En víspera del Día Internacional de la Enfermería, la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) se movilizará, así lo anunció la titular del gremio, Mirna Gallardo. “El 11 de mayo nos movilizamos frente al Ministerio de Salud, es lo que decidimos y será replicado a nivel país”, aseguró en contacto con la 800 AM.
Gallardo mencionó que, este fin de semana pasdo, falleció nuevamente una colega, muy joven, de solo 32 años, y suman 59 enfermeras que perdieron la vida en esta pandemia. Sostuvo que van a salir a la calle a pedir lo que les corresponde, lo que han solicitado y de lo que no han recibido respuestas.
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“No pueden seguir falleciendo más colegas. Se tienen que tomar medidas, se lo cambia a un director, pero en semanas aparece como autoridad de otro hospital”, agregó.
Así también, Gallardo había expresado que lamentan la situación que les toca vivir y que el proceso de inmunización se haya iniciado tan tarde y a la fecha todavía no estén con el 100% del personal de enfermería y otros funcionarios de blanco. Puntualizó que no solo de enfermería, sino todos los trabajadores de blanco que están dando respuesta a esta pandemia no estén inmunizados.
Lo que piden al Ministerio de Salud es la inmunización garantizada para todos; además, piden más contratos para enfermería para fortalecer los servicios porque día a día crece el número de pacientes internados. También exigen medicamentos para los usuarios y el personal de enfermería en los servicios.
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Docentes se sumarían a movilización de médicos
Docentes no descartan sumarse a la movilización de médicos, confirmó este viernes el secretario general de la OTEP-A, Gabriel Espínola, quien mencionó que están promoviendo una articulación con otros gremios y que las fechas de protesta coinciden.
“Ante el anuncio del Sindicato Nacional de Médicos, estamos promoviendo una reunión entre las organizaciones sindicales y coincidimos estas fechas”, dijo Espínola en comunicación con la 1020 AM.
El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) fijó una huelga de 48 horas para el 21 y 22 de setiembre. Por su parte, la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica (OTEP-A) emplazó al Gobierno hasta el 23 de setiembre y advirtió que si no hay respuesta retomarán medidas de movilización y de fuerza.
Los maestros reclaman un ajuste salarial en base al 2,4 de inflación interanual establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP) para el ajuste del salario mínimo legal. Dicha cifra se sumará a un ajuste del 3,6 % que tuvo el sector docente desde enero de este año, explicó el docente.
Por otro lado, exigen rubros y más profesores. “Este año se aprobó 75.000 millones de guaraníes, que no sabemos porqué no se disponibilizó y hay instituciones en donde los chicos no pueden dar clases porque no cuentan con profesores, de química o de idiomas por ejemplo, porque no se liberaron los rubros correspondientes”, dijo el representante sindical.
Asimismo, piden la contratación de psicólogos para la aplicación real de una educación inclusiva en las aulas de las instituciones educativas púbicas.
“Ni un sólo psicólogo se incorporó hasta ahora. Nos dijeron en la reunión hace ocho días de que estaban con disponibilidad de contratarse 500, pero no sabemos cuando, pero podía disponer de recursos el Ministerio de Economía para el efecto”, mencionó el gremialista.
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Docentes exigen mejoras salariales y analizan posibilidad de movilizaciones
De cara al estudio del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2027, docentes exigen mejoras salariales en base a acuerdos ya establecidos y advierten con medidas de fuerza en caso de no ser cumplidos.
“Las organizaciones estamos en conversación de emplazar hasta setiembre y si no hay acuerdo llegaríamos a movilizaciones”, señaló este martes Gabriel Espínola, secretario de la Organización de Trabajadores de la Educación Auténtica (OTEP-A), en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Explicó que en conversación con autoridades y gremios de Educación se acordó la posibilidad de un ajuste salarial en dos etapas en consideración de que al sector privado se le otorgó 5 % en base al mínimo legal.
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“Los que tengan ingresos mayores como en el caso del magisterio y otros estamentos no tendrían esto, sino el ajuste interanual del 2,4 %. Entonces, nosotros estamos planteando este monto del 5 % sea incluido, además agregar un ajuste del 3 % a partir del mes de agosto del 2027 para completar el 8 %”, puntualizó.
Mencionó que un ajuste de escalafón fue acordado con autoridades de este gobierno en agosto de 2023 y añadió que no se tuvo en cuenta la nivelación o ajuste salarial en el sector educativo y “los acuerdos están para ser cumplidos”, expresó.
Otros elementos son la deuda con el IPS de parte de la patronal, y un rubro para educación inclusiva. “Hoy, no tenemos escuela especial; eso quiere decir que tiene que estar integrado en un aula y no tenemos el acompañamiento de un especialista, lo que hace que el desempeño del docente se vea dificultoso de manera integral”, indicó.
En ese contexto, mencionó que aún está en discusión entre Salud Pública y Educación si estos especialistas deben ser parte del plantel de Salud o de Educación.
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Juicio a Prieto: la defensa se opone a la inclusión testifical del titular de la DNCP
La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.
El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.
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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.
Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.
Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.
La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.
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Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
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Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.