Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la ampliación de un programa destinado a reducir el precio de ciertos medicamentos al nivel al que se venden en otros países.

La Casa Blanca señaló que 26 farmacéuticas han aceptado bajar los precios que cobran a Medicaid para que se ajusten a los más bajos pagados por naciones desarrolladas comparables. Medicaid es un programa financiado por los estados y el gobierno federal para residentes de bajos ingresos.

“Esto ahorrará a los estados miles y miles de millones de dólares al año en medicamentos y les permitirá invertir esos ahorros en brindar una mejor atención médica y servicios de mayor calidad al pueblo estadounidense”, dijo Trump en el Despacho Oval.

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Y añadió: “Solo esta medida debería asegurarnos las elecciones de mitad de mandato”. El aumento del costo de vida es un tema central de cara a las elecciones de noviembre, que decidirán qué partido controla el Congreso.

El Partido Republicano de Trump se negó a prolongar los generosos subsidios que habían sido una pieza clave del programa de salud “Obamacare” a finales del año pasado, lo que disparó las primas mensuales del seguro para millones de personas. El programa de precios de medicamentos se lanzó en enero de 2026.

Según informaron las autoridades, se amplió después de que los 50 estados —así como la capital, Washington, y el territorio asociado de Puerto Rico— solicitaron unirse. Los beneficiarios de Medicaid ya suelen pagar sumas simbólicas por sus medicamentos, aunque el programa podría ayudar a reducir los costos para los gobiernos estatales.

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De acuerdo con la Casa Blanca, se podrían generar casi 65.000 millones de dólares en ahorros federales y estatales en la próxima década. Pero el programa genera escepticismo debido a su falta de transparencia, ya que no se han hecho públicos detalles clave, incluidos los términos de los acuerdos alcanzados con las farmacéuticas y qué medicamentos recibirán descuentos.

Fuente: AFP

• Por Arturo Peña Villaalta
• arturo.pena@nacionmedia.com

Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.

Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.

Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.

Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.

El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.

“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.

Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.

La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.

“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.

Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.

Antes de la reunión del comité de la Fed, el mercado ya asignaba una probabilidad mayor al 90 % de la suba de un cuarto de punto, que es lo que terminó ocurriendo. En ese sentido, la decisión en sí ya estaba dentro de precios, y no debería afectar a los bonos argentinos. Sin embargo, el sendero de tasas proyectado por el comité fue mayor tanto al de la reunión anterior como a las proyecciones del mercado.

Esto implica que las tasas de referencia de la Reserva Federal no sólo podrían continuar subiendo, sino que además se mantendrán altas por más tiempo. Esto, sumado a la dinámica fiscal de los Estados Unidos, probablemente tendrá impacto sobre las tasas de largo, y si bien no necesariamente afectaría el riesgo país, sí podría aumentar el costo de financiamiento en una colocación internacional.

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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), decidió elevar la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual hasta el rango de 3,75 %-4,00 % actual, por primera vez desde 2023. La decisión, unánime por parte del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), fue sustentada en base a un escenario que presenta actividad económica creciendo a un ritmo sólido, pese a la incertidumbre por la prolongación del conflicto en Medio Oriente, con un mercado laboral con pocos cambios y acompañando la tendencia.

No obstante, la inflación continúa siendo persistente y manteniéndose por encima de la meta del 2,0 % de largo plazo, lo que ha llevado a la entidad a adoptar este sesgo más restrictivo.

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En su actualización trimestral de proyecciones macroeconomías, la Fed modificó ligeramente al alza la expectativa de crecimiento para 2026 hasta un 2,3 % anual desde el 2,2 % esperado en junio, reflejando la resiliencia de la economía pese al impacto de la guerra con Irán.

Por otro lado, redujo la estimación de desempleo al 4,1 % desde el 4,3 % previo, mientras que volvió a elevarse la previsión de inflación: el PCE general se espera en 3,7 % interanual frente al 3,6% previo, en tanto, el PCE que excluye alimentos y energía (subyacente) se proyecta en 3,4 % versus el 3,3% de junio.

Para 2027 se prevé un escenario similar en materia económica y del mercado laboral, con una desaceleración significativa de la inflación en ambas mediciones. En términos de política monetaria las perspectivas resultan más restrictivas frente a lo que se esperaba en junio, esperándose para 2026 que la tasa de referencia finalice en torno al 4,1 %, lo cual implicaría un nuevo incremento en el costo del financiamiento en lo que resta del año.

Asimismo, para 2027 la expectativa es que la tasa de interés se mantenga en el 4,1 %, un nivel sustancialmente más elevado al 3,6% previsto en junio pasado. Vale destacar que se espera una dinámica restrictiva a corto plazo, y recién en 2028 se empezaría a flexibilizar la postura de política monetaria, aunque manteniendo la tasa en niveles elevados a nivel histórico.

Tras el anuncio de la decisión y las declaraciones posteriores de Warsh, presidente de la Fed, los mercados financieros reaccionaron de forma mixta. Los principales índices de acciones presentaron mermas generalizadas, mientras que el dólar se fortaleció frente a otras divisas, tras un discurso en el que se eliminó el “forward guidance” para tomar decisiones en base a los datos.

En el mercado de bonos del Tesoro, los rendimientos operaron dispares: se observaron ampliaciones en los tramos corto y medio de la curva, con el bono a 1 año alcanzando el 4,4 %, mientras que el título de referencia a 10 años se mantuvo en el 5,0 %.

Vale destacar que buena parte de la expectativa por la suba en la tasa ya está incorporada en los precios. Por último, los futuros de tasas de interés implícita de la Fed ratifican las expectativas de un nuevo aumento en lo que resta del año, en sintonía con la proyección oficial.