“Los documentos son contundentes, esto no se trata de una cuestión partidaria“, manifestó este viernes el titular del Congreso Nacional, Basilio ”Bachi" Núñez, al referirse al requerimiento de intervención a la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.

“Si queremos mejorar en la transparencia, no debe importar que sea un colorado o un liberal. Miguel Prieto debe responder a las faltas administrativas por las cuales está denunciado“, comentó a los medios de comunicación.

Prieto, acompañado de su entorno político, acudió este viernes de manera desafiante hasta la sede del Poder Legislativo, para alegar que no renunciará al cargo de intendente y que es víctima de una persecución política orquestada desde el oficialismo colorado mediante la instrumentalización de la Contraloría General de la República (CGR).

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Durante su descargo atacó a Núñez, quien es uno de los parlamentarios que de manera constante se hace eco de las denuncias de corrupción realizadas por los ciudadanos esteños que salpican al líder del movimiento “Yo Creo”. En su discurso, calificó al titular del Congreso de “charlatán”.

“Lo que Miguel Prieto tiene que responder es por qué en la pandemia fue y compró víveres en el kiosco Tía Chela, dónde fue a parar los G. 3 mil millones”, dijo Núñez.

El senador siguió sosteniendo que “Prieto tiene que responder sobre la compra de tapabocas de oro, sobre las transferencias a las organizaciones sin fines de lucro que después no rindieron cuentas".

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• México. AFP.

Cuatro personas han muerto por sarampión en México en lo que va de 2025, entre ellas tres menores de edad que no estaban vacunados, según un balance del gobierno. Tres de los fallecimientos se registraron en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, y uno en el vecino estado de Sonora, señaló un informe de la Secretaría de Salud federal difundido el miércoles pasado.

En Chihuahua, un niño de 7 años y otro de 11 meses de la comunidad menonita, una población ultraconservadora reacia a las vacunas, murieron por complicaciones de la enfermedad en la primera quincena de mayo. Esas muertes se suman a la de un hombre de 31 años en abril, quien tampoco estaba vacunado.

Ambos menores presentaron neumonía, pero además “uno de ellos padecía leucemia y otro una afección renal”, detalló la Secretaría de Salud de Chihuahua. “Ninguno estaba vacunado contra la enfermedad. En el caso del menor de 11 meses, la madre tampoco estaba vacunada, por lo que no pudo transmitir inmunidad al infante”, añadió.

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El gobierno de Chihuahua informó este jueves que sostuvo una reunión con líderes de las comunidades menonitas para reforzar la campaña de vacunación y atención médica. La persona muerta en Sonora fue una niña de un año de edad, hija de padres jornaleros agrícolas. “Presentaba un cuadro de desnutrición severa, no había sido vacunada y no fue reportada por sus tutores para recibir atención médica”, dijo la Secretaría de Salud local en un comunicado.

El gobierno mexicano ha reforzado su campaña de vacunación contra el sarampión ante el aumento de casos en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Texas, vecino de Chihuahua. El brote en Estados Unidos ha dejado más de 1.000 casos confirmados de la enfermedad, según un recuento realizado por la AFP a partir de datos públicos. México tiene registro de 1.152 casos confirmados de sarampión.

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El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, defendió la legitimidad constitucional de su entidad, ante el discurso esgrimido desde la oposición en auxilio del intendente Miguel Prieto que alega que supuestamente se extralimitó en sus funciones al requerir la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este.

“Interpretar que la Contraloría no puede pedir la intervención es forzar una interpretación contraria a la Constitución Nacional“, sostuvo Benítez, este viernes, en una entrevista con la 1080 AM, reiterando la existencia de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales esteños.

Los parlamentarios opositores argumentan que el requerimiento realizado de auditar la gestión de Prieto obedece solo a una instrumentación política con el objetivo de sacar al dirigente opositor de la arena electoral. Ahora amenazan al controlar con un juicio político, alegando que la Carta Orgánica Municipal (Ley 3966/10) derogó la Ley 317/94 que sustenta la potestad de la Contraloría para su solicitud realizada al Ejecutivo, mediante el Ministerio del Interior.

“La Constitución Nacional regula las intervenciones de los municipios y faculta que se haga en tres ocasiones diferentes: la Junta, la desintegración de la Junta y por la Contraloría”, justificó Benítez, en base al artículo 165 de la Carta Magna.

“Está la regulación del artículo constitucional que dice expresamente que sí se puede hacer el pedido. Después de eso salió la Ley Orgánica Municipal, que transcribe el artículo constitucional, y eso ya le habilita a la Contraloría. La legitimación de la Contraloría para pedir la intervención ya no está en duda”, puntualizó.

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Los opositores también señalan que la Contraloría solo cuenta con la atribución de dictaminar si halla irregularidades en una administración municipal, pero que en el artículo 165 de la Carta Magna no se le habilita a solicitar la intervención de los municipios.

“Cuando hay graves irregularidades en la ejecución del presupuesto puede haber una suerte de colisión entre la Junta y el intendente para que, justamente, nunca se pida (la intervención). Y si es de público conocimiento, y el caso es grave y amerita, entonces, ¿cómo puede ser que la Contraloría no pueda hacer ese pedido?“, comentó.

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De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, presentó una recusación ante la Fiscalía General contra el fiscal Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, quienes lo investigan por la presunta compra fraudulenta de víveres en pandemia. Ante la acción promovida por el jefe comunal, los agentes del Ministerio Público se verían imposibilitados de participar en la primera audiencia del caso.

“Esto, como viene como aconteciendo desde bastante tiempo, es la presentación de actos dilatorios, siempre frenando la audiencia preliminar o tendiente a eso. Esta vez se recurrió a la recusación contra los tres fiscales y se acortan los plazos en cuanto a la resolución de esta recusación, que no se ajusta a la verdad”, expuso Corbeta.

En conversación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el fiscal señaló que esta acción encabezada por Prieto se da días antes de la audiencia preliminar, fijada para la próxima semana, por lo que probablemente, los tres agentes se verían imposibilitados a participar de la misma.

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“En primer lugar resuelve nuestro superior jerárquico inmediato que es la Fiscalía Adjunta, posteriormente eso se notifica a las partes y esta tiene la posibilidad de impugnar la resolución ante el fiscal general y es él quien resuelve. Lo más seguro que esta situación produzca que los tres fiscales que conocemos a cabalidad la causa, no podamos participar de la audiencia preliminar y somos los que más conocemos los hechos”, lamentó.

El argumento vertido por la defensa de Prieto para recurrir a esta recusación es la supuesta viralización de una declaración que recorrió los medios, acusando a los fiscales de que fueron los responsables de dicha viralización. “Nosotros somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad como agentes fiscales y en ningún momento hemos viralizado ninguna declaración, presumimos que se habrá filtrado a través de terceras personas, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esa filtración”, sentenció.

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