El Registro del Estado Civil del Paraguay puso a disposición números telefónicos de funcionarios de capital y del interior del país que puedan brindar atención de urgencia para usuarios ante el aumento de las muertes en el país. El motivo obedece a que la ley establece un plazo de 24 horas para la anotación de las defunciones, caso contrario se debe realizar por vía judicial.
En ese sentido, informan a la ciudadanía que cuentan con los servicios de atención al público de los coordinadores de los diferentes departamentos del territorio nacional en cualquier horario que se precise mientras el país atraviesa el peor momento de la pandemia del COVID-19 ante las cifras de contagios, fallecidos e internados, que cada día son más elevadas.
“Tiene que ver con el aumento de fallecidos. Aumentaron los fallecimientos, probablemente la mayoría sea por COVID-19. Se trata de anotaciones de urgencia en casos de entierros. Son los números para ayudar a la ciudadanía″, expresó el abogado Sergio Barúa, director de oficinas registrales, en comunicación con La Nación.
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Barúa manifestó que desde el Registro Civil son los encargados de anotar los certificados de defunción ante el creciente número de fallecimientos. Expresó que existen problemas de parte de los médicos para registrar las anotaciones.
Ayer fueron detectados 2.547 casos positivos de COVID-19, todos comunitarios, anunció el Ministerio de Salud en su habitual reporte sobre la evolución de la pandemia en el país. Agrega además que fallecieron 54 personas, elevando a 4.698 la cantidad de víctimas del virus. En tanto que a continuación se encuentran los números y la nómina de coordinadores para la atención en casos de urgencias en horarios que exceden a los establecidos para el público del Registro Civil.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Salud reporta aumento del 46 % de casos de covid en la última semana
Desde el Ministerio de Salud confirmaron que en la última semana se reportó un aumento sostenido del 46 % de casos de covid-19, que se verificaron en 14 regiones del territorio nacional. La mayor cantidad se reportan en Asunción y departamento Central. También se registraron 26 pacientes hospitalizados, uno de ellos ingresó a la terapia intensiva, así como una persona fallecida.
En la última semana, la cartera sanitaria procesó 1.041 muestras para detección de SARS-COV2, de los cuales el 13,5 % dieron un resultado positivo, equivalente a 206 casos de la enfermedad a nivel país. “Evidenciando un aumento del 46 % con respecto a la semana anterior”, resaltaron en el informe.
Los casos identificados se dieron en 14 regiones, sin embargo, el 65 % se reportaron en el área metropolitana; el 33 %en el departamento de Central y, en la ciudad de Asunción, el 32 %. Para evitar contagios es importante el uso de tapabocas en hospitales y el lavado de manos constante.
Niños internados y un fallecido
De los casos positivos se hospitalizaron 26 pacientes y uno de ellos fue ingresado a cuidados intensivos. Sin embargo, son los pacientes pediátricos los que más requirieron internación, el grupo etario afectado son menores de 5 años equivalente al 23 % y en adultos mayores de 60 años son el 31 %.
Lamentablemente, se confirmó un fallecido, se trata de una persona de la tercera edad que no estaba protegida con la vacunación. “Se confirmó un fallecido por la enfermedad al cierre de la semana (SE) 09, una persona adulta mayor sin registro de vacunación”, puntualizaron. Recordaron que están disponibles las dosis de las vacunas contra el covid para evitar complicaciones.
Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta u otros, la cartera sanitaria insta a usar mascarilla en sitios cerrados con aglomeración de personas, acudir a la consulta médica oportuna para recibir un tratamiento. Afirmaron que es muy importante cumplir con el reposo para impedir la propagación del virus y la recuperación total de la enfermedad.
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Proyecto elimina burocracia para otorgar identidad e identificación, destaca Registro Civil
El director general del Registro del Estado Civil, Maximiliano Ayala, afirmó que ven con optimismo el proyecto legislativo que plantea la fusión de esta institución, dependiente del Ministerio de Justicia, y el servicio de Cedulación y Pasaporte del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, y se establece el sistema integral de Registro Civil e Identificación. La propuesta de 109 artículos del diputado Hugo Meza está en estudio en varias comisiones asesoras de la Cámara Baja.
“Esto se está debatiendo en el Congreso y realmente es muy importante. Vemos que la ley del Registro Civil data de hace más de 30 años, entonces para nosotros es muy importante que se esté debatiendo esto por varios motivos, la trazabilidad, la modernización y la actualización”, expresó Ayala, en comunicación con la 650 AM.
Para dar un ejemplo de la importancia de este proyecto, Ayala manifestó que de los 145.228 niños nacidos en el 2024, solo cuentan con partida de nacimiento 89.800, lo que señala que que 55.328 menores de edad no cuentan con identidad, algo sumamente preocupante ya que por Constitución está establecida a la identidad como un derecho fundamental.
Eliminar burocracia
“La idea es que en esta era de la modernidad, cada madre y padre puedan salir del hospital ya con una cédula de identidad en formato digital y para eso se debe simplificar procesos, eliminar burocracia y, para eso, nosotros debemos tener la trazabilidad de los documentos y del dinero. Buscamos que todos los procesos puedan ser bancarizados. El Estado debe estar a tono con las necesidades de la gente”, expuso.
El director aseguró que la institución está en condiciones de ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía, puesto que cuenta con 491 oficinas en todo el país, razón por la que no es imposible esta fusión que permita pasos más simplificados y garantizar que todas las personas puedan acceder a su documentación sin mayores contratiempos.
“Siguiendo con el ejemplo, este subregistro de más de 55.000 niños debemos atender porque es un sector muy delicado, se puede prestar al fraude, trata de personas, tráfico, todo tipo de situaciones que se dan cuando no existe una identidad, por eso es tan oportuno este debate”, añadió, e indicó que la tendencia en todos los países es que el Registro Civil sea administrado por la misma institución que otorga la identificación a las personas. “Es un poco ilógico que una institución te dé la identidad y otra la identificación, a los efectos de recortar esa burocracia es que hoy estamos hablando de esto”, ratificó.
El proyecto de ley establece el cambio de nominación del actual Registro Civil como la Dirección Nacional del Registro Civil e Identificación, “una entidad de derecho público, funcionalmente descentralizada, con personería jurídica y patrimonio propio, dotada de autonomía administrativa, operativa y financiera, vinculada con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia”, especifica el tercer artículo, sobre la naturaleza de la futura institución.