El senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Pedro Santa Cruz había presentado un proyecto de ley con el que se pretendía legalizar las invasiones de tierras en Paraguay, es decir despenalizar la ocupación ilegal de tierras, el cual no fue estudiado y finalmente el proyectista decidió retirar.
Al retirar la propuesta, alegó que las condiciones no están dadas para su estudio, teniendo en cuenta el amplio rechazo no solo de sus colegas, sino de los sectores productivos y empresariales. Sin embargo, anunció que volverá a presentarlo, pero que en la próxima ocasión el documento irá acompañado de un informe del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Ante esta situación hoy consultamos con los lectores lo siguiente: ¿Cómo califica el proyecto de ley que pretende despenalizar las invasiones de tierra?.
El 76% manifestó que “Se debería archivar el proyecto de ley”; mientras que el 18% dijo que es “Malo, es inconstitucional y desalentará las inversiones” y un ínfimo porcentaje del 6% calificó al proyecto como “Bueno, a través de esa ley varias familias podrán acceder a la tierra”.
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Sistema Nacional de Pagos, una oportunidad para abrir el mercado y bajar costos, afirman
El mercado de pagos digitales en Paraguay está listo para dar un paso decisivo hacia la apertura y la modernización. Así lo aseguran desde la Cámara Paraguaya de Fintech, que respalda firmemente el proyecto de ley del Sistema Nacional de Pagos.
En comunicación con La Nación/Nación Media, Diego García, directivo del gremio, dijo que la propuesta busca terminar con la concentración que existe hoy en el procesamiento de pagos y servicios digitales, dominados por pocas empresas, lo que dificulta el crecimiento de nuevos actores. “Paraguay viene muy retrasado en la parte regulatoria, y este proyecto permite dar ese salto necesario para que todos podamos competir en igualdad de condiciones”, afirmó a LN.
Precisó que uno de los pilares de esta ley también es promover una verdadera inclusión financiera. Dijo que no solo el mercado exige nuevos servicios, sino también los usuarios, especialmente en sectores donde los bancos tradicionales no llegan.
Por ende, al permitirse la participación de empresas más pequeñas e innovadoras, se podrán ofrecer soluciones más accesibles, ágiles y adaptadas a las necesidades de la población. “Nosotros llegamos a donde las grandes empresas no pueden o no quieren llegar. Queremos llevar tecnología a todos los rincones del país”, enfatizó.
Por otro lado, García expuso que la interoperabilidad es otro de los puntos clave del proyecto. Esto significa que los medios de pago, como los QR, no estén atados a un único proveedor, sino que puedan ser utilizados por cualquier entidad que cumpla con los requisitos.
Facilitará el comercio local
Según el presidente de la cámara, esto facilitará enormemente el comercio local, pero también abrirá oportunidades para transacciones internacionales. “Hoy tenemos un cuello de botella en el procesamiento. La ley lo que busca es eliminar eso, para que todos podamos operar con libertad y a menor costo”, expresó.
El proyecto también apunta a reducir las altas comisiones que hoy pagan los comercios y usuarios. Las fintech, al no tener estructuras tradicionales, pueden ofrecer servicios más eficientes y económicos, indicó. Sin embargo, al depender de los grandes procesadores, muchas veces terminan atadas a las mismas tarifas que el resto del mercado. “Nosotros podríamos bajar los costos, pero nos cobran lo mismo que a cualquier consumidor. Esta ley permitiría cambiar esa dinámica y beneficiar directamente al usuario final”, explicó.
Datos claves
- La Cámara Paraguaya de Fintech respalda el proyecto de ley del Sistema Nacional de Pagos.
- Señalan que la propuesta busca terminar con la concentración que existe hoy en el procesamiento de pagos y servicios digitales.
- El proyecto también apunta a reducir las altas comisiones que hoy pagan los comercios y usuarios.
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Ejecutivo veta proyecto que pretendía regular honorarios de defensores públicos
El presidente de la República, Santiago Peña, vetó en su totalidad el proyecto de ley n.º 7.461, que proponía modificar los artículos 59 y 76 de la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, a fin de permitir que los defensores públicos pudieran percibir honorarios cuando los asistidos contaran con capacidad económica para solventar una defensa privada.
El decreto presidencial n.º 4065 argumenta que la iniciativa legislativa sancionada por el Congreso presenta “cuestionamientos insalvables” tanto desde el punto de vista jurídico como operativo y financiero. Una de las principales razones que menciona el Ejecutivo, tiene que ver con la ausencia de previsiones presupuestarias y mecanismos de implementación, además de que no se contemplan estructuras ni personal adicional para evaluar la solvencia económica de los beneficiarios.
Asimismo, se advierte un riesgo de competencia desleal con los abogados del sector privado, ya que los defensores públicos podrían percibir honorarios pese a que su estructura está financiada por el Estado. Organizaciones gremiales como el Colegio de Abogados del Paraguay y el Consejo Nacional de Abogados manifestaron su rechazo al proyecto, advirtiendo que esto generaría distorsiones en el ejercicio libre del derecho.
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Desde el punto de vista técnico, el Ejecutivo sostiene que la normativa sería inoperativa, al no otorgar expresamente legitimación al defensor público para cobrar honorarios a su representado, algo que contraviene la ley n.º 1376/88 de honorarios profesionales.
Se señala también que el uso del término “honorarios” sería inapropiado, dado que no existe un vínculo contractual entre el defensor y el asistido, por lo cual, según el Ejecutivo, lo correcto sería establecer una “tasa” o “multa” administrativa.
Finalmente, el decreto advierte que el sistema propuesto podría incentivar conductas indeseables dentro de la Defensa Pública, desviando recursos y atención hacia quienes podrían pagar, en perjuicio de quienes realmente necesitan el servicio gratuito, desnaturalizando así la misión principal del organismo.
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Propuesta de ley busca crear el Día Nacional del Reconocimiento al Personal de Limpieza
La diputada colorada Rocío Abed presentó esta semana ante la Cámara Baja, un proyecto de Ley que declara el 16 de octubre como “Día Nacional del Reconocimiento al Personal de Limpieza”. Fue luego de una reunión con el director de Empleo de la ANR, Dr Enrique López Arce, quien recomendó que Paraguay se sume a este Día Internacional.
El propósito principal es visibilizar y dignificar la labor de cientos de miles de compatriotas que desempeñan estas labores, tanto en el ámbito público como privado.
En la nota dirigida a la presidencia de la Cámara de Diputados, menciona que considera esencial establecer una fecha que honre el esfuerzo diario y aporte al reconocimiento de sus derechos, condiciones laborales y dignidad como trabajadores fundamentales en la vida cotidiana de toda la sociedad.
Lamentó que muchas veces esas condiciones laborales no reflejan el valor social, ni económico que representan. “La propuesta de ley surge como un acto de justicia social hacia un sector históricamente invisibilizado y muchas veces estigmatizado: el personal de limpieza”, comienza señalando la exposición de motivos.
Destaca que el personal de limpieza está compuesto de hombres y mujeres que, en silencio, sostienen condiciones básicas de higiene, salubridad y que al mismo tiempo logran mantener el orden y la limpieza en oficinas públicas, centros educativos, hospitales, industrias, comercios, e incluso los hogares.
A través de su nota, la diputada Abed explica que la propuesta de dedicar un día específico al personal de limpieza se inspira en iniciativas como la instaurada en Nueva Zelanda en 2015, que apunta a revalorizar un oficio honesto, digno y muchas veces puerta de entrada al crecimiento personal y profesional.
“El 16 de octubre es una fecha estratégica, próxima al Día Mundial del Lavado de Manos (15 de octubre), con lo cual se refuerza el mensaje sobre la importancia de la higiene, salud pública y trabajo digno. Promover este día no es simplemente un gesto simbólico, sino una herramienta para educar, sensibilizar y construir una cultura de respeto, en donde cada función laboral sea valorada en su justa medida", destaca el documento.
Finalmente, la parlamentaria aclara que instaurar esta conmemoración nacional no implicará ninguna erogación presupuestaria adicional, pero sí representa un avance ético, cultural y humano, que dignifica a miles de trabajadores esenciales para el desarrollo del país.
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Cámara Fintech respalda proyecto de ley que regula el Sistema Nacional de Pagos
La Cámara Paraguaya de Fintech expresó su respaldo firme al proyecto de ley que busca regular el Sistema Nacional de Pagos, actualmente en análisis. La cámara considera que esta normativa representa un paso clave hacia la modernización del ecosistema financiero del país, alineando a Paraguay con estándares internacionales en materia de transparencia, inclusión e innovación.
Según manifestaron a través de un comunicado, el proyecto fue ampliamente discutido en mesas multisectoriales y es visto como una herramienta esencial para consolidar un entorno de pagos más eficiente, justo y competitivo.
“La regulación está diseñada para beneficiar directamente al usuario final, promoviendo un entorno de libre competencia que permita florecer la innovación y la eficiencia. Asimismo, busca beneficiar al comercio y a los distintos actores que componen el sistema financiero y tecnológico del país”, expresa parte del comunicado.
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Resaltan el establecer condiciones más equilibradas, se espera que florezca la innovación tecnológica y la eficiencia operativa, generando beneficios directos tanto para los ciudadanos como para empresas y comercios.
Beneficios
Uno de los principales impactos positivos que tendrá esta ley, según el gremio, es fortalecer la inclusión financiera, una deuda pendiente en Paraguay. Al permitir la incorporación de más jugadores del sector fintech, se abren nuevas posibilidades para que sectores tradicionalmente excluidos del sistema bancario accedan a servicios como billeteras electrónicas, medios de pago digitales, transferencias y otros instrumentos. Esto responde además a los objetivos de la Estrategia Nacional de Transformación Digital impulsada por el Gobierno.
Asimismo, la propuesta legislativa busca prevenir prácticas anticompetitivas que han dificultado el crecimiento del sector fintech en años anteriores. Establecer un marco claro y transparente permitirá evitar abusos de posición dominante, proteger los derechos de los usuarios y garantizar que todos los participantes del sistema operen bajo las mismas condiciones, explican. Esto, a su vez, promoverá la confianza de los consumidores y atraerá inversiones al sector.
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