Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Alberto Torres y agentes de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná, allanaron un departamento y encontraron armas de fuego, cargadores con cartuchos de distintos calibres y un hombre fue aprehendido, Fernando Adrián Sandoval Martínez (30).

El procedimiento fue ayer en los departamentos 14 y 19 del edificio Alfa, ubicado entre las calles Calandria y Canario, barrio San Lorenzo de Presidente Franco, según Investigaciones de la Policía.

Es en investigación de un supuesto hecho de amenaza a una mujer, con vídeos de por medio donde se exhibieron las armas, refirió a La Nación/Nación Media, el fiscal Alberto Fernández.

“Encontramos las armas y el hombre que estaba en el departamento coincide con la persona denunciada”, dijo el agente fiscal.

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Fueron incautadas tres armas de fuego: una pistola de la marca Glock, calibre 9mm, modelo G19MO5, con funda de color negro, con un cargador conteniendo 15 cartuchos sin percutir; un rifle marca Tinck, modelo ARX-15M5, calibre 223 RIM, con mira telescópica y linterna; un rifle modelo 1892, marca Winchester, con culata de madera color negro, conteniendo 1 cartucho calibre 380.

También encontraron un cargador con 15 cartuchos calibre 9mm, sin percutir; un cargador color negro, conteniendo 23 cartuchos calibre 223; una caja de polímero de color amarillo; un DVR marca Hikvisión color blanco y una máscara de payaso, de material silicona o goma.

El aprehendido fue derivado a la Dirección de Policía de Alto Paraná, tras la revisión médica de rigor.

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El fiscal Silvio Corbeta se constituyó en la sede de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ubicada sobre la avenida Guido Boggiani, para iniciar las pericias del caso. El perjuicio a la institución sería de G. 7.500 millones, según datos iniciales de la investigación.

“Lo que denunció la Administración Nacional de Electricidad es un retiro de aproximadamente 350.000 metros de cables, que son de diferentes tipos de milímetros y especies, para diferentes usos”, señaló a la 1080 AM.

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El agente del Ministerio Público explicó que las autoridades de la Ande radicaron la denuncia a resultas de una auditoría interna donde se corroboró la irregularidad, en la que estarían involucrados algunos funcionarios de la institución.

“La auditoría señala que estas personas han solicitado de manera indiscriminada a través de los pasos internos que tiene la Ande para retirar estos cables. Y en el mismo sentido la auditoría responsabiliza también a parte de los funcionarios encargados de controlar si eso cumple con los requisitos establecidos en los manuales internos de la Ande, para posteriormente proceder a la entrega de los cables”, explicó.

El fiscal Corbeta confirmó que hay una sospecha de la participación del personal encargado del despacho de los cables. “Hubo una suerte de ligereza o una suerte de omisión en cuanto al control efectivo en la entrega de estos cables que fue solicitado por esta unidad que es de la sección de Limpio de la Ande, específicamente”, puntualizó.

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En una actitud visiblemente cohibida, en la sesión de ayer el diputado “mago del sur”, Carlos Pereira Rieve ensayó un discurso alusivo a los destapes mediáticos en torno a su empresa hormigonera, responsable de la carga de losas en el edificio caído en Encarnación y la fortuna que amasó en tiempo récord. Se retrotrajo a los tiempos de su colegio, revivió sus inicios como activista juvenil, su vida sacrificada, sin herencias, recordó y pidió disculpas a su mamá, pero en su alocución no pronunció una sola frase que explique la receta mágica de su meteórico ascenso económico, ni la causa por enriquecimiento ilícito que le abrieron junto con sus hermanos y que se maneja con mucho hermetismo en el Ministerio Público.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Con mucha insistencia y en medio de un her­metismo que llama poderosamente la atención, nuestro equipo accedió a la confirmación de que la causa sobre enriquecimiento ilícito del Ministerio Público al clan Pereira Rieve de Itapúa con­tinúa abierta, así como otros datos que guardan relación al caso.

La causa sobre enriqueci­miento ilícito y otros que la Fiscalía abrió al exintendente de Cambyretá, actual gober­nador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve y a sus hermanos data del año 2022. Es decir, hace tres años que el Ministerio Público tiene en sus manos la investigación y hasta ahora no existen resul­tados visibles, menos aún socializados sobre los presun­tos delitos que se sospechan los miembros del clan.

En el marco de la mencionada causa, el exfiscal Osmar Legal había solicitado a la Contra­loría General de la República hace 2 años y medio el estudio de correspondencia del actual gobernador, su hermano el hoy diputado, exconcejal departamental Carlos Pereira Rieve y la hermana de ambos Gladys Estela Pereira Rieve, secretaria privada de su her­mano en la Gobernación de Itapúa.

La investigación penal prácti­camente se manejó en secreto, ni una sola información tras­cendió al respecto. En para­lelo, intentaron desestimar la causa, pero desde el juzgado al cual acudieron rechazaron el pedido y tuvo que ser rea­bierta.

La investigación del presunto enriquecimiento ilícito al clan Pereira Rieve, posiblemente guarda relación con activida­des ilícitas concernientes al lavado de dinero provenien­tes del narcotráfico. Recor­demos un informe inteligen­cia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que sin­dicaba al entonces intendente de Cambyretá, actual gober­nador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve como líder de una organización criminal vinculada al narco­tráfico que quedó en la nada, porque el agente antidrogas fue pescado en un presunto cobro de coima para limpiar el expediente de su investigado y es así que el sospechoso se convirtió en víctima y denun­ciante.

El proceso se redujo a la con­dena del agente antidrogas, pero nada se sabe de los infor­mes recabados ni el curso de las investigaciones que invo­lucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal, pese a la existencia de la carpeta que incluso fue incautada en un allanamiento en el marco de las investigaciones al exfun­cionario preso por caso coima.

En medio de las sospechas de los ilícitos mencionados, sin embargo, el clan Pereira Rieve amasó fortuna, cons­tituyó empresas, erigió enor­mes fábricas, que han pasado desapercibidos para los orga­nismos de control y pese a las extraordinarias formas en que han saltado de la pobreza a la prosperidad.

Recordemos que en el caso del diputado “mago del sur”, de armar una empresa en la que su aporte fue la módica suma de G. 2,5 millones, una notebook, escritorio y silla de oficina, un archivero y algu­nos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millones, en dos años pasó a Mega Con­cret SA de G. 6.000 millones, que de entrada se integró G. 4.150 millones.

O el caso de su hermano el gobernador que, de un terreno tasado en G. 12 millones en sus tiempos de concejal munici­pal de Cambyretá, le bastó dos elecciones como intendente para aterrizar a la jefatura departamental con un activo de G. 7.300 millones.

Sin embargo, nada explicó el diputado “mago del sur” sobre las bases o el origen del dinero para el gigantesco salto eco­nómico suyo y de su familia en tiempo récord. Usó minutos de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados para referirse indirectamente a los desta­pes en la prensa, recordó su época de colegio, sus inicios como activista juvenil, su vida de trabajo, llena de sacrificio para luego concluir con la teo­ría de siempre, de atribuir los trascendidos a ataques políti­cos para “manchar” su imagen.

Aprovechó para pedir dis­culpas a su mamá y saludar a su departamento, pero no se acordó de las víctimas fatales a causa del desplome del edifi­cio en la que su empresa cargó las losas y proveyó hormigón por G. 2.000 millones, mucho menos de la causa en la Fisca­lía que había desconocido ya en una consulta anterior reali­zada desde nuestra redacción.

Tras darse a conocer que el 24 de mayo está previsto que se lleve a cabo nuevamente el examen de admisión para formación docente, el cual fue anulado luego de que se corroboraran inconsistencias en el proceso, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) anunció que la denuncia formal presentada en torno a la filtración de resultados contará con una extensión, ya que se conocieron nuevos detalles de cómo se habría dado el hecho.

En conversación con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el presidente del Cones, Federico Mora, explicó que tras recabar información sobre denuncias presentadas por los postulantes, además del cotejo de datos que no podían estadísticamente darse, se pudo trazar un posible esquema de cómo se habría dado la filtración.

“El examen inicia a las 8 de la mañana; nosotros vemos con esta información que las respuestas empiezan a circular a las 09:10. Muy posiblemente se toma ya iniciado el examen una de las cartillas, se contestó y luego circulan las respuestas, teniendo preparado quien lo haga. ¿Y por qué decimos que quien lo haga? Porque esto afecta al 45 % de los postulantes que se presentaron; eso implica a 28 institutos de formación docente de los 77 que se presentaron y estos están plenamente identificados también”, dijo Mora.

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Precisó que las irregularidades fueron halladas en 13 de los 22 puntos de aplicación y que quienes estarían detrás de esta filtración serían de un grupo importante de personas, ya que la mitad de todos quienes se encontraban en este proceso a nivel nacional obtuvieron estos resultados.

“La mitad de todo el proceso a nivel nacional recibió este escenario, entonces lo que creemos es que este grupo recibe las respuestas y de ahí remite a nivel nacional a sus aplicadores, que son los que a viva voz dictan en el aula las respuestas”, remarcó el presidente del Cones.

En la misma tesitura, Mora aseguró que la Asociación de Institutos de Formación Docente del Paraguay (Asifodopa), si bien cuenta con un funcionamiento entre sus integrantes como interlocutor ante el Ministerio de Educación y Ciencias, no se encuentra registrada en la Dirección de Asuntos Gremiales, por lo que no es una instancia que tenga legitimidad activa.

En cuanto a las medidas a ser tomadas, el presidente del Cones recordó que la ley de función pública cuenta con una cierta cantidad de atribuciones, pero también con limitaciones, por lo que el proceso puede ser demorado, ya que debe iniciarse un sumario y posteriormente darse las medidas correspondientes. Admitió que esta no es la primera ocasión en que se da este tipo de escenarios y que en muchos casos existe toda una estructura detrás.

“Un primer objetivo es que el día 24 se desarrolle este proceso con una trazabilidad, y comprender que se dé con los pasos que nosotros ordenamos. En un corto plazo se prevé la revisión del mecanismo como tal; esto tiene que ser revisado y, por otro lado, ver el incentivo que existe detrás de todo esto”, indicó Mora.

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