A metros de un regimiento militar donde soldados montan guardia, decenas de cocaleros acampan en protesta pese a que rige un estado de excepción que lo prohíbe: en el Chapare boliviano, los movimientos sociales le disputan el control territorial al gobierno. En esta región selvática y pobre del centro de Bolivia se refugia el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y protegido por pobladores que desde hace semanas conforman el núcleo más duro de manifestaciones contra el actual mandatario de derecha Rodrigo Paz.

El izquierdista Morales anunció la última semana de junio una tregua en los cortes de rutas que desabastecieron de alimentos y combustibles por casi dos meses a ciudades bolivianas, en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas. Pero los manifestantes permanecen en vigilia a la vera de las precarias carreteras del Trópico de Cochabamba, conocido como Chapare y de unos 260.000 habitantes, listos para volver a la acción.

Protegidos del sol bajo toldos de lona y provistos de montañas de piedras para frenar el tránsito, estos trabajadores de la hoja de coca -principal motor productivo de la región- muestran carteles exigiendo la renuncia de Paz y reciben aliento de vecinos de la zona. “La lucha sigue hasta que se vaya este maldito gobierno”, dice a la AFP Rosalía Vilca, de 39 años, mientras vende el plato típico “salchipapa” en la plaza del municipio de Shinahota.

“Que Paz venga si es machito, aquí nos vamos a alzar para cuidar al Evito porque con él hemos vivido 14 años de felicidad”, agrega, frente a una amenaza del gobierno de intervenir en el Chapare para capturar al exmandatario (2006-2019).

Sobre Morales, exsindicalista cocalero y primer presidente indígena de Bolivia, pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de menor, que él denuncia como persecución. La Fiscalía lo acusa por una supuesta relación con una adolescente de 15 años con la que habría tenido una hija cuando gobernaba, con el consentimiento de los padres a cambio de beneficios.

La coca es omnipresente en el Chapare, desde cultivos en comunidades rurales de acceso vedado para extraños hasta tramos de rutas ocupados para el secado artesanal de la cosecha al sol. La planta es la materia prima de la cocaína. Más del 90 % de lo que se produce en la región no pasa por el mercado autorizado, según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos, aunque no necesariamente todo va al narcotráfico.

Los pobladores defienden su producción para usos heredados de costumbres milenarias de pueblos indígenas, como el “chasqueo”: mascado de coca para mitigar el cansancio, hambre y frío.

“En las ciudades dicen que los chapareños somos narcotraficantes, pero no es así: aquí trabajamos y también sufrimos los bloqueos, aunque son por una causa justa”, dice Zulma Torres, de 42 años y trabajadora de la terminal de buses de Shinahota.

“En el Chapare estamos dispuestos a dar la vida por Evo”, advierte, ante acusaciones no probadas de Paz acerca de que Morales recibiría financiamiento del narcotráfico.

El exmandatario tiene su base de operaciones políticas en Lauca Eñe, un poblado de 900 habitantes dentro de Shinahota donde está la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, estructura sindical de los cocaleros.

Sin policías a la vista, a Lauca sólo se puede ingresar con custodia de los asesores de Morales, tras atravesar una barricada de madera y paja con torres de vigilancia y hombres pertrechados con lanzas, escudos de chapa de barril y ‘walkie-talkies’.

En las calles del poblado, familias enteras acampan desde hace meses a la intemperie como escudo humano para el expresidente.

Se alimentan en ollas populares, mezclan el quechua con el español y se turnan para montar guardia en puntos de control.

“No me voy a rendir, el que negocia su sobrevivencia no es digno”, dijo el martes Morales en una entrevista con la AFP.

En las rutas del Chapare, tiendas improvisadas venden bidones de gasolina a valores exagerados: un mercado ilegal favorecido por una escasez de combustibles que afecta a Bolivia desde antes de los bloqueos. “Somos discriminados por el gobierno central, no nos quiere para nada y la gasolina ya ni entra al Trópico: compramos en la calle a precio alto y estamos jodidos”, dice Nicolás García, un chofer de 52 años.

En los últimos días, los chapareños también sufrieron apagones eléctricos que Morales atribuyó a una supuesta represalia del gobierno. “Así sólo van a convulsionar más al pueblo boliviano, provocan enfrentamientos”, dice Mario Flores, de 51 años, verdulero de Shinahota. “Le achacan al Evo que financia los bloqueos, pero aunque seamos campesinos y no hayamos estudiado, sabemos que el gobierno tiene la culpa”, lanzó.

Fuente: AFP.

El presidente centroderechista de Bolivia Rodrigo Paz anunció que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, bastión político del exmandatario Evo Morales, donde los seguidores del líder izquierdista impiden la ejecución de una orden de captura en su contra. Paz acaba de superar la crisis política más grave de su corta gestión iniciada en noviembre pasado. Durante siete semanas, indígenas, obreros y cocaleros manifestaron y bloquearon carreteras para exigir su renuncia por la crisis económica.

“Vamos a recuperar cada territorio que hoy día no nos pertenece”, declaró ayer miércoles Paz, durante un aniversario de la policía. “Algunos creen que no es territorio boliviano que es territorio de algunas organizaciones”, añadió en referencia a la región cocalera del Chapare, según aclaró posteriormente la Presidencia. Aseguró además que “todo volverá a la patria”. “Aquí no hay dueños, ni de territorios, ni de sectores”, sostuvo.

La autoridad decretó el sábado un estado de excepción que permitió el levantamiento de los bloqueos. Su gobierno ha señalado al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de promover las protestas y financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin dar pruebas. El exjefe de Estado se encuentra en el poblado cocalero de Lauca Eñe, en el centro del país, desde fines de 2024, cuando la justicia emitió una orden de captura en su contra por un caso de trata de menor que él niega.

Evo Morales anticipó el martes, en una entrevista con la AFP, que, si el gobierno intervenía la región, “aquí va a haber problemas, estamos bien organizados”. Aseguró además que sus partidarios “se van a defender”.

El expresidente sostiene que el actual gobierno, “con toda esta política neoliberal y estado colonial, está forzando que haya una guerra civil”. El Ejecutivo no adelantó fecha para una eventual intervención en el Chapare.

Fuente: AFP.

Las carreteras quedaron completamente despejadas este martes en Bolivia, informaron las autoridades, tres días después de la proclamación del estado de excepción destinado a poner fin siete semanas de protestas contra el gobierno.

Con la entrada en vigor de la medida, mejoró el abastecimiento en ciudades como La Paz y su vecina El Alto, las más afectadas. En el punto álgido de la crisis, las autoridades llegaron a contabilizar hasta un centenar de cortes de ruta.

El presidente de centroderecha Rodrigo Paz decretó el sábado el estado de excepción para prohibir las protestas y ordenó a policías y militares limpiar las rutas. “Nuestras carreteras han sido liberadas”, señaló este martes en su cuenta de X el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Desde comienzos de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca multiplicaban las manifestaciones y los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, en un contexto de crisis económica, la más grave en 40 años.

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En una declaración emitida este martes, Estados Unidos y otros 15 países americanos expresaron su “profunda preocupación” por el impacto de los bloqueos y afirmaron que los intentos de “socavar y derrocar” al gobierno representan una “grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática” de Bolivia.

“Apoyamos al gobierno boliviano elegido de acuerdo con la Constitución e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional”, añaden en el texto.

El presidente panameño José Raúl Mulino afirmó por su parte durante la Asamblea General de la OEA en Panamá que el narcotráfico financia a la “izquierda radical” en Bolivia. El crimen organizado “busca subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos”, declaró.

El gobierno de Paz acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de haber impulsado las protestas y de haberlas financiado con dinero proveniente del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas.

Los últimos puntos de bloqueo se extinguieron, tras declarar Morales el lunes su suspensión temporal. Todos estaban en el departamento de Cochabamba, bastión del líder indígena en el centro del país.

Organizaciones sociales comenzaron a principios de mayo una huelga y cortes de ruta para exigir la salida de Paz y para reclamar por la venta de gasolina de mala calidad.

• Fuente: AFP

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El expresidente boliviano Evo Morales anunció la suspensión ayer lunes de los bloqueos que persistían en el departamento de Cochabamba, luego de que el gobierno de Rodrigo Paz decretó hace tres días un estado de excepción para poner fin a las protestas en el país. Con la entrada en vigor de la medida decretada por el presidente, el abastecimiento en Bolivia empezó a normalizarse después de siete semanas de protestas.

Desde principios de mayo, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca paralizaron carreteras en varios puntos del país en contra del presidente de centroderecha Paz, a quien responsabilizan de la peor crisis económica del país en 40 años. El mandatario, que puso fin en noviembre a dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa a Morales (2006-2019) de haber orquestado las protestas, que provocaron escasez de combustibles, alimentos y medicamentos en la capital administrativa La Paz y su vecina El Alto.

Refugiado en la región selvática del Chapare, Morales declaró al término de una asamblea de dirigentes cocaleros ayer lunes que “por ahora un cuarto intermedio” en los bloqueos, cuyos últimos focos se concentraban en su bastión Cochabamba, en el centro del país.

En el momento más álgido de la crisis, llegó a haber unos cien cortes de rutas en Bolivia, pero el número se redujo significativamente tras la declaración el sábado del estado de excepción.

La medida permite el despliegue interno de las fuerzas armadas, restringe el derecho a manifestarse y prohíbe bloquear rutas.

Los bloqueos afectaron corredores estratégicos que comunican La Paz y El Alto con la región agropecuaria de Santa Cruz y con los puertos de Chile y Perú, sobre el océano Pacífico.

En Garita de Lima, un mercado popular de La Paz, cientos de habitantes compraban ayer lunes alimentos llegados en las últimas horas tras el levantamiento de los cortes. “Hoy se ha normalizado. En los días anteriores había cuatro cuadras de fila, pero ahora está más tranquilo. Ya no nos peleamos para comprar”, dijo a la AFP Rosa Quispe, una comerciante de 48 años que esperaba para comprar pollo.

Aunque con esperas, los clientes conseguían ayer lunes los productos sin las enormes filas de las últimas semanas ni las disputas para abastecerse, mientras camiones descargaban carne, verduras y otras mercaderías. “Pero la mayoría de la gente no tiene platita (dinero), con o sin bloqueo igual no hay tantos clientes”, dijo a la AFP Mari Soria, una vendedora de 40 años que ofrecía hígado y barriga de res en un puesto callejero.

“Hoy ya bajaron los precios, pero igual la gente está optando por el pollo que es lo más barato”, agregó. El abastecimiento de combustibles, problemático incluso desde antes de los bloqueos, seguía siendo difícil. Las filas de taxis, vehículos particulares y autobuses aún eran extensas ayer lunes en las estaciones de servicio de La Paz y El Alto. Pero cientos de camiones cisternas, procedentes de Chile y Perú y que habían estado paralizados durante semanas, descargaban gasolina y diésel en la planta procesadora de Senkata para su posterior distribución.

Morales permanece refugiado en Lauca Eñe, una localidad cocalera del Chapare, para evitar la ejecución de una orden de captura por presunta trata de una menor, acusación que él rechaza.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró al canal televisivo Unitel que se prepara un plan para permitir la entrada de fuerzas de seguridad a esa región.

Aseguró que la operación se llevará a cabo “con tranquilidad y calma”.

El presidente Paz acusa a Morales de estar detrás de las protestas y de recibir apoyo financiero de narcotraficantes, sin haber aportado pruebas que respalden estas afirmaciones. El exmandatario rechaza las acusaciones y afirma que detrás de su eventual captura está la mano de Estados Unidos.

Durante una reunión pública en el Chapare, el líder indígena denunció reiterados cortes de electricidad que, según dijo, forman parte de una guerra psicológica contra la región. “Si otra vez nos cortan (la luz), bueno, nos movilizamos, tomamos una (planta eléctrica) y nosotros nos administramos para que nunca nos falte energía”, advirtió.

Fuente: AFP.