Se duplicó seguridad en la sala de juicio oral ante la amenaza del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio a fiscales del caso.

Ante las presuntas amenazas efectua­das por Arnaldo Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, el juicio oral y público contra el exministro del Interior se reanudó ayer bajo una fuerte custodia policial. Acusado por cohecho pasivo agravado, el exfuncionario fue captado durante un cruce contra los agentes de la Unidad Especia­lizada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

El fuerte dispositivo de segu­ridad dentro y fuera de la sala de juicios orales solo se observa cuando los acusados son con­siderados peligrosos y tienen vínculos con el crimen orga­nizado como es el caso de inte­grantes de las facciones cri­minales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho. La fiscala Valdez, desde el ingreso a la sede judi­cial, fue custodiada por varios uniformados para evitar cual­quier tipo de roces o agresión física que pueda sufrir por parte del exfuncionario de Estado que es juzgado por su relacionamiento con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil.

En la ocasión, la agente puso a conocimiento del Tribunal de Sentencia, que integran los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, la situación de amedren­tamiento protagonizada por Giuzzio, al término de la audiencia anterior, ale­gando que “se dirigió hacia nosotros levantando la voz con una actitud desafiante y desmedida como se puede apreciar a través de filma­ciones de medios de comu­nicación que registraron la situación, esto sucedió al culminar la audiencia”.

Agrego “atendiendo que ya se presentaron situaciones similares, solicitamos al tri­bunal que las audiencias se desarrollen en el marco del respeto y que no se repitan”. El juicio a Giuzzio prosiguió con la declaración de un tes­tigo y va a continuar el 7 de setiembre desde las 7:00 a 8:00 de la mañana.

La cámara del canal GEN/Nación Media captó el lunes 24 de agosto el momento en el que el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad) increpa a ambos agentes del Ministerio Público, apuntando con el dedo. “Vamos a hablar después”, mencionó de manera prepotente tras ser vin­culado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Defensa Interna, Pablo Ríos, y otros tes­tigos claves que se desempe­ñaron como funcionarios de la empresa Ombú SA del capo narco.

El presunto amedrentamiento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le haya solicitado concentrarse en su defensa como recurso para apaci­guar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Ábranle na chamígo una causa, tengan na huevos (sic). Yo estoy superconcentrado en mi defensa, ustedes lo que tienen que concentrarse des­pués”, dijo el acusado al recla­mar imputaciones contra otras personas ajenas a su causa.

“Este tribunal ha tomado conocimiento, se le ha infor­mado con relación a esta situación que ocurrió fuera de la sala de juicio. En este sentido hemos tomado como medidas mantener la seguri­dad tanto dentro como fuera de la sala y ya están previs­tas todas las situaciones para que en adelante con­temos con la debida seguri­dad. Les recuerdo a todas las partes que debemos compor­tarnos, mantener el respeto entre todos y no se permitirá falta de respeto ni actitudes de violencia”, afirmó la jueza Adriana Planás.

El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, declaró abierto este lunes el juicio oral y público en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por el caso conocido como “Tía Chela”.

En la apertura de la audiencia se presentaron incidentes con uno de los abogados defensores, en este caso el abogado Martín Prieto, defensor del acusado Julián Benítez Gamarra, quien solicitó la suspensión de esta audiencia, argumentando que supuestamente no tuvo acceso a la investigación, para tener tiempo para ejercer la defensa. El tribunal rechazó el pedido y convocó a una sanción disciplinaria al citado representante legal.

Las intervenciones realizadas en los departamentos de Canindeyú y Caaguazú en el marco de la operación Nueva Alianza 57 permitieron desmantelar 44 campamentos y anular más de 671 toneladas de marihuana, con un perjuicio estimado de USD 100.687.500 para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó este lunes que la operación finalizó después de 12 días de incursiones en zonas boscosas de ambos departamentos. En las intervenciones fueron eliminadas 222 hectáreas de cultivos de marihuana, con un potencial estimado de 666.000 kilogramos de la droga, además de 5.250 kilogramos de marihuana ya lista, totalizando 671.250 kilogramos anulados.

Los precios del petróleo se dispararon el lunes tras un nuevo recrudecimiento de la guerra entre Irán y Estados Unidos, mientras las bolsas asiáticas cayeron ante la apuesta de los inversores por una subida de los tipos de interés estadounidenses. Tras una tendencia a la baja durante la mayor parte de la semana pasada, los precios del petróleo se dispararon de nuevo el lunes, después de que Washington anunció que atacó lanzacohetes iraníes en una pequeña isla en el estrecho de Ormuz, su primera ofensiva contra Teherán en un mes.

Irán respondió golpeando objetivos militares estadounidenses en Jordania. El intercambio se produjo poco después de que la guerra cumpliera seis meses, y en un momento en que las hostilidades se habían ido reduciendo. El barril de crudo Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subió 2,6 % a 90,39 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, también aumentó 2,3 % a 85,33 dólares.

“El gobierno tiene la idea de fortalecer institucionalmente al sector eléctrico, hay una preocupación que se manifiesta en reuniones constantes”, resaltó el experto en energía, Victorio Oxilia, sobre la decisión del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, de impulsar la planificación energética integral del Paraguay.

“Básicamente, en menos de un mes tuvimos tres reuniones con altas autoridades para debatir sobre temas energético y eléctrico en particular. Se habla sobre una planificación energética con una visión integrada, es decir, no solo el sector eléctrico, sino que se incorpora al análisis de planificación al sector hidrocarburo, biomasa, la radiación solar, haciendo entonces la integración de diferentes recursos apuntando a un desarrollo energético”, indicó este lunes en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Agentes de la Senad de la oficina regional de Pedro Juan Caballero allanaron este domingo una vivienda, donde incautaron 30 fusiles calibre 7,62 y droga, que estaban a punto de ser enviados a Brasil para abastecer a un grupo criminal, según los investigadores. Durante la intervención, fueron detenidos dos hermanos.

El fiscal Antidrogas Celso Morales brindó detalles sobre el procedimiento y confirmó la importancia del hallazgo del arsenal de armas durante el allanamiento realizado en el barrio Virgen de Caacupé de la ciudad fronteriza.

Cerca de 200 médicos oficializaron sus renuncias, este lunes, ante el Ministerio de Salud tras la falta de diálogo con el Gobierno. Son especialistas de distintas áreas del ámbito pediátrico (terapeutas, cardiólogos, endocrinólogos) y de diversos hospitales a nivel nacional.

Entre los renunciantes, un 86 % corresponde al plantel de especialistas del Hospital Acosta Ñu, donde son 40 terapistas y 21 anestesiólogos. Se suman los cuatro únicos cirujanos de ortopedia y traumatología infantil del Hospital de Trauma además de 20 neurocirujanos del mismo centro asistencial, más anestesiólogos y terapistas del Hospital Nacional de Itauguá.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, respondió a la publicación realizada por el medio Abc Color sobre el supuesto vínculo con un médico que se encuentra en la lista de funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá, pero cumple funciones en la vicepresidencia. El medio de comunicación aludió que se trataría del médico de cabera del segundo del Ejecutivo.

Esta publicación, que incluyó la tapa del periódico, fue desmentida por el vicepresidente, quien también instó a una mayor rigurosidad con este tipo de publicaciones. Lamentó que sea blanco de constantes informaciones que lo involucran de manera tergiversada.

A orillas del fronterizo río Mamoré, decenas de viajantes suben y bajan de lanchas sin detenerse en el control migratorio de Guayaramerín, una de las puertas de entrada de las mafias brasileñas que expanden su violencia por Bolivia. “Nunca nadie revisa” a los pasajeros, dice Donald Somoza, un albañil retirado de 75 años, en las cercanías del pequeño puerto amazónico que vive del comercio con Brasil.

La pequeña ciudad de 40.000 habitantes, con pistas de polvo rojizo que contrasta con el verdor de la selva, parece calma durante el intenso calor del día. Pero los lugareños denuncian una creciente inseguridad. Según el gobierno boliviano, Guayaramerín, como otras localidades fronterizas de Bolivia, se ha convertido en “refugio” del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV), grupos armados brasileños enfrentados por el control de corredores para traficar cocaína hacia el Atlántico.

Una docena de asesinatos atribuida a estas bandas sorprendió en las últimas semanas al país, donde es inusual ver crímenes tan feroces, entre ellos la matanza de una familia, el descubrimiento de cuerpos decapitados o el homicidio de un agente policial. Somoza asegura que fue testigo de un sonado asesinato que estremeció a la población local semanas atrás: la víctima extranjera recibió más de 80 balazos en plena plaza de armas, por un presunto ajuste de cuentas del narcotráfico.

Esto es “un fenómeno bastante nuevo en Bolivia”, un “país muy seguro hasta hace unos cuantos años”, explica a la AFP el investigador Joaquín Chacín, especialista en crimen organizado.

Las bandas de narcotraficantes antes trabajaban con cierta permisividad del Estado, que no los enfrentaba para evitar un brote de violencia, mientras regía entre ellas una “pax mafiosa”, dice. “Y esto se ha roto de alguna forma”.

Ariana Roca, una maestra boliviana de 35 años, regresa con sus bolsas de compras tras cruzar el tranquilo río Mamoré. Llega de la ciudad brasileña de Guajará-Mirim, visible desde el lado boliviano.

Ahora hay delitos más “seguido” y “a veces pasan cosas hasta en las narices de los policías”, dice a la AFP.

Entre enero y septiembre de 2025, se denunciaron 774 homicidios de todo tipo, frente a los 325 del mismo período del año anterior, según datos del Ministerio de Gobierno.

También crece una fuerte sensación de inseguridad por asaltos armados, secuestros y otras agresiones.

El cambista de divisas Ademar Zapata, protegido del sol por una sombrilla, últimamente fue atacado dos veces por asaltantes, la última a inicios de agosto. Uno de ellos era brasileño, según las investigaciones.

El gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), acusa a sus predecesores de permitir la propagación de la criminalidad.

Según el Ministerio de Gobierno, desde el inicio de la gestión de Paz, en noviembre, se capturó a 17 capos de bandas delictivas internacionales.

La semana pasada Paz lanzó en Guayaramerín un plan de seguridad para aumentar la presencia policial en las fronteras, intercambiar información de inteligencia con Brasil y capturar en ambos lados a criminales fugitivos.

Para Chacín, contingentes policiales en las fronteras pueden disuadir la violencia, pero el crimen organizado debe ser atacado en su estructura económica, hay que investigar cómo se lava el dinero y quién se enriquece.

“Hace falta un plan serio, pero no se escucha que se esté trabajando en algo así”, dice.

Paz anunció además que Guayaramerín se construirá un puente que unirá a Brasil con Bolivia, como parte de lo que será un corredor vial que llegue hasta el Pacífico, en Perú.

Muchos lugareños, como el cambista Zapata, están de acuerdo porque dinamizará el comercio, aunque también les genera preocupación.

“Las pandillas, las mafias de robo, pueden cruzar” con más facilidad, teme Yestin Durán, una comerciante de bebidas tropicales de 31 años. El propio jefe policial de la localidad, el coronel Johnny Rivas, lo reconoce. La violencia “va a aumentar”” y “nos va a exigir que aumentemos más efectivos”, dice a la AFP.

Fuente: AFP.

Este martes, la Policía Nacional detuvo a dos personas de nacionalidad brasileña que serían sindicadas como miembros del Primer Comando Capital (PCC), en el departamento de Alto Paraná. Uno de los detenidos se presentó con un nombre falso y luego se descubrió que era buscado en el vecino país por casos relacionados al narcotráfico.

Según el reporte policial, la captura de estas personas se registró en plena vía pública, específicamente en la zona de Puerto Itavera, en el distrito de Domingo Martínez de Irala. Ambos sujetos estaban circulando sin documentos de identidad y proporcionaron sus datos, uno de ellos no correspondía.

Se identificaron como Fernando Mello Pereira y Samuel Barboza, ambos brasileños. De inmediato se comunicó el caso a la División del Comando Tripartito, para procesar y cotejar sus identidades con las autoridades de Brasil. Uno de ellos tenía varios tatuajes que serían similares a los que acostumbran a tener los integrantes del PCC.

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El comisario Fabio Santacruz, del comando tripartito, confirmó que el hombre que se presentó como Fernando, en realidad era Anderson Cleiton da Silva, que tiene orden de captura en su país por hechos relacionados al narcotráfico. En tanto que, Samuel Barboza dio su nombre real y no cuenta con antecedentes criminales.

Del poder de los detenidos se incautaron dos teléfonos celulares, 300.000 guaraníes en efectivo y dos mochilas negras con prendas de vestir. Se presume que ingresaron al país hace 15 días y que esperaban el momento oportuno para cruzar ilegalmente por el río Paraná para evadir los controles fronterizos.

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