El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, participó la mañana de este lunes en el lanzamiento del Estudio de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organizado por la Contraloría General de la República en sede de la Cancillería Nacional.

Durante el acto, el canciller destacó que esta iniciativa representa mucho más que un ejercicio técnico, ya que constituye una oportunidad para que el Paraguay evalúe su sistema de integridad pública conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales. Señaló que este proceso contribuirá a fortalecer las instituciones, perfeccionar las políticas públicas y consolidar una cultura de integridad en toda la administración pública.

Asimismo, subrayó que la realización del estudio coincide con el proceso de modernización institucional que impulsa el país, acompañado de reformas orientadas a fortalecer el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. “Las recomendaciones que surjan de este proceso constituirán una valiosa hoja de ruta para seguir consolidando un Estado más íntegro, eficaz y cercano a la ciudadanía”, refirió.

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El ministro recordó además que esta iniciativa se enmarca en la política de Estado que busca profundizar la relación del Paraguay con la OCDE e incorporar las mejores prácticas internacionales para fortalecer la calidad de las instituciones y generar mayores oportunidades para el desarrollo del país.

Indicó que, desde su incorporación al Centro de Desarrollo de la OCDE en 2017, Paraguay ha fortalecido progresivamente este vínculo mediante la adopción de instrumentos internacionales, la participación activa en diversos órganos de trabajo y, más recientemente, la implementación del Programa País.

El canciller expresó su reconocimiento a la OCDE por el acompañamiento permanente brindado al Paraguay y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su apoyo para la realización del estudio.

Asimismo, destacó el liderazgo de la Contraloría General de la República como punto focal de esta iniciativa, que marca un hito en el fortalecimiento de la integridad pública al someter el sistema nacional a una evaluación conforme a altos estándares internacionales y basada en evidencia.

Durante esta semana, especialistas de la OCDE desarrollarán una intensa agenda de trabajo con instituciones públicas, organismos de control y representantes de distintos sectores de la sociedad paraguaya. Este proceso permitirá elaborar un diagnóstico basado en evidencia sobre el sistema nacional de integridad y formular recomendaciones adaptadas a las necesidades, prioridades y desafíos del país.

Del acto participaron el contralor general de la República, Camilo Benítez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta; el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Alonso Chaverri Suárez; así como otras autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales.

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• Anthony Lucas
• Fotos: AFP

¿Qué riesgos para la salud representan los humos generados por los incendios forestales? ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Son necesarias las mascarillas? En esta nota se repasan las cuestiones sanitarias que plantean los grandes incendios que están afectando a Europa.

Los incendios de vegetación liberan gases y partículas al aire que son peligrosos para el organismo, recuerda en su página web la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia (Anses). Las partículas finas, en particular, son especialmente nocivas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones.

El “monóxido de carbono es también uno de los principales contaminantes generados” por estos episodios, subraya la agencia, que enumera entre las demás sustancias químicas presentes en los humos “el dióxido de carbono (CO2), compuestos orgánicos volátiles como la acroleína, el formaldehído y el benceno”, así como “compuestos semivolátiles”.

A estos contaminantes pueden añadirse otros cuando arden vehículos o edificios.

Las personas que se encuentran cerca del incendio pueden presentar síntomas respiratorios de irritación. Pero los efectos se extienden mucho más allá y afectan a toda la población situada a sotavento del incendio y, por tanto, expuesta a los humos “durante varias horas o varios días”, según las condiciones meteorológicas, recuerda a AFP el neumólogo francés Bruno Crestani.

Corren un riesgo especial “las personas vulnerables, de edad avanzada o con enfermedades respiratorias, los lactantes y los asmáticos porque esta exposición puede descompensar una situación que previamente estaba controlada”, explica.

Además, “los efectos no son únicamente respiratorios”, recalca, ya que “estas partículas pueden pasar al torrente sanguíneo” e incluso “activar determinados procesos, como descompensar una diabetes, provocar un ictus o un infarto de miocardio”, además de afectar a las mujeres embarazadas.

Todo ello porque estas partículas, al ser muy ligeras, pueden desplazarse a distancias muy largas.

En setiembre de 2025, la Organización Meteorológica Mundial destacó que los incendios forestales liberan una “mezcla tóxica” de contaminantes que puede deteriorar la calidad del aire a miles de kilómetros de distancia. Según esta agencia de la ONU, los incendios registrados en Canadá en 2024 provocaron contaminación atmosférica hasta Europa.

Otro ejemplo, citado por Oxfam Francia en un informe publicado a principios de julio, es que “los megaincendios de Las Landas (una región al suroeste de Francia) de 2022 deterioraron la calidad del aire hasta Yvelines (cerca de París), a más de 500 km del lugar de los incendios”, según la oenegé.

La Anses señala los efectos sobre los bomberos, expuestos de forma directa durante la intervención, pero también de forma indirecta cuando el incendio ya ha sido extinguido, “durante las fases de vigilancia, investigación y desescombro, así como al regresar al parque de bomberos, debido a la contaminación de los equipos, el material o los vehículos por el hollín y las aguas utilizadas para la extinción”.

En otoño de 2025, la revista The Lancet cifró en su informe anual sobre los riesgos del cambio climático para la salud en 154.000 el número de “muertes relacionadas con la contaminación por partículas finas procedentes del humo de los incendios forestales” en todo el mundo.

Para Francia, Oxfam estima en 2.800 las muertes prematuras anuales relacionadas con la contaminación del aire causada por los incendios forestales.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció el envío de 1,5 millones de mascarillas FFP2 a Gironda, donde se registra un incendio de una magnitud sin precedentes.

La Anses recomienda el uso de estas mascarillas de protección para todas las personas vulnerables expuestas a los humos. También aconseja que contacten con un médico de atención primaria o incluso con los servicios de urgencias si “aparecen síntomas o dificultades respiratorias”.

“No ofrecen una protección del 100 %, pero sí una protección significativa”, confirma el profesor Bruno Crestani.

En las zonas que no han sido evacuadas, la Anses recuerda que se recomienda “limitar los desplazamientos y el tiempo pasado al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y ventilar solo cuando las condiciones lo permitan, cubrir las entradas de aire con paños húmedos, apagar los sistemas de ventilación mecánica controlada (VMC) durante los episodios de humo y evitar la actividad física al aire libre en la zona”.

El presidente de la República, Santiago Peña, reconoció que la lucha contra las organizaciones criminales y grupos terroristas será prolongada y afirmó que la única respuesta posible pasa por fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad, como ser la Policía Nacional, al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI); pero también un trabajo social con las familias campesinas.

El mandatario, que se encuentra desarrollando su jornada de gobierno en la ciudad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, Chaco paraguayo, mantuvo una charla con varios medios de prensa, donde fue consultado respecto a lo que está ocurriendo en materia de seguridad y el ataque al puesto policial que ocurrió días atrás en la comunidad de Naranjito, Canindeyú.

Enfatizó que el trabajo de la lucha contra el crimen organizado y grupos terroristas se combate con presencia del Estado. “Me encantaría decir que hay una solución rápida a estos problemas, y una solución mágica; pero no. Esto es trabajo duro y puro y hay que continuar fortaleciendo a las instituciones del Estado“, remarcó.

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Al respecto, resaltó que la presión ejercida por el Estado en los departamentos del norte provocó el desplazamiento de grupos criminales hacia otras zonas del país. Señaló que actualmente en el Este convergen organizaciones dedicadas al narcotráfico, invasiones de tierras y algunas células del grupo terrorista EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Hace más de 10 años, bajo la presidencia de Horacio Cartes, se impulsó la Fuerza de Tarea Conjunta y la presencia más activa en los departamentos del norte: San Pedro, Concepción y Amambay. Esa mayor presencia también ayudó al desarrollo de emprendimientos legales formales; hoy estamos viviendo una transformación del departamento de Concepción a través de todo lo que es la industria forestal, se está haciendo la mayor inversión privada en la historia del Paraguay, en el proyecto Paracel”, remarcó.

Por tanto, señaló que ahora el trabajo del Gobierno es fortalecer el trabajo de inteligencia, de prevención y de investigación. Indicó que ayer jueves mantuvo una reunión en el Consejo de la Defensa Nacional (Codena), donde confluyen todas las instituciones encargadas de la defensa y la seguridad interna, que sigue trabajando sin descanso para mejorar el sistema de seguridad interna.

En ese sentido, anunció que el CODI ampliará su cobertura territorial como parte de las medidas adoptadas luego del ataque armado contra el puesto policial. Asimismo, aseguró que el Estado responderá con todas las herramientas legales al atentado ocurrido en Canindeyú. Ratificó que fortalecerán la inteligencia, la prevención y las operaciones de seguridad.

El mandatario señaló que, más allá de fortalecer las instituciones de seguridad, su Gobierno viene trabajando desde el inicio de su mandato en la regularización de la propiedad rural, el acceso al título de propiedad y, a su vez, el acceso a créditos financieros, que forman parte de la estrategia para reducir espacios aprovechados por organizaciones criminales y fortalecer la presencia del Estado en el campo.

Indicó que es un tema que se tiene que abordar de forma constante. Señaló que actualmente, en el acceso a la tierra en estos casi tres años de mandato, su administración ha logrado entregar más títulos de propiedad que lo que se había hecho en diez años anteriores.

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La empresa Agroganadera Pindó S.A. emitió un comunicado en el cual realiza un exhorto a las correspondientes autoridades del Estado para investigar si el ataque ocurrido en el puesto policial en Canindeyú guarda relación con estructuras criminales que invadieron su propiedad, hecho que vienen denunciando desde hace más de 10 años.

En su pronunciamiento señalan que el ataque armado contra el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, del distrito Ybyrarobaná, que dejó dos policías y un civil fallecidos, evidencia el fortalecimiento de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Ante esto, solicitaron al Estado paraguayo investigar si existe alguna vinculación entre ese atentado y las estructuras delictivas denunciadas en la causa judicial impulsada por la firma.

Recordaron que la empresa agroganadera desde hace más de diez años viene denunciando ocupaciones ilegales en el establecimiento conocido como Estancia Pindó, así como la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural, deforestación y otras actividades atribuidas al crimen organizado.

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“La utilización de la violencia como mecanismo para consolidar el control territorial constituye un elemento de especial preocupación, pues evidencia una forma de actuación destinada no solamente a ocupar ilegalmente un inmueble privado, sino también a impedir mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de sus legítimos propietarios y de las personas que trabajan en el establecimiento. ¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder", menciona parte del documento.

Asimismo, recuerdan que en todos estos años se denunció la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú.

“Hoy, un puesto policial fue atacado con un nivel de organización y violencia que demuestra la capacidad operativa de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, remarca el pronunciamiento.

No obstante, aclaran que este análisis no pretende afirmar que los responsables del ataque al puesto policial sean necesariamente las mismas personas investigadas en la causa Pindó. Teniendo en cuenta que esa determinación corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales.

“Sin embargo, resulta jurídicamente legítimo advertir que ambos escenarios presentan características que justifican una investigación exhaustiva sobre eventuales vínculos, considerando la presencia de organizaciones criminales, el uso de armamento, la ocupación prolongada de territorios y las actividades ilícitas detectadas en la misma región”, acota el comunicado.

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