Adelantándose a las conclusiones que pudieran surgir de la intervención en la municipalidad de Asunción, varios sectores de la oposición anunciaron esta mañana que lograron consensuar una eventual candidatura para la intendencia capitalina, en la figura de la senadora destituida Kattya González.

Referentes de varios partidos y movimientos de la oposición que se presentan como alianza “Unidos por Asunción”, se congregaron esta mañana en la Plaza de la Democracia, en pleno microcentro de Asunción, para comunicar lo mencionado, durante una conferencia de prensa.

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Este apresurado anuncio se da sin siquiera aguardar el resultado de la intervención que lleva adelante el economista Carlos Pereira. No obstante, los opositores se adelantan y exigen la renuncia del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez.

A la vez, presentaron a la senadora expulsada, Kattya González, como la candidata para completar el actual mandato, ante la posibilidad que el jefe comunal sea destituido tras la intervención.

El comunicado, anunciado por el actual presidente del Partido Patria Querida, Stephan Rasmussen, menciona que el pedido de destitución va dirigido a la Cámara de Diputados, mientras que al Tribunal Superior de Justicia Electoral exigen que se convoque a elecciones en un plazo de 90 días, tras la destitución.

“Respaldamos la candidatura de Kattya González para la intendencia de Asunción, con el objetivo de completar el mandato en curso hasta finales del 2026″, expresó.

El pronunciamiento también señala que los partidos y movimientos de la oposición trabajarán en un cogobierno con la exlegisladora, en caso de que se logre su elección. También dejaron en claro que las precandidaturas de Johanna Ortega, Agustín Saguier, Soledad Núñez y Álvaro Grau, así como las negociaciones para el 2026, siguen vigentes.

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• Jorge Torres Romero

Con la desestimación de la “denuncia” del exhombre fuerte del gobierno abdista, Arnaldo Giuzzio, queda en evidencia, una vez más, que todo formó parte de un plan despiadado para aniquilar adversarios políticos.

Giuzzio, el encargado de la seguridad interna del país, el que vacacionaba por las playas del Brasil utilizando el vehículo blindado de uno de los considerados narcos más buscados de ese país, está hoy más acorralado que nunca.

Solo le queda el respaldo mediático del diario Abc Color, que fue cómplice del terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno corrupto de Mario Abdo Benítez.

El exministro del Interior exhibió un power point elaborado por un exfuncionario suyo, Daniel Farías, quien ingresó a la Seprelad sin ser funcionario para acceder a información confidencial y a partir de ahí construir relatos falsos. Ese mismo “informe”, Giuzzio lo presenta ante la Seprelad y luego ese mismo mamotreto fue remitido a la Fiscalía como denuncia formal.

Lo convocaron para que arrimara pruebas y no aportó absolutamente nada. Los fiscales hicieron la tarea de cotejar esos datos y no hallaron nada, todo era falso, fraguado e inventado, por eso la causa se desestima.

Sin embargo, el informe Giuzzio fue usado por la prensa, la oposición, el exembajador Marc Ostfield para “destruir a Cartes y sus empresas”. Cartes no fue destruido y trituró electoralmente a su adversario ocasional y su sector político conquistó el poder. Es decir, nadie creyó la fábula.

Si bien la ciudadanía no compró la mentira del abdismo ni el relato de la prensa cómplice (Grupo Zuccolillo-Vierci), lo grave de todo esto es que hasta ahora no hay castigo para quienes cometieron abuso de poder y para que nunca más se repita la historia de instrumentar instituciones del Estado para perseguir enemigos políticos.

Lo otro es que ya nadie devolverá el perjuicio generado. Los cientos de empleos que se perdieron por las injustas sanciones económicas generadas por informes falsos. Inversiones que quedaron a mitad de camino que pudieron dar más fuentes de trabajo y mayores ingresos al fisco.

El daño es irreparable, pero por lo menos, los Abdo, Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández y compañía deben terminar presos. Sus actuaciones no deben quedar impunes. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

El presidente de la República, Santiago Peña, reafirmó su apoyo al sector productivo afirmando que una política pública de su gobierno es promover una agricultura rentable y digna, para garantizar un progreso en el campo.

“Queremos que la agricultura sea rentable y digna, que haya progreso en el campo, porque cuando hay progreso en el campo hay progreso en el Paraguay. Este es un país eminentemente agrícola- ganadero y esa es una gran fortaleza”, manifestó Peña durante el lanzamiento de la campaña 2025 del cultivo de papa por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

En ese sentido, el mandatario abogó por el trabajo en equipo y ante todo, estar cerca de la gente. Señaló que este trabajo no solo consiste en entregar semillas y tractores, sino en sembrar esperanzas para un futuro mejor. “No hay ninguna duda de que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, los campesinos hacen su trabajo y el Paraguay progresa”, expresó.

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Asimismo, reconoció que hay muchas necesidades que deben ser atendidas, ya que la gente está harta de las excusas, por lo que espera hechos y ya no palabras. “Soy consciente de que falta mucho, pero estoy con mucha esperanza, cada día me levanto con más ganas de poder trabajar”, aseveró.

Respecto al cultivo de la papa, indicó que el objetivo no solo es abastecer el 100 % de la demanda, sino también, colocarlo en otros mercados fuera del país. Reconoció que Paraguay sufre mucho con el contrabando y la falta de atención a los productores, pero hay cosas que están cambiando y se están exportando productos que hace mucho no se exportaban, como el tomate y el locote.

Adelantó que la entrega de semillas y otro tipo de asistencias serán cada vez mayor en favor de los productores. “Lo vamos hacer temprano y de mejor calidad, le pedí a la presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) que quiero ver el primer préstamo para una cámara frigorífica, quiero que haya créditos”, exteriorizó.

Finalmente, aseguró que existe un despertar en el campo y que tanto el sector público como el privado, están trabajando para seguir desarrollándose. “Les puedo asegurar que le podemos demostrar muy rápidamente al mundo de lo que somos capaces los paraguayos cuando nos unimos para un objetivo común”, finalizó.

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• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).

El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.

En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.

“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.

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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.

“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.

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La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.

La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.

En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente

¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.

“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.