Lo que comenzó como un viaje familiar de fin de año terminó convirtiéndose, según denuncia su esposa, en una pesadilla judicial que mantiene desde hace más de dos años privado de libertad a un pastor evangélico, recluido en la Penitenciaría de Emboscada tras haber sido vinculado a un crimen ocurrido a cientos de kilómetros del lugar donde, asegura su familia, se encontraba al momento de los hechos.

La historia de Dionisio Vera Rojas volvió a cobrar notoriedad luego de que su esposa Priscila de Vera brindara una extensa entrevista televisiva a C9N en la que sostuvo que el religioso fue detenido y procesado a partir de una presunta confusión de identidad y de un señalamiento que, según afirmó, nunca fue corroborado con otras evidencias.

“El 28 de diciembre de 2023 viajamos con toda la familia a Santa Rosa del Aguaray, donde viven mis padres”, relató la mujer. Según su versión, el 30 de diciembre, fecha en que ocurrió el crimen por el cual posteriormente fue imputado su esposo, la familia pasó toda la jornada en el departamento de San Pedro, a unos 300 o 400 kilómetros de San Lorenzo, escenario del homicidio investigado.

La esposa del pastor aseguró que existen fotografías y videos que ubican a Dionisio Vera en Santa Rosa del Aguaray durante todo ese día. Explicó que, en horas de la mañana, el hombre participó en compras familiares y posteriormente colaboró con trabajos de albañilería en la vivienda de un cuñado.

“Tenemos fotos de él revocando la casa de mi hermano. Más tarde volvió, se bañó y después fuimos juntos a la iglesia”, sostuvo.

De acuerdo con su relato, la familia asistió a un culto religioso que se desarrolló entre las 19:00 y las 21:00, actividad de la que también existen registros audiovisuales. “Hay fotos y videos donde aparecemos cantando juntos. Incluso yo le invité a pasar al frente y cantamos una alabanza. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que a esa misma hora él estaba en San Lorenzo”, expresó.

La mujer calificó esa hipótesis como “imposible”, argumentando la distancia geográfica y el intenso movimiento vehicular característico de las fechas de fin de año.

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Según relató, la situación dio un giro dramático seis meses después, cuando el pastor fue detenido durante un control policial rutinario en la zona de Encarnación, mientras regresaban del hospital junto a uno de sus hijos, quien había permanecido internado por neumonía.

“Nos detuvieron en un control. Primero le dijeron que tenía un problema relacionado con prestación alimentaria. Yo les dije que eso era imposible. Después manifestaron que debía acompañarlos por otro caso y ahí comenzó nuestro calvario”, recordó.

La mujer aseguró que recién posteriormente tomaron conocimiento de que el pastor era buscado por un homicidio ocurrido en San Lorenzo.

Según la denuncia formulada por la familia, la imputación se habría sustentado principalmente en la declaración de otro procesado, identificado como Sergio Antonio Campo Vega, quien habría mencionado a un supuesto “Dionisio Vera” como autor del crimen.

“Mi esposo se llama Dionisio Vera Rojas. Ellos hablan de un tal Dionisio Vera. Se basaron en lo que dijo una persona detenida y en la identificación que, supuestamente, realizó a partir de una fotografía”, afirmó.

La esposa del pastor cuestionó además la existencia de imágenes de circuito cerrado correspondientes al crimen investigado, señalando que, a su criterio, la persona captada no guarda semejanza física con su marido.

“El hombre que aparece en las imágenes es alto y delgado. Mi esposo es de contextura diferente. Incluso la vestimenta no coincide. Él jamás usa ese tipo de pantalones”, sostuvo.

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La mujer describió los últimos dos años como un período marcado por el sufrimiento y la incertidumbre para toda la familia.

Durante ese tiempo, aseguró, el padre del pastor falleció tras sufrir un profundo deterioro emocional provocado por el encarcelamiento de su hijo.

“Mi suegro luchó mucho para demostrar la inocencia de su hijo. Trabajaba en el campo, era una persona sana, sin enfermedades. Esta situación le afectó profundamente. Lloraba mucho y, después de cinco meses de tanta preocupación, sufrió un infarto y falleció”, relató entre lágrimas.

Actualmente, la familia aguarda una audiencia que considera decisiva para presentar las evidencias que, según sostiene, demostrarían que Dionisio Vera Rojas se encontraba a cientos de kilómetros del lugar del crimen cuando ocurrió el hecho que hoy lo mantiene privado de libertad.

Mientras tanto, la esposa del pastor insiste en una sola petición: que la Justicia revise el caso.

Con el objetivo de fortalecer el apoyo de jueces penales de Ejecución y de Garantías, el equipo técnico de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia acompañó las jornadas de entrevistas realizadas a personas privadas de libertad en la Penitenciaría Regional de Misiones. La actividad fue organizada en el marco de una jornada interinstitucional, con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las normativas vigentes para la correcta tramitación de los procesos de imputados y condenados.

En el marco de la jornada de trabajo se realizaron entrevistas a personas privadas de libertad, garantizando la protección de sus derechos y el cumplimiento de las normativas vigentes, así como la correcta tramitación de los procesos de imputados y condenados.

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Durante las audiencias, los jueces otorgaron medidas menos gravosas que la prisión preventiva, incluyendo libertades por cumplimiento de la pena mínima y por buena conducta. Además, participaron representantes del Ministerio de la Defensa Pública, quienes brindaron asesoramiento a sus representados sobre la situación actual de sus causas penales.

Las jornadas estuvieron a cargo de los jueces penales de Ejecución y de Garantías, los abogados Derlis Gustavo Rojas, de Misiones; Víctor Paredes, de San Juan; Blas Eduardo Montiel, de Ayolas; y Dora Maciel, de San Juan. Asimismo, acompañaron el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Misiones, magistrado Pedro Duarte, y los funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria.

Cabe mencionar que la visita se realizó en cumplimiento del artículo 23 de la Acordada Nº 222/01, que aprueba la Guía de Procedimientos del Sistema de Ejecución Penal, y conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del C.E.P. (Ley Nº 5.162/2014), Código de Ejecución Penal de la República del Paraguay.

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El foro “ConversAcción: Reinserción como capital social” reunirá a autoridades públicas, empresas y organizaciones sociales para debatir cómo ampliar las oportunidades laborales de personas privadas de libertad y para aquellas que egresan del sistema penitenciario. El encuentro será el jueves 12 de marzo, de 16:00 a 20:30, en el Centro de Convenciones del Paseo La Galería, en Asunción.

“El acceso al empleo constituye uno de los factores más determinantes para que una persona que egresa del sistema penitenciario pueda reconstruir su proyecto de vida y disminuir el riesgo de reincidencia. Para ello es fundamental el compromiso activo y articulado del Estado, el sector privado y la sociedad civil en la generación de oportunidades concretas de formación e inserción laboral”, señaló Rodrigo Nicora, ministro de Justicia.

La iniciativa es organizada por el Ministerio de Justicia y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con el financiamiento de la Unión Europea, en el marco del proyecto “Acceso a Justicia y Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad”, considerando que el sistema penitenciario alberga a más de 20.000 personas, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder a un empleo formal, al recuperar su libertad.

“La reinserción social requiere construir oportunidades reales. Este foro busca abrir un diálogo entre instituciones públicas, empresas y sociedad civil para ampliar el acceso al empleo de personas privadas de libertad y de aquellas que egresan del sistema penitenciario”, afirmó Elizabeth Flores, coordinadora del proyecto del Centro de Estudios Judiciales.

El foro incluirá también la presentación de experiencias empresariales de la región, entre ellas el caso de CookMaster, empresa argentina que ha desarrollado programas de inclusión laboral para personas en contextos de encierro. Su referente, Samanta Sacaba, compartirá esta experiencia como ejemplo de buenas prácticas en reinserción laboral.

El encuentro contará con la participación de representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria y Comercio, así como organizaciones del sector privado y de la sociedad civil, entre ellas Pacto Global Paraguay y Sistema B Paraguay.

El foro busca abrir una conversación pública sobre el valor de las segundas oportunidades, entendiendo la reinserción laboral no solo como un desafío del sistema penitenciario, sino también como una oportunidad para fortalecer el desarrollo social y económico del país. Las personas interesadas en participar de forma gratuita inscribiéndose en el siguiente formulario: https://forms.gle/CguNLeWvrXTTRHHh9.

Un grupo de 25 adolescentes en conflicto con la ley penal participan del curso de panadería y confitería, dictado por el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), en el Instituto Técnico Superior del Grupo O´Hara. Las clases se realizan a pedido de los jueces de la adolescencia de Asunción, en el marco del Programa Terapéutico de Reeducación con el fin de lograr su reinserción social y laboral.

Además de los menores, participan ocho padres que en forma incansable acompañan a sus hijos, quienes comentaron que, al culminar la capacitación, tienen planificado emprender con un pequeño negocio familiar con la fabricación de diferentes tipos de panes y tortas que aprendieron durante el curso. Se mostraron también emocionados por la evolución positiva de sus hijos y ven el curso como una oportunidad para salir adelante.

“Yo vengo siempre con mi hijo, no le suelto la mano porque quiero que se levante, que salga adelante a pesar de la dificultad. Este curso es muy importante hasta yo participo para emprender en el futuro con mi hijo”, dijo uno de los padres a Sinafocal. Los adolescentes son conscientes de los delitos que cometieron, unos con menor o mayor grado, todos con régimen de libertad y cuyos casos se encuentran en trámite, se mostraron muy entusiasmados, con muchas ganas de aprender y seguir adelante.

Entre los estudiantes también está una joven de 17 años, ya mamá de un bebé de 5 meses, que a pesar de su situación procesal quiere salir adelante por su pequeño hijo, su motivación de vida. Ella es de Ñemby y dijo que al culminar el curso piensa vender pan dulce y tortas a sus vecinos para ganarse su dinero y poder solventar los gastos que acarrea ser sostén de la casa.

Al finalizar la capacitación los jóvenes serán capaces de elaborar productos de panadería y confitería utilizando buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos. Podrán desempeñarse en: Establecimientos que elaboran pastelería artesanal para la venta al público como panaderías, confiterías, cafeterías, heladerías, restaurantes, hoteles, microemprendimientos, entre otros. Este programa fue declarado de interés institucional por la Corte Suprema de Justicia por Resolución número 12262 de fecha 27 de agosto de 2025.