Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.

Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.

El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.

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La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.

De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.

Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

Este miércoles se cumplen 45 años de un hecho que conmocionó a la sociedad paraguaya y tuvo repercusiones internacionales: el asesinato con un bazucazo del último dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle. El atentado ocurrió en pleno corazón de Asunción el 17 de septiembre de 1980.

Este hecho dio una dura sacudida a la entonces dictadura stronista y tuvo repercusión internacional al demostrar que ni siquiera el exilio en un régimen autoritario ofrecía protección absoluta.

Recordar este hecho no es solo repasar una página violenta de la historia regional, también ayuda a comprender cómo nuestro país fue escenario de un episodio que marcó las tensiones políticas de toda América Latina en plena Guerra Fría.

Para comprender este hecho, La Nación/Nación Media conversó con el historiador Fabián Chamorro, quien señaló que a más de cuatro décadas, la memoria de aquel acontecimiento sigue siendo necesaria para reflexionar sobre la violencia, el poder y las huellas que dejaron las dictaduras en la región.

“Como todo evento que, como en el caso nuestro, ocurrido acá en Paraguay, es importante que lo tengamos como memoria y también como una lección de cómo podrían terminar ciertos dictadores”, reflexionó.

Chamorro señaló que Anastasio Somoza Debayle formó parte de una dinastía en Honduras, ya que su padre fue también dictador en su país y lo habían asesinado. Su familia ejercía el poder en ese país desde 1937. Al padre Anastasio Somoza García, conocido como “Tacho”, lo mataron en 1956, estando éste en el poder.

“Le sucede el hijo mayor, Luis Somoza Debayle en la presidencia hasta que fallece por causas naturales en 1967, también ejerciendo el poder. Ahí le sucede Anastasio Somoza. Fue presidente 13 años, hasta 1979, cuando la famosa Revolución Sandinista logró derrocarlo en julio de ese año”, precisó.

Señaló que tras su derrocamiento buscó instalarse en los Estados Unidos, ya que además de que realizó sus estudios en ese país, logró tener la formación militar en la Academia Militar norteamericana. Respecto a cómo vino a parar a Paraguay, indicó que existen dos versiones: una, que el gobierno norteamericano le obligó a ir a Paraguay, y la otra es que era conocido o amigo de Alfredo Stroessner.

“Somoza no solo fue parte de una élite y contaba con poder económico. Pensó que podía instalarse en EE. UU., pero los norteamericanos le bajaron el pulgar. No hay documentación que demuestre que EE. UU. le impone a Paraguay para recibirlo. La otra opción es que los dos dictadores se conocían y por una cuestión económica, aceptaron que Somoza se instale en Paraguay. El tipo había malversado durante su gobierno, estamos hablando de cientos de millones de dólares para aquella época” comentó.

Chamorro señaló que, de acuerdo a los historiadores hondureños, Somoza Debayle fue “un tipo loco”, que cometió crímenes atroces, violaciones de derechos humanos e incluso cometió asesinatos con sus propias manos.

Pese a ese antecedente, indicó que se instaló en Paraguay, lo hizo con grandes lujos, se compró propiedades, tenía una vida bastante pública, eso también facilitó el trabajo de sus asesinos.

El historiador señaló que la organización de su asesinato fue ejecutada por el grupo de izquierda de la región, que tenía fuertes vínculos con el Frente Sandinista, que justamente lo había derrocado del poder nicaragüense. Este grupo comando se instaló en Paraguay y estuvo encabezado por Enrique Gorriarán Merlo, dirigente argentino del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

“El plan se llamó Operación Reptil y fue realmente una operación muy bien hecha. Hicieron un trabajo de inteligencia durante meses. Alquilaron casa, montaron un negocio sobre la Avenida España, donde podían verlo pasar todos los días marcando su rutina y cuándo ya tuvieron graficada llevaron adelante su plan de emboscada sobre la calle España y América”, precisó.

El atentado se produjo poco después de las 9:00. Los guerrilleros prepararon dos lanzacohetes, lo que acá conocemos como bazooka. Con esa arma lograron parar el vehículo que estaba transitando. Uno logró ser gatillado, el segundo no. Con ese disparo prácticamente ya se dio muerte a los tres ocupantes del vehículo. Cuando paró el auto de Somoza bajaron de otro vehículo más guerrilleros que atacaron con fusiles", comentó.

Junto a Anastasio Somoza fallecieron también en el automóvil Mercedes-Benz blindado, José Francisco Guerrero, exministro de Hacienda de Nicaragua y cercano colaborador de Somoza y el coronel Joaquín López, jefe de escolta y hombre de confianza del exdictador.

En cuanto al número de miembros de esta operación, el historiador señaló que no hay datos precisos sobre la cantidad, ya que algunos libros hablan de 5, otros de 7 miembros e incluso señalan hasta 15 revolucionarios, de los cuales, solo uno de los que ejecutaron a Somoza fue capturado en Asunción. Se trata de Hugo Irurzún o “Capitán Santiago”, quien fue muerto supuestamente en un intento de fuga, pero fue torturado. Mientras que Gorriarán Merlo logró escapar y permanecer prófugo durante varios años.

Respecto a la motivación del plan de ejecución, Chamorro señaló que Gorriarán Merlo, el que ejecutó el asesinato, escribió un libro en el cual señala que ellos tomaron la decisión de matarle a Somoza, como una forma de ajusticiamiento por los crímenes que le había cometido contra el pueblo de Nicaragua.

“En el fondo fue por una cuestión ideológica, no por una material, No es que lo mataron por una cuestión específica de la guerrilla, sino por una cuestión filosófica, doctrinaria de los líderes de la revolución.

El historiador explicó que este grupo de guerrilleros logró movilizarse con total tranquilidad en Asunción, pese a la dictadura stronista, porque ninguno de ellos fue objetivo de investigación. Recordó que el gobierno dictatorial ya tenía entonces sus objetivos a quienes consideraban subversivos, y esta información también procedía de los EE. UU., sobre quiénes debían ser vigilados o puestos bajo arresto.

“Esta gente vino como un argentino más. No existía todavía esa inteligencia norteamericana, que era la que le nutría a todos. Evidentemente, EE. UU. no filtró adecuadamente la información y estos tipos se instalaron tranquilamente en Paraguay, porque no estaban en la mira”, explicó.

Como detalle, el historiador Fabián Chamorro agregó que tras este suceso, Pastor Coronel encabezó un periodo terrible, pues comenzaron a buscar casa por casa. Después eso ya se volvió extensiva a cualquiera que fuera opositor al gobierno. Indicó que este suceso fue aprovechado para golpear a sus enemigos. También comenzaron las riquezas en los colectivos.

“Hubo todo tipo de abusos después de la muerte de Somoza. Es más, fue uno de los motivos que mató la noche asuncena, que justamente a finales de los 70 comenzaba a tener nuevamente vida. El asesinato de Somoza hizo que muera nuevamente la actividad nocturna en la capital, debido a las medidas restrictivas, persecución a los civiles, militares subiéndose a los colectivos, policías parando automóviles, eso hizo que mate lo que quedaba de noche asuncena”, concluyó.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes encabezó esta noche el allanamiento de albergue destinado a personas de pueblos originarios denominado “Tesai Róga”, de Ciudad del Este. Es en el marco de la investigación de la supuesta comisión de explotación laboral y sexual en la que estaría involucrado el citado hogar.

La denuncia fue realizada por la Consejería Municipal por los Derechos de la Niñez (Codeni), de la capital altoparanaense. La fiscal informó que en esta primera incursión no halló nada y las mujeres que se encontraban en el albergue pudieron dar crédito de su estancia en el lugar con sus hijos.

Las familias nativas utilizan el sitio como un hospedaje, mientras tienen niños internados en el Hospital Regional o teniendo que seguir algún tratamiento y, generalmente, acuden con sus otros hijos. El hogar es de permanente ir y venir de personas que viven en distritos del interior del departamento.

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La fiscal Coronel informó que investigará sobre el funcionamiento del albergue, qué institución y personas son los responsables y todos los documentos necesarios que acrediten la existencia del sitio, así como su manejo. Indicó que la denuncia ya fue realizada hace unos meses y desde ese entonces se venía haciendo un seguimiento.

Explicó además que la situación de tránsito permanente de las personas en el albergue dificulta el hallazgo de indicios en el momento exacto, por lo que se requiere de un trabajo más largo para descubrir evidencias ciertas, si es que hay hechos punibles. Acompañaron el procedimiento funcionarios de la Defensoría de la Niñez, del Ministerio de la Niñez y de la Codeni.

El albergue “Tesai Róga” está ubicado en el barrio San Ana, a metros del hospital y funciona como tal desde hace 20 años. Se mantiene con aportes solidarios de la comunidad.

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El agente fiscal de Asuntos Internacio­nales, Manuel Dol­dán, indicó que el Ministe­rio Público realizó nuevas acciones dentro de la inves­tigación sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficia­rios finales al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, y su esposa Sil­vana López Moreira, y que no se limita solo al reque­rimiento de informaciones al Gobierno de la islas Sey­chelles.

Doldán dijo que, en el marco de la causa que investiga al líder del movimiento Colo­rado Añetete por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el órgano extrapoder también requerirá informa­ciones a otros cuatro o cinco países con el fin de determi­nar la ruta de la millonaria suma de USD 21 millones, que fueron ocultos en cuen­tas bancarias del país locali­zado en África.

“Estamos trabajando en la redacción de otros varios exhortos para otros países sobre el mismo caso. Hasta ahora identificamos entre 4 y 5 países, pero por cues­tiones de investigación no quiero hablar sobre los paí­ses”, indicó Doldán, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el agente fis­cal recordó que, en agosto pasado, el Ministerio Público remitió a la oficina del fiscal general de la República de Seychelles pedidos de coo­peración en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

“Todavía no hay respuestas. Nosotros habíamos remitido el exhorto a la autoridad cen­tral que debe recibirlo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención de Mérida, pero las autoridades de la Fiscalía nos pidieron que, a la par de eso, hagamos el trámite por vía diplomá­tica, entonces yo inmediata­mente volví a enviarlo. Hay dos remisiones de exhortos por la vía de la autoridad cen­tral que es la legal y vía Can­cillería que es la diplomática que es la que Seychelles nos pidió “, afirmó.

La apertura de una investi­gación judicial contra Abdo Benítez surgió luego de una publicación realizada por la prensa argentina, en el portal Periodismo y Punto, el pasado 20 de julio, mediante datos obtenidos por una filtración de fuente confidencial.

La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera de dos cuentas se encuentra locali­zada en el banco MCB Inter­national y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviem­bre de 2022, año en que Abdo Benítez aún se desempeñaba como presidente de la Repú­blica.

Señala que la cuenta figura a nobre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y su esposa Sil­vana López Moreira.

Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023a nom­bre de Exchange Contracts International Finance Limi­ted, un mes después de fina­lizar su periodo como jefe de Estado.

De acuerdo al informe con­fidencial, la cuenta presen­taba un balance de USD 8.716.581,02. Figuran tam­bién como beneficiarios fina­les Abdo Benítez y López Moreira.

Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias –desde Capi­tal Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC– por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.

Mientras que Exchange Con­tracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran den­tro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.