El Ministerio de Salud ordenó la intervención del Hospital Nacional de Itauguá tras un relevamiento encubierto de datos por denuncias de supuesto acoso sexual, hostigamiento y violencia laboral a médicos residentes. El interventor designado es el Dr. Carlos Alberto Román.

“Yo soy la primera persona interesada en aclarar las denuncias. Estamos contentos con esta decisión porque se va a demostrar la veracidad de lo sucedido. Desde un principio nos pusimos a disposición”, manifestó este martes el director Miguel Ferreira, en declaraciones a la 1020 AM.

Añadió que desde el momento que apareció la primera denuncia puntal de una médica residente, hace aproximadamente cuatro meses, tomaron la determinación de separar del cargo a los acusados.

“Nosotros somos los primeros interesados en investigar. Entonces, separamos de sus cargos al jefe de servicio de cirugía y al jefe del servicio de residentes para hacer la investigación correspondiente”, manifestó.

Pero, aclaró que los denunciados siguen trabajando en la institución. “Las personas denunciadas fueron separadas de sus cargos, pero siguen siendo funcionarios de Salud, porque yo no le puedo echar de la institución sin ningún sumario”, precisó.

La primera denuncia fue presentada ante la Secretaría Anticorrupción del Ministerio de Salud y los hechos habrían ocurrido el año pasado en el servicio de cirugía. Según expresiones del director, la estudiante se habría sentido intimidada por algunas correcciones hechas por sus superiores.

Sin embargo, extraoficialmente se maneja la información de que, presuntamente, el jefe de servicio habría pedido sexo a la residente a cambio de tener día libre. Además habría otras denuncias similares.

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“Nosotros no tuvimos acceso a la denuncia, porque es secreta, pero nos dijeron que ella se molestó por la devolución que le dieron sus jefes durante la evaluación de pacientes diciéndole lo que estaba mal”, expresó el entrevistado.

Por otro lado, mencionó que las residencias médicas son muy pesadas y más en cirugía, e insistió en que están abiertos a una exhaustiva investigación para que se aclaren los hechos. “Nosotros estamos con las puertas abiertas en el hospital para que se investigue de punta a punta. Queremos que se aclaren las cosas para limpiar nuestra imagen”, subrayó el galeno.

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanece “estable” en terapia intensiva por una neumonía bacteriana, aunque presentó un deterioro de la función renal, informó este sábado el hospital donde está internado. Bolsonaro, de 70 años, fue ingresado el viernes en la mañana con fiebre alta, sudoración y escalofríos, tras ser trasladado desde la cárcel en Brasilia donde purga prisión por golpismo.

El exmandatario “se encuentra clínicamente estable, pero ha experimentado un empeoramiento de la función renal y una elevación de los marcadores inflamatorios”, señaló el boletín del hospital. “En este momento” no hay previsión de alta de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI, añadió.

Según el boletín, la infección pulmonar fue consecuencia de un “episodio de broncoaspiración”, un problema recurrente relacionado con las secuelas de una puñalada que recibió en el abdomen durante un acto de campaña en 2018. Desde entonces, el exmandatario ultraderechista ha sido sometido a numerosas operaciones y padece crisis de hipo, en ocasiones acompañadas de vómitos, que sus médicos identificaron como la causa directa de la infección actual.

Está bajo tratamiento con antibióticos y fisioterapia respiratoria.

Condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión por haber intentado mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro cumple su condena en el complejo penitenciario Papuda de Brasilia.

Su defensa ha solicitado reiteradamente que cumpla la pena en prisión domiciliaria por razones humanitarias, pedidos que la corte suprema ha rechazado.

“Están jugando con la vida de mi padre”, reclamó su hijo Flávio Bolsonaro, senador y candidato de la derecha para las elecciones presidenciales de octubre, en las que se medirá con el presidente Lula. Brasil celebra elecciones generales en octubre y Bolsonaro, pese a estar preso, sigue siendo una figura central del escenario político.

Fuente: AFP.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue ingresado este viernes en terapia intensiva con bronconeumonía, informaron sus médicos, luego de que fuera trasladado al hospital tras sentirse mal en la cárcel.

Condenado a 27 años de prisión por golpismo, el exmandatario presentó un “cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos”, según un parte del hospital DF Star de Brasilia compartido en redes por su esposa Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro, de 70 años, recibe ahora antibióticos por vía intravenosa para tratar una “bronconeumonía bacteriana bilateral” detectada en los exámenes.

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Bolsonaro ha padecido recurrentes problemas de salud derivados de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.

El exmandatario debió pasar por varias cirugías y sufre crisis de hipo, en ocasiones acompañadas por vómitos.

La corte suprema ha negado pedidos de su defensa para que cumpla la condena en prisión domiciliaria “humanitaria”.

“Están jugando con la vida de mi padre”, dijo el hijo del expresidente y precandidato de la derecha en las elecciones de octubre, Flávio Bolsonaro, a la salida del hospital.

“Debería disponer como mínimo de la prisión domiciliar humanitaria”, dijo el también senador a periodistas.

Bolsonaro (2019-2022) está recluido en el complejo penitenciario Papuda, donde le asignaron un espacio normalmente reservado para cuatro personas, con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada.

En 2025, la corte lo condenó a 27 años de cárcel por haber intentado aferrarse ilegalmente al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil celebra elecciones generales en octubre y Bolsonaro, pese a estar preso, sigue siendo una figura central del escenario político.

Designó a su hijo mayor Flávio como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, de 80 años, quien ha dicho que buscará la reelección.

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Según la última encuesta del instituto Datafolha, Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en empate técnico en una eventual segunda vuelta.

Fuente: AFP

La memoria de la que fuera líder estudiantil Yolanda González sigue viva en el barrio de Aluche, en el distrito de Latina, 46 años después de ser asesinada por un comando fascista en un oscuro episodio vivido por el país durante los primeros años tras la Transición, con huida incluida a Paraguay por parte de uno de sus asesinos que, en un auténtico giro de guion, llegó a trabajar para el Ministerio del Interior instruyendo a policías hasta que su verdadera identidad salió a la luz.

Hoy, casi cinco décadas después, hay unos Jardines Yolanda González en su barrio, Aluche, en la confluencia de las calles Escalona y Seseña, porque las balas no han conseguido acallar la memoria de quien fuera su vecina. También se puede encontrar una Plazuela Yolanda González en la ciudad de Bilbao, de donde era originaria. Tenía tan solo 19 años cuando Yolanda González, estudiante de electrónica y militante del Partido Socialista de los Trabajadores, fue secuestrada en su vivienda del número 101 de la calle Tembleque, en Aluche. Era el 1 de febrero de 1980.

El secuestro lo reivindicó el denominado Grupo 41 del Batallón Vasco Español, integrado por miembros ultraderechistas de Fuerza Nueva como Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez. La joven, que estaba sola en casa, les abrió la puerta del piso que compartía con otros estudiantes después de que le mostraran unas supuestas placas policiales, falsas. Fue secuestrada, interrogada, la dispararon y dejaron su cuerpo abandonado en un camino cerca de la carretera que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias.

Los asesinos fueron capturados y procesados dos años después por la Audiencia Nacional. A Emilio Hellín Moro le cayeron algo más de 43 años de condena por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI y uso público de nombre supuesto. Para Ignacio Abad Velázquez fueron algo más de 28 por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas.

En 1987, aprovechándose de un permiso penitenciario de seis días, Hellín Moro consiguió escapar de su país y refugiarse en Paraguay, donde se ocultó tres años hasta que la revista Interviú descubrió su paradero. “Allí recibió protección del régimen militar de Alfredo Stroessner, para el que trabajó en la adecuación de su sistema policial a las nuevas tecnologías de entonces. La Interpol le arrestó y fue deportado a España en 1990”, recuerda elPeriódico.com. Salió de prisión en 1996, tras cumplir la condena que le quedaba.

El nombre de Emilio Hellín Moro volvió a saltar a los titulares de prensa cuando se conoció que estaba, bajo otro nombre, dando cursos en materia de seguridad como profesor externo en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse), dependiente del Ayuntamiento de Madrid.

Desde el equipo de Gobierno encabezado por Ana Botella alegaron que los antecedentes del ultraderechista condenado pasaron “inadvertidos”, a lo que el entonces portavoz de IU de Seguridad Ángel Lara replicó que es un “apellido inolvidable” para cualquier persona que sufriera los momentos más duros de la Transición.

Hellín Moro cambió su nombre --de Emilio pasó a Luis Enrique-- y empezó a dar clases sobre seguridad en distintas administraciones. Llegó como profesor externo al Cifse municipal en 2011, cuando fue contratado para dar un total de 25 horas de clases en dos años. Tenía como aval su formación como ingeniero superior de Telecomunicaciones y su experiencia demostrada al haber impartido cursos a la Guardia Civil sobre delitos telemáticos.

El que fuera delegado de Seguridad Enrique Núñez (PP) alegó que cuando se le contrató “se desconocía su anterior identidad y su pasado”, para recordar que resulta inconstitucional preguntar por la ideología de nadie. Tras conocerse el pasado de Hellín Moro el Ayuntamiento nunca volvió a contar con él.

También dio explicaciones a la familia el Ministerio del Interior, entonces con Jorge Fernández Díaz (PP) al frente, después de la investigación interna realizada en la Guardia Civil y Policía. Para Asier González, hermano de Yolanda, la contratación era “una anomalía inaceptable en democracia”.

“Nos resulta totalmente inaceptable en un Estado democrático y de Derecho que Emilio Hellín, que secuestró y asesinó a Yolanda por motivos políticos y convicciones fascistas, mantenga una relación privilegiada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aunque nunca haya pedido perdón ni se haya arrepentido”, declaraba a la prensa poco antes de la reunión. Fernández Díaz admitió en su momento que Hellín había firmado contratos con la Administración, pero matizó que todos ellos se realizaron antes de que el PP ganase las elecciones.

Ya desde 2013 se venía gestando que el distrito en el que residió recordase a Yolanda González. La primera petición vino del Pleno de Latina. Hubo que esperar dos años más para que el callejero madrileño incluyese los Jardines Yolanda González, a la altura del 90 de la calle Escalona.

Desde entonces ha pasado una década en la que la huella de Yolanda González sigue imborrable a pesar de algunos intentos de acallar su memoria en forma de vandalismo. En estos diez años han sido constantes las pintadas de corte extremista e incluso que se hayan arrancado las placas con la denominación, siempre repuestas por el Ayuntamiento de Madrid.

También se instaló en 2018 una placa en la que se recordaba quién fue Yolanda González Martín: ‘una líder estudiantil, trabajadora y militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Luchó por la democracia real, la justicia y los derechos sociales y laborales. En febrero de 1980 fue secuestrada en su casa, en Aluche, y asesinada por un comando fascista. Tenía 19 años. Estos jardines están dedicados a su recuerdo, que sigue vivo. 1961-1980’.

Fuente: Europa Press.