Reiteran multas de hasta G. 8 millones para quienes vuelvan al país sin PCR
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La fiscala Teresa Sosa reiteró este jueves que los paraguayos y extranjeros que retornan al país sin el resultado del test de COVID-19 son pasibles de multas que alcanzan hasta 100 jornales, unos G. 8 millones. Destacó que si presentan resultados falsificados, serán procesados por el Ministerio Público.
“Estas personas tuvieron que haber firmado una declaración jurada en la que se comprometían a presentar esa documentación. El código sanitario establece que el Ministerio de Salud puede realizar un sumario y les imponga una multa”, dijo la fiscala en comunicación con la 1080 AM.
Mencionó que desde diciembre del año pasado, varios viajeros que regresaron del exterior están dando positivo al test de COVID-19 y hay un riesgo de contagio si se toman las precauciones o no cumplen las disposiciones establecidas.
Sosa indicó que el Ministerio de Salud está evaluando la posibilidad de que la Policía Nacional esté a cargo de los controles en los domicilios de las personas que retornan del extranjero a fin de evitar una mayor propagación de la enfermedad, en especial a los que van al Brasil, donde hay circulación de la nueva cepa del virus.
“En caso que presenten el resultado del test que no es auténtico, ahí tienen una conducta sancionada penalmente por producción y uso de documentos no auténticos. Yo les recomiendo a esas personas que se acerquen para no ser molestadas en sus casas o trabajo”, agregó la fiscala.
Se estima que más de 7.000 paraguayos se trasladaron hasta las playas de Santa Catarina y el litoral de Paraná para vacacionar en los últimos días. Florianópolis, Bombinhas, Camboriú y Guaratuba son los principales destinos elegidos.
Urgen a la Fiscalía avances en denuncia contra titular del PLRA
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Desde la disidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), urgen al Ministerio Público avanzar en la denuncia penal impulsada contra el titular de la agrupación opositora Hugo Fleitas. El exgobernador de Cordillera fue acusado por sus correligionarios de ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 3.380.000.000.
“Nosotros hemos hecho una auditoría seria y eso ya se encuentra en el Ministerio Público. El resultado de ese informe es completamente intrascendente. Lo que presentó es solo una chicanería, su gestión es patética, tendría que levantar los cargos en su contra con documentos", dijo la exsenadora Blanca Lila Mignarro, en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Las afirmaciones de Mignarro surgieron tras el informe presentado por Fleitas días atrás, que alega que en sugestión no se constataron elementos que configuren un perjuicio patrimonial, dolo o manejo indebido de los fondos del PLRA.
“Él solo tiene la opinión de sus amigos. Nuestra denuncia es seria y expone un faltante de G. 3.380.000.000, que debe ser devuelto al partido, le guste o no, esto no se trata de una cuestión política, es una cuestión financiera”, refirió.
El cuestionamiento de la exlegisladora se da teniendo en cuenta que el informe presentado por Fleitas en busca de su blanqueamiento, solo fue elaborado por la Fiscalía y la Contraloría interna del PLRA.
“El presidente del partido no tiene argumentos válidos, ni comprobantes para demostrar lo contrario. Esa es una auditoría suya, esas instituciones son suyas, no es el Ministerio Público y ya debemos ver que dice esta institución”, puntualizó.
Asimismo, Mignarro acotó: “Ese dinero debe volver a las arcas del partido teniendo en cuenta que ya se acercan las elecciones municipales o con qué recursos se ayudará a todos los candidatos del PLRA”.
El presidente del PLRA, Hugo Fleitas. Foto: Gentileza
Milagro: hallan con vida a uno de los 4 paraguayos que naufragaron
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El operativo de Búsqueda y Rescate SAR implementado por la Armada y Aviación de Chile finalmente dio sus frutos con el hallazgo con vida de uno de los cuatro paraguayos que fueron víctimas del naufragio de su embarcación, producida el jueves 21, aproximadamente a las 19:00, cuando los tripulantes perdieron contacto en medio de un clima adverso. El hundimiento se dio en aguas de la zona del extremo sur de Chile.
El paraguayo rescatado fue identificado como Juan Andrés Rojas Casco, compañero de Joel Bogado, Fernando y César González, quienes lograron enviar un video y pedido de auxilio antes de que zozobrara el pesquero “Ana Belén”. El Consulado General de Paraguay en Santiago de Chile, confirmó de manera oficial que uno de los compatriotas logró ser rescatado.
SOBRE UNA ROCA
La Gobernación Marítima de Puerto Williams, en aguas del Mar de Magallanes, en el extremo sur de Chile, confirmó que siguen las tareas de búsqueda para tratar de hallar con vida a los demás tripulantes paraguayos. El operativo de búsqueda se inició tras el hundimiento de una lancha en el Parque Nacional Alberto de Agostini. Los tripulantes habían salido a recolectar erizos cuando la embarcación se hundió debido a las intensas olas en la zona, según se informó.
Según informaron las autoridades transandinas, Rojas Casco fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.
“Desde el Helicóptero N-44 se lanzó un nadador de rescate que lo ayudó a nadar hasta la LSR-4430, donde recibió los primeros auxilios médicos y llevado urgente al hospital”, indicaron.
El sobreviviente fue localizado por pescadores locales en una roca ubicada en las cercanías de Bahía Sea, a unos 200 kilómetros al sur de la capital regional. Tras recibir el aviso, las autoridades marítimas coordinaron de inmediato las labores de rescate mediante el helicóptero N-44, desde donde se lanzó un nadador especializado para asistir al tripulante hasta la embarcación LSR-4430.
Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Foto: Gentileza
“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
Policía brasileña ve “indicios” de blanqueo en cuentas bancarias de Bolsonaro
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La Policía Federal de Brasil reveló ayer jueves que los movimientos bancarios del expresidente del país Jair Bolsonaro entre 2023 y 2025 muestran “indicios” de blanqueo de capitales, en el marco de la investigación por la supuesta trama para entorpecer su causa contra el golpe de Estado que ha llevado al organismo a denunciarlo formalmente junto a su hijo y diputado, Eduardo Bolsonaro, de un delito de coacción.
El organismo ha considerado que los movimientos bancarios de Bolsonaro entre marzo de 2023 y junio de 2025 “muestran indicios de posible lavado de dinero u otras actividades ilícitas” en un informe presentado al Tribunal Supremo en el que además ha asegurado que, entre 2023 y 2024, el ultraderechista recibió alrededor de 30,5 millones de reales (cerca de cinco millones de euros).
El mismo documento ha servido a la Policía para denunciar a ambos de un delito de coacción al considerar que promovieron en Washington las medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder judicial brasileños con el objetivo de obstaculizar la investigación que enfrenta el expresidente por intento de golpe de Estado contra el actual dirigente del país, Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro cumple arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por la supuesta financiación con hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, en el país norteamericano desde marzo, en favor de los aranceles del 50 por ciento a las importaciones brasileñas y sanciones contra las autoridades brasileñas, incluido el juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes, en un momento en el que el presidente Donald Trump ha mostrado un inusitado interés por su situación judicial.