Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encabezado por Jorge Bogarín, informaron que para las elecciones municipales generales del 4 de octubre correrá la aplicación de sanciones por parte de la institución a partidos políticos que no rindan cuentas sobre los ingresos y gastos de campaña de sus candidatos a intendentes y concejales.

“Hay que tener en cuenta que las sanciones por incumplimiento en las elecciones internas municipales estuvieron a cargo de los órganos disciplinarios partidarios y ahí el TSJE no tuvo intervención en cuanto a las sanciones”, indicó a la 1140 AM el director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz.

Señaló también que “En este proceso para las elecciones municipales generales que se está iniciando, sí el Tribunal Electoral hace un control estricto del grado de cumplimiento y sanciona con una quita al subsidio electoral que le pudiera corresponder a la organización política por el grado del incumplimiento de sus candidatos tanto para las intendencias como para las concejalías. Las sanciones son aplicadas a las organizaciones políticas y no a los candidatos conforme a lo que establece la Ley de Financiamiento Político“.

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Para las municipales generales, más de 19.000 aspirantes titulares y suplentes deberán presentar sus declaraciones de ingresos y gastos de campaña. “Revisar todas las documentaciones lleva bastante tiempo y este trabajo es realizado de manera conjunta con la Contraloría General de la República”, indicó.

Ruiz Díaz acotó: “La norma establece que, finalizadas las elecciones municipales, dentro de los 60 días, tanto las organizaciones políticas como los candidatos deben rendir cuentas de lo declarado; a partir de ahí, la dirección a mi cargo evalúa de acuerdo a nuestro sistema el grado de incumplimiento. No obstante, tenemos que controlar el cumplimiento de la formalidad de los documentos de respaldo de los gastos y eso lo hacemos a través de auditorías que también lo hace la Contraloría por 90 días”.

Señaló además: “Posteriormente, la Contraloría nos remite su informe de auditoría y también nosotros hacemos una fiscalización de todos los documentos presentados por cada uno de los candidatos. Esto nos lleva aproximadamente un año y medio, porque son varios y es el tiempo que nos da para establecer las quitas que pudieran corresponder a las organizaciones políticas“.

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La Ley n.º 7.593 de Protección de Datos Personales marca un cambio significativo en la forma en que empresas, instituciones y organizaciones recopilan, almacenan y utilizan información de los ciudadanos. La normativa establece nuevos derechos para las personas, crea obligaciones más estrictas para quienes administran datos y pone en marcha una autoridad especializada de control que podrá aplicar sanciones ante incumplimientos.

Según explicó a La Nación/Nación Media, Adriana Ramos, asesora jurídica del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), el principio central de la ley es que los ciudadanos recuperan el control sobre sus datos personales.

En la práctica, esto significa que cualquier persona podrá exigir información clara sobre qué datos se recopilan, para qué serán utilizados, cuánto tiempo serán conservados y si serán compartidos con terceros o transferidos al exterior.

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La legislación incorpora derechos como el acceso a la información almacenada por una empresa, la rectificación de datos incorrectos, la eliminación de registros cuando ya no exista una justificación para conservarlos, la oposición al uso de información para fines comerciales o publicitarios y la portabilidad de los datos entre distintos proveedores. También contempla la posibilidad de cuestionar decisiones tomadas exclusivamente por algoritmos o sistemas automatizados.

Para el sector privado, la normativa introduce nuevas exigencias operativas. Las empresas ya no podrán solicitar información sin una justificación válida y deberán contar con una base legal para hacerlo, ya sea mediante consentimiento del usuario, obligaciones contractuales o disposiciones legales.

Además, deberán aplicar el principio de minimización, limitándose a pedir únicamente los datos necesarios para la prestación de un servicio o la ejecución de una actividad determinada.

La ley tendrá impacto directo en sectores como el comercio electrónico, las aplicaciones móviles, los programas de fidelización, los servicios financieros, las aseguradoras, las telecomunicaciones y cualquier organización que maneje bases de datos de clientes.

También obliga a reforzar los mecanismos de ciberseguridad y establece que, en caso de filtraciones o incidentes que comprometan información personal, las empresas deberán informar a la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas.

Uno de los aspectos más relevantes es la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que funcionará dentro de la estructura del Mitic con autonomía funcional. Este organismo tendrá facultades para recibir denuncias, realizar auditorías, emitir reglamentaciones, supervisar transferencias internacionales de datos y aplicar sanciones cuando se detecten incumplimientos.

Para los ciudadanos, el procedimiento será gratuito. En caso de considerar que una empresa utilizó indebidamente sus datos, primero deberá presentar un reclamo ante la propia organización. Si no obtiene respuesta o esta resulta insuficiente, podrá acudir a la Agencia o recurrir a la garantía constitucional del hábeas data.

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El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, de la Cámara Alta, respaldó la gestión del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes. Solicitó aguardar los 15 días que faltan para evaluar los primeros resultados de las auditorías internas antes de exigir nuevas denuncias por presuntos hechos de corrupción. El senador Chase sostuvo que las acciones ante el Ministerio Público deben sustentarse en pruebas contundentes y no en especulaciones.

En charla con varios medios de prensa, el legislador señaló que el Dr. Isaías Fretes está haciendo una transformación en el IPS, que ve y siente la ciudadanía, porque se está dando a conocer ese trabajo. Indicó que el pasado lunes, tuvieron esta misma discusión en Mesa Directiva del Senado, donde algunos autores políticos quieren resultados inmediatos, pero señaló que eso es imposible, que eso no se puede dar.

“El presidente del IPS había pedido un mes de tiempo para tener resultados concretos, y eso se cumple en 15 días más, y bueno, ahí sí vamos a exigirle seguramente al presidente del IPS los resultados concretos que él había prometido”, remarcó.

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Asimismo, sostuvo que ninguna denuncia puede presentarse sin pruebas ante el Ministerio Público y considera que la primera denuncia que ha presentado el actual presidente del IPS ante la Fiscalía por faltantes de materiales eléctricos es un avance importante, porque se trata de daños patrimoniales y espera que en 15 días más, el Dr. Fretes presente un informe acabado de todas las demás auditorías que está llevando adelante.

“Yo soy del criterio de que hay que darle tiempo para que evalúe y presente denuncias sobre las irregularidades que haya encontrado. Es imposible que eso esté todo dispuesto el día que él llegó, y bueno, hay que darle el tiempo para que la transformación tenga lugar”, acotó.

El senador Chase señaló que el doctor Fretes es una persona muy particular y lo conoce personalmente, sabe que no va a soportar ninguna presión externa que no sea la del propio presidente de la República, Santiago Peña, quién fue el que lo nombró en el cargo. No obstante, señaló que no se puede señalar al jefe de Estado de tener injerencia ya que tiene todas las atribuciones para así hacerlo, inclusive cambiarlo nuevamente del cargo.

“Fue la presidencia la que hizo el cambio justamente para mejorar, no para empeorar. No creo que haya una obstrucción del trabajo que tiene que hacer el doctor Fretes; o si no hubiera estado el mismo presidente anterior. No existe el entorno, ese es un cuento político; no existe el entorno que pueda tener injerencia en el nivel de decisión entre el presidente de IPS y el presidente de la República”, enfatizó.

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Por iniciativa de la diputada Cristina Villalba, la Cámara Baja aprobó un proyecto de resolución que pide dos informes a la Patrulla Caminera y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En primer lugar, se solicita información sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Dictamen Conclusivo DGIT/DGDC N° 18/2025 de la Contraloría General de la República sobre la situación de los inspectores generales, el sistema de ascensos y régimen jubilatorio además de aspectos relacionados con el funcionamiento de la Academia de Formación Permanente.

Así también, se pide informes específicos sobre la situación legal y administrativa de los inspectores generales de la Dirección Nacional de Patrulla Caminera en el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2023 y la fecha.

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Como se trata de una reiteración del pedido de informes, en esta ocasión los legisladores otorgaron un plazo de 10 días hábiles para la remisión de los datos solicitados.

Se advierte que “una nueva omisión será reputada como mal desempeño o negligencia grave de funciones del responsable de la institución requerida”.

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