El intendente municipal de Coronel Bogado, Héctor Céspedes, declaró esta tarde emergencia distrital sanitaria en todo el municipio debido al impacto del COVID-19 en la comunidad. Se dispuso la implementación de las acciones preventivas ante el riesgo de expansión del virus.
El jefe comunal comentó que para tomar esta decisión se tuvo en cuenta la situación epidemiológica que está atravesando la ciudad, con 63 casos positivos confirmados y que va en aumento, debido al relajamiento social por parte de la población.
Además de la declaración de emergencia, se dispuso la suspensión de todo tipo de eventos sociales, familiares, deportivos, políticos y religiosos en lugares públicos o privados por el término de 10 días corridos en todo el distrito. Esto es bajo el apercibimiento de aplicación de multas desde 10 a 200 jornales en caso de incumplimiento.
Se prohibió también la concurrencia pública en balnearios, ciclovías, plazas, canchas deportivas, playas y cualquier otro lugar de acceso público.
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Extremar medidas
Asimismo, se insta a los propietarios de casas comerciales a implementar medidas estrictas de control sanitario tanto en funcionarios como en clientes de acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes.
También se pide a la comunidad permanecer en sus hogares y realizar desplazamientos básicos e imprescindibles para proveerse de artículos básicos y acudir a sus lugares de trabajo y a tomar las medidas sanitarias correspondientes.
Se encomendó a la Policía Nacional, Juzgado de Faltas, Ministerio Público, el estricto cumplimiento de la resolución, la cual tiene vigencia desde las 00:00 del 16 de enero hasta el 25 de enero, a las 23:59.
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Interventor de CDE: “Nuestro trabajo es serio y respaldado en documentaciones”
El interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, sostuvo que posee pruebas fehacientes para sostener sus afirmaciones sobre la existencia de graves irregularidades halladas en la administración del intendente opositor Miguel Prieto.
“La intención es evidente, de querer amedrentar o intimidar, pero al menos de nuestra parte el resultado va a seguir. Estamos llegando a la mitad del período y te diría que estamos ajustados al límite de nuestro cronograma, pero redoblaremos el compromiso de continuar avanzando”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
El economista sostuvo que está realizando un trabajo serio. “Nosotros tenemos, primero, la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo serio y que estamos respaldados en las documentaciones que vamos identificando“, destacó.
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En un desesperado intento de interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, el líder del movimiento Yo Creo envío el jueves pasado a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus declaraciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en la gestión del intendente Miguel Prieto.
Por otra parte, Ramírez mencionó que se encuentra accediendo a las documentaciones relacionadas a órdenes de pagos remitidas por la administración de Prieto a la Fiscalía. Los documentos no guardan relación con causas judiciales abiertas.
“Hay un porcentaje de esos documentos que están con causas judiciales abiertas. Esa es una restricción legal. Nosotros tenemos un porcentaje de documentaciones que están en la Fiscalía en la Unidad de Cuentas, tenemos los buenos oficios de la Fiscalía General del Estado, estamos accediendo. Yo diría que en varios frentes estamos avanzando bien con las circunstancias propias de la situación”, expresó Ramírez.
Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año pasado y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.
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Pereira no descarta presentar informe final antes de 60 días: “Tengo dos frentes muy complejos”
“Tengo dos frentes muy complejos”, dijo Carlos Pereira al sostener que su trabajo en la Municipalidad de Asunción no se limita en corroborar los reportes de hechos punibles denunciados por la Contraloría General de la República (CGR), sino también en zanjar el conflicto financiero y saldar las deudas que posee la comuna.
“Estoy abocado a la investigación, a la verificación, evaluación y análisis de las 6 observaciones que realmente ha denunciado como irregularidad la Contraloría y que ha sido causal de la intervención, pero también la ley 317, me exige de que tengo que encargarme de la administración del municipio, con la limitación y restricción puntual de que tengo prohibido rescindir contratos, despedir gente y eso es mucho más complicado para mí”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
El interventor señaló que el proceso de fiscalización hasta el momento no se ve obstaculizado, teniendo en cuenta que se encuentra accediendo a todas las documentaciones. Ante esta situación no descarta que su informe final pueda ser emitido antes de cumplir el plazo de los 60 días establecidos por la Constitución Nacional.
“Acá hay que tener en cuenta que la Contraloría tuvo una limitación que no ha podido acceder a la documentación respaldatoria de los gastos corrientes que ellos han cuestionado. En este caso yo tengo esa posibilidad de contar con esa documentación que hemos solicitado y que tenemos a la vista. Son 123 biblioratos que estamos procesando”, indicó.
“Yo diría que estoy bastante holgado en cuanto al cumplimiento de los 60 días corridos que dispone la ley. Con las documentaciones proveídas yo me animo a decir que vamos a poder cumplir el plazo sin ningún tipo de contratiempo. Es una posibilidad (que sorprenda con la antelación de la presentación del informe)“, dijo el interventor.
Pereira indicó que el reporte final de la intervención no solo contará con la corroboración de la existencia o no de hechos irregulares en la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, sino que también proporcionará una serie de recomendaciones que contribuyan a una mayor racionalidad en los gastos, a un achicamiento del aparato municipal, a una automatización e incorporación de tecnología que permita tener la trazabilidad de los funcionarios, las funciones que cumplen o deben cumplir.
Funcionarios
“Hay una serie de cuestiones que va a formar parte de un aspecto cualitativo del informe. Si yo pudiera, me hubiera gustado poder sacar gente de repente para achicar la parte del aparato administrativo que está bastante. Hay un total de 9.119 funcionarios. Hay 60 direcciones que no se compadecen con lo que debería ser una administración moderna en la era de la tecnología y también lo que más me llamó la atención es la falta de control interno en muchos aspectos críticos", remarcó.
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Pereira siguió argumentando que “en todas las crisis siempre hay oportunidades ocultas, yo creo que acá se debe pensar seriamente en un nuevo modelo de cómo manejar una administración municipal, muchas veces la política tiene su penetración a nivel administrativo, hay cuoteos políticos, todos sabemos y conocemos, pero también hoy podemos ver los efectos que producen y el daño que produce ese tipo de administración".
El interventor sostuvo que se encuentra abocado en solucionar la crisis financiera que enfrenta la comuna. “Estamos haciendo esfuerzos enormes para dosificar nuestra recaudación y por nivel de criticidad empezar a hacer a prorrata, equitativamente también los pagos. Tenemos reclamos por todas partes. Cuando ingresé ya teníamos vencido cuotas de los bonos que han sido la emisión que representó el endeudamiento masivo del municipio y también otras cuotas con el sector financiero", remarcó.
Añadió que “para poner en un contexto, cuando se hizo el corte administrativo del 100 % del activo, el 51 % activo fijo, un 25 % concentrado en cuentas por cobrar de todos los tributos en gestión directa y en gestión judicial, de manera que ya te queda solamente un 25 % para enfrentar un 100 % de pasivos y de obligaciones emergentes de las decisiones que se tomaron”.
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“Prieto introdujo en la municipalidad una gavilla para saquear”, dice abogado esteño
“Nosotros descubrimos que Prieto introdujo en la municipalidad una gavilla para saquear“, dijo el abogado Víctor Enríquez, quien integra la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, organización sin fines de lucro que impulsó 15 de las 49 denuncias por corrupción que pesan contra el intendente Miguel Prieto, quien insiste en obstaculizar la labor del interventor Ramón Ramírez y ayer le envió una escribana pública para amedrentarlo.
“Él nos engañó a todos con shows mediáticos, ya que es un corrupto, un egocéntrico que necesita salir en los medios de prensa, ya sea bien o mal”, sostuvo Enríquez, este viernes, en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones del abogado, quien fue apoderado de Prieto en su primera elección para completar el mandato de Sandra McLeod en 2019, surgen tras el desesperado intento del líder del movimiento Yo Creo en interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, que denunció la dificultad de acceder a documentos públicos debido a maniobras de los directores prietistas de las dependencias municipales.
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Confianza en el interventor
“Los integrantes de la Contraloría Ciudadana le llenamos la canasta de denuncias. Si él se sintió ofendido (por las denuncias de Ramírez), ¿por qué no se anima a establecer una querella en nuestra contra? Seguro porque no tendrá el mediatismo que tiene el hecho de ir a patotear al interventor de la municipalidad”, comentó Enríquez.
Prieto envió ayer jueves a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus afirmaciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en la gestión del intendente. “El interventor es una persona muy segura, que llegó para hacer un trabajo técnico, no es mediático”, indicó el integrante de la Contraloría Ciudadana de CDE.
“Es un simple farsante mediático”
“Las denuncias que presentamos contra Prieto no son chismes, son investigaciones claras, fehacientes de todos los actos de corrupción de Prieto. Es un simple farsante mediático. Cómo creer a un tipo que tiene como asesor en la municipalidad a un exdiputado (Carlos Portillo) que perdió su investidura por corrupto, por ser grabado extorsionando en casos judiciales; y después Prieto quiere hablar de honestidad y honorabilidad", refirió.
Señaló que, como organización, ya mantuvieron un encuentro con Ramírez para presentarle las investigaciones y denuncias sobre irregularidades que detectaron en la gestión del opositor. “Está todo en sus manos y tenemos la plena certeza que está haciendo bien su trabajo”, dijo.
El abogado denunció que los concejales aliados a Prieto pretenden obstaculizar el trabajo de intervención. “Ellos no quieren que se investigue. En todas las denuncias que redacté para la Contraloría Ciudadana se tipifica lesión de confianza, asociación criminal, se tiene una organización jerárquicamente organizada para provocar hechos punibles. Acá hay una organización criminal, Prieto y sus concejales armaron una gavilla para saquear“, sentenció Víctor Enríquez a Nación Media.
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Miguel Prieto envía escribana a interventor, en un desesperado intento de amedrentamiento
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien cuenta con 49 denuncias por corrupción, envió este jueves a una escribana pública hasta la sede la municipalidad para que el interventor Ramón Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus afirmaciones ante la prensa, acerca de la existencia de irregularidades en la administración del opositor.
“El intento de amedrentamiento no va a hacer mella en el trabajo que estamos haciendo. Evidentemente, nosotros estamos molestando con la información que estamos poniendo a conocimiento de la gente”, sostuvo Ramírez tras la presencia de la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal.
El economista dijo que no se retractará y aseguró estar respaldado por documentaciones en todos los aspectos denunciados. “No vamos a desacelerar ni un milímetro. Obviamente, estamos expuestos a este tipo de situaciones, pero quiero dar tranquilidad a la ciudadanía: no va a afectar nuestro ánimo”, refirió.
El pasado 15 de julio, Ramírez reveló ante los medios de comunicación nuevas y escandalosas irregularidades en la administración del líder del movimiento Yo Creo.
Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año anterior y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.
Interventor no retrocede
Ramón Ramírez fue enfático en afirmar que se ratificó en todos los puntos ante la escribana enviada por Prieto y afirmó que la cifra exacta sobre la cantidad de funcionarios y otras cuestiones, ya la dio a conocer en conferencias de prensa anteriores.
“Estamos molestando con la información que estamos poniendo a conocimiento de la gente, es una intención de amedrentamiento”, señaló el economista y posteriormente añadió, “es un intento de intimidarnos en el trabajo que estamos llevando adelante, pero vamos a seguir haciéndolo sin ningún tropiezo y con el mismo ímpetu”.
El economista indicó que es consciente de que por la labor que realiza, está expuesto a este tipo de situaciones, sin embargo, dejó en claro a la ciudadanía que estas actuaciones por parte del intendente suspendido no va a afectar su ritmo de trabajo. “Absolutamente no vamos a retroceder, no vamos a desacelerar”, aseveró.
Principales falencias detectadas
1. Documentos que aparecen y desaparecen
Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo se han enfrentado a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor. Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.
2. Dudosa asignación de G. 83.000 millones
La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42 mil millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.
3. Obras retrasadas y con plata ya transferida
Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, han transcurrido semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.
4. Combustible con cifras imposibles
La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.
- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.
- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.
5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.
Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en vez de destinarlos a urgencias reales.