El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social realizó la provisión de instrumentales, insumos clínicos y materiales necesarios para la prestación de los servicios, con una inversión de G. 61.235.850, a través de la dirección de Salud Bucodental, para promover la atención odontológica en cinco Unidades de Salud de la Familia (USF).

Los establecimientos beneficiados son las USF Brasilero Cué, Santa Isabel, Montanaro, San Luis y Cantera Boca, que recibieron recursos destinados a garantizar la continuidad de las atenciones odontológicas, optimizar la capacidad de respuesta de los servicios y contribuir a la reducción de las listas de espera.

Las cinco USF brindan atención odontológica los lunes, miércoles y viernes, de 7:00 a 15:00, y los martes y jueves, de 07:00 a 13:00. Los turnos se gestionan en la ventanilla de admisión de cada establecimiento. Entre los recursos entregados se encuentran algodón, baberos, gorros y tapabocas quirúrgicos; adhesivo dental, resinas y ácido ortofosfórico, además de kits para pulido de resinas, fórceps para adultos y pacientes pediátricos, elevadores, curetas, sondas y espejos bucales.

También fueron provistos diversos instrumentales como tijeras, pinzas y jeringas carpule, además de anestésicos y agujas odontológicas, entre otros insumos necesarios para la atención. El fortalecimiento de los servicios odontológicos en las USF permite acercar la atención a las comunidades y reducir barreras de acceso, especialmente para niños, embarazadas, adultos y personas mayores que requieren atención de salud bucal.

La entrega estuvo a cargo del departamento de Salud Bucodental de la V Región Sanitaria – Caaguazú, como parte de las acciones orientadas a fortalecer los servicios de salud bucal en el primer nivel de atención. La disponibilidad de materiales e instrumentales adecuados contribuye a que los equipos de salud puedan desarrollar los procedimientos correspondientes de manera oportuna y segura, fortaleciendo la capacidad resolutiva del primer nivel de atención.

Un pedido de informes sobre la ejecución del programa de reconstrucción y modernización del Hospital Distrital de Caaguazú fue presentado en la Cámara de Diputados por los legisladores colorados Miguel Del Puerto y David Jara.

Entre los principales puntos requeridos a las autoridades sanitarias se encuentran el porcentaje del presupuesto ejecutado o comprometido y el estado del proceso de licitación.

Piden detallar también la eventual empresa adjudicada, el inicio de obras y los plazos previstos para la conclusión del proyecto.

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Asimismo, solicitan información sobre el plan de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios médicos durante el periodo de reconstrucción, incluyendo eventuales traslados, alquileres de espacios temporales y recursos destinados a dicha planificación.

El requerimiento también contempla aspectos vinculados a la evaluación técnica de la infraestructura existente, la protección de las recientes mejoras realizadas en el hospital, la fiscalización de las obras y la coordinación institucional.

Según mencionan los proyectistas, el hospital recibe diariamente a más de 400 pacientes, por lo que el proyecto busca mejorar las condiciones de atención y la capacidad resolutiva de los servicios sanitarios.

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La llegada del fenómeno El Niño está poniendo en guardia a diver­sas dependencias del Gobierno para tener listo un plan de contin­gencia con que hacer frente al evento climá­tico. Uno de los aspectos importantes es la protección del sector agrícola que podría ser uno de los más perjudicados si no se toman medidas oportunas para el cuidado de los cultivos.

En reuniones realizadas en el más alto nivel del Poder Ejecutivo, el presidente Santiago Peña dio instrucciones a las principales entidades del gobierno a preparar acciones para hacer frente al fenómeno climático. Una de ellas es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que está trabajando de manera coordinada con técnicos y autori­dades de los distintos departamentos del país para encarar las contingencias. Uno de los aspectos estudiados es la necesidad de identificar los diferentes riesgos que se ave­cinan para tomar decisiones que permitan reducir el impacto negativo que podrían tener las condiciones climáticas adversas.

Fuentes vinculadas a los organismos esta­tales señalaron que el plan contempla el acompañamiento constante a los sectores más vulnerables del área, en especial a la agricultura familiar y la horticultura, que son sectores que podrían sufrir las conse­cuencias de las variaciones climáticas si no se los protege de manera adecuada.

Explicaron que el abordaje oportuno de lo que podría ocurrir tiene como propósito principal fortalecer la capacidad de res­puesta ante los eventuales ataques del fenó­meno climático. Sobre todo para brindar asistencia integral a los productores agrí­colas, con la articulación de tareas entre las autoridades nacionales, equipos técnicos, los gobiernos locales, tanto de los departa­mentos como de los distritos afectados.

En dependencias del Poder Ejecutivo se ha decidido acompañar todas las accio­nes necesarias para reducir los efectos que podría generar el fenómeno climático en las zonas rurales del país, donde se requieren de protecciones especiales ante los even­tuales ataques de la naturaleza. Existe la convicción de que solo con la debida pro­tección se podrán sostener la producción y el abastecimiento de los productos de las zonas agrícolas del país.

Una de las áreas que necesita resguardo es la producción de arroz, pues el sector arro­cero se encuentra con problemas financie­ros, tanto para hacer frente a sus deudas como para realizar inversiones de urgencia ante el exceso de lluvias. Resulta que este cereal ha tenido una caída continua de los precios en el campo internacional, lo que les impide a los productores tener la sufi­ciente fuerza financiera.

El exceso de lluvias que podía darse hace necesario realizar inversiones urgentes en diversas áreas de infraestructura para proteger los arrozales. Para ello hay que construir canales, muros de protección, sistemas de bombeos para sacar el exceso de agua, además de mejoras en las vías de acceso. Las dependencias del Gobierno están estudiando cómo responder a estas necesidades con la intervención de las enti­dades financieras que dependen del Estado, como el Banco Central del Paraguay, el Banco Nacional de Fomento y otras institu­ciones dedicadas a las finanzas. Teniendo en cuenta la lentitud tradicional de los organismos burocráticos, existe el temor de que no se llegue a tiempo. Aunque en el Gobierno se tiene la convicción de que hay que proceder con rapidez y eficiencia.

Teniendo en cuenta que todavía no ha comenzado en el país el exceso de lluvias que se pronostica debido al mencionado fenómeno climático, son muy oportunas las acciones de prevención que se están tomando desde los entes estatales. Porque cuanto antes se trabaje en la prevención y se avance en la cobertura de los principales requerimientos, se tendrán mejores posibi­lidades de cumplir con la protección que se requiere.

Para hacer frente a las contingencias climá­ticas que se presagian, es muy importante que desde el Gobierno exista la concien­cia de los peligros que se avecinan, como lo está demostrando con su actuación. Pero al mismo tiempo la ciudadanía tiene que per­catarse de la importancia de los riesgos que se avecinan con la llegada del fenómeno que se pronostica, porque la actuación del sector privado, de los exponentes de la economía y las personas en general, es relevante para que se tenga éxito en la protección de la pro­ducción del campo y sectores vinculados.

Teniendo en cuenta el peligro que se ave­cina, todo lo que se haga para prevenir será bienvenido y debe contar con la colabora­ción activa de la mayoría ciudadana.

La planta alcoholera de Petropar ubicada en Mauricio José Troche, alcanzó 197.023 toneladas de caña de azúcar procesadas en el marco de la zafra 2026, que se inició en mayo. En total, la producción de alcohol llegó a 10.397.914 litros durante los primeros 82 días de operación, consolidando a la actividad como un componente importante para la economía de la zona.

Durante una verificación realizada a mediados de agosto, la estatal informó sobre el avance de la campaña, que comenzó de manera anticipada en comparación con años anteriores. Al cumplirse el primer mes de actividad, la molienda ya había alcanzado 60.000 toneladas de caña, con un rendimiento promedio de 55 litros de alcohol por cada tonelada procesada.

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Para el total de la zafra, Petropar estableció inicialmente una meta de procesamiento de unas 520.000 toneladas de materia prima. El volumen acumulado hasta mediados de agosto representa cerca del 38 % de ese objetivo, mientras continúa el procesamiento en la planta.

La producción involucra a unos 2.000 cañicultores registrados como proveedores. Según las proyecciones de Petropar, la actividad podría generar un movimiento económico superior a G 98.000 millones, con impacto principalmente en los departamentos de Guairá, Caaguazú y Caazapá.

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El efecto de la zafra también alcanza a otros sectores relacionados con la cadena productiva, como el transporte, la cosecha, la contratación de trabajadores temporales, el comercio y los servicios. En ese sentido, Petropar estima que más de 40.000 familias se benefician indirectamente del movimiento generado por la actividad.

La campaña se desarrolla luego del acuerdo alcanzado en marzo entre Petropar y los productores, donde ambas partes llegaron a un acuerdo comercial, asimismo, acordaron que la institución brindaría asistencia técnica e insumos agrícolas. Mientras continúa la molienda, la empresa mantiene un seguimiento periódico de las operaciones y del rendimiento de la planta.