacidad funcional u operativa necesarias para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional.

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No poseer tatuajes con contenido simbólico relacionado a grupos criminales, nacionales o extranjeros, o que expresen homofobia, xenofobia, mensajes violentos u ofensivos, hagan apología al consumo de estupefacientes o representen a partidos o movimientos políticos, no haber sido condenado por la comisión de un hecho punible o cuya condena esté en ejecución.

No contar con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, no haber sido dado de baja o excluido de la institución policial, de las Fuerzas Armadas u otras instituciones públicas o privadas afines y no ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependientes.