Ciudad del Este. Agencia Regional.
Sin aviso previo, muchísimas personas fueron en vano hoy a los puestos de vacunación del interior del departamento de Alto Paraná, porque ya terminaron los biológicos. Y con eso, muchos perdieron su día asignado de acuerdo al número de identidad.
Ante esta situación, personas procedentes de diferentes distritos como Juan León Mallorquín, Los Cedrales, Raúl Peña llegaron hasta la Gobernación de Ciudad del Este, único lugar que sigue habilitado para la inmunización contra el COVID-19.
La Décima Región Sanitaria informó ayer que quedaba suspendida la aplicación de los biológicos en los hospitales distritales de Hernandarias, Minga Guazú y Presidente Franco, anunciando que la población afectada de estos municipios podía acudir al puesto de Ciudad del Este. No se informó de que en los demás distritos ya terminaron también las vacunas.
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En los 22 distritos de Alto Paraná ya faltaron vacunas. En algunos como en el Centro de Salud de Juan E. O’Leary llegaron a vacunarse unas 30 personas, pero una cantidad muy superior de adultos mayores debió retirarse sin su biológico.
Hay preocupación entre quienes se registraron y les corresponde como días para mañana y el sábado. En Ciudad del Este, reja de por medio, exigieron ser vacunados.
Hasta esta hora, ya se inocularon unas 600 personas contra el COVID-19 en la jornada de hoy en Ciudad del Este y se prevé llegar a 700 en el puesto de la gobernación.
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Fiscales formularon nueva imputación contra Miguel Prieto y otros 10 en calidad de cómplices
En un documento de 84 páginas, este viernes, desde el Ministerio Público informaron que los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acta de imputación en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor. También fueron imputados:
- Sebastián Martínez Insfrán
- Sonia Barrios Ramírez
- Walter Hugo García Méndez
- Salem Esgaib Zugaib
- Lucía Elizabeth Lisboa de Torales
- Valeria Fabiana Romero
- Hugo Benítez Vázque
- Karen González Vergara
- Fredy Guzmán Martínez
- y Cinthia Noelia Alen Guerrero
Todos ellos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices.
Según breve relato, se le atribuye a Prieto Vallejos un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276, resultantes de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora de la Lic. Cinthia Noelia Alen, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.
Medidas cautelares
Luego de los trámites de rigor, la Fiscalía requiere la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva sobre los imputados, indicaron.
“En ese contexto, nos encontramos ante la presencia de suficientes elementos de convicción que nos indican la existencia de un hecho punible y nos hallamos ante la suficiente sospecha de la participación de los imputados en su perpetración quienes habrían colaborado con el jefe comunal en la disminución patrimonial de la comuna”, explicaron los agentes fiscales.
Por tanto, a continuación indicaron que se aplican las siguientes medidas cautelares:
- Fianza personal o caución real adecuada sobre los imputados por la suma que el Juzgado estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de los hechos que se investigan.
- Prohibición de salida del país.
- Fijación de un domicilio procesal y teléfonos para las notificaciones personales a los imputados.
- La obligación de presentarse periódicamente ante el juez.
- y cualquier otra medida que sea compatible con la naturaleza del caso.
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Consejo de Gobernadores demuestra preocupación ante decisión del Senado
El Consejo de Gobernadores del Paraguay, encabezado por César Sosa emitió un comunicado expresando su preocupación ante la decisión de la Cámara de Senadores de retirar la administración y ejecución del programa Hambre Cero en las Escuelas a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná.
“Esta determinación, sustentada en cuestionamientos y sospechas que hasta la fecha no se traducen en denuncias formales ni en procesos cocluyentes, debilita el modelo de gestión descentralizada que ha permitido llevar alimentación de calidad a miles de niños y niñas de todo el país", refiere la nota.
A la vez mencionan que “el programa Hambre Cero cuenta con fondos institucionalmente blindados, controles cruzados permanentes y trazabilidad en toda la cadena de provisión, además de la supervisión de diversas instituciones del Estado y del control cotidiano de la propia comunidad educativa”.
Señala también que “por ello, preocupa que bajo el argumento de presuntas irregularidades se adopten decisiones que terminan afectando a gobiernos departamentales en un contexto preelectoral, generando la percepción de que una política pública esencial para la niñez pueda ser utilizada como herramienta para debilitar a eventuales adversarios políticos“.
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EL bloque de los gobernadores refiere además que “las políticas destinadas al bienestar de los niños en el Paraguay deben estar por encima de cualquier cálculo político. El Consejo de Gobernadores reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de un programa que une al Estado y la comunidad en torno al bienestar de la niñez paraguaya".
La decisión de los senadores deberá ser analizada próximamente por la Cámara de Diputados, en caso de lograr su sanción y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la provisión de la alimentación escolar en dicha zona quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
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Gobernador pide a los órganos de control verificar la ejecución de Hambre Cero en Alto Paraná
El gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, requirió a las instituciones de fiscalización y control del Estado que realicen una verificación, auditoría o revisión de la administración y ejecución del programa Hambre Cero en su departamento ante la decisión del Senado de retirarle la gestión de la alimentación escolar.
Mediante un comunicado, Torres afirmó que el pedido surge con el fin de resguardar la transparencia de la gestión pública. “La administración departamental a mi cargo reafirma que dicho programa constituye una política pública de alto impacto social, orientada a garantizar la alimentación escolar de miles de niños, niñas y adolescentes del departamento, contribuyendo al fortalecimiento del proceso al proceso educativo y al bienestar de la comunidad educativa”, refiere.
“Corresponde señalar que la provisión y distribución de los alimentos en las instituciones educativas se ha desarrollado desde su inicio con absoluta normalidad, garantizando que los estudiantes beneficiarios reciban oportunamente la alimentación prevista dentro del programa", puntualiza la nota.
Agrega que “esta gobernación se pone a plena disposición de todas las instituciones de fiscalización y control del Estado, a fin de facilitar cualquier verificación, auditoría o revisión administrativa que corresponda, proporcionando la información y documentación necesarias en resguardo a la transparencia de la gestión pública".
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“Reiteramos que circunstancias políticas coyunturales no deben afectar el normal desarrollo de un programa social destinado al bienestar de miles de estudiantes del departamento de Alto Paraná, cuyo interés superior debe prevalecer por encima de cualquier debate circunstancial", señala el texto del gobierno departamental.
La decisión de los senadores deberá ser analizada próximamente por la Cámara de Diputados, en caso de lograr su sanción y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la provisión de la alimentación escolar en dicha zona quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
“Desde el primer día trabajamos de manera coordinada con la dirección departamental de Educación, supervisores, con los 22 intendentes y me sorprende de sobremanera la forma y los argumentos que se presentaron que no son sólidos para avalar la toma de esa decisión”, dijo el gobernador de Alto Paraná, este viernes, una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Torres solicitó a la vez a la Cámara de Diputados la posibilidad de presentar su defensa. “Espero que ellos puedan recabar la mayor información posible para que de esta manera se pueda tomar la decisión correcta”, dijo.
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Hambre Cero: “No tenemos ninguna denuncia formal”, dice gobernador de Alto Paraná
El gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, se refirió a la decisión del Senado de retirar la administración del programa Hambre Cero en las Escuelas a dos gobernaciones de Concepción y Alto Paraná, tras argumentar que su administración no cuenta con denuncias sobre la ejecución del proyecto que beneficia a más de 130 mil estudiantes de más de 500 instituciones del departamento esteño.
“Es una sorpresa y nos llama la atención la forma en que se dio. Se ha implementado el 100 % en las instituciones educativas y hasta la fecha no tenemos ninguna denuncia formal que haya puesto al programa en riesgo, estamos trabajando de manera coordinada con los intendentes municipales, directores de las diferentes instituciones educativas, las comisiones de padres y las empresas proveedoras que son más de 10″, dijo el jefe departamental a la 1020 AM.
El jefe departamental argumentó que tampoco se concretó el requerimiento de informes por parte del Senado o el Ministerio de Desarrollo Social, sobre la aplicación del programa en su departamento. “Si hay denuncias, cosa que yo desconozco, me gustaría acceder a ellas para que podamos tomar medidas”, refirió.
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Torres agregó que la Contraloría General de la República (CGR) realizó fiscalizaciones a su gestión sobre la administración de la iniciativa aplicada por el gobierno del mandatario Santiago Peña, desde el 5 de agosto de 2024, y que tiene como fin erradicar la inseguridad alimentaria y nutricional de los niños y reducir la deserción escolar.
La propuesta de retirar la ejecución del programa a la gobernación de Alto Paraná fue impulsada por la senadora colorada Lizarella Valiente, quien en su intervención no dio mayores detalles. La decisión de los senadores deberá ser analizada próximamente por la Cámara de Diputados, en caso de lograr su sanción y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la provisión de la alimentación escolar en dicha zona quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.