La bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Diputados analizará el lunes 16 de marzo el pedido de interpelación al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez. La solicitud es impulsada por el sector de la oposición y la disidencia colorada.

“Siempre y cuando tenga la confianza del presidente de la República, Santiago Peña, nosotros depositamos la confianza también en el titular de IPS, pero sí va ser un tema a tratar en la próxima reunión (de bancada) del próximo lunes”, manifestó el diputado Miguel Ángel Del Puerto, en conversación con los medios de prensa.

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Del Puerto, quien ejerce el liderazgo de la bancada oficialista, acotó: "Por supuesto que existen fallas, existen falencias, hay que invertir más en la parte de la atención médica, fortalecer los hospitales, las unidades sanitarias en el interior del país, hay mucho por hacer, por eso queremos analizar en bancada cuáles son las respuestas o las decisiones que está tomando el presidente del IPS para mejorar las condiciones".

El pedido de interpelación que se tratará el martes 17 de marzo también va dirigido al gerente de Salud, Derlis León. “Queremos analizar serena y responsablemente en bancada, pero acá hay que entender también que influye mucho el tema político, hay sectores que insisten en la destitución, son posiciones políticas, es por eso que se debe analizar como un todo”, dijo.

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Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

Este domingo, la Policía Nacional informó que en las últimas 24 horas recibió un total de 93 llamadas por violencia familiar, todas estas fueron asistidas y las víctimas puestas a salvo. Del total de contactos recibidos en Asunción, el 70 % son de personas que no necesitaban ayuda.

Según el reporte dado por el sistema 911, durante la jornada del sábado 7 de marzo se recibió un total de 1.848 llamadas, de las cuales 571 fueron de personas que realmente requería ayuda. De este número, 93 fueron por casos de violencia familiar, que fueron intervenidos de inmediato y las víctimas resguardadas.

Así también, recibieron 125 denuncias por casos de polución sonora que se registraron especialmente por la noche y la madrugada. La lista sigue con 93 casos de perturbación a la paz pública, también se reportaron 34 accidentes de tránsito y cinco casos de robos o asaltos.

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La Policía señaló que 1.277 llamadas fueron de no emergencias o personas que no requerían asistencia, equivalente al 70 % de los ingresos, que solo retrasan la ayuda que podría estar necesitando una víctima de violencia familiar.

Según el desglose de llamadas 978 fueron de personas que contactan y luego no contestan, 80 fueron de los que llaman para pedir información, 60 de niños que están jugando, una para decir obscenidades y 140 por distintas razones como mensajería, insultos u operativas.

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El consejero de Instituto de Previsión Social (IPS), Víctor Insfrán, opinó que en el caso Braulio Vázquez puede hablarse incluso de negligencia médica y operativa. Anunció que el martes que viene analizarán en el Consejo la auditoría de la Superintendencia de Salud que será comparada con una auditoría interna de la previsional.

“Estoy enterado que llegó el informe a la institución y se va a alzar ahora a Gobernanza, que para nosotros significa recibir todos los consejeros para su tratamiento el día martes que tenemos sesión”, expresó en declaraciones a la 1080 AM.

Dijo, asimismo, que de confirmarse irregularidades, se ordenará un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

Si el Consejo tiene responsabilidad, los consejeros deberían renunciar, afirmó. “Me enteré de algunos puntos por la prensa, y nuestra posición es revisar puntualmente todos los informes y una vez que tengamos, tanto la auditoría interna y de la Superintendencia de Salud, nosotros vamos a tomar la decisión de disponer un sumario administrativo a fin de deslindar todas las responsabilidades”, acotó.

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Añadió que luego, el caso será derivado a la instancia correspondiente de acuerdo a los alcances de la medida. “Si el Consejo tiene responsabilidad, no tiene otro camino que renunciar. En caso de que un paciente tenga código verde significa que no hay ningún apuro, que puede esperar. Pero una persona infartada, definitivamente, no puede”, subrayó el directivo.

En esos casos, debe entrar inmediatamente a un código rojo de atención prioritaria, manifestó. “El personal médico o de enfermería de urgencia que le recibió a este paciente, determinado con código verde, teniendo un infarto, definitivamente hay un error profesional garrafal”, apuntó.

La Superintendencia de Salud investigó durante un mes las causas que rodearon a la muerte de Braulio Vázquez el pasado 28 de enero en el Hospital Central del IPS. Los familiares denunciaron que gastaron casi G. 11 millones y que hubo retrasos en la cirugía para el cateterismo.

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