El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, anunció que este año se otorgará el 11% de aumento y en el segundo semestre del 2022 se completaría el pedido con el 5% de incremento para alcanzar el 16% del reajuste reclamado por los docentes.
“Esto es lo que puede ofrecer el Gobierno: G. 567 mil millones son para el aumento, no estamos en condiciones para dar el 16%. Hasta acá puede el Gobierno. Es 11% de aumento este año y en el 2022 el 5% restante”, manifestó Brunetti.
Mientras que los maestros continúan con la medida de fuerza y rechazan este porcentaje de incremento del salario. En ese sentido, montaron una carpa de la resistencia en respuesta al ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, que instó a los profesores a retornar a clases desde mañana.
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“Los niños quieren estar en las aulas, necesitamos que mañana mismo estén y que los docentes den clases”, expresó el titular de Educación en conferencia de prensa de esta mañana.
Los maestros expresan que la cartera de Educación no puede amenazarlos con el no pago por los días en que se encuentran realizando la medida de fuerza en que mantienen en la posición del aumento del 16%. “La rechazamos categóricamente. Irresponsables en el incumplimiento en la ley de presupuesto. Continuaremos con la movilización con los compañeros”, expresó Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP).
Mientras que el presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, manifestó que el Ministerio de Educación debe cumplir el acuerdo para el aumento salarial del 16%.
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Rematadores se manifiestan contra aumento de matrículas frente al Palacio de Justicia
Los integrantes de la Asociación de Rematadores del Paraguay se manifestaron frente a la sede del Palacio de Justicia de Asunción para solicitar el rechazo de la decisión de la máxima instancia judicial, la cual pretende liberar las matrículas y ampliar la cantidad de rematadores en la capital y otras circunscripciones judiciales del país.
El titular del gremio, Atilio Estigarribia, señaló que buscan dignificar la profesión y aclaró que no se oponen a los concursos, siempre y cuando se utilicen las matrículas vacantes por fallecimiento o renuncia, sin habilitar nuevos cupos. El representante sostuvo que existe un bajo porcentaje de remates judiciales y que la mayoría de los procedimientos se suspende, lo que afecta directamente los ingresos de los profesionales.
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“No estamos ajenos a que se haga un examen, pero que sea como el de los escribanos: con cupos limitados, basados en los fallecidos y en los que renunciaron”, manifestó Estigarribia.
Además, agregó que, de los 120 rematadores matriculados, entre el 50 % y el 60 % no tiene trabajo, una situación que, según advirtió, podría agravarse con la nueva acordada de la Corte Suprema de Justicia. En una nota presentada recientemente, la asociación solicitó revisar la normativa que regula el acceso a la matrícula de rematador público. El gremio cuestiona que se pretenda ampliar la cantidad de profesionales sin un análisis técnico previo sobre el volumen de remates judiciales realizados de manera mensual, trimestral, semestral o anual.
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Ministerio Público opera con 50 % de los fiscales requeridos y solicita mayor presupuesto para 2027
En el marco de la presentación de su plan financiero para 2027, el Ministerio Público detalló las prioridades estratégicas en recursos humanos, tecnología de investigación penal y obras edilicias. La institución fundamentó ante la Comisión Bicameral un requerimiento de G. 1.286 billones para el ejercicio fiscal de año que viene.
Durante la exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, las autoridades fiscales detallaron que los fondos serán destinados a cubrir necesidades críticas en tres áreas estratégicas:
- infraestructura
- tecnología de punta para el área forense
- y el fortalecimiento del talento humano.
Como argumento central para justificar el incremento de 1.286 billones de guaraníes, la institución expuso una marcada diferencia acumulada entre los presupuestos que se solicitaron y los que finalmente aprobó el Poder Legislativo en los últimos años. Entre 2023 y 2026, el Ministerio Público requirió un total de G. 4.211 billones, pero solo recibió G. 2.867 billones.
Esta brecha histórica dejó un descalce financiero de G. 1.344 billones, lo que ha limitado la capacidad de respuesta de la Justicia penal. El reflejo más inmediato de esta situación se dio en el presupuesto de 2026, año en que la institución solicitó G. 1.056 billones y sufrió un recorte de G. 293.000 millones, percibiendo únicamente G. 763.000 millones.
Durante la exposición indicaron que Paraguay necesita al menos 700 unidades fiscales, con sus correspondientes agentes fiscales titulares, mientras que actualmente la institución cuenta con aproximadamente 350 agentes fiscales, según los datos presentados.
”La solicitud presupuestaria para 2027 plantea la necesidad de contar con recursos que permitan ampliar la cobertura institucional, modernizar los servicios de investigación científica y mejorar las condiciones de atención a la ciudadanía", apuntaron.
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Inversión requerida
El Ministerio Público necesita laboratorios forenses, morgues judiciales, cámaras Gesell y depósitos de evidencias. Además de incorporar tecnología para el procesamiento de escenas del crimen, la identificación de personas y la preservación de los elementos probatorios.
Identificó limitaciones en infraestructura y disponibilidad de profesionales especializados, aspectos que requieren atención para fortalecer las investigaciones sustentadas en evidencia científica. Entre los proyectos mencionados se encuentra la conclusión de la sede del Ministerio Público en Encarnación.
“El fortalecimiento de la infraestructura, la tecnología y los recursos humanos constituye una prioridad expuesta por la institución para avanzar hacia una mayor capacidad de respuesta frente a los hechos punibles denunciados en todo el territorio nacional”, resaltaron.
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Miles de docentes y estudiantes marchan en Argentina contra recortes de Milei a universidades
Miles de estudiantes y docentes argentinos marchan este jueves en Buenos Aires y otras ciudades del país para reclamar que el gobierno de Javier Milei cumpla una ley que actualiza el financiamiento en las universidades públicas.
La manifestación llega luego de numerosas jornadas de paro, protestas dentro de las universidades y fallos judiciales que conminan al Ejecutivo a cumplir la llamada Ley de Financiamiento Universitario.
La norma implica la actualización salarial por inflación a docentes desde diciembre de 2023, la recomposición de becas estudiantiles y de fondos para el funcionamiento de las universidades.
Los recursos universitarios registraron una caída del 40,5% en términos reales si se compara el primer semestre de este año contra el de 2023, según un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional de la Universidad de Buenos Aires.
Pasado el mediodía, miles de personas se concentraban cerca del Congreso en Buenos Aires con banderas de centros de estudiantes y sindicatos docentes con inscripciones como “Milei cumplí la ley” o “La universidad pública es un derecho no un privilegio”.
“Estamos reclamando que nos paguen lo que nos deben”, dijo a la AFP Francisca Staiti, secretaria general del gremio docente Conadu Histórica.
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La dirigente aseguró que las restricciones presupuestarias se reflejan en el “pluriempleo o la renuncia a los cargos” docentes.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025, fue vetada por Milei y luego ratificada por el Parlamento en octubre del año pasado. Sin embargo, el Ejecutivo nunca la aplicó.
Desde entonces, distintas decisiones judiciales, entre las que se cuenta un fallo en junio de la Corte Suprema, obligan al gobierno a cumplir con el pago.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo el martes que “no es cierto que no se esté cumpliendo con esa ley” sino que la ley “está interrumpida” mientras el Gobierno recurre a la justicia.
El Ejecutivo plantea además que la legislación no contempla con qué fondos financiarla.
Esta es la quinta marcha federal universitaria desde el inicio de la presidencia de Milei en diciembre de 2023. Desde su llegada al poder dispuso aumentos en las partidas, pero las universidades los consideran insuficientes.
La marcha universitaria fue acompañada por partidos políticos opositores, sindicatos, organizaciones sociales, sindicales y jubilados.
Los grupos también convocaron a movilizarse al Congreso para exigir la derogación de un megadecreto de Milei que, entre otras cosas, elimina la restricción a la venta de tierras rurales a extranjeros.
- Fuente: AFP
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Producción editorial creció 10,4 % y llegó a 36 ciudades del país
La producción editorial paraguaya registró un crecimiento del 10,4 % durante 2025, con un total de 1.393 publicaciones registradas, frente a las 1.262 del año anterior. Los datos de la Agencia Paraguaya del ISBN, dependiente de la Biblioteca Nacional, también reflejan una mayor participación de autores-editores y una creciente presencia de lenguas indígenas en los libros publicados.
El registro ISBN (Número Internacional Normalizado para Libros) permite identificar cada edición mediante un código internacional que facilita su catalogación, distribución y comercialización. Además, constituye una herramienta para observar la evolución de la actividad editorial y su distribución territorial.
Uno de los cambios más relevantes fue el aumento de los autores-editores, quienes gestionan directamente sus publicaciones. Esta modalidad pasó de 254 registros en 2024 a 431 en 2025, lo que representa un incremento del 69,7 %. Asimismo, la cantidad de autores-editores únicos subió de 139 a 197, mientras que los actores editoriales con al menos un ISBN asignado aumentaron de 213 a 280.
En cuanto a la distribución geográfica, las publicaciones alcanzaron 36 ciudades, frente a las 32 del año anterior. Asunción concentró 1.008 registros, equivalentes al 72,4 % del total, mientras que las demás localidades sumaron 385. Lambaré pasó de 56 a 90 publicaciones y Encarnación aumentó de 20 a 73 registros.
La lengua
Otro aspecto destacado fue la diversificación lingüística. Las publicaciones con presencia de idiomas distintos del español aumentaron de 160 a 274, una variación del 71,3 %. En particular, los libros que incorporan lenguas indígenas pasaron de 127 a 167. El guaraní registró 161 presencias, frente a 126 en 2024, además de publicaciones en aché-guayakí, ayoreo y nivaclé.
Por materias, Literatura y Retórica lideró con 524 registros, seguida por Ciencias Sociales, con 351. Del total de publicaciones, 1.180 correspondieron a formato impreso y 213 a soporte digital. Los datos muestran así una expansión de la actividad editorial, con más participantes, mayor alcance territorial y diversidad de idiomas.
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