A través de las redes sociales difundieron la desestimación de la denuncia hecha contra el capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Rubén Valdez, procesado por lesión al derecho de la comunicación y a la imagen, y por el hecho punible de coacción. El hombre supuestamente extorsionaba a su expareja con la difusión de videos íntimos.
Mediante el perfil “Ni una bombera más” detallaron que Valdez cuenta con varias denuncias de acoso dentro del Cuerpo de Bomberos, pero que las mismas quedan sin trámites mediante la intervención de su hermano.
“Esto es gravísimo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Una violación o algo peor? Por favor, ayuden a las bomberas”, refiere la publicación que fue acompañada por un documento firmado por varios miembros del Tribunal de Justicia del CBVP.
Valdez negó semanas atrás haber cometido los hechos de los que fue acusado y afirmó que “bajo ningún concepto” puede ser verdad. Rechazó también haber filmado, sin consentimiento a la víctima como se indica en la denuncia. En la ocasión, expresó que no presentaría renuncia a su cargo.
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Municipalidad de Asunción instala mesa de trabajo con bomberos sobre deuda
El intendente de Asunción, Luis Bello se reunió este martes con representantes de los bomberos voluntarios para conversar sobre los desembolsos pendientes de administraciones anteriores.
Se instaló una mesa de trabajo con el compromiso de volver a reunirse la próxima semana para buscar una salida a la problemática.
Tras el encuentro, la comuna informó que el jefe comunal dio instrucciones a su equipo directivo para avanzar en la revisión de las documentaciones necesarias para iniciar el proceso de regularización de los pagos.
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A su vez los dirigentes de las compañías de bomberos coincidieron en destacar la apertura del intendente en zanjar el problema.
Participaron de la reunión: Lorena Canan y Marco Almada del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, en tanto que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción estuvo representado por Ariel Ferreira y Marcos Torres.
“Gratamente tuvimos una muy buena apertura de parte del intendente municipal sobre esta problemática”, dijo Lorena Canan.
Según manifestó, el intendente se mostró abierto a seguir conversando y convocó a una nueva reunión para los próximos días.
Asimismo, Marcos Torres, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción expresó la predisposición de Bello en buscar con su equipo “soluciones rápidas” que posibiliten la regularización de las transferencias.
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Tres detenidos por violación de ley de armas, uno de ellos con dos órdenes de captura
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En control policial aprehendieron a tres hombres por violación de la ley de armas y porque uno de ellos tenía dos órdenes de captura. Se desplazaban en un rodado y tenían dos armas de fuego, una de ellas réplica, más cargadores y proyectiles, además de prendas varias.
Fueron derivados a la Dirección de Policía de Alto Paraná, según reportó la Comisaría 4ª. del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. El procedimiento fue a las 22:00 de ayer viernes 8 de mayo en la vía pública, calle 15 de Agosto, del citado barrio.
Se trata de Ever Fabian Maciel Acosta (33), quien residía en el barrio Ciudad Nueva. Estaba al mando del automóvil de la marca Daihatsu, modelo Move Custom, color plata, matrícula provisoria IRB 297 Py.
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Uno de sus acompañantes fue René Medina Escobar (29), quien tenía dos órdenes de captura, una por robo agravado y otra por hurto agravado. Fijaba domicilio en el barrio San Miguel. Otro ocupante del rodado era Sergio David Petrut Fariña (24), del barrio Che La Reina. Los tres detenidos son de Ciudad del Este.
De interior fueron incautados un arma de fuego de fabricación casera, calibre 22, con un cargador con 20 proyectiles sin percutir y 12 unidades en caja; otra arma de fabricación casera, de metal tipo metralleta, color negro, además de dos aparatos celulares, dos mochilas conteniendo calzados, vestimentas, pantalón color azul, abrigo con capucha color camuflado, una bandolera color negro, cuatro quepis.
Fue comunicado al fiscal de turno de la regional Ciudad del Este, Carlos Almada, quien dispuso que los dos aprehendidos y un detenido queden recluidos en la comisaría interviniente. Las evidencias incautadas fueron llevadas al Ministerio Público.
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Caso Centenario: condenado por abuso ya se encuentra en la cárcel
En la mañana de este jueves ingresó a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza de Tacumbú, Rodrigo Daniel Renaut (28), condenado por violación. Su remisión desde Judiciales se concretó alrededor de las 10:30.
Fue remitido al sitio por disposición de la jueza Sandra Noelia Kirchhofer. Deberá cumplir una condena de cinco años y medio por abuso sexual a una adolescente ocurrido en el Club Centenario en el 2012. Fue capturado el pasado martes luego de permanecer prófugo por 14 años.
En el recinto penitenciario se hallan las personas privadas de libertad ya condenadas. Según los datos, al ingresar al penal es controlado por una sala de revisión, donde le sacan la ropa y se les verifica si tiene tatuaje, porque según la jerga penitenciaria, delata mucho este símbolo.
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Posteriormente, es ubicado en una de las celdas. Esta penitenciaría alberga a alrededor de 200 internos, condenados todos, divididos en pabellones, según sean obreros, adultos mayores u otras características.
La sentencia fue dictada por el tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y Cynthia Lovera. La condena quedó firme en el 2021 cuando la Corte confirmó la sentencia a cinco años y medio de prisión para el autor. Desde entonces, estaba prófugo.
“Él nunca se puso a disposición de la justicia. Siempre estuvo en calidad de prófugo a los efectos del cumplimiento de su condena”, manifestó Cecilia Pérez, abogada de la familia de la víctima, en declaraciones al programa “Callejeros” de Unicanal.
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Acusan a “ministro” de secta religiosa por abuso sexual, trata de personas y violación
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Andrea Coronel presentó acusación contra un hombre por los hechos punibles de abuso sexual en niños, actos homosexuales con personas menores, violación del deber del cuidado, coacción sexual y violación, además de trata de personas. Se trata de Adrián Anselmo Aveiro Silguero (31), supuesto ministro de un culto religioso denominado “Umbanda”.
La agente acusadora es titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes y en la Lucha contra la Trata de Personas.
Según el requerimiento conclusivo, el sospechado habría utilizado su posición dentro del referido culto para captar y someter a varias víctimas (niños, adolescentes y adultos), a un régimen de servidumbre, trabajo forzoso y constantes maltratos físicos y psicológicos.
El relato de hechos señala que, desde diciembre de 2022, en una vivienda ubicada en el Área 6 de Hernandarias, el procesado habría coaccionado a una de las víctimas adultas a soportar actos sexuales, bajo la apariencia de rituales religiosos, recurriendo a amenazas y al uso de la fuerza.
Asimismo, entre 2023 y 2024, en distintas viviendas de Hernandarias, Minga Guazú y Ciudad del Este, el “ministro” habría captado y retenido a varias personas, a quienes obligaba a realizar trabajos domésticos y tareas pesadas sin remuneración, bajo amenazas de muerte o de daño a sus familiares.
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El escrito de acusación dice que el acusado sometía a las víctimas a condiciones degradantes, incluyendo privación de alimentos, restricciones de comunicación y castigos físicos con objetos como arreadores, machetes o colillas de cigarrillo.
En cuanto a los menores de edad que habrían sido víctimas, el Ministerio Público cuenta que los hechos se remontan al año 2018, cuando una niña de 12 años fue llevada a convivir con el acusado mediante engaños y luego fue sometida a un régimen de servidumbre y maltratos, además de abuso sexual.
Un niño de 9 años y un adolescente de 15 años también serían víctimas del acusado entre los años 2020 y 2021, en diferentes inmuebles vinculados a esta persona.
El Ministerio Público sostiene que existen suficientes indicios sobre la existencia de los hechos y la participación del acusado, por lo que solicitó al juzgado penal de Garantías la apertura de juicio oral y público.
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