La Fiscalía allanó las casas de dos funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas identificados como Roberto Luis Pereira y Miguel Medina, este sábado en horas de la tarde. Ambos operativos se realizaron en el marco de la denuncia presentada por el titular de la institución, Julio Fernández, por tráfico de influencias contra el senador Martín Arévalo.
Los procedimientos estuvieron a cargo de los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes encabezaron las comitivas fiscal-policiales, en las dos lujosas propiedades ubicadas en Asunción. En ambos allanamientos se incautaron varios equipos celulares de las casas de los dos hombres investigados, ya que también figuran entre los denunciados.
Cabe recordar que el director de Aduanas presentó ayer viernes una denuncia contra el senador Arévalo ante el Ministerio Público por tráfico de influencias en relación a un cargamento ilegal que fue decomisado en Encarnación, perteneciente al empresario extranjero Armando Chan.
El senador es acusado por Fernández de abogar a favor del propietario de una carga de productos electrónicos. En ese sentido, habría realizado numerosos pedidos al director de Aduanas para colocar a un grupo de personas en puestos clave en la institución.
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Fernández manifestó que la carga venía por tierra desde Uruguay con artículos por valor de US$ 3 millones, pero en Paraguay estaba esperando un camión con las mismas características del contenedor y la Dirección Nacional de Aduanas declaró los productos como contrabando.
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Senado busca blindar por ley el Registro de Estudiantes para erradicar títulos falsos
La Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos del Senado ya baraja varias alternativas o proyectos con el objetivo de erradicar el esquema que afecta al ámbito educativo e impulsar que el Registro Único del Estudiante (RUE) tenga fuerza de ley. Entre las propuestas figuran la creación de un protocolo formal para derivar los casos de fraude directamente a la Fiscalía.
“Estamos construyendo muchas ideas como, por ejemplo, la creación de un protocolo formal de derivación al Ministerio Público en casos de evidencias y responsabilidad penal. El Registro Único del Estudiante de Educación Superior, hoy se encuentra en vigencia por resolución del Ministerio de Educación y Ciencias, pero pensamos que su aplicación debe ser por ley“, afirmó el senador Patrick Kemper, presidente de dicha comisión, este martes al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El legislador refirió que, mediante estas reformas, se podría erradicar hasta un 80 % de la expedición de títulos universitarios falsificados en el país. “Si el El Registro Único del Estudiante de Educación Superior es aplicado por ley se blindará que no se encuentre sujeto a un gobierno o ministro de Educación. Yo particularmente pienso que esto solucionará el 70 u 80 % del problema”, dijo.
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Títulos falsos: senadores citarán a ministros de la Corte y al fiscal general
El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.
“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.
El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.
Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.
Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.
“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.
Denuncia ante Fiscalía
Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.
“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.
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Núñez sepulta discurso de copamiento, reflotando el historial de la corrupción opositora en la CGR
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso del discurso de copamiento por parte del oficialismo colorado que pretende instalar la oposición en el proceso de la próxima elección del contralor y subcontralor general de la República. Con el fin de refutar “la maniobra”, el senador recordó el extenso historial de corrupción que salpicó a representantes de dicho sector político que estuvieron al frente del órgano extrapoder.
“Ante las declaraciones del senador Eduardo Nakayama, que llama a la oposición a hacer el vacío si el cartismo propone a un contralor y subcontralor afiliados a la Asociación Nacional Republicana, vale recordar la historia reciente de la Contraloría: De los últimos 5 contralores impulsados por la oposición, 3 afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, manifestó.
Para sostener su postura, Núñez detalló cronológicamente los casos de los excontralores de extracción opositora que terminaron ante la justicia. “El excontralor Daniel Fretes del Partido Liberal Radical Auténtico, quien estuvo al frente de la institución durante los años 1995 al 2000 fue condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación criminal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Organizó una máquina de lavar dinero”, indicó.
El legislador acotó: “El excontralor Óscar Rubén Velázquez Gadea también fue representante del Partido Liberal y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos durante los años 2010 al 2015. También fue condenado a 4 años de cárcel (confirmado por la Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso de la secretaria vip”..
A la vez, el parlamentario recordó el caso del excontralor José Enrique García Ávalos, quien fue representante del tercer espacio opositor entre los años 2016 y 2019. “Él también fue condenado en el 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado por el caso Ivesur. Enfrentó múltiples causas por enriquecimiento ilícito y lavado”, refirió.
“Prioricemos el interés nacional”
Núñez indicó que dichos antecedentes ocasionaron que la ciudadanía perdiera la confianza hacia la institución encargada de fiscalizar, vigilar y controlar el buen uso de los fondos, bienes y recursos del Estado.
“La Contraloría perdió credibilidad con estos antecedentes. Hoy necesitamos romper ese ciclo: un proceso de selección transparente, meritocrático y basado en trayectoria técnica, no en color político ni pactos. No se trata de copar la institución, sino de elegir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la confianza ciudadana”, sostuvo en sus redes sociales oficiales.
Agregó que “rechazamos los bloqueos por cálculo electoral. Paraguay merece una Contraloría independiente y eficaz. Prioricemos el interés nacional por encima de las maniobras de sectores retardatarios de la oposición”.
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En amplio operativo buscan a Magnolia: su papá la retiró de la guardería y desapareció
La Policía desplegó un amplio operativo para ubicar a la niña de 2 años Magnolia Bustos, luego de la denuncia presentada por su madre por desaparición. La mujer dijo que el padre de la niña no cumplió con el régimen de relacionamiento y no devolvió a la menor.
La denunciante informó que el padre, de nacionalidad chilena, debía entregar a la niña a las 17:00, pero no cumplió y posteriormente dejó de responder llamadas y mensajes.
“La mamá me dijo que esta persona tenía que entregarle a la hija según un régimen de relacionamiento, a las 17:00, cosa que no cumplió. Puso muchas excusas diciendo que su vehículo se averió. Después, ya no contestó el celular ni llamadas ni mensajes por WhatsApp”, refirió a la 780 AM el oficial Ramón Vera, del Departamento de Búsqueda y Localización.
Ante esta situación, la madre realizó la denuncia por desaparición y se activaron los protocolos. “Ayer (jueves) a las 20:00 se recibió la denuncia e inmediatamente se activaron los protocolos. La mamá está con mucho temor de que esta persona le lleve a su hija para sacarla del país”, detalló el agente policial.
En ese sentido, todos los aeropuertos del país fueron notificados a fin de estar en alerta. “Estamos moviendo todos los personales posibles para ubicarle y vamos a trabajar todo el día y toda la semana si es necesario”, afirmó el uniformado.
Mencionó además que anteriormente ya se había registrado un episodio similar, donde incluso intervino Interpol debido a la preocupación de que la menor pudiera ser trasladada fuera del país.
“Este es un caso ya reiterado. La última vez que pasó, la mamá nos había manifestado que esta persona extranjera es bastante prepotente y que ya había intentado sacarle de país a la menor”, recordó.
En aquella ocasión, la menor fue devuelta a su madre, pero ahora se presentó el mismo inconveniente.
Advirtió que ante esta situación el padre deberá enfrentar consecuencias legales. “El puede perder la patria potestad de su hija”, precisó.
Ante cualquier información, contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional del Paraguay.