La crisis sanitaria por la que atravesó Paraguay durante la pandemia del COVID-19 no solo afectó la salud de la población sino también a los comercios que se vieron obligados a cerrar sus puertas tras un aislamiento total, y detrás de ellos cientos de trabajadores quedaron sin sustento.
Ante esta problemática social que afecta a toda la economía nacional y las familias paraguayas, desde La Nación lanzamos una consigna que busca conocer las posibles soluciones para reactivar la economía y ver un futuro mejor, tanto para los comercios como los trabajadores.
Mediante la plataforma Votá presentamos la siguiente interrogante: ¿Cómo el Gobierno puede incentivar la reactivación de la economía? El 70% de nuestros lectores indicó que la única forma es potenciando la inversión en infraestructura y generando empleo, situación que daría la oportunidad a varias personas desempleadas a nivel país.
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En tanto que, el 28% de los votos fue para la respuesta que dice: apoyando a las empresas con créditos a tasas de interés más bajas y plazos más largos. Otorgando estos préstamos y con este tipo de opción de pagos se logrará una recuperación casi total de los locales que se vieron seriamente afectados durante la pandemia.
Por otra parte, el 2% de nuestros seguidores apostó porque se continúen con las ayudas monetarias a los sectores que aún no logran recuperarse a causa del COVID-19. De esta forma se dará oportunidad a los pequeños emprendimientos que se vieron muy afectados e inclusive tuvieron que cerrar durante la pandemia.
Cabe destacar el importante rol de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía nacional y su aporte al desarrollo del país, dicho sector es clave para la recuperación y reactivación económica.
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Anuncian que empresarios extranjeros están interesados en invertir en transporte
Empresarios extranjeros, algunos de ellos de Portugal, están interesados en invertir en el transporte público en Paraguay, de acuerdo al senador Basilio Núñez. Sin embargo, estos empresarios piden a cambio una garantía de inversión y que se respete los itinerarios otorgados, explicó el legislador.
“Hay empresarios del exterior, pero quieren lo que estamos tratando de construir, una ley que le garantice una inversión desde su sector de que se va a respetar, que esas líneas que se otorgan, en este caso el Viceministerio de Transporte no le otorgue a otro nuevamente, como se dio en periodos anteriores”, indicó a los medios en el Senado.
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El senador Núñez trabaja también en un proyecto de ley que tiene que ver con buscar soluciones a la problemática del sistema de transporte público. Al respecto, indicó que esto también tiene que ver con una política de Estado del Gobierno nacional.
“Es lo que queremos implementar ahora en el gobierno actual, nuevamente una política del Estado del sistema de transporte, y en la ley que estamos trabajando con varios colegas vamos a unir ese proyecto de ley con la mesa técnica del gobierno y tratar de crear verdaderamente una política de Estado”, remarcó.
El senador instó a todos los sectores políticos a realizar un esfuerzo conjunto, para llevar adelante esta propuesta, ya que también existen otros proyectos en el Congreso Nacional. “Acá tenemos que aunar esfuerzos, ver los proyectos que se están presentando por los colegas también de los diferentes sectores y agarrar esto como una bandera. Esto es verdaderamente importante”, apuntó.
Por otra parte, también mencionó que conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, para realizar un trabajo junto con las instituciones del Estado, en este caso el Viceministerio de Transporte en búsqueda de acordar con una solución viable y que favorezca a la ciudadanía. “Estuve conversando con el presidente de la República ayer. Vamos a tener una entrevista con el nuevo viceministro Emiliano Fernández. El presidente autorizó para que trabaje con nosotros. Vamos a hacer una reunión en el Congreso con todos los colegas que quieran participar”, puntualizó.
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“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.
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Aumento de la recaudación: valoración positiva y un problema
Los importantes incrementos logrados desde el Ministerio de Economía, específicamente por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ( DNIT) de más de 457 millones de dólares en estos días, resulta auspicioso, por un lado, y por el otro, también puede convertirse en un problema.
Por un lado, el aumento de la recaudación es una forma de calzar los gastos previstos en el presupuesto del mismo modo que contribuye a la reducción del déficit fiscal, hecho que impacta sobre la inflación puesto que se podrá pagar los gastos públicos con dinero genuino sin tener que apelar a la emisión monetaria.
No obstante, y por otro lado, sucede que cuando la recaudación aumenta también puede convertirse en un problema si eventualmente el ingreso de los nuevos fondos obtenidos se vuelcan a financiar las solicitudes que llegan al Congreso que terminan en reprogramaciones presupuestarias.
De manera que estamos ante un hecho en el que merece ser congratulado el Gobierno. Se está haciendo una labor eficiente en esa permanente búsqueda de conseguir recursos para el cumplimiento del plan de trabajo establecido en el Presupuesto de Gastos.
La atribución recaudatoria por parte del Estado en categoría de aumento de los ingresos sin tener que aumentar la carga impositiva, esto es, sin tener que apelar al aumento de los tributos pagados por los contribuyentes, significa que la actividad de la DNIT está mostrando eficiencia recaudatoria propia y necesaria en cualquier lugar del mundo.
Aumentar los ingresos tributarios mediante la creación de nuevos impuestos o subir los existentes en ningún modo es un camino correcto para un país que necesita crecer más allá incluso del 6 por ciento anual del producto interno bruto (PIB).
Dicho esto, también resulta que por la coyuntura propia de la política similar en todos los países ocurre que cuando aumentan los ingresos en las arcas estatales se da inmediatamente un sinnúmero de solicitudes para disponer de esos nuevos fondos ingresados.
Esto no es de extrañarnos porque como sabemos la política responde a los requerimientos de sectores que desean disponer de dinero. Lo que sí debe ser una cuestión a tomar muy en serio es que los requerimientos no se conviertan en una herramienta para disponer del nuevo dinero ingresado para actividades donde claramente no se están usando de modo transparente los recursos de los que se disponen.
Especialmente el Congreso debe mostrarse responsable por lo que el Ejecutivo va logrando como lo es este caso el aumento de nuevos ingresos; caso contrario, se estaría dando una situación donde volveríamos a estar en el mismo lugar desde donde se partió para que el déficit fiscal se vuelva a subir.
De darse esta situación, lamentable por cierto, entonces quiere decir que el esfuerzo no solo del poder administrador en manos del Ejecutivo sino de los mismos contribuyentes que pagan sus obligaciones tributarias sería un sin sentido y provocaría en poco tiempo problemas para la economía nacional.
El déficit fiscal volvería a subir para así preparar un camino peligroso por las solicitudes de más y más gastos sin correspondencia y rendición de cuentas para finalmente encontrarnos ante el indeseable escenario de crear o subir los impuestos.
Celebramos el aumento de la recaudación que lleva a cabo el Gobierno sin tener que aumentar tributos, pero también decimos que los nuevos fondos ingresados no sean comprometidos para financiar a sectores y programas, que primero deben rendir cuentas con transparencia del dinero del que ya disponen.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.