El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia activó su protocolo para asistir a niños en situación de calle en estos días de intenso frío. En ese sentido, insta a la ciudadanía a reportar al 147 casos de menores hallados en condiciones de vulnerabilidad expuestos a las bajas temperaturas.

La institución dedicada a la protección de menores recuerda que se encuentra disponible la línea 147 Fono Ayuda para denunciar cualquier situación que ponga en peligro a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, este número sirve también para reportar la presencia de los niños en las calles o en otra situación vulnerable durante los días de mucho frío.

Las temperaturas en estos días oscilarán entre a 6 y 10 °C, según el reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). El ambiente frío a fresco se mantendrá durante toda la semana y a partir del jueves se aguarda un aumento en los valores de la térmica.

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Por tanto, desde el Minna apelan a la colaboración ciudadana para proteger a los niños y adolescentes, de no quedar expuestos a las noches y madrugadas frías. La institución cuenta con Centros de Protección habilitados y equipos operativos las 24 horas, los 7 días de la semana, para brindar cuidado, atención y resguardo.

Esta entidad de Estado también coordina acciones con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en el marco del operativo encarado para asistir a las personas en situación de calle ante los días fríos.

La SEN habilitó un albergue transitorio en el Bañado Sur con 24 camas para adultos, 12 para mujeres y 12 para varones. También cuatro camas para madres en etapa de amamantamiento. Además trabaja en forma coordinada con el Ministerio de Salud por la cantidad de problemas de salud, especialmente dolencias respiratorias.

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El Ministerio de Educación intensificará acciones ante amenazas de tiroteos en instituciones educativas a nivel país. Hasta el momento, suman 75 denuncias de casos similares en colegios públicos y privados. El ministro Luis Ramírez explicó que trabajan de manera conjunta con la Policía Nacional y áreas de investigación, atendiendo que este tipo de situaciones tiene antecedentes en otros países, se ha extendido en la región y en todo Paraguay.

Aclaró que cada caso se maneja de manera distinta, basándose en normas de convivencia de cada institución, aunque actualmente analizan ajustes para fortalecer los protocolos con nuevas recomendaciones.

Desde el MEC, el abordaje se centra en la prevención y acompañamiento a través de la Dirección General de Protección de la Niñez. También se enfatiza el trabajo con los padres, teniendo en cuenta que muchas de esas amenazas comienzan como bromas, pero pueden escalar y generar consecuencias graves.

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El Ministerio Público interviene desde el ámbito penal en los casos que correspondan. “Yo tuve una reunión con el ministro del Interior y todo su equipo. Estamos trabajando en un programa que la semana siguiente al 15 de mayo vamos a presentar a la ciudadanía”, anunció el ministro Ramírez en declaraciones a Unicanal.

Especificó que se trata de un programa conjunto de seguridad en las escuelas, de manera a desarrollar una serie de acciones ante la ola de amenazas y deslindar responsabilidades.

“Nos acompañó la Fiscalía también en esta reunión. Así que con Policía Nacional, Fiscalía, nosotros desde el Ministerio vamos a elaborar un manual que permita el trabajo de directores, de una comunidad y los procesos de intervención cuando amerita una intervención policial, fiscal, judicial”, precisó el titular de Educación.

En esa línea, están trabajando de manera conjunta con la Policía en la investigación del origen de esta tendencia. “Hay que entender que esto nació en otros países y se ha extendido al nuestro. Y acá llevamos 75 casos denunciados”, puntualizó.

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El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo, informó que detectaron una brecha muy crítica entre las carreras universitarias habilitadas para funcionar y aquellas que efectivamente cuentan con acreditación de calidad. Indicó que desde el año pasado vienen evaluando varias carreras, y en el caso específico de Derecho, notaron que solo el 17 % de las carreras están acreditadas, una cifra considerada alarmantemente baja por las autoridades técnicas.

En conversación con La Nación/Nación Media, el Dr. Duarte señaló que la institución a su cargo remitió un informe técnico al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) en el que sugiere la intervención de entre 124 y 126 carreras de Derecho, distribuidas en todo el país.

“Este año actualizamos nuestro informe sobre la carrera de Derecho, donde tenemos una tasa de 17 % de acreditación. Es decir, una tasa muy baja de nivel nivel de acreditación, siendo que la carrera de Derecho, conforme a la Ley 2072/03 es una carrera taxativamente mencionada como de acreditación obligatoria”, explicó.

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Mencionó que las carreras que no están en proceso de evaluación con fines de acreditación o que nunca se presentaron a esta instancia, no solo están funcionando de manera informal, sino que además están violando la Ley 2072/03 de creación de la Aneaes y también la Ley 4995/13, que es la ley de Educación Superior.

Indicó que en el capítulo de registro de titulación se establece con claridad que un título se registrará cuando se cumplan todas las condiciones legales y para Derecho una condición legal es la acreditación.

Por tanto, Duarte señaló que la institución a su cargo comunicó al Cones, que es la instancia que tiene la potestad de intervención por medio de sus resoluciones que le facultan y entre las cuales figuran como causal de intervención estas faltas administrativas.

Indicó que remitieron este listado, según sus propios registros de las carreras que nunca fueron acreditadas para los procesos de evaluación con fines de habilitación por la Aneaes.

Aclaró que desde la Aneaes solo pueden sugerir la intervenir, ya que es una institución que tiene la función simple de evaluar, pero que sí tiene atribuciones para formular pareceres técnicos según la propia ley que les rige.

“Le sugerimos al Cones la intervención de todas aquellas carreras de Derecho que están funcionando sin haberse presentado, incumpliendo la normativa legal que les obliga a pasar por evaluación con fines de acreditación en la carrera de Derecho”, acotó.

Duarte Peñayo explicó que conforme a la Ley 2072/03, la acreditación no es opcional para Derecho ya que se trata de una carrera que afecta el patrimonio y la integridad de las personas, por lo cual su evaluación es taxativa y obligatoria.

“Consideramos que más de 100 carreras de Derecho deben ser intervenidas, e incluso podrían ser más debido a deficiencias en el catastro del Cones, las cuales debe solucionar. Además el MEC debe considerar mejor el registro de títulos de carreras no acreditadas. Desde la Aneaes emitimos un parecer técnico y expresamos preocupación por carreras que operan sin cumplir con la acreditación obligatoria”, explicó.

El titular de la Aneaes anunció que la próxima semana entregará un informe similar —y exhaustivo— sobre las carreras de Salud (Medicina, Enfermería, Kinesiología, etc.), en las que se anticipan medidas y recomendaciones igual de severas debido al riesgo que implica la falta de acreditación en estas áreas.

“Estamos preparando un informe exhaustivo sobre el área de la salud que estaremos remitiendo la próxima semana a más tardar con las mismas recomendaciones. Y así iremos iremos remitiendo informes por diferentes áreas haciendo el cruce con los datos abiertos del Registro Nacional de Títulos del MEC”, adelantó.

Finalmente, resaltó la necesidad de ir cerrando la brecha entre carreras habilitadas y carreras acreditadas, combatiendo con mucha dureza y medidas concretas la informalidad.

“Debemos pasar de los discursos a las acciones concretas en favor de la educación superior y el fortalecimiento del capital humano. No podemos seguir permitiendo la informalidad en un sistema en el que muchas universidades sí invierten en investigación, infraestructura y docentes de calidad, esfuerzo que merece respeto y respaldo”, concluyó.

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Desde su arribo al cargo, el doctor Fretes inició un proceso de revisión de procedimientos y contratos.

• HOY.COM.PY

Varios asesores de la presidencia del IPS fueron destituidos por el nuevo titular, Isaías Fretes, quien en conferencia de prensa, denunció la com­pra excesiva de medicamen­tos e insumos para pacien­tes ostomizados que, según explicó, no llegarán a ser uti­lizados debido a la reducida cantidad de beneficiarios dentro del sistema.

El presidente del IPS resol­vió dar por terminadas las funciones de Dora Lilian Torres de Argüello, Fabiola Lizeth Rodríguez Álvarez, quien se desempeñaba como asesora principal, y Máximo Adonis Vargas Morales, ase­sor adjunto permanente. La decisión se enmarca en una serie de medidas orienta­das –según indicó– a reor­denar la institución y trans­parentar su funcionamiento interno.

En reemplazo, fueron desig­nados en cargos de confianza el economista Sergio Lovera Cañete como asesor princi­pal, junto con Mariano Gon­zález Parra y Miguel Ángel Rodríguez Maidana, tam­bién en funciones de aseso­ría estratégica. Asimismo, fue nombrada Claudia María Martínez Bogado como coordinadora interina de la oficina de coordinación de la gestión administrativa financiera.

Desde su arribo al cargo, el doctor Fretes inició un pro­ceso de revisión de procedi­mientos y contratos, apun­tando a lo que calificó como “cuantiosas irregularidades” dentro del ente previsional. En ese contexto, no dudó en cuestionar decisiones del propio Consejo de Adminis­tración, recordando que en su primera sesión solicitó explicaciones sobre la adjudi­cación reiterada de licitacio­nes a la oferta más costosa en al menos tres oportunidades.

Una de las situaciones más llamativas fue expuesta ayer, cuando reveló la compra de 25.000 bolsitas para ostomi­zados pediátricos, a pesar de que el IPS registra apenas 10 pacientes con esta condición. Según detalló, cada paciente requiere como máximo cua­tro unidades por semana, lo que evidencia una despro­porción significativa entre la demanda real y la canti­dad adquirida.

A esta situación se suma un elemento aún más pre­ocupante: los productos, que deberían contar con una vida útil de hasta siete años, estarían próximos a su vencimiento, lo que abre interrogantes sobre la pla­nificación, los controles y la eventual responsabilidad administrativa detrás de estas adquisiciones. Fretes adelantó que se profundiza­rán las investigaciones para determinar cómo se concre­taron estas compras y quié­nes estuvieron involucrados en las decisiones.