Ante la renuncia de un integrante del Tribunal Electoral Independiente (TEI) y la candidata a vicedecana, informaron que ya se pueden retomar las elecciones para elegir a las próximas autoridades de la Facultad de Derecho de la UNA. Las elecciones debieron realizarse el pasado 20 de agosto, pero fueron suspendidas provisionalmente.

El Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala, ordenó el pasado jueves la suspensión provisoria de los comicios para elegir a los decanos y vicedecano para el periodo 2026 - 2031 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), por una medida cautelar a pedido del Dr. Carlos Aníbal Fernández, en el marco de cuestionamientos al proceso electoral.

Ante esta situación, el abogado Edgar Ríos Parquet, integrante del Tribunal Electoral Independiente (TEI), presentó su renuncia para no afectar el cronograma electoral y facilitar la realización de los comicios. Así también, lo hizo una de las candidatas que dio un paso al costado.

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“En la fecha presenté mi renuncia al TEI ad hoc, con el propósito de eliminar cualquier controversia en torno a su integración y facilitar la inmediata continuidad del cronograma electoral. Por la estabilidad institucional de nuestra querida Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, exhorto a avanzar con el proceso de elección de decano y vicedecano”, expresó el abogado Edgar Ríos, consejero.

Así también, presentó la renuncia a su candidatura a vicedecana, Karen González, para evitar que su participación sea motivo de controversia dentro del proceso. “Con ambas renuncias, quedan subsanadas las situaciones que habían sido planteadas como fundamento de la suspensión, por lo que se dejaría sin efecto la medida cautelar, permitiendo la continuidad del proceso electoral”, resaltó.

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.

La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.

“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.

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De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.

El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.

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La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.

Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.

Este martes, alumnos y graduados de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se manifestaron para solicitar la liberación de las actas de las elecciones que se realizaron el pasado 20 de agosto, a modo de poder conocer quiénes son las nuevas autoridades. Ambos sectores denunciaron que la decana Silvia Leiva León está reteniendo los documentos para retrasar la entrega de mando y continuar ella en el cargo.

La medida fue tomada a raíz de que ya pasó un tiempo considerable tras las elecciones de las nuevas autoridades de la facultad para el periodo 2026 - 2031 y denunciaron que la decana Leiva León no ha remitido los resultados oficializados del acto eleccionario.

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“Nuestro pedido fue concreto de que se remitieran las actas del acto eleccionario al Rectorado de la UNA. Es el paso que resta para que puedan proclamarse las autoridades electas”, expresó Fernando Moreno, miembro del consejo de la FPUNA, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Agregó que las autoridades electas asumirán el primer día hábil de setiembre y encontrarán una contraparte exigente, atenta y dispuesta a colaborar. “Nos reunimos en plenaria a comentar un poco todo lo que venía pasando y acercamos las copias de las actas al Rectorado. Con eso, entendemos que se comunica y corresponde según el estatuto”, apuntó.

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Resaltó que la fuerza del proyecto siempre ha sido la transparencia y la unidad de todos los estamentos. “Las medidas de fuerza seguirán hasta que esto se pueda solucionar. Reitero, queremos que se remitieran las actas del acto eleccionario para que puedan proclamarse las autoridades del próximo periodo”, apuntó.

El 20 de agosto pasado el Consejo Directivo de la Facultad Politécnica eligió a sus nuevas autoridades, en un proceso conducido por el Tribunal Electoral Independiente Ad Hoc y desarrollado conforme al Reglamento General aprobado por el Consejo Superior Universitario: padrón publicado, candidaturas inscriptas sin impugnaciones, presentación de programas de gobierno en sesión pública transmitida por los canales oficiales de la Facultad, voto secreto y escrutinio público.

“Sociología paraguaya: dos momentos” es la última publicación del sociólogo Carlos Aníbal Peris que fue presentado el pasado viernes en el marco del Simposio de Sociología 2026. El material aborda el devenir de la disciplina en el país, que tras un largo periodo de orfandad logró institucionalizarse y busca consolidarse planteando una mirada crítica sobre el presente.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos Archivo / Gentileza

“Dos veces le prohibieron a la sociolo­gía paraguaya mirar al país”, recuerda Carlos Peris en este este libro publicado desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

La obra investiga un pri­mer hecho entre 1900 y 1913 cuando Cecilio Báez intenta la primera cátedra y es resis­tida por la Iglesia católica y un segundo entre 1972 y 1983 en la Universidad Católica: “La institución que había comba­tido a la disciplina es ahora la única capaz de alojarla, porque bajo la dictadura es también el último espacio con algún margen. Pero el mar­gen tiene un límite y en 1983 la carrera se cierra”.

Peris cuenta que “una iro­nía metodológica atraviesa todo el libro y que me parece la mejor razón para leerlo: el aparato que vigilaba es el que conservó. Terminé recons­truyendo un capítulo de la vida intelectual paraguaya con los papeles de quienes la reprimieron. Eso obliga a una conclusión práctica: los archivos –el del Terror, pero también los universita­rios y los eclesiásticos– son patrimonio público y hay que abrirlos y digitalizarlos, por­que cada expediente que se pierde es una parte de nues­tra historia intelectual que queda explicada para siem­pre como desinterés. Por eso el libro incluye los documen­tos en facsímil: quiero que el lector juzgue por sí mismo, no que me crea a mí”, apunta.

–Hago una precisión que importa: la Iglesia no se opone a la cátedra por vía adminis­trativa –no hay un expediente que la clausure–, se opone a lo que la cátedra enseña y lo hace en el terreno público. La cátedra de Sociología se crea por decreto del Poder Eje­cutivo en el año 1900, en la Facultad de Derecho y Cien­cias Sociales de la Universi­dad Nacional de Asunción, y su titular es Cecilio Báez, que en 1903 publica el primer manual paraguayo de la disci­plina. Báez es masón y libre­pensador, y enseña una expli­cación del orden social que no necesita de la providen­cia: monismo, evolución, des­naturalización de la familia bíblica. Eso, en el Paraguay de 1900, no era una discusión de aula, era una guerra cultural.

–La sociología paraguaya no llega al país como una importación académica neu­tra, una novedad europea que se enseña porque queda bien en un plan de estudios. Llega como una toma de posi­ción sobre quién tiene dere­cho a explicar la sociedad. Y el detalle decisivo es que el hombre que abre la cátedra en 1900 es el mismo que en 1913 firma el manifiesto: no hay un Báez profesor y un Báez militante, hay un solo dis­positivo intelectual funcio­nando en dos escenarios, el aula y la plaza. Lo que se ense­ñaba adentro es exactamente lo que sangraba afuera.

–Es la parte más incómoda del libro: no hay una inter­vención de la dictadura en el sentido clásico, no hay tan­que ni decreto de Alfredo Stroessner cerrando una carrera. Hay un procedi­miento interno, estatuta­rio, impecable en la forma. La carrera de Sociología se abre en la Universidad Cató­lica en 1972 –la institución que setenta años antes había combatido a la disciplina es ahora la única con margen para alojarla, porque bajo la dictadura es el último espacio con algo de aire–. El deterioro empieza antes del final: en 1978 se rechaza un proyecto de reformulación y una cir­cular disuelve la Facultad de Ciencias Sociales dentro de la nueva Facultad de Filo­sofía y Ciencias Humanas. Lo que reconstruyo con los expedientes es que en 1982 se inscribe un solo alumno y la carrera ya no figura en los folletos de oferta de la Universidad ni de 1982 ni de 1983. Es decir: dejó de ofre­cerse antes de que existiera una resolución que la cerrara.

–Hoy la sociología para­guaya produce más y mejor que nunca, y con menos épica. Destaco tres líneas. La cues­tión agraria y ambiental, donde el trabajo de Ramón Fogel sigue siendo la referen­cia obligada para entender la expansión del agronegocio y el desplazamiento campe­sino e indígena. La sociolo­gía de la estructura social y la educación, donde Luis Ortiz ha mostrado cómo la desigualdad se reproduce por vía escolar en un país que se cuenta a sí mismo como igua­litario. Y la agenda de ilega­lidad, crimen organizado y captura territorial, que es donde yo trabajo. Sumaría el trabajo historiográfico sobre la propia disciplina –Javier Caballero Merlo, Lorena Soler– y la producción del CPES, que sostuvo la inves­tigación social cuando la uni­versidad no podía.

–Institucionalizada, sí. Con­solidada no todavía. Hay carreras, hay posgrados, hay una revista, hay investiga­dores categorizados: hace treinta años eso no existía y no es poco. Reponer la con­tinuidad histórica es discu­tir el presente: la sensación de que la sociología para­guaya siempre está empe­zando de nuevo no es un rasgo de carácter nacional, es el efecto de dos cortes bien fechados. Una disciplina que no conoce sus propias inte­rrupciones cree que su fragi­lidad es culpa suya. Y por eso también insisto con lo ins­titucional: la consolidación no se decreta ni se declama en un congreso, se construye en un aula que abre todos los años. Mientras la Facso siga formando sociólogos y sociólogas en la universidad pública, la disciplina tiene piso. Ese es el resguardo real que el país no tuvo en 1913 ni en 1983.