La Fiscalía intervino una propiedad ubicada sobre las calles Leonismo Luqueño y Felipe González en la ciudad de Luque luego de recibir denuncias por supuestos delitos contra el medio ambiente a causa de una tala de árboles y remoción de suelo de una naciente por parte de desconocidos.
La Unidad Especializada de Delitos Ambientales intervino en el hecho cuyos agentes, una vez en el sitio, fueron recibidos por el guardia de seguridad de la empresa Silver VIP, quien no tenía autorización para dejar ingresar a los funcionarios, por lo que se solicitó orden de allanamiento emanada por el Juzgado Penal de Garantías de Luque, a cargo de Jennifer Insfrán.
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Finalmente, se pudo observar la limpieza vegetal del predio con principal énfasis en el sotobosque y las malezas. Además, se observó el derribo de árboles nativos como ser lapacho, trébol y guatambu. Igualmente, se pudo constatar que la propiedad se encuentra asentada sobre un sistema de humedales que fueron alterados por las actividades de movimiento de suelo y taponamiento con restos vegetales.
El fiscal del caso dispuso la incautación de un tractor tipo retroexcavadora. Así también, en el acto se le citó al encargado de la empresa de seguridad Silver VIP para una declaración testifical a fin de lograr identificar al responsable del supuesto hecho.
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Investigan rapto y posterior robo de armas a agentes policiales en Asunción
El Ministerio Público y la Policía Nacional investigan el rapto y posterior robo a dos agentes de la Comisaría 3ª Metropolitana de la ciudad de Asunción que fueron emboscados por un grupo armado mientras realizaban un patrullaje preventivo en pleno microcentro. Estos fueron despojados de sus armas reglamentarias y luego abandonados maniatados en Luque.
Según el comisario general Francisco Avalos, director de la Policía de Asunción, el hecho ocurrió ayer miércoles mientras los agentes realizaban una patrulla preventiva en el móvil 37 de la Comisaría 3ª sobre las calles República de Colombia y Tacuary, en el microcentro de la ciudad capital. En un momento del trayecto visualizaron un automóvil estacionado con el motor en marcha, por lo que descendieron para solicitar los documentos.
En ese momento, los agentes identificados como el oficial 2° Christian López Aquino y el suboficial ayudante Favio Almada Candia, fueron interceptados por otro rodado de color oscuro del cual descendió un grupo de cinco hombres que estaban encapuchados y portaban chaleco antibalas, además, de estar fuertemente armados con fusiles.
Las víctimas fueron despojadas del radio walkie-talkie para evitar la comunicación, luego los subieron a uno de los rodados en el que los obligaron a mantener silencio y les sacaron sus armas de fuego. La patrullera fue conducida por los maleantes hasta la calle Iturbe donde fue abandonada.
“Fueron esposados y usaron cintillos para asegurar las piernas. Ellos se trasladaron hasta una obra y unos obreros los auxiliaron cortando las esposas con una amoladora. Luego volvieron al lugar donde fueron liberados y encontraron algunas de sus pertenencias entre, ellas un celular para dar aviso a la comisaría”, indicó Ávalos, en C9N.
Se abortó un hecho mayor
El comisario aclaró que los efectivos fueron abandonados en inmediaciones del aeropuerto Silvio Pettirossi en la ciudad de Luque, se llevaron sus armas reglamentarias y el radio fue tirado en una zona boscosa. Los oficiales fueron auxiliados e informaron que los captores se hablaban en español y portugués.
“Estas personas reclamaron a los oficiales qué hacían en ese lugar, dándoles a entender que eso no hubiera pasado si ellos no estaban patrullando. Creemos que estas personas se estaban preparando para algo grande y que se abortó ese hecho más grave con la presencia de los agentes en la zona”, afirmó.
Aseguró que actualmente el Departamento de Investigaciones realiza el seguimiento del caso y recorre el circuito que realizaron mediante imágenes de cámaras de seguridad. “Esa es una tarea del personal que hace la tarea de investigación en este momento”, puntualizó.
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Caso Ueno: imputan a directivo de empresa de seguridad
La Fiscalía presentó imputación contra un directivo de la empresa GSR Security por los supuestos hechos punibles de hurto agravado y frustración de la persecución y ejecución penal, en el marco de una investigación relacionada con un faltante de G. 3.090 millones correspondiente a fondos de Red Digital que se encontraban bajo custodia de la firma de seguridad y transportadora de caudales y vinculada con el caso Ueno Bank.
La imputación fue realizada por los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Ruth Benítez, quienes solicitaron la aplicación de prisión preventiva para el imputado. Según la investigación, la firma GSR Security, vinculada a la empresa Dobrestec S.A., prestaba servicios de transporte y resguardo de valores a Ueno Bank y Red Digital.
De acuerdo con la carpeta fiscal, los registros contables y documentos de tesorería, al 3 de noviembre se encontraban depositados en su bóveda principal aproximadamente G. 18.102 millones y USD 189.396, pertenecientes a ambas entidades.
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Según la hipótesis de los investigadores, el 3 de noviembre pasado el imputado habría dispuesto el retiro anticipado de funcionarios administrativos y la desconexión de cámaras de seguridad ubicadas en sectores de tesorería, bóveda principal y salida de vehículos transportadores de valores.
Luego, el investigado habría realizado el traslado de dinero en efectivo desde la bóveda hasta un vehículo blindado de la propia empresa. Los registros del sistema de posicionamiento global (GPS) permitieron identificar el desplazamiento del móvil hasta un inmueble ubicado en el barrio Trinidad de Asunción.
Movimientos internos
En el marco de las diligencias investigativas, el 7 de noviembre se efectuó un allanamiento en un inmueble vinculado a la firma Incop S.A., donde fueron incautados documentos relacionados con movimientos internos de fondos, recibos de transporte de valores y registros de tesorería.
Estos elementos permitieron avanzar en las verificaciones sobre el manejo y destino de los valores que se encontraban bajo custodia de la transportadora. En ese marco, durante un allanamiento efectuado el 17 de noviembre en instalaciones de la firma de seguridad, se procedió al conteo de los valores existentes en la bóveda y este procedimiento permitió detectar un faltante de G. 3.090.600.000 correspondiente a fondos de Red Digital.
Conforme a la hipótesis fiscal, el dinero habría sido trasladado y posteriormente ocultado o apropiado.
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La encargada de despacho de la Fiscalía General respalda labor de fiscales en caso Ueno Bank
La fiscal adjunta Alba Rocío Cantero Vera, encargada del despacho de la Fiscalía General del Estado, se reunió con la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín y los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción para interiorizarse sobre el estado y los avances de las investigaciones del caso Ueno Bank, que involucran al expresidente Santiago Peña, a exautoridades del Banco Central y a personas vinculadas al Grupo Vázquez.
Cantero sostuvo que el encuentro no constituyó una auditoría de gestión, sino que tuvo como objetivo conocer el avance de las causas y acompañar el trabajo de los equipos fiscales, sin interferir en las diligencias. “Tenemos equipos de fiscales que están trabajando día, tarde y noche”, expresó.
Igualmente, respaldó la labor de los agentes que tienen a su cargo la investigación y aseguró que continuarán trabajando con autonomía e independencia. “Les aseguro que ellos seguirán trabajando con total independencia y apoyo”, sostuvo.
Finalmente, Cantero indicó que se busca fortalecer la confianza ciudadana en el Ministerio Público y recuperar la tranquilidad de fiscales y funcionarios para que puedan desarrollar sus actividades con normalidad.
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Ministerio Público pide autorización para extraer datos de los celulares de Santiago Peña
El equipo fiscal que lleva adelante la investigación del caso Ueno Bank pidió al juez penal de Garantías Osmar Legal la autorización judicial para la extracción de datos de tres teléfonos celulares incautados al destituido expresidente de la República, Santiago Peña.
El exmandatario está procesado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, y se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué.
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El pedido fue presentado por los fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González ante el juzgado de garantías.
La solicitud se da para la pericia de tres aparatos celulares con las siguientes descripciones: “iPhone, uno de color gris oscuro, con el cristal trasero dañado, otro de color blanco y un tercero de color negro, con una calcomanía del Rally del Paraguay y una funda negra”.
Los teléfonos ya se encuentran en poder del Ministerio Público, uno de ellos fue requisado del expresidente mientras se encontraba en el Regimiento Escolta Presidencial (REP).
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