La jornada se inició con este cuestionamiento y la confirmación de la renuncia de Julio Mazzoleni, ahora exministro de Salud. Foto: captura de pantalla.
Votá LN: a criterio de los lectores “El problema es el Gobierno en general”
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A días nada más de cumplirse un año de la llegada del coronavirus a nuestro país y de haberse decretado la estricta y rigurosa cuarentena total, llegó el estallido social. Esta situación en un principio no se esperaba, pero conforme fue pasando el tiempo se volvió irremediable a consecuencia de las múltiples y diversas falencias por parte del Gobierno actual.
A pesar de estar en plena pandemia, una cuestión que obligó a todos a parar y quedarse en la casa, muchos servidores del Estado se aprovecharon de ella para beneficios propios. A pocas semanas del principio de la crisis epidemiológica esto empezó a salir a la luz al descubrirse graves hechos de corrupción en el manejo de los recursos.
A pesar del titánico préstamo de US$ 1.600 de dólares al que accedió el Gobierno con el objetivo de adquirir insumos, medicamentos, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria del país, se obtuvieron pésimos resultados, ya que poco o nada se ha logrado.
El sistema sanitario se encuentra en terapia intensiva, con hospitales llenos y varios fallecidos en su haber, lo que llevó a cuestionar: “Las autoridades sanitarias ¿deberían renunciar a sus cargos?”. El 86% dijo que “El problema es del Gobierno en general, no son los únicos culpables”, mientras que el 8% manifestó que “Sí, la situación sanitaria amerita” y 6% restante indicó “Hay que darles una oportunidad, no todo fue malo”.
Aunque ayer el entonces ministro de Salud afirmaba que no daría un paso al costado, en la jornada de hoy sorprendió a todos con su renuncia al cargo. Probablemente la causa haya sido la fuerte presión ciudadana, que se autoconvocó en las inmediaciones del centro capitalino para manifestarse contra la inacción del presidente Mario Abdo Benítez y todo su gabinete.
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
El abogado Ricardo Preda explicó sobre el proceso de las intervenciones municipales. Foto: Archivo
La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
Ortega descarta renunciar a su banca en Diputados para hacer proselitismo
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La diputada del Partido País Solidario (PPS), Johanna Ortega, adelantó que no renunciará a su banca en la Cámara Baja y esto pese a que ya confirmó sus pretensiones electorales de apuntar a la intendencia de Asunción. La legisladora es criticada ya que hoy asume una posición que fue cuestionada de su parte en el periodo anterior.
“La renuncia es exagerada. Yo pediría permiso, que asuma el suplente y me dedicaría a hacer campaña 100 por ciento”, indicó la diputada al ser consultada si no piensa dejar la Cámara Baja con miras a las elecciones municipales del 2026.
La consulta a Ortega se realizó teniendo en cuenta que anteriormente había exigido al entonces diputado Sebastián García, renunciar a su banca antes de iniciar su trabajo proselitista a intendente en la capital por el Partido Patria Querida (PPQ), en el marco de los comicios del 2021, sin embargo, hoy asume otra postura.
La legisladora alegó que en aquel entonces desconocía el reglamento de la Cámara y que ahora leyó el documento y se dio cuenta que le da la oportunidad de pedir permiso a su banca. Lo que implica que si no corre su postulación, tendría la posibilidad de volver al Congreso en el mismo periodo parlamentario.
“La verdad que desconocía la posibilidad de pedir permiso para hacer campaña y retornar. Después hoy obviamente siendo diputada y leyendo el reglamento entiendo que puede haber un mecanismo”, señaló la parlamentaria del PPS.
Designan a Rubén Maciel como nuevo viceministro de Política Criminal
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A través del decreto N° 5330 de la Presidencia de la República, se designó a Rubén Maciel Guerreño como nuevo viceministro de Política Criminal, en reemplazo de Víctor Benítez, quien presentó su renuncia tras ser nombrado como juez penal de Garantías. Maciel Guerreño ya había ocupado el mismo cargo en el 2020.
El nuevo viceministro confirmó ante la 920 AM que asumirá oficialmente a partir de este viernes 21 marzo y manifestó algunos de los objetivos del Ministerio de Justicia. En este sentido, sostuvo que está en proyecto la construcción de tres nuevas penitenciarías de mujeres y que está previsto el cierre del Buen Pastor.
Maciel ocupó previamente el mismo cargo desde el 2020 hasta el 23 de marzo del 2022, fecha en que presentó su renuncia tras la designación a Édgar Olmedo como ministro de Justicia. El nuevo viceministro es de profesión abogado y ocupó diversos cargos dentro del Ministerio Público.
Es máster en Sistema Penal Comparado y Problemas Sociales y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Barcelona y por la Universidad de Alicante respectivamente, ejerce la profesión desde el 2001 y cuenta con experiencia en litigios en los fueros penal, administrativo, laboral y civil-comercial, es especialista en Derecho Procesal Penal, además de notario y escribano público.
Ministra chilena renuncia por venta de casa de Salvador Allende
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Santiago, Chile. AFP.
Maya Fernández Allende, nieta del expresidente socialista Salvador Allende, renunció ayer lunes a su cargo como ministra de Defensa de Chile en medio de un escándalo por la fallida compra por parte del Estado de una casa que heredó de su abuelo.
El gobierno del presidente Gabriel Boric anunció el diciembre pasado la compra de una casa de Allende para convertirla en un museo que recordara la figura del exmandatario derrocado por Augusto Pinochet (1973-1990). Fernández alcanzó a firmar un contrato de compraventa de la casa valorada en unos 900.000 dólares.
El gobierno frenó la operación por los cuestionamientos de la oposición de derecha, que alertó que existe una disposición legal que prohíbe a los ministros en ejercicio celebrar contratos con el Estado. Cuando estalló la polémica, Fernández se defendió ante la prensa afirmando que no se produjo la venta.
Eso no frenó las críticas de los legisladores de derecha, que casi en simultáneo a la renuncia de Fernández presentaron un juicio político en su contra para destituirla e inhabilitarla de cargos públicos por cinco años. La compraventa no sólo “tenía vicios graves, de fondo y de forma, sino que además violaba la Constitución”, dijo a la prensa este lunes el diputado opositor Juan Antonio Coloma.
El caso involucra también a la senadora Isabel Allende, hija del mandatario derrocado, y tía de Fernández. Por su cargo, también estaba impedida de firmar contratos con el Estado. El Tribunal Constitucional analizará dos requerimientos presentados en contra de Fernández y Allende.
Es la segunda ministra que sale de su gabinete por este escándalo, tras la renuncia de la extitular del ministerio de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien visó la compra de la vivienda. Fernández se mantenía en el gabinete desde el inicio del gobierno de Boric, en marzo de 2022, y ahora será reemplazada por Adriana Delpiano, exministra en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Michelle Bachelet (2006-2010).