Desde el 1 de octubre, el gremio docente arrancó una serie de movilizaciones pidiendo que se cumpla el acuerdo del reajuste salarial del 16%. Tras varios días de huelga e inactividad académica, aseguran que no hay voluntad política para llegar a un acuerdo con el Gobierno, que plantea un tope del 11%.
En este sentido, Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), anunció que hoy inician huelga de hambre. “Hoy vamos a empezar, a nivel país. Estamos 4 compañeros preparándonos. Vamos a ver qué pasa, tenemos 8 a 10 días para que esto se pueda subsanar”, apuntó en comunicación con la 650 AM.
Indicó que la huelga de hambre será desde hoy a las 8:00, en la Plaza Uruguaya de Asunción, donde se congregarán y refirió que son cuatro del mismo gremio los que van a ir a la huelga.
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Piris aseguró que no hay voluntad política, que están los requisitos cumplidos y lastimosamente no se da. “Si vamos a esperar a que hayan todos los recursos para cubrir todo entonces no vamos a llegar a nada en concreto”, lamentó.
“Se podría dar en forma fraccionada, pero que sea 16%”, enfatizó sobre el aumento planteado por los docentes y agregó que van a contratar un médico y tomar todos los recaudos para esta medida de fuerza. Igualmente mencionó que mañana llegaría más gente y que el acatamiento es “impresionante”. Sostuvo que se acoplarían educadores de Paraguarí, Guairá y Misiones.
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“Con esfuerzo y dedicación desde las aulas construyen un país mejor”
“Ellos tienen en sus manos el futuro del país. Por eso es de suma importancia reconocer su importantísimo rol y trabajar en su legítimas reivindicaciones”, sostuvo el presidente de la República, Santiago Peña, felicitando a los docentes paraguayos por su día.
Asimismo, a través de un material audiovisual el economista continuó sosteniendo que “celebramos y honramos a aquellos que desempeñan uno de los roles más importantes para lograr el Paraguay que queremos, nuestros maestros y maestras”.
Santiago Peña volvió a reiterar el compromiso de su Gobierno de seguir trabajando para lograr el reconocimiento que se merecen los educadores.
“Cada día con su esfuerzo y dedicación construyen un país mejor desde las aulas”, dijo.
El jefe de Estado recordó además algunas acciones que ya fueron concretadas durante los primeros 8 meses de su gestión. Como ejemplo, Peña citó el pago de la deuda de 5 años por reemplazo por maternidad contraída desde el 2019, el cual era uno de los principales reclamos del gremio. Unos 500 profesionales de la educación serán compensados. Honrar este compromiso demandó un total de G. 3.500 millones.
También hizo mención al desembolso de la deuda por 3 años referente al escalafón docente. “Se comprometió la incorporación de recursos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el pago anual de este concepto, sin generar retrasos. Además se incorporaron los recursos del plan de gastos de la nación para cumplir el incremento salarial que no se venía cumpliendo correspondiente al salario básico profesional del docente, pero esto aún no es suficiente”, comentó.
Peña acotó: “Hemos puesto nuestros mejores esfuerzos para avanzar hacia un reconocimiento más justos para ellos. Nos comprometemos a seguir trabajando para que nuestros maestros y maestras, a quienes tanto cariño y gratitud tenemos, puedan lograr un mayor bienestar para seguir dando lo mejor de sí a nuestros estudiantes”.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
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Docentes realizaron serenata de protesta
Como una actividad central por el Día del Maestro, docentes nucleados en diferentes organizaciones realizaron ayer una peculiar protesta frente a la sede del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), valiéndose de la música para pedir mejores condiciones laborales.
La serenata fue propiciada por los miembros de la Organización de Trabajadores de la Educación Sindicato Nacional (OTEP-SN) para celebrar esta fecha y a la vez presentar los reclamos a las autoridades educativas. Con pancartas alusivos a sus necesidades en las instituciones, mostraron las condiciones en que desarrollan sus labores.
“Hay gobiernos sucesivos que no han atendido la educación. Nosotros creemos que han secuestrado la democracia y va instalando un proceso autoritario, policíaco en las instituciones públicas, especialmente en la educación. Y eso venimos a reclamar”, señaló Blanca Dávalos a C9N.
Afirmó que no hay participación de los educadores en las decisiones tomadas a instancias del MEC, entre ellas la distribución de los kits escolares. “Hoy en nuestro día, en vez de estar con nuestras familias nos juntamos un grupo de compañeros y venimos a reclamar nuestros derechos”, sostuvo.
La dirigente sindical manifestó que el proyecto de ley de la carrera civil afectará a los profesores. “Es una ley que si se instala va a ser un retroceso muy grande en la democracia en nuestro país”, indicó.