Un capitán de Caballería murió apuñalado en la madrugada de este miércoles en un confuso episodio ocurrido en el barrio San Ramón de Zeballos Cué, Asunción. El homicidio se registró alrededor de las 2:00, frente a la plaza Amistad, ubicada sobre las calles San Ramón y Silvio Báez de la capital.

La víctima fatal fue identificada como Claudio Daniel González Torres (38), de nacionalidad paraguaya, personal militar con el grado de capitán de Caballería. Prestaba servicio en el Regimiento de Caballería n.º 4 Acá Carayá (RC4).

El mismo habría sido apuñalado en medio de una riña. Fue sindicado como presunto autor Gregorio Arturo Cáceres Román (50), quien fue detenido tras ser individualizado por imágenes del sistema de circuito cerrado. El mismo reside en las inmediaciones.

De acuerdo con versión de lugareños, Cáceres Román se encontraba en el vehículo de la víctima como acompañante, repentinamente bajó del rodado y salió corriendo tras perpetrar el hecho.

El militar, oriundo de Coronel Oviedo, fue hallado en la vía pública con múltiples heridas punzocortantes en el cuerpo, según el informe médico preliminar. La causa de muerte sería shock hipovolémico producido por heridas de arma blanca.

El militar cayó ensangrentado al lado de su camioneta y fue socorrido por paramédicos, pero ya se encontraba sin signos de vida.

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Vecinos comentaron a los intervinientes que visualizaron una discusión entre el ahora fallecido y el detenido. En las imágenes captadas por CCTV también se observa el momento de la riña entre ambos.

Habló al respecto el comisario Edgar Vera de la Comisaría 23ª de Zeballos Cué. “Entró en el sistema radial como una pelea entre personas. El personal policial verificó y encontró una persona tendida en el pavimento”, informó a los medios de prensa.

Entonces, se convocó a bomberos voluntarios, quienes acudieron y realizaron trabajos de primeros auxilios y reanimación. Luego llegó la gente de SEME y se constató su deceso. Agentes de Homicidios y Criminalística tomaron intervención a fin de iniciar la investigación del crimen. “Estamos haciendo las averiguaciones para saber bien qué fue lo que ocurrió”, indicó el jefe policial.

Durante el procedimiento se incautaron evidencias relevantes, entre ellas un teléfono celular perteneciente a la víctima y documentos de un vehículo Toyota Hilux presuntamente vinculado al hecho.

Con autorización fiscal también se realizó una intervención en la vivienda del sospechoso, donde hallaron una remera blanca coincidente con la utilizada por el presunto autor en las imágenes y un carro de reciclaje observado en el circuito cerrado.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría 23ª de Asunción para los procedimientos de rigor. El caso se encuentra a cargo de la fiscal Sussy Riquelme mientras que las prendas incautadas quedaron a disposición de Criminalística para su análisis.

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• Jorge Torres Romero

En medio de las disputas políticas, de las rivalidades personales y de la eterna tentación de convertir cada política pública en un campo de batalla partidario, hay algo que debería permanecer fuera de toda discusión mezquina: los niños.

El programa Hambre Cero no es un eslogan ni una consigna de campaña. Es una política pública que pone en el centro una verdad elemental: un niño que tiene hambre no puede aprender, no puede desarrollarse y no puede construir futuro.

Por eso, proteger este programa no es una opción política. Es una obligación moral del Estado.

Los números que dejó el 2025 hablan por sí solos y deberían ser suficientes para cerrar cualquier debate serio:

• 1.050.000 estudiantes beneficiados.

• Alimentación diaria en 7.000 escuelas de 263 municipios.

• Compras a mipymes por USD 20 millones.

• Unas 600 mipymes proveedoras.

• La escolaridad subió del 54 % al 96 %.

• 57.000 alumnos incorporados al sistema educativo.

Esto significa algo muy concreto: cuando el plato de comida llega a la escuela, el niño llega al aula.

Pero, además del impacto social, el programa tiene un efecto económico profundo. Hambre Cero genera un círculo virtuoso que va mucho más allá del comedor escolar puesto que la compra de alimentos moviliza a productores, transportistas, proveedores y pequeñas empresas en todo el país. Ese derrame económico es real.

Las mipymes vendieron por USD 20 millones en 2025 y el objetivo para este año es aún más ambicioso: que 1.200 pequeñas empresas participen del programa, con compras estimadas por USD 41 millones.

Además, se garantiza que el 10 % de la provisión provenga de la agricultura familiar, lo que fortalece a miles de productores rurales. Es decir, el plato que llega a la escuela también llega al campo y a la economía local.

Para 2026, la magnitud del programa confirma que Paraguay está ante una de las políticas sociales más importantes de su historia reciente:

• Más de 1 millón de estudiantes beneficiados.

• Cobertura durante 180 días de clases.

• Inversión total de G. 2,9 billones (USD 370 millones).

• Presupuesto ampliado en G. 657.000 millones.

Con estos números, el país no solo combate el hambre infantil. También invierte en capital humano, en educación y en desarrollo económico.

Por eso resulta preocupante escuchar propuestas que, por cálculo político o simple irresponsabilidad, plantean el retroceso del programa. La idea de devolver la administración del mismo a los municipios –como propone Arnoldo Wiens, recordado por el fiasco de “la pasarela de oro” y por parar el metrobús– no es una mejora técnica: es una invitación al retroceso.

Paraguay ya probó ese modelo. Y los resultados fueron claros: fragmentación, desigualdad entre distritos y una enorme dificultad para garantizar estándares de calidad y control.

Cuando se trata de alimentar a los niños, no se puede improvisar ni volver a esquemas que fracasaron.

Eso no significa que el programa sea perfecto. Como toda política pública de gran escala, Hambre Cero debe ser permanentemente auditado, corregido y perfeccionado. Mejorar los mecanismos de control, optimizar la logística y ampliar la participación de productores nacionales son desafíos legítimos.

Pero perfeccionar no es destruir. Y mucho menos retroceder. Si Paraguay quiere tomarse en serio su futuro, hay una línea que no puede cruzar: la de poner en riesgo el plato de comida de los niños por mezquindades políticas.

Hambre Cero no pertenece a un gobierno. No pertenece a un partido. Pertenece a los niños del Paraguay. Y eso debería convertirnos a todos –gobierno, oposición y ciudadanía– en celosos defensores de este programa. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

Patricia Analí Jara Meza (38), denunciada como desaparecida el pasado 28 de febrero, fue localizada en una estación de servicio ubicada sobre la ruta PY01, en el acceso a la ruta Carapeguá- Nueva Italia. Tras ser hallada, manifestó a los intervinientes que fue liberada por sus captores.

Sin embargo, la Fiscalía analiza una investigación por presunta simulación de hecho punible ante ciertos datos manejados por los investigadores.

A la fiscal Carolina Martínez, de la Unidad Penal N.º 1 de Capiatá, le llamó la atención que la desaparición de la supuesta víctima se produjera el mismo día en que se presentó una denuncia por supuesta estafa.

La organizadora de eventos habría sido denunciada por una pareja por una presunta estafa de G. 15 millones, atendiendo que la mujer debía encargarse de la decoración de un evento que no se concretó.

Otro antecedente llamativo es que la misma aseguró haber sido víctima del supuesto hurto de G. 13 millones, por lo que supuestamente no pudo cumplir el compromiso de decoración.

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Jara Meza desapareció misteriosamente el sábado último tras comunicar a su familia que debía huir a raíz de amenazas de muerte de parte de la competencia, según el mensaje de texto enviado desde el teléfono de la mujer.

Durante la búsqueda de la mujer, tras la denuncia de familiares por su supuesta desaparición, no se pudo rastrear su teléfono celular, que fue hallado abandonado en el sanitario de una estación de servicio de San Lorenzo y con patrón de bloqueo.

Finalmente, efectivos policiales de la Comisaría 5ª de Carapeguá, la ubicaron tras comunicarse con un familiar e informar que se encontraba en la ciudad.

La mujer fue traslada por efectivos policiales del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas y fue trasladada al Ministerio Público para declarar y ser evaluada por la clínica forense, además de recibir contención psicológica.

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Este martes, los investigadores que llevan el caso del crimen del exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa, confirmaron que en el interior de la camioneta hallada en Itapúa encontraron 12 manchas de sangre. El vehículo despedía un fuerte olor, lo que refuerza la sospecha de que el homicidio ocurrió en su interior.

La camioneta de la marca Chevrolet, encontrada ayer lunes en la localidad de Alto Verá, contenía varias machas de sangre que fueron recolectadas y serán analizadas para confirmar que en el interior se produjo la muerte del ingeniero. Los estudios se realizaron ni bien el vehículo llegó a Asunción.

Los investigadores realizaron la prueba conocida quimioluminiscencia que marca las manchas de sangre, pese a que el interior del rodado haya sido limpiado o lavado. Este producto es rociado y luego iluminado con una luz ultravioleta que permite marcar los rastros de sangre.

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La mayor cantidad de rastros de sangre se encuentran en el lado del conductor, lo que hace presumir que Kanazawa se encontraba al mando del rodado, versión que fue confirmada tras las declaraciones dada por el presunto autor del crimen, el militar Remigio Rubén Llano. Luego lo pasó en parte trasera y condujo hasta Itapúa.

La autopsia realizada revela que el ingeniero falleció por un shock hipovolémico por herida de arma blanca a la altura del cuello y se estima que el crimen ocurrió 48 horas antes de su hallazgo, el pasado 9 de febrero. Además, hubo una pérdida de sustancia, parte de la musculatura, tejidos de piel y otras zonas por la acción de depredadores.

Kanazawa salió de su vivienda de San Lorenzo en la madrugada del 7 de febrero y, según imágenes del circuito cerrado, abordó un vehículo junto a un hombre, quien se presume es Llano. Las autoridades también detuvieron a Óscar Darío Zacarías Maciel, quien habría realizado compras en Ciudad del Este utilizando los teléfonos del extitular de la Dinac. Este último fue imputado por reducción.

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