La jornada se inició con este cuestionamiento y la confirmación de la renuncia de Julio Mazzoleni, ahora exministro de Salud. Foto: captura de pantalla.
Votá LN: a criterio de los lectores “El problema es el Gobierno en general”
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A días nada más de cumplirse un año de la llegada del coronavirus a nuestro país y de haberse decretado la estricta y rigurosa cuarentena total, llegó el estallido social. Esta situación en un principio no se esperaba, pero conforme fue pasando el tiempo se volvió irremediable a consecuencia de las múltiples y diversas falencias por parte del Gobierno actual.
A pesar de estar en plena pandemia, una cuestión que obligó a todos a parar y quedarse en la casa, muchos servidores del Estado se aprovecharon de ella para beneficios propios. A pocas semanas del principio de la crisis epidemiológica esto empezó a salir a la luz al descubrirse graves hechos de corrupción en el manejo de los recursos.
A pesar del titánico préstamo de US$ 1.600 de dólares al que accedió el Gobierno con el objetivo de adquirir insumos, medicamentos, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria del país, se obtuvieron pésimos resultados, ya que poco o nada se ha logrado.
El sistema sanitario se encuentra en terapia intensiva, con hospitales llenos y varios fallecidos en su haber, lo que llevó a cuestionar: “Las autoridades sanitarias ¿deberían renunciar a sus cargos?”. El 86% dijo que “El problema es del Gobierno en general, no son los únicos culpables”, mientras que el 8% manifestó que “Sí, la situación sanitaria amerita” y 6% restante indicó “Hay que darles una oportunidad, no todo fue malo”.
Aunque ayer el entonces ministro de Salud afirmaba que no daría un paso al costado, en la jornada de hoy sorprendió a todos con su renuncia al cargo. Probablemente la causa haya sido la fuerte presión ciudadana, que se autoconvocó en las inmediaciones del centro capitalino para manifestarse contra la inacción del presidente Mario Abdo Benítez y todo su gabinete.
Renuncian los sobrinos de la senadora Noelia Cabrera, apuntados por supuesto planillerismo
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Los dos sobrinos de la senadora liberal, Noelia Cabrerapresentaron renuncia a los cargos que estaban ocupando, tras ser apuntados como presuntos planilleros. Ambos estaban recibiendo salario del Poder Legislativo y supuestamente no cumplían funciones en la institución, sino en un estudio jurídico privado.
Se trata de Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos funcionarios oficializaron esta tarde la presentación de su renuncia, esto, luego de que el presidente del Congreso, Basilio Núñez, confirmara que se abriría un sumario contra los dos. Los sobrinos de la legisladora liberal percibían juntos ascendían a más de G. 20 millones.
De acuerdo a publicaciones periodísticas, Iris e Iván fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de personas con Discapacidad de la Cámara Alta.
Los sobrinos de la senadora Noelia Cabrera habrían sido contratados en agosto del 2023. Foto: Gentileza
No obstante, según trascendidos, ambos no se presentaban a sus puestos de trabajo y en su lugar acudían al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión, aparentemente, pareja de la legisladora. El salario que percibía Iván era de G. 13.500.000, mientras que Iris percibía G. 8.000.000, por lo que desde su contratación hasta la fecha, le habrían costado al Estado unos G. 494.500.000, sin contar aguinaldo u otras remuneraciones que pudieran haber percibido.
Cabe mencionar que la renuncia, aceptada por el titular del Congreso, no anula el desarrollo del sumario, por lo que no se descarta que pudiera derivarse en una causa para la Fiscalía si es que se hallase indicios de comisión de hechos punibles, derivados de este sumario, que se estima durará un máximo de 30 días. “No vamos a tolerar ningún hecho de planillerismo, provenga de donde provenga“, fueron las palabras de Núñez.
Oposición improvisa y propone a senadora destituida para la intendencia de Asunción
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Adelantándose a las conclusiones que pudieran surgir de la intervención en la municipalidad de Asunción, varios sectores de la oposición anunciaron esta mañana que lograron consensuar una eventual candidatura para la intendencia capitalina, en la figura de la senadora destituida Kattya González.
Referentes de varios partidos y movimientos de la oposición que se presentan como alianza “Unidos por Asunción”, se congregaron esta mañana en la Plaza de la Democracia, en pleno microcentro de Asunción, para comunicar lo mencionado, durante una conferencia de prensa.
Este apresurado anuncio se da sin siquiera aguardar el resultado de la intervención que lleva adelante el economista Carlos Pereira. No obstante, los opositores se adelantan y exigen la renuncia del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez.
A la vez, presentaron a la senadora expulsada, Kattya González, como la candidata para completar el actual mandato, ante la posibilidad que el jefe comunal sea destituido tras la intervención.
El comunicado, anunciado por el actual presidente del Partido Patria Querida, Stephan Rasmussen, menciona que el pedido de destitución va dirigido a la Cámara de Diputados, mientras que al Tribunal Superior de Justicia Electoral exigen que se convoque a elecciones en un plazo de 90 días, tras la destitución.
“Respaldamos la candidatura de Kattya González para la intendencia de Asunción, con el objetivo de completar el mandato en curso hasta finales del 2026″, expresó.
El pronunciamiento también señala que los partidos y movimientos de la oposición trabajarán en un cogobierno con la exlegisladora, en caso de que se logre su elección. También dejaron en claro que las precandidaturas de Johanna Ortega, Agustín Saguier, Soledad Núñez y Álvaro Grau, así como las negociaciones para el 2026, siguen vigentes.
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
El abogado Ricardo Preda explicó sobre el proceso de las intervenciones municipales. Foto: Archivo
La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
Ortega descarta renunciar a su banca en Diputados para hacer proselitismo
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La diputada del Partido País Solidario (PPS), Johanna Ortega, adelantó que no renunciará a su banca en la Cámara Baja y esto pese a que ya confirmó sus pretensiones electorales de apuntar a la intendencia de Asunción. La legisladora es criticada ya que hoy asume una posición que fue cuestionada de su parte en el periodo anterior.
“La renuncia es exagerada. Yo pediría permiso, que asuma el suplente y me dedicaría a hacer campaña 100 por ciento”, indicó la diputada al ser consultada si no piensa dejar la Cámara Baja con miras a las elecciones municipales del 2026.
La consulta a Ortega se realizó teniendo en cuenta que anteriormente había exigido al entonces diputado Sebastián García, renunciar a su banca antes de iniciar su trabajo proselitista a intendente en la capital por el Partido Patria Querida (PPQ), en el marco de los comicios del 2021, sin embargo, hoy asume otra postura.
La legisladora alegó que en aquel entonces desconocía el reglamento de la Cámara y que ahora leyó el documento y se dio cuenta que le da la oportunidad de pedir permiso a su banca. Lo que implica que si no corre su postulación, tendría la posibilidad de volver al Congreso en el mismo periodo parlamentario.
“La verdad que desconocía la posibilidad de pedir permiso para hacer campaña y retornar. Después hoy obviamente siendo diputada y leyendo el reglamento entiendo que puede haber un mecanismo”, señaló la parlamentaria del PPS.