Dos hombres fueron detenidos por efectivos del Departamento de Investigaciones de Canindeyú luego de ser identificados como parte de un grupo que habría ingresado a una estancia ubicada en el distrito de Jasy Cañy, en donde quemaron un retiro y tomaron como rehén a los trabajadores.

Según el informe policial, los detenidos serían Saturnino García González, de 26 años, y Miguel Barrios, de 47 años, este último cuenta con antecedentes por invasión, coacción grave e intento de homicidio.

Ambos hombres fueron detenidos durante un rastrillaje ejecutado por dispositivos policiales que habían acudido a la zona tras el pedido de ayuda del propietario de la estancia.

Andrés Dure, de 77 años, propietario de la estancia “San Rafael”, denunció que aproximadamente 15 personas habían ingresado a su propiedad y empezaron a quemar la vivienda de los peones y lograron mantenerlos retenidos durante varias horas hasta que llegaron las fuerzas del orden, a quienes enfrentaron con disparos y piedras, para posteriormente darse a la fuga.

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“Estos sujetos fueron plenamente identificados; los mismos fueron detenidos cuando intentaban huir, y serían parte de este grupo de supuestos campesinos que aparentemente querían invadir la propiedad. Nosotros, tras el enfrentamiento, pusimos un perímetro de control y fue ahí que logramos dar con ellos”, explicó el comisario José Delgado, jefe de investigaciones de Canindeyú en conversación con el periodista Juan Alcaraz.

Del poder de los detenidos fueron incautados 11 cartuchos sin percutir de calibre .22, 7 cartuchos de calibre 7.62, y 1 cartucho de calibre 30, además de teléfonos celulares, pasamontañas y armas blancas, entre otros enseres personales. Los hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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El ministro de Urba­nismo, Vivienda y Hábitat, Juan Car­los Baruja, lamentó el aban­dono que sufrieron las 1.000 familias vulnerables del barrio San Francisco, a raíz del odio y revan­chismo político que predo­minó durante el gobierno del expresidente de la Repú­blica, Mario Abdo Benítez. Agregó que la millonaria deuda por la prestación de servicios básicos es una muestra clara de la desa­tención que padecieron los pobladores del complejo habitacional.

“El barrio tuvo un abandono de cinco años, en ese periodo ni siquiera el consumo eléc­trico y agua se regularizó. Nosotros tenemos una deuda multimillonaria con la Admi­nistración Nacional de Elec­tricidad y la Empresa de Servicios Sanitarios del Para­guay”, sostuvo.

El secretario de Estado detalló que la deuda ocasio­nada por la administración de Abdo Benítez con ambos entes trepa a G. 30.000 millo­nes. “Hoy existe un proceso de regularización, estamos trabajando, buscando soluciones”, dijo en una entre­vista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Baruja surgieron antes de las denuncias realizadas por los pobla­dores del barrio, consistente en la falta de titulación de sus viviendas. “Estamos en per­manente contacto con ellos, y muchas veces entendemos que, lógicamente, hay ansie­dad, pero se requieren tiem­pos para lograr las documen­taciones, porque realmente todo el trabajo paró durante el gobierno anterior”, comentó.

El barrio San Francisco fue edificado durante la adminis­tración presidencial de Horacio Cartes, en homenaje al papa Francisco, quien visitó Paraguay en 2015 y falleció el lunes 21 de abril a los 88 años de edad a causa de un derrame cerebral e insufi­ciencia cardíaca en la Casa Santa Marta.

Además de destruir a Cartes, la campaña montada desde la embajada, el Palacio de López y los medios apuntaba a la caída del Partido Colorado en las elecciones de 2023. Fracasaron.

Los mensajes filtrados del exembajador Marc Ostfield, donde se constata la plena sintonía del gobierno de Mario Abdo Benítez, demuestran que el objetivo no solo era destruir el poder económico y político de Horacio Cartes, sino provocar la caída del Partido Colorado.

En esta misión fueron acompañados medios de comunicación y analistas complacientes. Pero el pueblo advirtió el propósito anticolorado y dio una contundente lección de civismo, colocando a Horacio Cartes como presidente de la ANR y a Santiago Peña como presidente de la República.

Este propósito ya fue denunciado en su momento por los principales dirigentes y actores políticos de la Asociación Nacional Republicana. Desde tiempo de las sanciones de EE. UU. contra Cartes y sus empresas, pasando por el caso del avión iraní, o el forzado involucramiento con el crimen de Marcelo Pecci, no cabía duda que estas acciones formaban parte de una campaña de persecución, de manipulación y de mentiras, en la que medios de poderosos grupos de comunicación cargaban la pólvora contra el expresidente que gobernó entre 2013 y 2018 y blindaban la corrupta gestión de Abdo Benítez, de quien fueron cómplice. Mentiras que fueron cayendo uno a uno. La divulgación de un mensaje enviado por Ostfield, en 2024, antes de la renovación de las sanciones contra Tabesa (agosto de 2024), ratifica que esta alianza político-mediática solo buscaba golpear al enemigo, como lo señalara tantas veces el abogado Pedro Ovelar, –la última el viernes pasado– sobre la “misión” que tuvo Marc Ostfield en Paraguay.

“Un embajador lo que desarrolla es el relacionamiento entre ambos países y no el involucramiento de cuestiones internas. Lo más condenable en esta conducta no está solo en lo que el exembajador hizo o quiso hacer, sino en todo los que le acompañaron. Tenía una hinchada de medios periodísticos, de políticos opositores que pedían solo sanciones y la extradición contra Cartes”, afirmó el abogado de Cartes al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ovelar cargó más la tinta. Dijo que el mensaje de Ostfield es “un direccionamiento de los ataques al sector colorado y en especial al líder del movimiento Honor Colorado. También indica que estaban haciendo campaña a favor del liberal Efraín Alegre e implica una grave alianza que hubo entre Abdo Benítez y este embajador, no solo atacó a su enemigo, sino defendió a su aliado Mario Abdo”, insistió Ovelar. En términos similares, aunque ya desde una visión más política, se refirió el expresidente de la ANR y actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana. El número 2 del Ejecutivo dijo que Abdo “entregó el Gobierno a un embajador, y entregó el Gobierno a gente de la oposición. Si bien fue un gobierno colorado, también el Gobierno estuvo encabezado por gente de la oposición, que ocuparon cargos en los ministerios para ir a sacar supuestamente información para entregarle al embajador de EE. UU. y hacer todo lo que hicieron contra el actual presidente del Partido Colorado”, indicó.

La estrategia llevada adelante buscaba la caída del Partido Colorado, como lo mencionaron Ovelar y Alliana, y los medios del Grupo Zuccolillo y del Grupo Vierci colaboraron para impulsar esta narrativa que pretendía erosionar la credibilidad de los candidatos del Partido Colorado.

Durante la gestión de Mario Abdo (entre 2018 y 2023), la campaña fue atroz y en cada episodio de ataque la narrativa se reforzaba en los medios: la conformación del CBI para investigar a Darío Messer, el proceso iniciado en Brasil, con orden de captura incluida, la exportación de reales por bancos paraguayos, el caso del avión iraní, el juicio político a Sandra Quiñónez y el caso más emblemático de todos, la filtración e informes fraguados de Seprelad, fueron todos intentos no solo de atacar a Horacio Cartes y sus empresas, sino debilitar de paso al Partido Colorado.

Pero esta perversa campaña de manipulación, orquestada mediante un grosero triunvirato (Abdo-aliados, Ostfield y medios) en el campo estrictamente electoral no logró sus objetivos.

Aunque golpeado económicamente (Cartes tuvo que desprenderse de sus paquetes accionarios en las distintas empresas de su emporio), el expresidente salió fortalecido políticamente ya que arrasó en las elecciones de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, de diciembre de 2022, justamente contra Abdo Benítez, y hoy es titular de la ANR y el político más influyente del país.

Además, Santiago Peña, el candidato de Honor Colorado, y luego de la Lista 1, también ganó holgadamente con una histórica paliza electoral a la oposición que en toda la etapa democrática no había sufrido semejante revés y hoy Peña tiene las riendas del Ejecutivo.

El mensaje filtrado del exembajador absuelve a su aliado de la “persecución mediática” de la que supuestamente era objeto Abdo. Pero el diplomático obvió que AlDia SA y Createc, entre el 2018 y el 2023, sumaron ganancias de USD 44 millones (G. 329.000 millones).

En el mensaje filtrado del exembajador de EE. UU. en Paraguay Marc Ostfield se destaca el trato de gran “aliado” que tenía Mario Abdo Benítez y denunciaba cómo el expresidente paraguayo era objeto de una “persecución mediática” por la venta de asfalto. El diplomático pasó por alto las ganancias exponenciales de Marito, además del “apriete” que las empresas privadas soportaban para comprar el asfalto de Aldia y Createc.

En el mensaje que filtraron varios medios de prensa como Clarín, Ostfield denunciaba ante el Departamento de Estado a Horacio Cartes y defendía enérgicamente a Abdo Benítez, de quien señalaban que era una suerte de “perseguido”.

“Hace unas semanas empezaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al Gobierno”, reza el mensaje enviado por Ostfield en 2024.

La empresa Aldia SA ostenta el cuasi monopolio del rubro de acuerdo a los datos que obtuvo en su momento el programa “La caja negra” (Unicanal). En 2016, la empresa tenía el 40 % del mercado e importaba menos de 30 mil toneladas. En 2021, esto saltó al 60 % del mercado de asfalto e importa por valores cercanos a 80 mil toneladas. Competidores de Aldia señalan que desde que Abdo fue presidente comenzó el “boom” de obras públicas y su empresa comenzó a registrar un crecimiento exponencial.

Estas empresas indican que el modus operandi aplicado por el Ministerio de Obras Públicas durante la administración de Arnoldo Wiens para ganar licitaciones de obras era simple: “Ser cliente de la empresa de asfalto de Marito”. La firma ofrecía el asfalto más caro del mercado, pero era la proveedora favorita de las empresas vialeras, según indicaron empresarios del rubro.

Con este modo de operar, las ganancias de las empresas de asfalto del expresidente tuvieron un enorme salto, lo que el diplomático obvió en su férrea defensa a “su aliado”. La Nación publicaba en setiembre de 2023, con base en documentos del Ministerio de Economía y Finanzas, que la distribuidora de asfalto en la que el expresidente tiene el 87,50 % de las acciones registraba exorbitantes ganancias anuales en los tiempos en que este ejercía el cargo, comparadas con las utilidades consignadas en las actas de asamblea de los años que se iniciaba como legislador.

Según los documentos, de una utilidad neta de la firma Aldia SA que rondaba los G. 1.800 millones al año, que incluso se redujo a G. 1.492 millones en 2014, se llegó a disparar a G. 92.647 millones en 2021. Si hacemos la diferencia entre las ganancias netas que obtuvo la empresa del expresidente durante su gobierno y su periodo de senador, hay un incremento de 800 % ya que las utilidades netas de 2013 a 2017 sumaban G. 19.480 millones, mientras que las de 2018 a 2021 ascienden a G. 175.268 millones.

Lo que Ostfield no señala en su encendida defensa del gobernante anterior era por qué estas cifras millonarias no aparecían en su declaración jurada de bienes al dejar la silla presidencial, sino el cobro mensual de dividendos sin especificar y, cabe recordar que ante incompatibilidades constitucionales con la función, el exmandatario puso a su hijo mayor Mario Abdo Díaz Benza como representante legal en la empresa.

Pero el expresidente tiene además otra empresa que se dedica al mismo rubro de la lucrativa venta de asfalto. Las actas de asamblea de la empresa Createc SA, en la que Abdo Benítez tiene el 47,50 % de las acciones, muestran que también tuvieron importantes incrementos de ganancias netas anuales, que se dispararon hasta 750 % durante su mandato.

Las millonarias utilidades netas tampoco figuran en su declaración jurada al darse de baja del cargo. Las actas evidencian que se aseguraron contratos con grandes constructoras viales y un sugestivo acaparamiento, ya que “se obtuvo un aumento muy significativo en la cartera de clientes”, que en 2019 se incrementaba en un 237 %, mientras su gobierno se jactaba de kilómetros de pavimentos construidos.

De G. 2.377 millones de lucro neto en 2016 fue aumentando exponencialmente hasta marcar diferencias que llegan a un aumento ganancial de hasta 750 % en el periodo de pandemia 2021, que fue dorado para su compañía con el monto de G. 22.546 millones.

Las empresas Aldia SA y Createc están en la mira de la Contraloría General de la República, de Ingresos Tributarios y de la Fiscalía, por las serias inconsistencias detectadas. La Contraloría sostiene que se analizaron las declaraciones juradas de Abdo Benítez al asumir y al salir de la función pública. A partir de ahí, se solicitaron informes a diferentes instituciones y se hicieron las verificaciones. Lo que llamó la atención fue que las utilidades generadas desde 2018 hasta 2023 por las empresas donde el expresidente es accionista mayoritario llevó prácticamente el 90 % de dichas utilidades a reservas operativas. El 90 % del dinero se destinó a reservas de utilidades. Entre 2018 y 2023 suman 44 millones de dólares (329.000 millones de guaraníes). Según un informe remitido por la DNIT al Ministerio Público sobre las supuestas irregularidades detectadas en estas empresas habla de la necesidad de un control que involucre a Seprelad y al Ministerio Público.