El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha un plan de optimización de tiempos de espera para cirugías pediátricas de amígdalas y adenoides en pacientes de 7 a 12 años de edad. Gracias a este esfuerzo, en un período de solo cinco días, del lunes 31 de marzo al viernes 4 de abril, se llevarán a cabo 30 cirugías que originalmente estaban programadas para abril y mayo, reduciendo significativamente la lista de espera.

“El plan fue presentado previamente al Departamento Quirúrgico, la Coordinación y Dirección Médica, y la Gerencia de Salud, obteniendo la aprobación y el respaldo total para su ejecución. Las cirugías se realizarán sin afectar la programación habitual del quirófano del Servicio de Otorrinolaringología, garantizando la continuidad de los procedimientos regulares, las intervenciones estarán a cargo del equipo de cirujanos del Servicio de ORL y Anestesia, la internación y el seguimiento por el Servicio de Pediatría”, afirmó el doctor Frank Smith Antonioli, jefe del Servicio de Otorrinolaringología.

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Este proyecto cuenta con el apoyo del Servicio de Pediatría, representado por la doctora Cristina Ghezzi como jefa de Departamento; el Servicio de Anestesia, con el doctor Derlis Gauto como jefe de Servicio; y el Departamento de Enfermería, encabezado por la licenciada Lucía Vázquez. La coordinación entre estos equipos permitirá realizar seis cirugías diarias durante las jornadas programadas.

Smith manifestó que el objetivo principal de esta iniciativa es agilizar la atención médica, reducir la demanda de cirugías y mejorar la calidad de vida de los asegurados. Esta estrategia innovadora refleja el compromiso del Hospital Central del IPS con la eficiencia y el bienestar de sus pacientes, apostando por un trabajo en equipo coordinado y una atención médica de excelencia.

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El Ministerio de Salud posibilitó el traslado en avión de una joven de 17 años, desde la comunidad Sargento José Félix López (Puentesinho), del departamento de Concepción, hasta el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en Asunción, un recorrido de 530 kilómetros; para convertirse en el trasplante renal pediátrico número 37 de la previsional.

En sus primeras horas tras la intervención médica del jueves 20 de marzo, la paciente beneficiada se encuentra en cuidados intensivos pediátricos en estado estable, recibiendo atención especializada según los protocolos de manejo. En lo que va de este año 2025 corresponde al sexto trasplante renal realizado en el IPS y fue posible mediante la donación de órganos y tejidos de una mujer de 29 años que falleció por un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico por una probable malformación arteriovenosa.

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El martes pasado, IPS informó que un paciente de 26 años fue el cuarto beneficiado de trasplante renal en adultos en lo que va de este año en el Hospital Central. El paciente es procedente de la ciudad de Concepción y estaba en diálisis hace 8 años. Por tanto, sin diuresis desde hace varios años y gracias a este trasplante renal tiene una orina inmediata.

“Él y sus familiares están muy felices y agradecidos por esta nueva oportunidad de vida que se dio tras la donación de órganos, el gran Si de los familiares de un hombre de 41 años fallecido a consecuencia de un traumatismo de cráneo encefálico grave”, informó la institución a través de un comunicado de prensa.

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Menos del 10 % de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) están formalizadas, y el Viceministerio de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) apunta a estimular su incorporación al sistema formal para garantizarles acceso al Instituto de Previsión Social (IPS) y otros beneficios, dado que este sector es el mayor empleador del país.

También señala que el 60 % de las mipymes no está bancarizado, lo que les priva de financiamiento.

El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, afirmó al programa “Así Son las Cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que el mayor desafío del Estado radica en formalizar a estos emprendimientos, que son alrededor de 450.000, de las cuales solo 43.000 lograron la formalización.

Ser formal implica tres pasos, es decir, tener a sus funcionarios en IPS, estar registrado en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) y contar con Registro Único del Contribuyente (RUC).

Giménez explicó que las mipymes se constituyen como el mayor empleador del país, con un promedio de 7,5 personas trabajando en cada una, incluyendo formales e informales. Agregó que el 88 % de las mipymes son microempresas, que capturan hasta G. 646 millones anuales, mientras que el 10 % son pequeñas empresas, con facturación anual de entre G. 646 millones a G. 3.230 millones. El porcentaje restante son medianas empresas, con ingresos de hasta G. 7.650 millones.

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Las estrategias para la formalización, según el viceministro de Mipymes, deben centrarse en hacerla atractiva para los emprendimientos y que no se limite solo a ser una obligación legal. En ese marco, Giménez destacó que la nueva Ley de mipymes permite nulos costos de formalización durante tres años.

La bancarización también es un problema a resolver, ya que, según el viceministro, el 60 % de las mipymes no tiene cuenta bancaria, lo que les limita en el acceso a créditos y les expone a la usura. “La competitividad es todavía más pesada para aquella mipyme que no tiene financiamiento”, consideró Giménez.

De acuerdo con el viceministro Giménez, actualmente existen 450.000 mipymes, cifra 23 % superior a las que habían en 2024, que totalizaron 366.000. El informe señala un crecimiento progresivo de las mipymes en los sectores de comercio y servicios y que existe una mayor estabilidad, en términos de movilidad y transición entre categorías, en las microempresas y las grandes empresas.

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas experimentan mayor variabilidad y muestran una tendencia predominante hacia la reducción de tamaño, siendo para ellas más probable el descenso de categoría que el ascenso, de acuerdo con el informe del Viceministerio de Mipymes.

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El Instituto de Previsión Social (IPS) recuperó un inmueble céntrico en Asunción, denominado “Penthouse”, que era ocupado clandestinamente. La semana pasada se realizó un procedimiento policial en la propiedad ubicada en el Edificio Piribebuy, en sus pisos octavo y noveno, entre las calles Piribebuy casi 14 de Mayo.

La propiedad cuenta con demandas de desalojo y reivindicación de inmuebles y, además, con una denuncia penal caratulada: “Causa n.° 5130/2023, “Iván Olmedo s/sustracción de energía eléctrica y otros”, a cargo de la Unidad Penal del fiscal Alcides Corbalán, en que se solicitaba el allanamiento de la propiedad y la imputación de los ocupantes clandestinos.

El administrador del edificio Piribebuy informó que los pisos afectados fueron abandonados el 18 de enero pasado, según señala el Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica del IPS, en conjunto con la Dirección de Inversiones junto con su Departamento de Inmuebles y la Dirección de Servicios Administrativos a través de la Sección de Seguridad y Custodia.

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Los funcionarios de Asuntos Penales y de Inversiones de la previsional, con el apoyo de personal de Seguridad y Custodia, agentes de la Policía Nacional, y el escribano público Diego Barúa, se constituyeron en el inmueble para verificar el estado de la propiedad y para asegurar la integridad del lugar.

Los intervinientes constaron el total estado de abandono y con los accesos libres, que permitieron el ingreso a la propiedad. Se tomaron todos los datos de los objetos se encontraban dentro del mismo, labrando acta de todo lo acontecido por parte del escribano. En el mismo procedimiento, funcionarios del Departamento de Inmuebles procedieron al cambio de cerraduras de los accesos de la propiedad.

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El 6 de junio del 2023 se recibió la denuncia realizada por el abogado Arturo Rodríguez Sardi, en su carácter de miembro del Consejo de Administración del Edificio Piribebuy, en la que refiere que los ocupantes del “Penthouse” (propiedad del IPS) tenían conectado su energía eléctrica al tablero del edificio, denunciando el hecho ante la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

Actualmente, la denuncia se encuentra en etapa investigativa, han sido diligenciadas las citaciones para declaración testifical, que aún no cuenta con acta de imputación por parte del Ministerio Publico. Luego, el 30 de agosto de 2024 se solicitó el allanamiento del inmueble, así como la imputación de los ocupantes irregulares.